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LA COMUNICACIÓN POPULAR Y PLURAL EN EMERGENCIA por Luis Lazzaro
Nota de Opinión para La Columna Vertebral
Por Luis Lazzaro *
La concentración mercantil del mapa de la comunicación social y las políticas de ajuste con redistribución de recursos hacia los más poderosos están causando un serio desequilibrio en la balanza comunicacional, que se traduce en la crisis, el cierre o la reconversión brutal de medios pymes, cooperativos y comunitarios. Es así que la gestión de Cambiemos en el sector va dejando un tendal de precarización y pérdida de fuentes de trabajo, cuestión que constituye no solo un problema social, sino también de afectación del derecho a la información pues, con cada periodista que pierde su lugar de expresión, la sociedad pierde también un punto de vista indispensable para la diversidad de la democracia.
Las medidas de protección y fomento previstas en la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales tales como la reserva de espectro para medios no comerciales, la protección de la producción propia, local e independiente en radio y televisión –con obligación de noticieros locales-, así como la asignación del fondo concursable para medios comunitarios y de pueblos originarios (FOMECA, que se cumple con mora) son objeto de un progresivo abandono de la política pública.
Otro tanto ocurre con la publicidad oficial –ya en baja en los últimos tiempos del kirchnerismo hacia los medios populares- ahora redireccionada hacia los principales grupos mediáticos y las corporaciones del mundo digital, como Facebook y Google. Según estudios recientes, el ranking de los 10 grupos más beneficiados con la billetera del gobierno coloca en la cima al principal grupo de medios del país (Clarín) y a la corporación norteamericana Viacom (controlante de Telefé) seguidos por Grupo América y a Prisa-Albavisión (otra alianza transnacional con terminales en España, México y Estados Unidos). Les siguen luego editorial La Nación (ahora también con su señal televisiva) y los medios de Cristobal López (C5N, CN23, Ambito Financiero, Ideas del Sur, Minuto Uno, Radio 10, FM Vale y Mega entre otros) ahora ya librados a su suerte con la prisión de sus dueños y la quiebra empresaria.
Según un estudio de Santiago Marino y Agustín Espada[1] un aspecto significativo, que se constata como tendencia es el grado de concentración de los destinatarios; los cinco más beneficiados pasaron del 45% en 2016 al 46,3% un año después. En 2017 se repartieron con esos criterios unos $ 3.000 millones (recordar las chicanas al kirchnerismo por el gasto en publicidad) y se registra en este ejercicio el ascenso de otra corporación transnacional en la pauta como Turner International Argentina (Futbol, I-Sat, Radio Belgrano).
Como contraparte se constata el lugar marginal que el gobierno otorga a medios no comerciales. Entre fundaciones, cooperativas y asociaciones civiles se encontraron fondos por un 0,4% de la pauta total. Entre lo más destacado se encuentra a la “Cooperativa Por Más Tiempo” y la “Cooperativa de Trabajadores de Ideas del Sur”. Este número puede y debe confrontarse con el percibido por empresas, firmas o webs ligadas a periodistas con fracturas muy superiores como las destinadas a La Cornisa Producciones (Luis Majul) Comunicación Publicitaria SRL (Luis Novaresio), Eurocomunicaciones (Ari Paluch) o Eduardo Feinman, por mencionar algunos casos citados en el estudio.
Por su parte, de acuerdo con un informe presentado por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados (2017) se advierte que en el ámbito digital, Facebook y Google se llevaron el 70 por ciento del total de lo distribuido al sector, frente a otros medios como Perfil, que recibió 0,68 por ciento, o Infobae, el 0,33%, lo que evidencia también un direccionamiento que debilita el campo periodístico nacional.
Debe decirse que, así como en otros rubros de la economía como la minería o la producción agropecuaria, en los medios también el presupuesto se orienta hacia los ricos y poderosos, que son quienes tienen mayores posibilidades de financiarse en el mercado. Como contraparte, los medios independientes con escasa penetración de mercado o con lógicas de funcionamiento comunitario (no menos importantes en la consideración del punto de vista) están librados a su suerte. Si sumamos a eso la doble vara judicial para procesar a medios opositores con gran velocidad (caso López y De Sousa, del Grupo Indalo) contra la impunidad para empresarios protegidos por el sistema de inteligencia que dejaron cientos de trabajadores a la intemperie (Szpolski, Grupo 23) o nos preguntamos por la mora judicial para responder sobre la inconstitucionalidad de la megafusión Cablevisión-Telecom (en manos de la Corte Suprema) versus la arbitraria prohibición a Pares TV para transmitir los partidos de Flandria en Luján por aplicación del articulo 77 de la Ley 26.522 (como consecuencia de intimaciones de la AFA tras la privatización del fútbol profesional a manos de Turner-Fox y Cablevisión Holding) se apreciará mejor el desequilibrio informativo existente.
