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“Alberto necesita asumir su rol y construir su propio espacio político”

Federico Zapata, politólogo y colaborador de Panamá Revista, pasó por La Columna Vertebral para hablar sobre los ejes necesarios para una coalición gubernamental exitosa, el problema de gobernar mediando distintas facciones y cómo ingresa la agenda de los movimientos sociales en el sistema político.

En referencia a la posibilidad de manejar una coalición gubernamental exitosa, el periodista tomó los ejemplos del Frente Amplio en Uruguay y el Partido de los Trabajadores en Brasil e indicó que los dos ejes fundamentales son “la definición de una metodología (…) y una caracterización de la época, que a partir de la caída del Muro de Berlín es una caracterización del mundo y cómo un país se inserta virtuosamente en eso que está dado”.

En relación a esto, Zapata reflexionó sobre el rol de Alberto Fernández y aseguró que “al no constituirse políticamente queda en un lugar de mucha debilidad ante la coalición”. “La resolución a este problema es que las tres grandes patas de la coalición, Cristina, Massa y Alberto, ordenen una metodología de trabajo y definan una agenda pragmática (…) Después de eso, Alberto va a tener que asumir su rol y construir su propio espacio, porque es muy difícil, siendo presidente, no tener una apoyatura que te de capacidad de gestión, de gobierno, de lectura de la realidad. No podés estar todo el tiempo mediado por facciones”, explicó el politólogo.

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Oscar Taffetani: “Los despidos no solo dejan gente en la calle, ponen en riesgo nuestra identidad. Vienen a arrasar también con los archivos”

Días atrás, La Columna Vertebral recupero para su sección Archivo una investigación especial de Oscar Taffetani para comprender de dónde vino la expresión  ‘30.000 desaparecidos’. Frente a tanto discurso negacionista lo llamamos para que nos cuente cómo había obtenido los datos y la conversación derivó en la importancia de los archivos, la resignificación de las palabras, y los cierres de medios como Telam y la TV pública con la pérdida que significan, no solo de trabajo para sus empleados sino de memoria que se destruye. Un diálogo esclarecedor e imperdible en el que repasamos la trayectoria del Tata Yofre y los archivos del Batallón 601, entre tantas otras cosas. Oscar Taffetani es un colaborador asiduo de LCV. Un orgullo poder contar con su mirada siendo un maestro del periodismo de larga trayectoria, reconocido por su pluma y su seriedad. La entrevista fue realizada el 25 de marzo, en un nuevo aniversario del secuestro de Rodolfo Walsh. Vaya, entonces, como homenaje a quien supo enseñarnos el valor de las palabras y el compromiso en el oficio.

Oscar Taffetani, periodista

LCV: Contanos cómo llevaste adelante la investigación y a qué conclusión llegaste

—Te mandé esa nota justamente porque me temía que el video oficial de ‘Memoria completa’ del gobierno iba a tocar ese tema. En efecto, lo hicieron pero de una manera muy berreta, porque la verdad que el testimonio que ponen es impresentable. Nosotros en general nos tomamos en serio el tema de las investigaciones, la palabra investigación es una cosa seria para los periodistas. Cuando estaba en TELAM y trabajaba en una sección que se llamaba Memoria, Verdad y Justicia, justamente, alcanzamos a publicar antes del primer cierre, que fue en la época de Macri, cuando nos despidieron a Juan José Salinas y a mí, que estábamos a cargo de eso. Teníamos ya 9 mil notas publicadas.

LCV: ¿Esas notas siguen estando disponibles en algún lado?

