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Entrevistas

Evangelina Buccari: «Una treintena de países ya tienen ejércitos de trolls para callar a los disidentes». Informe de Mujeres periodistas sobre ciberacoso

Entrevista con Evangelina Bucari, miembro del colectivo Mujeres Periodistas que difundió un informe sobre la situación de la profesión y la falta de contención legal y emocional a los ciberataques. Con 20 años de trayectoria en los medios, Evangelina fue redactora y editora en Perfil, La Nación y la Agencia Télam, entre otros. Especializada en temas de género, infancia y derechos humanos. En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, explicó los motivos del informe realizado por Mujeres Periodistas titulado: Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnosencura. «El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas. Desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia», sostuvieron en su presentación.

Evangelina Buccari, miembro de Periodistas Argentinas

  LCV: ¿Cómo estás?

—Hola, buenas tardes, Nora. Muchísimas gracias por la comunicación y por interesarte en este informe que creemos sumamente importante para el ejercicio de nuestra profesión. Como mencionabas recién, presentamos hoy este informe que incluye algunos casos de varias colegas que sufrieron estos ataques, estos ciberataques, pero en realidad lo que queremos y lo que buscamos con este informe, más allá de cada caso puntual y particular, fue mostrar que hay una sistematización, un mecanismo que se está convirtiendo en una práctica que afecta, como te decía antes, nuestra labor diaria.

LCV: ¿Qué se entiende como ciberacoso y cuál es la relación con los trolls del gobierno?

—El ciberacoso es el ataque a través de redes sociales, básicamente, para decirlo muy simple. Estos ataques sobre todo se están dando con intensidad en la red X, lo que antes era Twitter. Nosotras en el informe lo que hicimos fue examinar cómo funcionan esos ataques, impulsados sobre todo por actores institucionales, como vos señalabas, que diseñan campañas de intimidación y de descalificación, sobre todo, creemos nosotras, con el propósito de silenciar a las comunicadoras críticas. Lo novedoso y particular, y un poco lo que nosotras mostramos en el informe es que estos ataques ya no solo provienen quizás como antes, desde bots o desde cuentas que no eran verificadas, sino que hoy las novedad es que provienen de cuentas verificadas, pero además de cuentas oficiales que forman parte de la Comunicación Oficial del Gobierno y sobre todo impulsadas por el presidente Javier Milei.

LCV: Que además utiliza dos maniobras absolutamente nítidas. Una es la de él, en persona, ser el insultante o el discriminador, y la otra es retuitear barbaridades que publican otras personas, algunos que son seguramente trolls y otros no, como vos decís. O sea, el famoso Gordo Dan, por ejemplo, que tiene nombre, tiene cara, tiene todo.

—Muchos de ellos tienen nombre e incluso tienen cargos en el gobierno. Lo que nosotras vimos y también analizamos en el informe, es que esto no es un tema solo de la Argentina, estamos hablando de un proceso global. De hecho citamos varias investigaciones, una importante que hizo Reporteros sin Fronteras en más de 32 países, donde lo que dicen es, cuando hablamos de este fenómeno internacional, también encontramos que la desinformación masiva puede ser orquestada por las más altas esferas del Estado en regímenes autoritarios y en ciertas democracias a la deriva. En una treintena de países se ha creado ejércitos de troll para callar a los disidentes. Entonces, no solo es un fenómeno que se da en la Argentina, es un fenómeno global que llega a la Argentina preocupadas por esta limitación a la libertad de expresion es que planteamos la necesidad de fortalecer el marco legal de alguna manera, para proteger sobre todo el ejercicio periodístico. Por eso nosotros sí tomamos los casos particulares, como contabas, pero para sobre todo mostrar la sistematización.

LCV: Lo que me interesa destacar para quienes nos están escuchando, es que uno estaba acostumbrado a la grieta, pero lo de ahora realmente es un ataque a la libertad de expresión.

—Exacto, es exactamente como lo decís. Por eso nosotras creemos que tenemos que estar unidas. Nosotras somos periodistas profesionales que queremos ejercer nuestra profesión con libertad de expresión, pero también con la libertad de poder publicar en nuestras redes sociales lo que creamos, y también que no ser descontextualizadas, porque esa es otra cuestión. En esta creación de fake news y de noticias falsas, hay un recorte de lo que muchas trabajadoras hacen en sus medios, y entonces son sacadas de contexto y utilizadas para desinformar. Eso también es un ataque contra la libertad de expresión.

