Ambiente
Marchas y contramarchas en conflictos por las tierras
Mensajes contradictorios del Estado han llegado en los últimos días sobre los conflictos que se viven en Río Negro y Mendoza. Algunas comunidades Mapuches han avanzado en el diálogo con la suspensión de los desalojos, mientras otras -que ya tenían orden judicial para ocupar sus territorios- sufrieron la apelación del Ejército Argentino provocando una carta abierta al Ministro Taiana. En Mendoza, luego de la cesión de 12.000 hectáreas fiscales a una empresa que salió por ley a principios de febrero, el Estado Nacional le exige dar marcha atrás por no haber cumplido con requisitos mínimos.
Por una parte, la suspensión de la orden de desalojo de la comunidad del Lof Quenquentrew de Cuesta del Ternero, en Río Negro, llevó alivio a la población luego de un fin de año plagado de operaciones mediáticas llevadas adelante por la propia Gobernadora, Arabela Carreras, quien sin medias tintas tildó a los mapuches que reclamaban por su terriorio ancestral como ‘terroristas’, militarizó la zona, y los mantuvo como rehenes, aislados y sin comida. Este mes, se abrió el diálogo y firmaron un acuerdo entre las partes -Estado, empresa y mapuches- en el que se suspende la orden de desalojo la comunidad por seis meses, renovables, hasta que se haga el relevamiento de pueblos originarios dispuesto por la ley.
En un sentido totalmente opuesto, el Ejército Argentino, apeló un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que ordenaba la entrega en un plazo de 60 días del título de propiedad de las tierras donde está instalada la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue “desde hace más de 100 años”. El Juzgado Federal de Bariloche hizo lugar al recurso de apelación que presentó el Ejército Argentino para frenar la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas que le pertenecen al Estado Nacional y que son reclamadas por la comunidad mapuche instalada allí desde fines del siglo XIX -antes de la llegada de los militares- y que permanece bajo custodia estatal a partir de 1937. El argumento esgrimido por el Ejército es que allí se desarrollanactividades de instrucción de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.
Sin embargo, la verdadera razón de este golpe judicial sería el antecedente que puede provocar una ola de reconocimiento de entrega de tierras ancestrales, cosa que preocupa a empresarios, comerciantes y políticos de la localidad.
Portavoz de esta inquietud fue el abogado Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, quien admitió que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”. Dicho Parque es un proyecto que la gobernadora Arabela Carreras, aprobado por la ley provincial 5.155 y que tiene un objetivo turístico entre el cerro Catedral y el lago Moreno. Por lo visto, al turismo no le molestan los ejercicios militares previstos.
Las familias Millalonco Ranquehue, junto a las comunidades Tambo Báez y Celestino Quijada que también habitan dentro de las tres mil hectáreas cedidas para el Parque Nacional, responsabilizaron de una actitud “racista y discriminatoria” al propio Ministro de Defensa, Jorge Taiana, jefe del Ejército. A través de una Carta Abierta en la que expresan:
“Las Comunidades Mapuche Tambo Báez, Millalonco Ranquehue y Celestino Quijada nos encontramos nuevamente ante la necesidad de hacer pública la defensa de lo que por derecho nos corresponde. Como es de su conocimiento, somos sobrevivientes del genocidio sufrido por nuestro Pueblo Mapuche a manos del estado y del ejército Argentino. (…) Nosotras Mirta Godoy, Marta Ranquehue y Luisa Quijada somos mujeres Mapuche, vivimos y nos desarrollamos en nuestros territorios comunitarios, tenemos presente la historia de despojo, abuso y amedrentamiento constante por parte del ejército. Podemos contarle frente a frente nuestra historia, historia que no encontrará en los libros ni en los medios de comunicación.
El territorio de nuestras comunidades ha sido relevado y reconocido por el Estado Nacional a través del INAI. Entonces, ¿un organismo del Estado reconoce que el territorio pertenece a las comunidades pero otro organismo, del mismo Estado, pretende despojarnos insinuando que no existimos? (…) Es Ud, en el cargo que hoy ocupa, el responsable directo de estar bloqueando el cumplimiento de la ley en favor de las comunidades mapuche de Bariloche. Con su accionar no hace más que favorecer a los capitales, tanto extranjeros como nacionales que se apropian de grandes extensiones de tierra, agua y recursos. Son ellos quienes alambran las costas de lagos y ríos que son de todos. (…) Lo invitamos a ud. Sr. Ministro Taiana, a que se acerque a las Comunidades ya que es parte de un gobierno que pregona trabajar por los Derechos Humanos, escuche nuestra historia que esta respaldada por papeles pero sobre todo respaldada por nuestra palabra. No somos un expediente, somos personas con derechos reconocidos en sus leyes. Por la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos”
La política del Estado Nacional no termina de definirse en un sentido o en otro. Así lo demuestra la reciente intervención de la Presidencia de la Nación que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le reclamó al gobierno de Mendoza que diera marcha atrás con la concesión de tierras fiscales, más de 12.000 hectáreas, a la empresa El Azufre para un emprendimiento turístico de esquí en zona de glaciares y volcanes en la comuna de Malargüe, en el límite con Chile. En la nota, reclama “dejar sin efecto” el decreto provincial 2138, el cual permite a los empresarios tener posesión preliminar de las tierras sin haberse realizado ningún estudio de impacto ambiental. Cabe destacar que la empresa ya empezó a realizar tareas en la zona.
“Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, indica el escrito donde reclama a la provincia dar marcha atrás.
Ambiente
Tierra de Nadie. Un campesino asesinado y otro herido en 15 días
Mientras el gobierno elige suspender el Instituto de Agricultura Familiar e Indígena y colocar como interventora a una joven abogada, Inés Liendo, nieta del recordado Ministro de Trabajo del general Videla, las comunidades campesinas sufren el desamparo y la prepotencia. Este sábado, en Catamarca, una feroz represión hirió a un habitante de la zona de 80 años, Felix Escalante, quien recibió golpes y balas de goma. El 5 de abril, fue asesinado a mansalva Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC).
Catamarca
Desde hace años la Comunidad de Peñas Negras está luchando contra la instalación de proyectos mineros en terrenos que poseen de manera ancestral. Allí, la minera Elevado Gold ha comenzado con permiso de la gobernación las tareas de exploración. Frente al conflicto suscitado con los habitantes, este sábado se intentó poner una garita de fuerzas de seguridad en el camino de montaña y hubo una manifestación para impedirlo. Por orden de una fiscal de Belén, la policía desalojó a las comunidades con escuderos, palos y balas de goma. El principal herido fue Félix Escalante, de 80 años, de la Comunidad de Peñas Negras. Recibió golpes de los escuderos y balas de goma. Temen que en las próximas hora o días los policías vuelvan a reprimir.
El conflicto empeoró luego de que la Comunidad iniciara una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias. Desde hace un par de semanas que están pidiendo una audiencia con la Secretaria de Seguridad que no tuvo respuesta.
De acuerdo a los testimonios recogidos por Pag/12 de Catamarca, los vecinos aseguran: “Nos comunicamos con el Fiscal General, quien nos aseguró que había una orden de la Fiscal de Belén para poner un destacamento policial, aunque sin fines mineros, sino para resguardar a las familias. Esto no fue así, porque ayer se presentaron con la orden a fin de instalar un destacamento policial a los fines de llevar a cabo trabajos de exploración minera”, y concluyen: “es una total ironía: quieren montar un destacamento policial en una zona en donde saben que no hay consenso minero, y esgrimen que es para proteger a la población, pero llegan escoltando a las camionetas mineras, y las hacen pasar aún ante el bloqueo de la comunidad”.
Santiago del Estero
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los campesinos que producen en sus tierras desde hace añares y supuestos propietarios con títulos dudosos quieren desalojar. No es la primera vez que empresarios agrícolas apelan a la violencia de bandas armadas.
El 28 de marzo arribó al paraje San Francisco, del departamento Alberdi, un grupo armado que exhibía sus fusiles de manera impune. De acuerdo a los testimonios, pertenecen a ‘la banda de los Padilla’ que hace un tiempo comenzaron a cercar los campos en donde los campesinos crían sus animales. Una zona rural donde el Mo.Ca.Se ha tendido redes.
El asesinato de Fabián Martínez ocurrió el viernes 5 de abril luego de que los matones del patrón usurparan tierras de uso comunitario a punta de pistolas. Se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.
Ambiente
Litio: peor el remedio que la enfermedad. Advertencia de Elon Musk
Mientras en Catamarca las comunidades originarias celebran el fallo de la Corte Suprema de Justicia Provincial que ordenó suspender la extracción de litio en el salar Hombre Muerto al comprobar el daño ambiental que provocó la desaparición de un río y la contaminación del agua potable; los poderosos países del norte empiezan a poner en duda que los autos eléctricos (principales consumidores de litio para sus baterías) sean una solución a la crisis climática.
El boom del ‘triángulo del litio” que entusiasma a Chile, Bolivia y Argentina, corre riesgo de desvanecerse en pocos años. La semana pasada un fallo judicial le dió la razón a la querella iniciada por el cacique Román Elías Guitian en el 2021 quien denunció la desaparición del río Trapiche por culpa del uso indebido de agua en la minera cuyo cauce se secó totalmente debido a la desproporcionada e inconsulta utilización del agua (380.000 litros por hora) por parte de las mineras Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA que llevan adelante los emprendimientos “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida” en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, e involucran tanto a Catamarca como a Salta.