—Justamente es el peligro. Las primeras 9 mil, que son las notas hasta esos despidos, yo tomé la precaución de ponerlas a seguro en otro lado, porque ¿con qué me encontré? Cuando volvimos los reincorporados nos dijeron “uy se rompió el servidor”, el servidor donde estaban todo ese material se perdió. Entonces yo les dije ‘bueno tenemos un backup tenemos la posibilidad de recuperarlo’ y lo forzamos a que volvieran a ponerlo en línea pero siempre hubo resistencia. Yo les decía a mis compañeros e incluso a los compañeros del sindicato, ‘guarda con esto, porque en cualquier momento le meten otro golpe y nos van a dejar sin archivo, no solo de la sección memoria, sino de toda la cablera de Telam’. Telam tenía una página donde publicaba diariamente información. Entonces, esa información, ¿a dónde va? Hay una trampa con las cosas digitales. Es sencillo guardar, pero es sencillo borrar también, y es sencillo romper. Sean en papel o sean digitales, los archivos son tesoros, son parte del tesoro de las instituciones. Entonces, es tremendo que con tanta desaprehensión, con tanta frivolidad, se manejen estos temas. Y yo creo, esto es una crítica y autocrítica, vamos a decir, que los sindicatos y las asociaciones de personal y todo, no le dan la suficiente bola a este tema. No le prestan atención y está en peligro una cosa que es la identidad misma de una institución. Ahora están viniendo tiempos duros, están arrasando, no es la primera vez que pasa esto. Hay como órdenes de batalla que se han librado pero en este caso tal vez no para desaparecer gente, pero sí para eliminar derechos, echar gente y destruir instituciones, y arrasar con las conquistas. Esas órdenes de batalla están lanzadas, no las conocemos todavía, son privilegiados los que pueden saber, como sabía Walsh en su momento, en la carta cuando decía acá hay una planificación de la miseria, están armando todo para esto, para este modelo. Nosotros todavía del modelo lo único que sabemos es que nos quitan cosas, nos sacan cosas por el momento, echan gente, están reduciendo todo, reduciendo el país.

Creo que además de preocuparnos por recuperar los puestos de trabajo y la fuente de trabajo, hay que prepararse para conservar el material que debe ser conservado, porque estos tipos no van a tener ningún empacho en mandárselo al Garrahan o a donde sea, si es de papel, lo donarán al Garrahan, pero si es digital, directamente ahí sí que “delete all copies”, lo desaparecen, echan todo al diablo.

LCV: La digitalización es tramposa, siempre pueden bajar la palanca y quedarnos pataleando en el vacío. La memoria la tenemos que construir entre todos así que te agradezco.

—Antes que nada entonces un llamado de atención. Ese llamado de atención lo tenemos que hacer todos los días. Si te llaman de empresas, instituciones, lugares donde hay trabajadores y donde hay un patrimonio que cuidar, vamos a ser nosotros los que tenemos que cuidarlo. No esperemos que lo cuiden los que vienen, porque los que vienen, vienen a desmantelar y a destruir.

LCV: Volvamos a la nota del 2016, donde vos descubrís cómo sale lo de los 30 mil.

—Me llevó algunos meses, por supuesto, porque no vas consiguiendo las cosas que necesitas cuando las querés, sino cuando cuando tenías la oportunidad. Empezó con esa nota de Haroldo Conti, donde ya me llamaba la atención el número, que Haroldo hablaba de 30 mil muertos. Empecé a tirar de la piola ahí, hablé con gente incluso la hija de Haroldo, hijo de Haroldo, y me enteré un poco de qué contactos podía tener Haroldo más o menos como para tener esa información. Llegué a la conclusión de que sí, que Haroldo tenía buenos contactos, algunas fuentes, incluso militares o servicios de inteligencia, entonces lo que estaba diciendo tenía un fundamento.

LCV: Porque en la nota vos explicás que a Haroldo Conti le habían dicho que el objetivo del gobierno militar era 30 mil muertos, más o menos.