LCV: Has transitado en La Nación, Télam y Perfil, cada uno con su manual de estilo. ¿Cuál es la mirada y el compromiso que tienen los medios de comunicación en la defensa de la libertad de expresión en este caso? ¿Qué rol tienen adentro de este informe?

—Sobre todo dentro de este informe, lo que nosotras hacemos es, en las conclusiones, pedirle a las empresas y a los medios periodísticos que se tienen que involucrar. Entonces, hay una serie de pedidos que hacemos, por un lado al Estado y por el otro lado a las empresas de medios, porque necesitamos que asuman que el ciberacoso es una amenaza para las periodistas y que lo prevengan. Necesitamos que los medios de comunicación capaciten tanto a los periodistas como al resto de sus empleados para que enfrenten este tipo de amenazas. Que creen dispositivos de urgencia internos para garantizar que las periodistas víctimas de acoso pueden contar con apoyo. El apoyo legal y sobre todo también el apoyo psicológico en algunos casos es muy importante. Hay colegas que han sido amenazadas de muerte, amenazados sus hijos, y es muy grave. Entonces en esos casos vos necesitas apoyo y contención. Que no hay que tomarlo como un ataque personal y que la periodista no lo tiene que enfrentar sola, de manera individual, sino se tiene que enfrentar, como decíamos antes, como un daño a la libertad de expresión, al periodismo, y que los medios, por lo tanto, tienen que asumir esa responsabilidad de contener.

Dentro de todas las entrevistas que hicimos, porque todos los casos que están mencionados en el informe fueron todas entrevistadas, contamos con la autorización de ellas, y más allá de un montón de otros casos que quizás no figuran, pero bueno, teníamos que acotar un poquito las historias porque si no iba a ser externo. Porque son muchos los casos. Muchas contaron que en sus medios de comunicación las apoyaron, que recibieron este apoyo, pero muchas otras no. En muchos otros casos se sintieron muy solas. Entonces es importante que los medios asuman esta responsabilidad con sus trabajadoras y sus trabajadores también.

LCV: Un poco es el caso de Marina Abiuzo, que era editora de género y creo que dejó de serlo en el marco de los ataques también.

—Marina es un caso particular, nosotros contamos en el informe, ella la verdad que es pionera en algún punto en cómo pudo actuar frente a las amenazas. Marina pudo lograr hacer un juicio gracias al apoyo de distintas organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional. Ella hizo un juicio, logró que se le dé probation a cuatro de sus agresores. Ahora estoy en duda si son cuatro o cinco. Así que es un caso paradigmático. Marina además hizo junto con Unfpa una guía para periodistas, que también es muy interesante e invito también a las colegas y a todos a mirarla porque tiene también como un paso a paso de cómo reaccionar frente a los ataques. Pero bueno, sobre todo por este y por muchos otros casos, creemos que los medios de comunicación tienen que hacerse cargo de esta situación que es nueva para todos. Si bien se viene dando hace algunos años, creo que explotó desde el último año y sobre todo en los últimos meses. Tienen también que visibilizar más el tema. Por eso agradecemos mucho estos espacios y esperamos que se hable del informe, que a partir del informe se hagan reportajes, se hagan más investigaciones, y sobre todo sensibilizar también a la población, pero al gremio periodístico en general. Hoy, por suerte, la verdad que el gremio periodístico Sipreba estuvo presente, estuvo también Fatprem, y creo que es un desafío para todos y todas.

LCV: Estamos también bastante desprovistos de leyes que impidan que los partidos políticos, por ejemplo, o que las empresas privadas o quien sea, subvencionen de alguna manera estos ejércitos de odiadores seriales. Digo, no hay ninguna pena para esto.

—Por eso también en el pedido y nuestras conclusiones del informe también hay unas solicitudes al Estado en particular. Por un lado, más o menos te las enumero, pero en principios, que se refuerce justamente como decías, el mar legal para restringir el acoso en línea a periodistas, y que la legislación se aplique estrictamente, porque a veces, como sucede en muchos otros casos, existen las legislaciones pero son nada, no son aplicadas. La ley está, pero no se aplica. Que se imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de bots y de robots para hacer ataques. Obviamente todo esto sin que esto implique controlar los contenidos, ni censurarlos, ni mucho menos. Simplemente que se imponga obligaciones de transparencia. Que se instaure un dispositivo de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso. Y también, por último, el último punto es que se prohíba financiar este tipo de agresiones para influir en la opinión pública.

