La firma Vicentín, una de las empresas agroindustriales más grandes del país, fue noticia la semana pasada tras la intimación que envió el Banco Nación para que abone una deuda de más de 18 mil millones de pesos. El resurgimiento de su nombre en los medios trajo nuevamente la oscura historia de la empresa durante la dictadura cívico militar de 1976, cuando 22 empleados fueron secuestrados, muchos desde las propias instalaciones donde trabajaban.
En relación a esto, La Columna Vertebral dialogó con Leandro Monzón, delegado del sindicato de Aceiteros en Vicentin, quien se refirió al pasado de la firma, la enorme deuda contraída y la amenaza de quiebra.
-Estoy en Reconquista, la fábrica Vicentín está en Avellaneda. Son dos ciudades que están hoy en la incertidumbre de lo que va a pasar. Nosotros hace cuarenta días que estamos así, cuando explotó el problema en la provincia y acá en las localidades, y ahora se repitió en todos los medios nacionales. La empresa no sale a hablar, no cuenta bien la realidad de la situación, y los trabajadores y las dos ciudades están muy preocupadas, no saben qué va a pasar, es mucha la incertidumbre.
“LA EMPRESA VENÍA EN CRECIMIENTO. NO PODIAMOS CREER LO QUE PASÓ”
El trabajador explica que este conflicto se remonta a fines
de 2018, cuando en Avellaneda cierran la refinería y una parte del fraccionado.
“Hubo 25 retiros voluntarios, y 10 pasaron a otra planta”. En junio 2019, “cuando
parecía que habíamos arreglado todo”, la firma despide a cinco empleados y
retoma el conflicto que culmina con el cierre total de la envasadora a fines
del año pasado.
-En San Lorenzo están las dos plantas paradas. En Avellaneda
seguimos produciendo a un 50, 40%, pero nunca se paró de producir.
LCV: ¿Cómo se vivió esto del préstamo? ¿Qué se comenta entre
los trabajadores sobre lo que ocurrió?
-Desde 2015 y años anteriores la empresa venía en crecimiento. Nunca pensamos que iba a pasar lo que nos enteramos en diciembre, cuando estalló todo. Los trabajadores no lo podían creer. Nosotros veníamos trabajando bien. Habían comprado otra fábrica que se iba a agrandar. Pero cuando cayó la noticia fue un baldazo. Comentarios hay miles. Que es una estrategia contra el gobierno, ahora saltó lo de la suma del Banco Nación. No se esperaba que esto sucediera. Se los vinculaba con el macrismo, porque uno de los gerentes había viajado con Macri, había fotos.
“VOLVIMOS A TENER DELEGADOS EN 2014”
La otra historia, la de los trabajadores desaparecidos,
torturados y perseguidos en Vicentín durante la última dictadura cívico militar
también fue noticia en estos días.
LCV: ¿Ustedes rescatan esos antecedentes de Vicentín a la
hora de pensar en represalias? Como que es un modus operandi, ¿no? Una nota de
Anred rescata la historia de Efren Venturini, y allí se cuenta que a partir de
1974 comenzaron hechos bastante brutales. De hecho, ahora mismo Vicentín está
esperando que lo citen por el juicio a empresas colaboracionistas durante la
dictadura. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen referido a esta historia
negra de la empresa?
-Saltó todo en el 2016, como decís vos. A Efren yo lo conocí
hace poco, pero se lo conocía más a Oscar “Cacho” Zarza, que también era
delegado en ese momento y él siempre contaba las difíciles peleas con la
empresa, cómo actuaba con los delegados y la gente misma, tratando de matizar
siempre el sindicalismo. Es más, nosotros volvimos a tener delegados en
Avellaneda en 2014, luego de que comenzara la conducción de Daniel Yofra en la
Federación. Hacía tiempo que no teníamos delegados. Recién en el 2017
pertenecemos al sindicato. Es difícil el sindicalismo, más en el norte y con
empresas como Vicentín. Después los problemas y discusiones que tuvimos en 2018
y 2019, la relación siempre fue tensa. Es más, con la gerencia de la empresa,
que es de acá, no tenemos relación. Se manejan con recursos humanos. Es
difícil, y entre los compañeros se habla, más desde que conocimos a Cacho.
LCV: Me parece que habría que hablarlo un poco más, ¿no?
-Sí, es lo que falta, particularmente en el norte. Conocer la historia. Daniel habla mucho con Cacho. Vivirla en carne propia, cuando te la cuenta en primera persona, es mucho más dolorosa que leerla en los medios. Es difícil pensar de la estigmatización que hacen de nosotros. Siguen las maniobras de estas multinacionales contra el sindicalismo, por más que no sean como en aquella época.
Preocupación internacional por el desmantelamiento de los archivos del Ministerio de Defensa referidos a la dictadura
Si bien en el Ministerio de Defensa no hubo centenares de despidos como en otros organismos, las listas de cesanteados tuvieron un tinte más ideológico que de ajuste. Desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Archivo histórico, en el que no solo se puede encontrar documentación militar de hace 200 años sino que preservaba los documentos correspondientes al período de la dictadura. Muchos de ellos fueron utilizados por la justicia para establecer resonsabilidades en delitos de lesa humanidad. De los trece archivistas y profesionales especializados quedaron solo tres, prácticamente sin funciones.