—Sí, que iba a haber un golpe sangriento en marzo y se calculaba una cuota de 30 mil muertos. Muy importante eso, porque ya te da la pista de que alguien manejaba ese número antes. Después, se crea la CADHU, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, una organización que reemplazó a la gremial de abogados, porque los abogados que estaban en los asuntos gremiales y de defensa de presos políticos, empezaron a ser diezmados. Estaban perseguidos, diezmados. No te olvides que los secuestran a Haroldo Conti, y un pocas semanas después hay dos abogados de la CADHU que los secuestran y están desaparecidos. Entonces Eduardo Luis Duhalde, que era uno de los que estaba allí entre los fundadores de esa CADHU, dice tenemos que irnos del país porque nos van a matar a todos, y salgamos y vayamos a distintos puntos para poner bases para una denuncia de de estos crímenes y de lo que está pasando en el país. Así se empezaron a hacer delegaciones de la CADHU en España, en Francia, incluso en Suiza, en Italia, en Estados Unidos. En Estados Unidos inclusive se hizo la primera denuncia donde se habló de 30 mil. Estamos hablando de diciembre del año 76. Por eso te digo que lo que dice Labraña no tiene ni pies ni cabeza.

LCV: ¿Vos sabés quien es ese Labraña?

—Es un invento, y no es casual entonces que sea Yofre también el que preludia ese artefacto que pusieron en la televisión ayer. Resulta que, a propósito de eso te digo, Yofre tiene la información, porque él fue uno de los que se quedó con el archivo del batallón 601 de inteligencia, es decir, que estaba a la venta en la época de Menem, se pagaron 250 mil dólares que salieron de los fondos reservados de la SIDE y se pagaron y se quedó con el archivo. Archivo de papel te estoy hablando. El tipo escribió libros con esas cosas, pero muestra lo que quiere mostrar y esconde lo que quiere esconder.

Al margen de Yofre, el asunto es que después esto sigue y en el 77 hay tres o cuatro denuncias que se hacen donde también se llega al número de los 30 mil, o sea, en distintos foros internacionales. Estos abogados que pertenecían a la CADHU, por ejemplo, el Eduardo Luis Duhalde mismo, o Rodolfo Matarolo, que era muy amigo de Haroldo además. Entonces, en el 78, ya ahí estamos llegando al 78, hay un reporte de la Embajada de Estados Unidos y unos informes que mandaba Arancibia Clavel, que era un agente de la dina chilena, que trabajaba dentro, en el marco del plan Cóndor, donde ya dice también, hasta la fecha, estamos hablando del principio del 78, hay 22 mil muertos, asesinados o desaparecidos, y se lo manda oficialmente y está en un archivo de una universidad norteamericana. Estamos hablando de todas cosas que están verificadas. Yo lo único que quería demostrar era que cuando se hablaba de 30 mil, se hablaba proyectivamente, se decía, “bueno, ¿cuánto calculan ustedes?” “Y son 30.000” entre los desaparecidos, los muertos, las ejecuciones extrajudiciales, todo eso. Son 30 mil. ¿Los habían contado uno por uno? No. ¿Cómo vas a contar? Es como ponerse a contar en medio de un genocidio y decir son dos más o dos menos, o tres más o tres menos. Eso es una locura. Entonces, ese número se fue instalando en ese momento y se convirtió en un símbolo de resistencia. Aquí acá quiero contar algo que tiene que ver con la resignificación. Es muy importante la resignificación y nosotros en la lucha contra la dictadura hemos resignificado muchas cosas. El tema de los 30 mil, que fue un número puesto por los represores, ya lo resignificamos, ahora significa otra cosa. Ellos lo objetan justamente porque ya lo resignificamos. Lo mismo pasa por ejemplo con las noches. La noche de los lápices, por ejemplo. Es un nombre que puso un represor. Un comisario de la Bonaerense lo anotó en una carpeta, este operativo se llama noche de los lápices.

LCV: La noche de las corbatas igual.

—Exactamente, y eso está comprobado, porque cuando estaban detenidos en el faro allá en el Mar del Plata, un tipo dijo, se llama la noche de las corbatas porque nosotros le pusimos ese nombre. Porque ellos tenían esas fantasías de nazis, y entonces decían, bueno, esto es la Kristallnacht, es la noche de los cristales, esta es la noche de los cuchillos largos de Hitler, y bueno, las estaban reeditando en versión argentina. Entonces hacían Noche de, Noche de, Noche de, pero eran ellos, y sin embargo, fíjate que Noche de los Lápices hoy tiene un contenido totalmente distinto. Porque para los chicos de los colegios, para todos los que salen el 16 de septiembre a las calles, a manifestar y todo, significa otra cosa La noche de los lápices. Los lápices siguen escribiendo, es otra historia. Entonces es muy importante el tema de la resignificación, y no hay que tenerle miedo a eso, aunque haya estado inicialmente en boca de los represores, porque ya no está más en boca de los represores.