Otro capítulo en esa dirección puede mencionarse con las irregularidades y las demoras en la subida al aire de la señal de Barricada TV (opera desde 2010 y obtuvo su licencia en 2015) cuyo lugar en la grilla de TDA (33.1 UHF) quedó ocupado por la señal digital de Canal 13 (Clarín) hasta que la señal comunitaria que funciona en la fábrica recuperada de IMPA fue reubicada en la posición 32. Otros canales populares como Urbana Tevé (CABA) y el ya mencionado Pares (Luján) siguen luchando por hacer cumplir la legislación que los ampara. Resta aún el cumplimiento de la obligación del must carry (deber de transportar) establecido en la ley por la cual estas señales, junto a otras con licencia como NET TV (Perfil) o Construir TV deben ser incluidas en la grilla del servicio básico de los operadores de cable a la brevedad.
Pero a estas peripecias se suman las políticas de ajuste y alineamiento editorial de los medios públicos como los despidos y ceses de contrataciones en Canal 7, Radio Nacional y la Televisión Digital Abierta (TDA). En Radio Nacional se finalizaron contratos precarios, produciendose despidos en diversas emisoras de su red nacional. En el sector de la televisión el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) confirmó el despido de 18 trabajadores de los canales Encuentro, Paka Paka y DeporTV. Estos despidos se suman a los 160 trabajadores en la producción de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA), 89 retiros voluntarios y 22 contratos no renovados en Encuentro, Paka Paka y DeporTV. Asimismo el canal de la Ciudad despidió a 24 personas, que finalizaron contratos sin justificación ni indemnización.
Entre 2016 y 2017 se registraron en total más de 2 mil 500 despidos en distintos medios de comunicación del país según la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. En el primer año mencionado uno de los conflictos más importantes fue la venta del Grupo Veintitrés (Szpolski) y el posterior vaciamiento de este que dejó a más de cien trabajadores en la calle, entre ellos periodistas del reconocido Tiempo Argentino, que luego rescataron la fuente laboral con una cooperativa.
Asimismo, en 2017, tres grandes cerraron sus puertas; Buenos Aires Herald (cuya editorial promovía el pluralismo informativo y los DDHH), La Razón (uno de los pocos medios gratuitos del país), DyN (una agencia con más de 35 años cuyos accionistas son Clarín, La Nación, Río Negro, La Gaceta, entre otros) y La Mañana (diario cordobés que nació en 1997). Otro de los medios gráficos legendario que cerró fue la revista El Gráfico por decisión del grupo Torneos (TyC, DirecTV-Clarín) y que dejó a 23 trabajadores en la calle.
Por su parte radio Belgrano anunció un plan de retiros voluntarios, que fueron rechazados y, ahora, están forzando a 20 trabajadores a que se retiren, una especie de despido encubierto. Según fuentes gremiales detrás de esta movida está el grupo Turner, que busca lanzar la CNN Radio con algunas figuras de renombre. Asimismo, Radio Continental despidió a más de 30 trabajadores en distintos filiales de su red. En radio Blue y Metro comenzaron a reducir las horas extras con rumores de una posible venta.
Los puestos de trabajo están amenazados también en el diario Hoy de La Plata con 45 trabajadores que peligran en sus puestos, los que se suman a otros 17 trabajadores en la radio La Red 92 que también pertenece a la familia del sindicalista detenido Marcelo Balcedo.
Los medios comunitarios nucleados en Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y otras organizaciones del sector como AMARC, FARCO, RNMA, Red Colmena, Red PAC, CONTA, ARECIA (Revistas Independientes) han realizado varias movilizaciones ante ENACOM para reclamar la asignación de los recursos correspondientes al fondo de fomento (FOMECA) dispuesto por ley así como el respeto a las políticas de promoción del sector. “Son casi dos años de asfixia económica y la sostenibilidad de los medios comunitarios está en riesgo, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo de comunicadores”, expresaron en una de sus convocatorias.