Informes ambientales internacionales ya habían observado la sequía de los algarrobos y la flora en torno al salar Hombre Muerto. Este salar, ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue nombrado por el bisabuelo del cacique Román Guitián tras encontrar restos óseos en aquella zona. Los pueblos de Atacama sufren hoy el progreso en pos de la búsqueda de un combustible alternativo al fósil para mantener el sistema de vida que tiene como representante icónico a los automóviles de las grandes capitales. El silencio de la puna se rompió con el ruido de la máquinas. Al tiempo que se secaban los pocos cauces de agua en una zona árida. Román, el bisnieto de quien le puso nombre al salar, lleva años luchando: “antes la vida era más sana. Hoy en día no podemos vivir como antes porque nos quedamos sin agua, no podemos circular libremente y se mueren nuestros animales. Antes de que venga esta empresa nosotros vivíamos sin ningún problema, ahora todos nos contaminamos”. En el 2016 las comunidades originarias fueron duramente reprimidas por manifestarse contra las mineras: “Vinieron a pegarnos y nos armaron una causa diciendo que estamos contra el personal policial cuando la violencia fue al revés”, declaró en su momento Alfredo Morales, vecino de Atacama. Allí fueron violentadas adultas mayores, entre ellas, su madre de 75 años: “A ella y a mi hermana las arrastraron por el piso, nos pegaron, nos llevaron atados de pies y manos hasta el departamento de Belén (ubicado a 360 km). Nosotros somos personas muy respetuosas, si se lo pedían hubiera ido no era necesario que la golpeen”, se lamentaba. Hoy la Corte Suprema provincial les dio la razón.
Temen un colapso eléctrico en los países desarrollados
El cambio climático con su secuela en deshielos de glaciares, inundaciones, olas de calor, y todos los fenómenos que estamos sufriendo en estos días empezó a preocupar a los países poderosos desde fines del siglo pasado. Después de infinidad de encuentros y conferencias internacionales, concluyeron que el causante de éste desastre era la utilización de combustible fósil (petróleo) para mantener el gigantesco parque automotor mundial. A nadie se le ocurrió limitar el número de automóviles, la gran solución parecía ser el auto eléctrico.
Sin embargo, mientras el experimento se está llevando puestas comunidades enteras, culturas milenarias y una sabia armonía ambiental que se traduce en maravillosos paisajes, empieza a generar dudas.
Mientras Noruega anunció que el 82% su parque automotor 0 km está conformado por autos eléctricos, en los Países Bajos empiezan a sufrir el colapso de sus redes eléctricas por la alta demanda de energía de sus autos enchufables. Stedin, el mayor distribuidor de energía eléctrica de Países Bajos, advirtió que la situación es insostenible. La ciudad de Utrecht ya tiene mayor demanda de electricidad que la capacidad de la red general, y situaciones similares podrían presentarse en muy poco tiempo en Rotterdam, Ámsterdam y La Haya.
El tema no se limita a los países nórdicos, el mismísimo Elon Musk, CEO de Tesla, dijo hace pocos días en la conferencia Bosch Connected World, que “primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo problema será la falta de electricidad”.
Siguiendo la lógica de Musk, el New York Times señaló que la enorme demanda de energía eléctrica actual no solo está poniendo al límite las redes eléctricas, sino que está poniendo en peligro como consecuencia, los objetivos climáticos que se han planteado en los países más desarrollados, tanto por separado como en bloque en el caso de la Unión Europea.
La prestigiosa publicación de Estados Unidos fue más allá y apuntó a los centros de datos, criptominería y a la expansión de la IA de la mano de gigantes como Amazon, Apple, Google o Microsoft como responsables de catapultar la red eléctrica. En algunos Estados como Georgia, la demanda es ahora 17 veces mayor que hace una década.
El año pasado, el físico argentino Juan Carlos Bolcich especializado en la aplicación de hidrógeno para la propulsión de vehículos sostuvo que el mundo colapsaría ante la demanda de energía. Hoy, Elon Musk confirma que ese pronóstico puede ser válido.
Todo indicaría que no vale la pena sacrificar comunidades enteras con sus culturas ancestrales y producción local, en pos de una solución que puede durar pocos años.
Te puede interesar:
Ambiente
Adorni anuncia 900 despidos en Agricultura Familiar, campesina e indígena. Los trabajadores responden.
Una vez más, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció con bombos y platillos el cierre de dos organismos nacionales: Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. “Quedarán 64 empleados”, de una planta de más de 900. De esta forma, el gobierno anuncia el vaciamiento de los organismos dedicados a la agricultura familiar e indígena. No solo significa novecientos despidos en puerta. También, miles de campesinos a la deriva sin asistencia técnica y el camino allanado para el agronegocio. Le responden a Adorni: Deolinda Carrizo de Mocase, y ATE.