LCV: Lo que vos decís que los primeros que hablaron de 30 mil son ellos. No sabemos cuántos son, pero ellos dijeron que eran 30.000 en varios documentos. Creo personalmente que son más.

—Además si ellos no dan los datos, no podemos saber cuántos son porque ellos no nos dan las listas.

LCV: Pero a mí de lo que me molestó del video este, lo que más me molestó en realidad, es este hombre que vivía en Holanda, que hablaba con una liviandad sobre cómo se hacía el trabajo de solidaridad y de búsqueda y de denuncia de los desaparecidos. Yo en ese momento vivía en Italia. Le daba una mano a Lili Massaferro de la Cadhu, estábamos haciendo las primeras listas y me explicaban cómo era la seriedad de los datos que te pedían, porque vos en ese momento a duras penas sabías el sobrenombre, el desaparecido, y ella decía, el sobrenombre no me sirve para nada, vos tenés que tener el nombre, el apellido, el lugar donde fue desaparecido, el documento de identidad, y si es posible algún dato familiar. Para conseguir todos estos datos nos intercambiábamos cartas con otros estudiantes secundarias que estábamos en el exilio, para ver, che, vos sabes cómo se llamaba Pato, sí, él se llamaba así, y no sabés que… Digamos que armar las listas era un quilombo, y vos no es que ibas al presidente de Holanda, o no ibas a ver a Olof Palme, o a quien fuera, a decirle, no, mira, ¿sabes qué? No, no son 5.000, son 30.000, porque no funcionaba así la diplomacia internacional, así que la ignorancia de este hombre me puso de muy mal humor.

—Cuando seguía esta investigación tuve la oportunidad de ver a un hijo de Eduardo Luis Duhalde, Mariano Duhalde, que está en la fundación Eduardo Luis Duhalde, que me abrió el archivo de la CADHU que tenía el mismo Duhalde, y yo tengo copia de todas las publicaciones que se hicieron, de todo lo que se publicó, de estos boletines que se publicaban yo me doy cuenta que cuando tenía documento, tenía documento, nombre y apellido completo, la información precisa, sino nadie te la iba a aceptar. Si vos decías hay tantos presos, ¿en donde están? Están acá, acá y acá, si no estaban declarados decía no declarado. La denuncia permanente que hacemos es, ustedes tienen los archivos y ustedes saben donde están.

La respuesta la tienen los represores.

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Amenaza de despidos en la Biblioteca Nacional

Trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno viven la angustia de una nueva ola de depidos masivos, como ya ocurrió en tiempos de Macri. Sin medias tintas, las autoridades han hecho trascender que el próximo martes es la fecha elegida para reducir en un 30% el personal, lo que significa, aproximadamente 300 personas que llevan adelante desde hace años una tarea que las enorgullece.

La Biblioteca Nacional es la institución cultural más antigua del país. Fue creada en 1810, bajo los ideales iluministas del siglo XIX. Desde su fundación tuvo como misión custodiar, registrar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental a su alcance. En la actualidad, no sólo es una de las instituciones más importantes de latinoamerica por su acervo bibliográfico, también se ha amoldado a los tiempos digitales, es consultada en el mundo entero y posee uno de los archivos de fondos personales más interesantes de los protagonistas culturales del siglo XX, así como una impresionante audioteca, fototeca, y la misión de recuperar archivos gráficos de magnitud como los del diario Crónica, entre otros. En las últimas décadas se ha convertido en un espacio ineludible para el debate, la formación y la divulgación cultural a través de muestras, talleres, encuentros de poesías, ciclos de cine, entre otras actividades.

