Si bien en el Ministerio de Defensa no hubo centenares de despidos como en otros organismos, las listas de cesanteados tuvieron un tinte más ideológico que de ajuste. Desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Archivo histórico, en el que no solo se puede encontrar documentación militar de hace 200 años sino que preservaba los documentos correspondientes al período de la dictadura. Muchos de ellos fueron utilizados por la justicia para establecer resonsabilidades en delitos de lesa humanidad. De los trece archivistas y profesionales especializados quedaron solo tres, prácticamente sin funciones.

Hace un mes y medio, Petri nombró a Lucas Miles Erves como Director Nacional de Derechos Humanos del ministerio. Abogado y ex comendiante, tiene un curriculum en el que se destaca como asistente del Departamento de Estado de EEUU. Se define a sí mismo como especialista en Defensa y Derechos Humanos, aunque recién en enero de este año logró su diplomatura en DDHH en la Universidad Austral. En su twitter destaca como sus intereses:  “Amor por el tenis. Disfruto de viajar y hacer reír. Comprometido con todo aquello que nos haga mejores personas”.

Se ignora cuáles fueron los motivos que impulsaron a Petri a nombrar en un cargo tan especial a alguien que por sobre todas las cosas le gusta hacer reir. Claro que no es el único nombramiento inquietante también asumió como asesor del ministerio el contador Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, según el diario La Nación cobrará un sueldo de dos millones doscientos mil pesos.

Entrevistado por Canal Abierto, Alan Rüst, uno de los despedidos del Archivo destacó: “Los paracaidistas que están cayendo en el Estado dan bronca y desazón, es más fácil destruir que construir, llevamos años especializándonos en el tema y ya no sabemos qué va a pasar con esos documentos’ y agregó que con el sueldo del hermano de Adorni se podría pagar a todo el equipo del ERyA, cuyos profesionales cobran un promedio de 600.000 pesos.

Está claro que las cesantías nada tienen que ver con aumentar el superávit fiscal, de hecho Petri denunció a los archivistas como un grupo ‘parajudicial de persecusión a las Fuerzas Armadas’. Consultado por el diario Clarín, el ministro sostuvo que“los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”.

Reclamo del International Council on Archives

El Consejo Internacional de Archivos (ICA en su sigla en inglés) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas. 

En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983.

A través de un comunicado difundido en la comunidad internacional afirman:

Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino: 

1. El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial 
2. El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa 
3. La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos. 

Luego de la cadena nacional en donde el presidente Javier Milei destacó como un logro histórico el superavit logrado por su gobierno en apenas tres meses, la Confederación General del Trabajo difundió un comunicado replicando sus afirmaciones. De esta forma puntualiza el ‘mecanismo oculto’ de cómo se logró ese ‘éxito’:

1. Licuándole los ingresos a las y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en
   términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros
   históricamente más bajos, peores que los del año 2001.
2. Deudas con las provincias: la Nación paró las transferencias a las provincias (un
   recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como
   educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados
   provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales.
3. Deudas con empresas de energía y gas: el Tesoro no cumple los contratos y
   puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD
   2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas
   podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal
   abastecimiento de electricidad.
4. Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades: no
   se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal
   desarrollo de la actividad. Sin incrementos presupuestarios las universidades no
   podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
5. Interrupción de la obra pública: atrasando o discontinuando proyectos
   estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía,
   considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta
   el momento— de 100.000 puestos de trabajo.
6. El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el
   desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no
   pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año
   se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009.
7. Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. El Banco
   Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el
   primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos
   restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial
   totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA
   compró efectivamente solo un 30% de lo que dice.
   En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más
   de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la
   caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios
   energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica
   el 70% de la caída del gasto primario.
   “Desde la CGT seguimos reclamando, más allá de medidas coyunturales y muchas veces
   arbitrarias, la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo
   social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión
   productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado
   laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule
   la especulación financiera. Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que
   comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra
   comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de la CGT firmado el 23 de abril, horas antes de la marcha en favor de la educación pública que convoca a gran parte de la ciudadanía.

Luego de los despidos masivos en el Estado hubo una avalancha de presentaciones ante la Justicia por considerar las censantías como violatorias de la reglamentación laboral vigente. La Columna Vertebral tuvo acceso al primer fallo que obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a reincorporar de inmediato a uno de los cesanteados bajo pena de pagar una multa por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia.

Se trata de Brian Emanuel Tonietti quien se desempeñaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El fallo ordena reponerlo en su puesto de trabajo, ‘hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la cuestión de fondo sub lite”.

En caso de que el organismo no cumpla con lo establecido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo N 2, se lo conminará con una multa consistente en pagar 40.000 pesos por cada día de demora en su vuelta al trabajo efectivo.

Un juzgado se declaró incompetente ante los amparos de UPCN

Sin embargo, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 57 se declaró incompetente para resolver la acción de amparo presentada por UPCN contra los despidos en la Administración Pública Nacional y remitió el expediente a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo.

Al presentarse ante la Justicia, Andrés Rodríguez, Sec. Gral de UPCN, declaró que iban por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, incluídos los contratados, por tratarse de personas que cumplían iguales funciones que aquellos que habían logrado obtener una planta permanente.

El juzgado N 57 sostuvo, en cambio:  “estamos en presencia de contrataciones que tanto por la materia como por los sujetos que la integran -en virtud de la naturaleza jurídica de la persona demandada- resultan ajenas y, por ende, desplazan la aplicación del derecho del trabajo privado y, en consecuencia, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones. Por lo cual “la invocación de las convenciones colectivas comprendidas en la ley 24.185 no generaban competencia del Fuero Laboral, si de aquellas se desprendía la aplicabilidad de la ley 25.164 (Ley Marco Regulatorio del Empleo Público Nacional)”.

Por tal motivo, el expediente fue derivado a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.