LCV: Además sentirte en peligro en lo que estás haciendo. Me parece que el retroceso que hemos tenido en estos meses en los derechos, deberes y garantías de toda la sociedad, no solamente de nosotras, sino, por ejemplo, la desaparición de organizaciones como el INADI, o de la desaparición del Ministerio de la Mujer y demás, ha hecho que por esa grieta que parecía que estaba cerrada, vuelvan a aparecer lo que en realidad nunca se había extinguido, estaba solapado porque la careteaban.

—Sí, porque ahora lo que hay es una polarización exacerbada, o sea, lo que existe, y esto te lo demuestran estos ataques, es que están justamente ensanchando la polarización. Entonces, en realidad lo que sucede, y además, volviendo a lo que tiene que ver con nuestro ejercicio profesional, es que en muchos casos estos ataques afectan también la relación de las periodistas y las profesionales con su propia labor. Porque empieza a haber funcionarios, un montón de fuentes que no quieren hablar con ellas, que no quieren salir en este programa porque saben que luego probablemente eso pueda ser usado en su contra, que directamente incluso el presidente dice no hablen con tal o cual periodista. Lo ha dicho al aire, nombrando a ciertas periodistas.

LCV: Como a Silvia Mercado.

—Es una de las que están mencionadas también, incluso creo que han mencionado muchas veces a Romina Manguel para que no le den entrevistas. Por eso nosotras intentamos de alguna manera, si bien mencionar casos, porque los necesitas también para demostrar y para analizar la sistematización, pero queremos corrernos de los casos puntuales primero para no revictimizarlas y no exponerlas. Pero además también porque creemos que ya son sólo unos ejemplos de algo que se reproduce en muchísimas escalas y en muchísimos lugares. Sobre todo por el impacto, que esto es otra cosa también importante, el impacto que estos ataques suele tener en muchas de las periodistas afectadas.

LCV: No es menor lo que están haciendo con el insulto y la persecución de esta manera, en este caso a nosotras, a las mujeres, pero te digo, al periodismo, a la libertad de expresión en general.

—Sí, en general. Nosotras en particular, por ser una organización de mujeres periodistas, y además porque notamos que hay un particular ensañamiento con las mujeres, en este caso, con las mujeres periodistas en particular, por la forma de los ataques, por el tipo de ataques, el tipo de contenido.

LCV: Somos las primeras dos mujeres que hacen un programa dedicado al mundo del trabajo en general, no al sindicalismo, sino al mundo del trabajo. Súmennos a las listas todo lo que sea necesario, porque acá estamos para dar batalla, la venimos dando y queremos darla también con ustedes.

—Yo les agradezco en nombre de Periodistas Argentinas el espacio, el interés, porque estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de las periodistas en el debate público. Y bueno, como consecuencia sabemos que eso socava la democracia. Así que de alguna manera este informe lo que busca es que pongamos un alto, reflexionemos sobre el tema y que las empresas y el estado nos escuchen.

LCV: ¿Hubo alguna compañera que haya perdido su trabajo o lo haya visto peligrado por este tema?

—No particularmente de los casos que hemos citado, pero sí algunas compañeras no se han sentido del todo contenidas y han decidido cambiar de trabajo. Hoy somos mas de 200 periodistas de toda la Argentina que formamos Periodistas Argentinas buscando defender la información y la participación de las periodistas en el debate público sin tener miedo de publicar y autocensurarnos.

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Daniel Yofra: “Ofrecer 0% de aumento es una provocación y una invitación al conflicto”

El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso analizó el conflicto salarial que mantiene el sector, cuestionó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y vinculó el ajuste sobre las políticas de género con el aumento de la vulnerabilidad social. Además, reclamó una mayor unidad del movimiento sindical y propuso profundizar las medidas de lucha contra las políticas del gobierno nacional.

LCV: ¿Cómo viene el tema de la huelga que se había declarado por parte de todo el sector aceitero? ¿Cómo están las paritarias?

Daniel Yofra: «Estamos en una conciliación obligatoria. A las pocas horas de haber decretado el paro la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a pedido de las empresas, pero no hubo ningún tipo de avance. Nosotros seguimos sosteniendo el mismo reclamo salarial que venimos planteando desde hace veinte años: un salario que cubra las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución. Hoy estamos reclamando un salario de 2.800.000 pesos y la respuesta empresarial fue ofrecer un 0%, lo que constituye una verdadera provocación y una invitación al conflicto.»

LCV: O sea que aplicaron, como siempre, ese torniquete que los deja inmovilizados por un tiempo.