Entre sus directores, figuran algunos de los nombres más destacados de la cultura nacional: Paul Groussac, Jorge Luis Borges y Horacio González supieron interpretar el legado de su creador, Mariano Moreno. Durante sus gestiones, crecieron los acervos y sus lectores; se ampliaron y mejoraron sus servicios y sus sedes; se diversificaron las preocupaciones e intereses y se estableció un vínculo cada vez más afianzado con la comunidad.

“La Biblioteca es una ciudad, un universo, sostenido por una comunidad de empleados altamente capacitados en cada una de las especialidades de las que, los aquí firmantes, hicimos y hacemos buen uso y agradecemos”, señala la carta en circulación que ya ha reunido un centenar de firmas.

“Por todo esto y, en vista del congelamiento del presupuesto institucional y de los anunciados despidos de muchos de sus trabajadores -medidas que, de concretarse, ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones-, nos dirigimos a las autoridades pertinentes –al presidente de la República Argentina, Javier Milei; a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto Pérez– para solicitarles la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social. Un país sin cultura es otro modo, complementario a las políticas económicas, de condenar a sus habitantes al hambre, concluye el documento.

Para leer y adherir, aquí la carta completa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchpY-fftXoRiu53dq6oTZO40EiXlhys-Rf9aQk4W99rdobGw/viewform

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Archivo

El origen de los 30.000 desaparecidos. Investigación de Oscar Taffetani

El 9 de diciembre de 2016, un despacho de la agencia Télam envió a los medios el resultado de una investigación sobre los antecedentes documentales de los 30.000 desaparecidos, cifra que se convertiría en símbolo de la lucha contra la dictadura genocida primero y del reclamo de verdad y justicia después. Ciertos negacionistas locales, imitando a los negacionistas de la Shoá y de los otros genocidios del siglo XX, pretenden reducir la valoración de esas tragedias históricas a la exactitud de unos pocos datos que son variables y casi siempre inverificables. La investigación –rescatada del archivo de Télam- nos invita a remontarnos al origen verdadero de esa cifra que fue inicialmente calculada por el terrorismo de Estado, pero que fue resignificada por la lucha de varias generaciones argentinas.

En una carta fechada el 2 de enero de 1976 y dirigida al escritor cubano Roberto Fernández Retamar, el narrador argentino Haroldo Conti, referente del FAS y vinculado con el PRT-ERP, hace una alhelante predicción: “Me acaba de informar muy confidencialmente mi cuñado, que es militar, que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de Inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos”. Consultado Retamar sobre la autenticidad del documento, respondió a quien esto escribe: “La carta que me envió el compañero Haroldo el 2 de enero de 1976 se encuentra en el archivo de la Casa de las Américas”.

“También publiqué dicha carta -agregó Retamar- en mi libro ‘Fervor de la Argentina’, que apareció en Buenos Aires en 1993 y tuvo reedición cubana”. A cuatro décadas de ser escrita, esa carta de Haroldo, lo mismo que el contexto histórico, merecen una reconstrucción.

No fue aquella la primera vez en que Haroldo Conti dio a entender que disponía de información de Inteligencia, por contactos propios –-no sólo familiares– en las fuerzas armadas y de seguridad. En otra misiva, también dirigida a Retamar y fechada el 15 de octubre de 1973, dice: “Acabo de enterarme por una persona de mi amistad, que corrió el riesgo para informarme, que en una orden que se distribuye entre los comandos de asalto hay una lista de unas 30 personas a liquidar. Yo figuro entre las primeras. Otro es Rodolfo Mattarollo, director de ‘Nuevo Hombre’, abogado de presos políticos, entrañable amigo de quien les hablé más de una vez” (el abogado Rodolfo Mattarollo, autor de un temprano ensayo sobre la obra de Haroldo Conti, participó en aquel tiempo de la revista Nuevo Hombre y de la última época del diario El Mundo, ambos medios vinculados con el PRT-ERP).