No es la primera vez que el vocero festeja cierres y se alegra por el ajuste del Estado, ya lo hizo con Telam y con el Inadi. Por ahora, ambos organismos continúan existiendo y en pie de lucha. La inconsistencia y el desconocimiento suelen estar a la base de tan impactantes declaraciones.
Conocida la noticia, LCV consultó a la designada directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena dependiente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación, Deolinda Del Valle Carrizo, militante histórica del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), quien sostuvo que los dichos de Adorni son “Totalmente infundados, cargados de violencia, desprecio y desconocimiento hacia las actividades del Inafci que ya venía trabajando en los territorios a nivel provincial. A través del Inafci se han fortalecido las líneas productivas, el mejoramiento de las cadenas de comercialización, de producción, articulando con otras líneas del Estado como el Inta o el Senasa para llegar al territorio con la mejor política pública que hace al fortalecimiento no sólo del arraigo sino de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.”
Desde la asunción de Milei el área de agricultura fue una de las tantas que se mantuvo en el limbo. No hubo nombramiento oficial de ningún director o directora, aunque dicen que una señora pasó por allí preguntando sobre el funcionamiento del Instituto. Casi nadie recuerda su nombre ni recibieron directivas de trabajo. Hasta el momento no se han notificado los despidos. Son muchos los que no están pudiendo asistir al Ministerio porque se suspendieron los viáticos y les resulta imposible viajar al Buenos Aires. Quienes viven más cercanos a Capital continuaban yendo al trabajo en espera de alguna decisión.
“Lo que hoy está haciendo no es solamente despedir a 900 técnicos trabajadores que asistían y acompañaban a las familias productoras de alimento, también buscaban solucionar problemas endémicos como falta de infraestructura o de aguas en distintos parajes. En lo cotidiano de muchas de las familias estaban los técnicos todos los días trabajando. Es indignante, es indignante que diga que no hubo reclamos de los productores. Hace una semana ha habido una concentración de organizaciones campesinas, organizaciones de la rama agraria de la UTEP que nuclea a nivel nacional a más de 30 organizaciones que representan alrededor del 2% de los que forman parte de la economía familiar campesina indígena. Este es un lugar que van a dejar vacío para que el agronegocio siga con una embestida con mayor crudeza de la que viene haciendo. Y ante eso va a haber resistencia.”, asegura Deolinda desde Santiago del Estero. Y concluye: “están incumpliendo normativa nacional e internacional, no pueden hacer las cosas asi tan livianos, como si no existiera nada mas alla.”
Por su parte, ATE Agricultura respondió una por una las imprecisiones brindadas en conferencia de prensa por el alborotador Manuel Adorni, a continuación el comunicado completo:
Cierre del INAFCI. Mentir para ajustar
El vocero presidencial anuncio hoy, muy livianamente, el cierre del INAFCI y el presidente Milei compartió en sus redes sociales una serie de mentiras para justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector campesino e indígena.
• Dijo: uno cada tres era funcionario!!Mentira, somos mas de 900 trabajadores que dependemos de nuestro salario para vivir.
• Dijo: que teníamos 204 vehículos. Con lo cual debería haber, por lo menos,10 vehículos por provincia. Hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales.
• Dijo: que el organismo tiene 2 sedes. Eso expresa el total desconocimiento del funcionamiento del organismo. Es una política nacional, que tiene su oficina central en Capital Federal y luego cada provincia tiene una delegación.
• Dijo: Puestos de no trabajo. Todes les técnicos del INAFCI podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución. .Dijo: que lxs productorxs no se manifestaron. Muchas organizaciones vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos.
Desde 1993, se sostiene esta política pública en gran medida por el compromiso y voluntad de las y los trabajadores que hoy nos estamos enterando por las redes sociales que nos quedamos sin trabajo. No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad. Con un 100% de trabajadorxs no formalizadxs.
Somos trabajadorxs que acompañamos , en todo el país, la producción de alimentos, la producción agroecologica, el acompañamiento a mujeres rurales campesinas e indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales, el acceso a la tecnología, las mejoras en la infraestructura productiva, el acceso al monotributo social agropecuario, generamos datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena), acompañamos a ferias y el desarrollo de mercados de cercanía, circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación, acompañamos las producciones artesanales.
Con Macri nos quisieron desaparecer y acá estamos. Milei no te vamos a dar el gusto.
Unidad de lxs que luchan!
*Defendamos el trabajo y la soberanía alimentaria!
Ni un paso atrás!
ATE INAFCI*