Daniel Yofra: «Sí, es una medida que habitualmente se utiliza a favor de las empresas o a pedido de ellas. La conciliación obligatoria dura quince días hábiles y puede extenderse cinco días más una vez finalizado ese plazo.»

LCV: En el marco de la reforma laboral, que prácticamente convierte el derecho a huelga en un delito, ¿cómo están enfrentando esa situación?

Daniel Yofra: «Estamos limitados, pero eso no significa que vayamos a dejar de hacer lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras quiere hacer, que es ir a la huelga para defender sus derechos. Parece que el Gobierno puede transgredir permanentemente la ley y no veo por qué nosotros no podríamos ejercer nuestro derecho a luchar. Vamos a seguir defendiendo las conquistas de los trabajadores.»

LCV: El miércoles es el 3 de junio, una nueva jornada de Ni Una Menos. En las últimas horas hubo varios femicidios que volvieron a conmover al país y, al mismo tiempo, se produjo un fuerte recorte en las políticas de género. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación?

Daniel Yofra: «Este gobierno vino a destruir todo lo que tenga que ver con la sensibilidad social y con la protección de los sectores más vulnerables. Lo vemos en discapacidad, en las políticas de género y en todas las áreas vinculadas a la prevención y el cuidado. Han desmantelado herramientas fundamentales para acompañar y proteger a quienes más lo necesitan. Cuando hablaban de un Estado eficiente, en realidad estaban anunciando este modelo de gobierno que castiga a los más vulnerables y favorece la concentración de la riqueza. Más allá de que una parte importante de la sociedad eligió a este gobierno, no creo que lo haya hecho imaginando el nivel de destrucción social que estamos viendo. La sociedad tiene que empezar a reaccionar y a comprender que, si no enfrentamos estas políticas, las consecuencias serán cada vez peores.»

LCV: ¿Creés que el movimiento sindical tiene un papel especial que cumplir frente a esta situación?

Daniel Yofra: «Sin dudas. Hay motivos de sobra para unirnos en un mismo reclamo y no parar hasta revertir esta situación. Nosotros representamos a un sector rentable que aporta muchas divisas al país y podríamos pensar egoístamente que estamos protegidos, pero la realidad demuestra que también nos están acorralando. Esto nos va a afectar a todos. Por eso vengo planteando la necesidad de un paro por tiempo indeterminado. Existe además una cuestión cultural histórica en la que nunca se respetó plenamente a las mujeres. Si ahora se eliminan las herramientas y las políticas destinadas a prevenir la violencia de género, vamos a seguir lamentando víctimas. Hay que enfrentar estas decisiones políticas porque, de lo contrario, cada vez estaremos peor.»

LCV: ¿Qué evaluación hacés de la respuesta de la dirigencia política y sindical frente a este escenario?

Daniel Yofra: «Todavía no hemos sentido en toda su dimensión el daño que están produciendo estas políticas. Ya hay trabajadores despedidos, personas que quedaron en la calle sin indemnización y sin posibilidades reales de reinsertarse laboralmente. Pero esto recién empieza y todos vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Tenemos que dejar de lado los egoísmos y las ambiciones personales para construir una respuesta colectiva. Hay una parte de la sociedad que tiene la responsabilidad de luchar, como los dirigentes sindicales y políticos, y sin embargo muchas veces prefiere concentrarse en las disputas internas o en los cálculos electorales de acá a un año y medio. Mientras tanto, la gente tiene necesidades urgentes hoy. Esa desconexión entre la dirigencia y los problemas reales de la población es algo que debemos corregir cuanto antes.»

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Carlos Del Frade: “El Río Paraná está siendo entregado a las multinacionales y al control estratégico de Estados Unidos”

La discusión sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, el futuro del Canal Magdalena y el control de los principales puertos exportadores del país volvió a ocupar el centro de la escena. Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, detrás de las decisiones que impulsa el gobierno nacional existe una profunda cesión de soberanía económica y territorial. En diálogo con LCV, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó el rol de las multinacionales, denunció la injerencia estadounidense sobre los recursos estratégicos argentinos y advirtió sobre el silencio de gran parte de la dirigencia política frente a un proceso que considera uno de los mayores saqueos de la historia reciente.

LCV: ¿Qué está pasando con la Vía Navegable Troncal Paraná y con las obras del Canal Magdalena?