Haroldo Conti: “Calculan 30.000 muertos”

Ahora, veamos lo que escribió desde las antípodas, en su autobiografía “Yo fui Vargas”, el capitán del Ejército y criminal dos veces condenado Héctor Vergez, quien después de haber actuado en la represión ilegal en el área del III Cuerpo de Ejército y después de haber sido denunciado en Córdoba por apropiación y venta de bienes de desaparecidos, pasó a actuar como agente encubierto del Batallón 601 de Inteligencia, en Buenos Aires:

“Cabe advertir al lector no informado o a menudo desinformado –dice Vergez- que la lucha con la delincuencia subversiva fue una lucha de Inteligencia y que los medios y apoyos del terrorismo sobrepasaron muchísimas veces los del Estado argentino”, agregando en otro pasaje y aludiendo específicamente al aparato de inteligencia del PRT-ERP: “La reunión informativa se realizaba, lógicamente, a través de infiltrados en los diversos ‘frentes’ o ámbitos sociales, empresariales y políticos”.

Podemos descontar que si Haroldo Conti y Rodolfo Mattarollo ya figuraban en las listas de “objetivos” de los organismos de Inteligencia en octubre de 1973, también lo estaban el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado que inició la dictadura del Proceso. No pasó mucho, desde el día del golpe, hasta que fue secuestrado Haroldo Conti, la madrugada del 5 de mayo de 1976, en su domicilio de Fitz Roy 1205, Villa Crespo, Buenos Aires.

El GT1 del Primer Cuerpo de Ejército reforzado con PCI (personal Civil de Inteligencia) que, según documentos disponibles, realizó el operativo, también se llevó a un presunto compañero de militancia de Haroldo llamado Héctor Fabiani, que pernoctaba en la casa y que había quedado al cuidado de los niños, aunque el grupo de tareas optó por dejar allí (presumiblemente, porque prefirieron llevar en sus automóviles el producto del saqueo) a Marta Scavac, pareja del escritor, lo mismo que a su hijo Ernesto, de apenas tres meses, y a la niña Miriam Acuña (de 7 años, hija de Marta).

Con fecha 6 de mayo fue presentado por Lidia Olga Conti, hermana de Haroldo (y esposa del militar aludido en la carta de enero) el primer hábeas corpus pidiendo la aparición de Haroldo. El recurso, como los que siguieron después, no tuvo resultado.

Personal de inteligencia del Batallón 601 estuvo a cargo del interrogatorio, tortura y muerte de Haroldo Conti

Haroldo Conti había sido detenido ilegalmente y elementos del Batallón 601 de Inteligencia y del Cuerpo I de Ejército se ocuparon de interrogarlo bajo tortura, destruyéndolo psíquica y físicamente, al punto de que cuando el cura Leonardo Castellani, tras solicitarlo personalmente a Videla, pudo verlo en el ya desaparecido CCD “Coordinación Federal” –a una cuadra del Departamento Central de Policía–, sólo alcanzó a darle la extremaunción. Castellani reveló eso, bajo secreto, a dos periodistas de la revista Crisis y a Marta Scavac, poco antes de que ésta partiera –con protección de la Marina, por un pedido personal que hiciera Omar Torrijos a Emilio Eduardo Massera– al exilio, junto a sus dos hijos más pequeños.

Dos de los abogados que integraban la flamante CADHU (Comisión Argentina de Derechos Humanos) –Mario Hernández y Roberto Sinigaglia– que estaban coordinando acciones para denunciar atentados y secuestros en Córdoba y Buenos Aires, fueron secuestrados ellos mismos el 11 de mayo de 1976 y permanecen desaparecidos.

La orden de batalla del Proceso (cuyos documentos no terminan de salir a la luz) se estaba ejecutando en aquellos días de otoño con rapidez y ferocidad, lo que obligó a la mayoría de los integrantes de la CADHU, ex adherentes de la muy raleada Gremial de Abogados, a tomar la decisión de poner a salvo a sus familias primero y de abandonar el país poco después, para continuar con la denuncia de los crímenes de la dictadura y con el apoyo a las víctimas desde lugares o países más seguros.