Los tarifazos eléctricos a nivel nacional y la negativa del gobieno bonaerense a disponer medidas de salvaguarda de la función pública que cumplen los medios de radiodifusión (que funcionan con alto consumo energético) han obligado también a apagones informativos y transmisiones intermitentes como es el caso de Fribuay. La emisora que transmite hace 18 años en Morón señaló que “la imposibilidad de afrontar los aumentos en las tarifas de electricidad, es un golpe que se suma a la cancelación de pautas municipales y congelamiento de los programas de fomento a la gestión de los medios comunitarios”. También la emisora Sur de Parque de los Patricios sufrió el corte de energía no sólo a la radio, sino también, a la bomba de agua que da suministro a las 326 viviendas del barrio Monteagudo. Radio Sur denunció a Edesur señalando que “a través de prácticas usureras y arbitrarias, la empresa atenta contra la libertad de expresión y el acceso al agua como un derecho esencial para la vida reconocido internacionalmente”.
Lejos de los esloganes marketineros de la TV Pública o de conductores que animan el circo informativo nocturno con la muletilla de “todas las voces” lo que se advierte es casi una repetición en cadena de una narrativa única, cuya agenda se orienta con la velocidad de un cardumen a la hora de localizar su botín. Esa voz única silencia el apagón informativo de un sistema que fomenta la concentración mercantil de la comunicación y empobrece (vía ajustes, reparto discrecional, tarifazos y abandono de políticas) la diversidad de voces que debe caracterizar un modelo de medios comprometido con la democracia.
(*) Periodista, Especialista en Educación, Lenguajes y Medios,
Docente universitario de Derecho de la Comunicación (UNDAV, UNM)
[1] Publicidad oficial 2017: concentrada y en aumento. Revista Fibra.2017
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¿Cuál es la luz al final del tunel?, por Rodolfo Nadra
Ambiente
Tierra de Nadie. Un campesino asesinado y otro herido en 15 días
Mientras el gobierno elige suspender el Instituto de Agricultura Familiar e Indígena y colocar como interventora a una joven abogada, Inés Liendo, nieta del recordado Ministro de Trabajo del general Videla, las comunidades campesinas sufren el desamparo y la prepotencia. Este sábado, en Catamarca, una feroz represión hirió a un habitante de la zona de 80 años, Felix Escalante, quien recibió golpes y balas de goma. El 5 de abril, fue asesinado a mansalva Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC).
Catamarca
Desde hace años la Comunidad de Peñas Negras está luchando contra la instalación de proyectos mineros en terrenos que poseen de manera ancestral. Allí, la minera Elevado Gold ha comenzado con permiso de la gobernación las tareas de exploración. Frente al conflicto suscitado con los habitantes, este sábado se intentó poner una garita de fuerzas de seguridad en el camino de montaña y hubo una manifestación para impedirlo. Por orden de una fiscal de Belén, la policía desalojó a las comunidades con escuderos, palos y balas de goma. El principal herido fue Félix Escalante, de 80 años, de la Comunidad de Peñas Negras. Recibió golpes de los escuderos y balas de goma. Temen que en las próximas hora o días los policías vuelvan a reprimir.
El conflicto empeoró luego de que la Comunidad iniciara una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias. Desde hace un par de semanas que están pidiendo una audiencia con la Secretaria de Seguridad que no tuvo respuesta.
De acuerdo a los testimonios recogidos por Pag/12 de Catamarca, los vecinos aseguran: “Nos comunicamos con el Fiscal General, quien nos aseguró que había una orden de la Fiscal de Belén para poner un destacamento policial, aunque sin fines mineros, sino para resguardar a las familias. Esto no fue así, porque ayer se presentaron con la orden a fin de instalar un destacamento policial a los fines de llevar a cabo trabajos de exploración minera”, y concluyen: “es una total ironía: quieren montar un destacamento policial en una zona en donde saben que no hay consenso minero, y esgrimen que es para proteger a la población, pero llegan escoltando a las camionetas mineras, y las hacen pasar aún ante el bloqueo de la comunidad”.
Santiago del Estero
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los campesinos que producen en sus tierras desde hace añares y supuestos propietarios con títulos dudosos quieren desalojar. No es la primera vez que empresarios agrícolas apelan a la violencia de bandas armadas.
El 28 de marzo arribó al paraje San Francisco, del departamento Alberdi, un grupo armado que exhibía sus fusiles de manera impune. De acuerdo a los testimonios, pertenecen a ‘la banda de los Padilla’ que hace un tiempo comenzaron a cercar los campos en donde los campesinos crían sus animales. Una zona rural donde el Mo.Ca.Se ha tendido redes.
El asesinato de Fabián Martínez ocurrió el viernes 5 de abril luego de que los matones del patrón usurparan tierras de uso comunitario a punta de pistolas. Se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.