Carlos Del Frade: “En realidad, las obras del Canal Magdalena han quedado relegadas frente a un proyecto mucho más amplio de subordinación de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. El Canal Magdalena ya no forma parte de una planificación soberana del Paraná, del Río de la Plata ni del sistema fluvial argentino. Lo que está ocurriendo es que el control de la principal vía por donde salen las riquezas del país, por donde se exportan alrededor de 80.000 millones de dólares anuales, está siendo pensado y planificado desde el Comando Sur estadounidense. Quien termine definiendo quién se queda con la riqueza que sale por los puertos de siete provincias argentinas será fundamentalmente Cargill, una de las principales empresas norteamericanas vinculadas al comercio internacional de granos. Esto tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cualquier familia argentina, porque significará menos recursos para el país y menos alimentos en la mesa de nuestro pueblo. Lo que hoy se discute sobre dragado, balizamiento y peaje del Paraná es, en realidad, quién se queda con la riqueza producida por los argentinos. Estamos atravesando un momento de enorme saqueo y el Río Paraná es una expresión clara de ese proceso.”

LCV: También resulta llamativo que mientras Donald Trump impulsa políticas de protección de los intereses estadounidenses, aquí parece suceder exactamente lo contrario.

Carlos Del Frade: “Es una contradicción muy evidente. Trump defiende y nacionaliza las vías fluviales de Estados Unidos, impide que sean controladas por terceros y garantiza que los beneficios queden para los norteamericanos. En cambio, en la Argentina ocurre lo opuesto: actuamos como si el Paraná fuera una vía al servicio de intereses extranjeros. A esto se suma el denominado Programa 333, firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, que implica ceder durante cinco años la seguridad del Mar Argentino a la Armada norteamericana. Es algo verdaderamente oprobioso. Ni siquiera durante la última dictadura militar se avanzó en una entrega de semejante magnitud. Más allá de las diferencias internas que existían entonces, había sectores que sostenían una visión más vinculada a la defensa de recursos estratégicos nacionales. Hoy estamos frente a una cesión directa de soberanía.”

LCV: ¿Qué gobernadores deberían estar dando respuestas sobre esta situación?

Carlos Del Frade: “Las principales responsabilidades recaen sobre las siete provincias vinculadas al Paraná. En particular, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, deberían tener una posición mucho más clara. También Axel Kicillof debería volver a poner en discusión el Canal Magdalena y plantear cuánto de esta riqueza quedará efectivamente para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo vale para Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Es fundamental que los gobiernos provinciales al menos se pregunten cuánto va a recibir cada provincia de un negocio que hoy parece diseñado exclusivamente para beneficiar a las multinacionales. Hay 79 puertos en estas siete provincias y la mayoría está en manos de grandes corporaciones. Terminaremos dependiendo de simples declaraciones juradas sobre lo que entra y sale del país. El riesgo es que se profundice una pérdida total de control sobre nuestras exportaciones y sobre recursos estratégicos fundamentales.”

LCV: ¿Cómo repercute esta discusión dentro de tu espacio político y qué respaldo encuentran para estas posiciones?

Carlos Del Frade: “Nosotros somos apenas tres diputados dentro de una Legislatura de cincuenta integrantes en Santa Fe. Integramos el Frente Amplio por la Soberanía y nos definimos como una corriente de izquierda nacional, vinculada a los movimientos populares y a la defensa de los intereses nacionales. No contamos con el acompañamiento de los sectores mayoritarios de la política, aunque sí recibimos apoyo de algunas personalidades que comparten estas preocupaciones. Estamos atravesando un momento de mucha soledad política, pero creemos que hay que sostener estas posiciones porque la sociedad necesita escuchar voces que adviertan sobre lo que está ocurriendo. Más temprano que tarde, estas discusiones van a dejar de ser marginales porque la realidad terminará mostrando sus consecuencias.”

LCV: ¿Esa soledad responde a una falta de comprensión del problema o a intereses económicos?

Carlos Del Frade: “Quiero creer que muchas veces se debe a que algunos sectores miran la política desde otro lugar. Sin embargo, sinceramente creo que el principal problema de los grandes partidos políticos argentinos es que se han resignado frente al poder económico. Y esa resignación, muchas veces, termina produciendo los mismos resultados que la corrupción. Es una situación muy grave porque fuerzas políticas que en otros momentos expresaron los intereses de las mayorías populares hoy parecen aceptar como inevitables decisiones que perjudican al conjunto de la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa actualmente la Argentina.”

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Horacio Catena, secretario general del SUTEF: “No queremos ni un docente pobre en nuestra patria”

En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.

LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?

Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”

LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?

Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”

LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?

Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”

LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?

Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”

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