Gustavo Roca y Lucio Garzón Maceda, defensores de gremialistas y presos políticos de Córdoba que sufrían el feroz hostigamiento de las patotas del Comando Libertadores de América y el III Cuerpo de Ejército, fueron a España y a Francia primero, y allí tuvieron oportunidad, por gestión de dos integrantes de la CADHU residentes en Washington, de obtener un “hearing” ante una Subcomisión de Diputados del Congreso de los Estados Unidos dedicada a los Asuntos Externos y presidida por el diputado demócrata Donald Fraser (aquella invitación no era ingenua: los dos miembros de CADHU anfitriones –el ingeniero Gino Lofredo y la ex detenida Olga Talamante, ambos con ciudadanía norteamericana– sabían que la llegada al gobierno de Jimmy Carter significaría un reimpulso de los derechos humanos, tanto en política interior como en política exterior).

Las exposiciones de Gustavo Roca y de Lucio Garzón Maceda el 28 y 29 de septiembre de 1976, inscriptas en una serie que incluía otras denuncias por las violaciones a los DDHH en Chile y el Uruguay, llevaban el pedido concreto de que cesara la ayuda militar estadounidense a aquellas tres dictaduras del Cono Sur, objetivo que fue alcanzado en todos los casos.

Sin embargo, en el caso argentino, el haber hecho aquella solicitud les costó a Roca y a Garzón Maceda una causa judicial por “traición a la patria”, que los tuvo en vilo hasta el regreso de la democracia argentina, cuando obtuvieron el sobreseimiento definitivo.

Ya se había iniciado en los Estado Unidos, a fines de 1976, la investigación que generaría dos visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última de las cuales fue en 1979. Y el cálculo aproximado de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones, era el mismo que habían hecho los servicios de Inteligencia argentinos meses antes del golpe de Estado, y sobre el que había alertado Haroldo Conti en su carta a Fernández Retamar. A fines de 1976 se hablaba, tanto en Europa como en América del Norte, de “30.000”.

En enero del año siguiente, 1977, al prologar el libro de denuncia de la CADHU titulado “Argentina. Proceso al Genocidio”, el abogado Eduardo Luis Duhalde, quien se había trasladado a Madrid con el propósito de crear sedes y bases en Europa para denunciar la situación argentina, escribió: “Más de 2.300 personas fueron muertas oficialmente por las fuerzas militares y policiales entre marzo y diciembre de 1976. Sacerdotes, abogados, parlamentarios, profesores, científicos, artistas, asilados políticos latinoamericanos, dirigentes sindicales y de organizaciones populares se cuentan entre las víctimas. 20.000 han sido secuestradas y han desaparecido, y más de 10.000 están prisioneros en cárceles y campos de concentración militares” (como se advierte, las víctimas de la represión ilegal seguían siendo, en ese documento, 30.000).

Dos meses después, al intervenir como miembro de la CADHU y en representación de Pax Romana ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Rodolfo Mattarollo –el amigo y compañero de Haroldo Conti que mencionamos al comienzo– expresó lo siguiente: “Según varias organizaciones humanitarias, éste es el trágico saldo del año 1976 en Argentina: 2.300 muertos, 10.000 presos políticos y de 20 a 30 mil desaparecidos. Grupos armados que innegablemente forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía han secuestrado y continúan secuestrando a alrededor de 2.500 personas por mes. Las víctimas son argentinos de toda clase y condición social y latinoamericanos refugiados en territorio argentino”.

Las cifras que difundían la CADHU, el TYSAE (Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio) y otras organizaciones de resistencia y denuncia que actuaban en el exterior, no diferían mucho de las que el mismo Departamento de Estado norteamericano, que recibía cotidianamente los partes de sus propios servicios de Inteligencia y de su propia diplomacia, manejaba.

Uno de los documentos desclasificados que tiene la organización Archivo de Seguridad Nacional en la Georgetown University, perteneciente al denominado Plan Cóndor, es un mensaje del agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel, dirigido con seudónimo a sus superiores en Santiago, en julio de 1978. 