Hace un mes y medio, Petri nombró a Lucas Miles Erves como Director Nacional de Derechos Humanos del ministerio. Abogado y ex comendiante, tiene un curriculum en el que se destaca como asistente del Departamento de Estado de EEUU. Se define a sí mismo como especialista en Defensa y Derechos Humanos, aunque recién en enero de este año logró su diplomatura en DDHH en la Universidad Austral. En su twitter destaca como sus intereses: “Amor por el tenis. Disfruto de viajar y hacer reír. Comprometido con todo aquello que nos haga mejores personas”.
Se ignora cuáles fueron los motivos que impulsaron a Petri a nombrar en un cargo tan especial a alguien que por sobre todas las cosas le gusta hacer reir. Claro que no es el único nombramiento inquietante también asumió como asesor del ministerio el contadorFrancisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, según el diario La Nación cobrará un sueldo de dos millones doscientos mil pesos.
Entrevistado por Canal Abierto, Alan Rüst, uno de los despedidos del Archivo destacó: “Los paracaidistas que están cayendo en el Estado dan bronca y desazón, es más fácil destruir que construir, llevamos años especializándonos en el tema y ya no sabemos qué va a pasar con esos documentos’ y agregó que con el sueldo del hermano de Adorni se podría pagar a todo el equipo del ERyA, cuyos profesionales cobran un promedio de 600.000 pesos.
Está claro que las cesantías nada tienen que ver con aumentar el superávit fiscal, de hecho Petri denunció a los archivistas como un grupo ‘parajudicial de persecusión a las Fuerzas Armadas’. Consultado por el diario Clarín, el ministro sostuvo que“los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”.
Reclamo del International Council on Archives
El Consejo Internacional de Archivos (ICA en su sigla en inglés) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas.
En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983.
A través de un comunicado difundido en la comunidad internacional afirman:
Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino:
El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial
El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa
La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos.
Una biblioteca de miles de vidas, por Federico Lorenz
Constituciones, Mafaldas, Nuncamases, Manifiestos Comunistas, una vida de San Martín, de Mitre, La fuerza es el derecho de las bestias, 1984, La náusea, El jorobadito, Poesía completa de Borges, Latín 1, revistas Fierro, revistas Humor, Poder y desaparición, Ciencias Sociales 1, Postales desde Malvinas, Santa Evitas, Cuarteles de inviernos, Biologías, Ingenierías, ICSEs, Sidney Sheldons, Cantos generales, Venas Abiertas, Harry Potters, Martín Fierros, Lingüisticas, Geografías, Cinco Semanas en Globos, Seis personajes en busca de autor, Antologías de terror, Astronomías, Nuevos testamentos, libros en chino libros en ruso no sé qué querían decir los títulos, Patagonias rebeldes, quise sacar fotos, no pude, era sacar fotos o disfrutar ser parte, vi de todo vi una biblioteca miles de vidas miles de horas brazos en alto con libros sin libros cánticos padres madres hijas hijos amigos jubilados jubiladas amigas amigos compañeros docentes no docentes estudiantes señoras en balcones que aplaudían que colgaban banderas y carteles gracias camión de residuos que tocó la bocina y nos dejó pasar y aplaudíó y policías mudos quizás acordándose de alguna seño de algún profe y bocinazos alguno habrá puteado seguro que la mayoría no, aplausos aplausos bocinazos todos en algún momento alumnos todos defendiendo la posibilidad que supimos conseguir a lo largo de la Historia que supimos defender a pesar de momentos durísimos que nos hizo quienes somos defendiendo la educación que es la que nos va a sacar de esto más temprano que tarde si rencor pero con memoria porque tenés que estar realmente muy desquiciado pensando que tenés que romper todo para arreglar algo, para confundirte destruir con construir donde estabas cuando te explicaron eso, cómo quiero a mí país sin chauvinismo lo quiero bien desde abajo como ayer miles y miles de pies de manos de voces diciendo que no que basta.
(Tomado de facebook del autor con su autorización)
Luego de la cadena nacional en donde el presidente Javier Milei destacó como un logro histórico el superavit logrado por su gobierno en apenas tres meses, la Confederación General del Trabajo difundió un comunicado replicando sus afirmaciones. De esta forma puntualiza el ‘mecanismo oculto’ de cómo se logró ese ‘éxito’:
Licuándole los ingresos a las y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros históricamente más bajos, peores que los del año 2001.
Deudas con las provincias: la Nación paró las transferencias a las provincias (un recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales.
Deudas con empresas de energía y gas: el Tesoro no cumple los contratos y puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD 2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal abastecimiento de electricidad.
Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades: no se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal desarrollo de la actividad. Sin incrementos presupuestarios las universidades no podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
Interrupción de la obra pública: atrasando o discontinuando proyectos estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía, considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta el momento— de 100.000 puestos de trabajo.
El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009.
Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. El Banco Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA compró efectivamente solo un 30% de lo que dice. En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica el 70% de la caída del gasto primario. “Desde la CGT seguimos reclamando, más allá de medidas coyunturales y muchas veces arbitrarias, la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule la especulación financiera. Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de la CGT firmado el 23 de abril, horas antes de la marcha en favor de la educación pública que convoca a gran parte de la ciudadanía.