“Adjunto -dice Arancibia Clavel- la lista de todos los muertos en el año 1975. La lista va clasificada por mes. Es decir, en estas líneas van tanto los muertos ‘oficialistas’ (sic) como los ‘no oficialistas’ (sic). Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte, de esta capital, que depende de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, del Comando General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército. (…) Las listas corresponden al anexo 74.888.75/A1.E.A. y al anexo 74.889.75/id. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar. Casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados ‘por izquierda’, por las fuerzas de seguridad. (…) Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas. Atentos saludos. Luis Felipe Alemparte Díaz”.

Los casos verificados de asesinatos, secuestros y desapariciones se hacían constar, con detalle, en los escasos medios de difusión disponibles (entre ellos, dos periódicos del exilio en España, titulados “Presencia Argentina” y “Correo Argentino”). Ya en diciembre de 1977, Correo Argentino publicó la primera “Lista de prisioneros reconocidos por la Junta Militar”, con nombres y apellidos de los detenidos en Villa Devoto, La Plata, Coronda, Sierra Chica, Resistencia, Córdoba y otras cárceles argentinas, así como los casos en que se había concedido libertad, salida del país o libertad vigilada. El resto, lo que no se había podido verificar pero que sin duda estaba ocurriendo en los más de 500 centros clandestinos de detención habilitados por la dictadura en el territorio nacional, seguía perteneciendo a esa terrorífica nebulosa de los “30.000”, aquel cálculo proyectivo que habían hecho los mismos autores del golpe de Estado y ejecutores del plan genocida.

El General Ramón Camps dió la cifra de 30.000 desaparecidos

Llegado por fin a la Argentina, el ciclo de la democracia y recuperación de las instituciones, ciertos referentes de la dictadura como el sanguinario general Ramón Camps –quien murió antes de ser alcanzado definitivamente por la justicia– escribían columnas de opinión en medios “amigos” como el diario La Prensa y, además de jactarse de sus crímenes, se permitían aconsejar a los dirigentes y a la ciudadanía de nuestra débil democracia recuperada.

Fue justamente en aquel clima de alivio y a la vez de temor que reinaba a la salida de la dictadura cuando Jorge Luis Borges, entrevistado por periodistas del diario francés Le Monde, en un reportaje que se publicaría a doble página el domingo 6 de mayo de 1984, dijo lo siguiente: “Aquí se usa ese eufemismo de desaparecidos, pero la realidad es mucho más terrible: esas personas no desaparecieron, fueron secuestradas, quizás torturadas y seguramente asesinadas. El general (Ramón) Camps da la cifra de treinta mil. Lo más terrible es que –al parecer– aumentaron, redondearon la cifra para vanagloriarse” (extracto del artículo, reproducido por el vespertino La Razón de Buenos Aires, diario dirigido por Félix Laiño, un hombre que respondía al Ejército Argentino, que era el verdadero propietario del medio, el lunes 7 de mayo de 1984).

En el principio y el final de este relato, donde hemos dejado que hablen los documentos, son los mismos verdugos de la Argentina y de los argentinos quienes lanzaron la cifra de 30.000, cifra que luego fue recogida por la CADHU y las primeras organizaciones que denunciaron a la dictadura cívico militar, con el deseo de parar la matanza y de recuperar vivas a la mayor cantidad de víctimas posibles.

Nuestros 30.000, lo mismo que los seis millones de judíos de la Shoá, lo mismo que el millón del genocidio armenio, los de la posguerra civil en España, los comunistas asesinados en la Indonesia de Suharto o, viniendo más cerca, las víctimas sin nombre y sin tumba de dictaduras genocidas en Asia, África y América latina, son una cuenta abierta, que cada día puede ser incrementada por un nuevo hallazgo o una nueva denuncia. Y son también una herida abierta que sólo una política sostenida de memoria, verdad y justicia  (proeza argentina, que aún no hemos sido capaces de dimensionar ni valorar) puede cerrar. El dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003), minimizando la demanda por los caídos en aquella guerra de Malvinas que él mismo había desatado, dijo en un reportaje que todos los años “muere más gente en accidentes de tránsito”. Pareja frivolidad y desprecio por la vida humana ostentan aquellos que piden hoy un cálculo “exacto” y “cerrado” de las víctimas de la peor dictadura que sufrimos los argentinos.

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