En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.

LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?

Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”

LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?

Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”

LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?

Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”

LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?

Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”

Tras la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral previsto en la Ley 27.802 de reforma laboral mediante el Decreto 408/2026, el abogado laboralista Gustavo Ciampa cuestionó duramente la medida. Sostuvo que el nuevo esquema desvía recursos de la seguridad social para financiar despidos, beneficia a entidades financieras privadas y constituye una nueva etapa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En diálogo con LCV, advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de la iniciativa y señaló que su reversión dependerá de decisiones políticas y eventuales acciones judiciales.

LCV: Con Gustavo queremos hablar porque se reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral de la Ley 27.802 de reforma laboral a través del Decreto 408/2026. Explícanos en qué nos perjudica o en qué nos beneficia.

Gustavo Ciampa: “Lo que hay de perverso es la ley, la mal llamada ley de modernización laboral. Esto es la reglamentación de la perversión y la reglamentación del negociado. Cuando uno analiza el decreto encuentra reiteradas menciones a fondos comunes de inversión y a lo que denominan ‘vehículos de inversión colectiva’. Más de diez veces aparece esa expresión en el texto, pero ni una sola vez se habla de los derechos de los trabajadores. Esta reglamentación explica cómo van a implementar lo que considero una estafa contra trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas y contra la sociedad argentina en general. El Fondo de Asistencia Laboral implica quitar recursos a los trabajadores activos y a los jubilados. Se toman fondos provenientes de aportes patronales a la seguridad social, que estaban destinados al pago de jubilaciones y pensiones, para subsidiar a empresas que despidan personal. Es decir, a quienes se les dice permanentemente que no hay dinero para mejorar jubilaciones y pensiones, ahora se les quitan esos recursos para financiar indemnizaciones por despido.”

LCV: ¿Esta medida tiene algún tipo de reversa?

Gustavo Ciampa: “Tiene una posible reversa política a través del Congreso y de un cambio de orientación en las políticas públicas. También podría existir una vía judicial, aunque habría que analizar quiénes están legitimados para impulsarla y bajo qué mecanismos procesales.”

LCV: ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los jubilados del país presentaran un recurso de amparo para impedir que les saquen esos fondos?

Gustavo Ciampa: “Probablemente las asociaciones de jubilados y jubiladas tendrían una legitimación más clara para actuar judicialmente, porque se trata de recursos destinados específicamente al pago de jubilaciones y pensiones que ahora serían utilizados para subsidiar empresas. Además, esos subsidios estarían vinculados a despidos sin causa, que en la Argentina constituyen actos ilícitos.”

LCV: O sea que estamos hablando específicamente de despidos sin causa.

Gustavo Ciampa: “Exactamente. Y además de que esto ya es un desastre en sí mismo, hay una perversión circular en todo el esquema. Se utilizan recursos de jubilados que ya cobran haberes insuficientes para financiar despidos que generan más desempleo y más precariedad. Todo termina convergiendo en una misma situación de deterioro social: menos ingresos, menos consumo, menos actividad comercial e industrial. Mientras la economía real se debilita, quienes terminan obteniendo beneficios son los sectores financieros.”

LCV: Estas empresas que se benefician a través de este decreto, ¿pueden ser empresas industriales o son principalmente empresas financieras?

Gustavo Ciampa: “Las que administrarán los fondos son empresas financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Estamos hablando de fondos fiduciarios y fondos comunes de inversión, es decir, estructuras administradas por entidades especializadas en el negocio financiero.”

LCV: O sea que además estamos hablando de fondos fiduciarios.

Gustavo Ciampa: “Sí. Hay una acumulación de situaciones que considero profundamente perversas. En primer lugar, se destina dinero previsto para jubilaciones y pensiones a subsidiar empresas que despiden trabajadores. En segundo lugar, esos recursos financian despidos sin causa, que constituyen actos ilícitos. Y en tercer lugar, se genera un negocio para sociedades comerciales con fines de lucro, que serán las encargadas de administrar esos fondos. Es decir, recursos de la seguridad social terminan alimentando un circuito financiero privado mientras se debilitan los derechos laborales y previsionales.”

Martín Aiello, delegado gremial de La Bancaria seccional Mar del Plata en el Banco Supervielle, analizó en La Columna Vertebral la situación que atraviesan los trabajadores del entidad bancaria en el marco de un proceso de reestructuración impulsado por la entidad financiera. Durante la entrevista, denunció presiones para concretar retiros voluntarios, cuestionó el impacto social de los cierres de sucursales y advirtió sobre las consecuencias laborales y humanas que generan estas políticas. Además, sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe realizarse con capacitación y reubicación de los trabajadores, y reclamó la apertura de una mesa de diálogo para abordar el conflicto que mantienen con la empresa.

LCV: ¿Cuál es la situación del Banco Supervielle?

Martín Aiello: «La situación del Banco Supervielle es la de un banco y de directivos envalentonados por el contexto político actual y por una ley de modernización laboral, llamada reforma, que en realidad implica un retroceso en derechos. Amparados en ese marco, avanzaron en una reestructuración que ellos denominan ‘retiro voluntario’, pero que en muchos casos terminó con cartas documento, presiones y aprietes a trabajadores. Han confeccionado listas donde aparecen compañeras con hijos con discapacidad, trabajadores con trayectorias intachables y muchos años de servicio, pero que aparentemente no encajan en el perfil que la empresa busca. Lo que está ocurriendo puede describirse como una verdadera carnicería, porque se están destruyendo familias tanto en ciudades del interior como en Buenos Aires. Para una persona que es obligada a retirarse o despedida del banco resulta muy difícil reinsertarse laboralmente.»

LCV: ¿Cuál es la edad promedio de quienes son invitados a retirarse?

Martín Aiello: «La edad promedio ronda entre los 45 y los 50 años. Son personas relativamente jóvenes, pero que encuentran enormes dificultades para volver a insertarse en el mercado laboral. En nuestra actividad existe la particularidad de que los trabajadores se retiran con indemnización, por lo que el problema no aparece de manera inmediata. Sin embargo, sabemos perfectamente cómo terminan estos procesos. Quienes vivimos los años noventa vimos cómo muchos trabajadores terminaron emprendiendo actividades precarias para sobrevivir. Hoy eso se traduce en manejar para aplicaciones de transporte o repartir pedidos en bicicleta. Es un drama social que ya conocemos. Nosotros venimos denunciando públicamente esta situación. En momentos en que desde la Iglesia, a través de los mensajes recientes del Papa León XIV, se reclama humanidad a gobiernos y empresarios, y se plantea que la inteligencia artificial y la tecnología deben estar al servicio de las personas y no expulsarlas del sistema productivo, vemos exactamente lo contrario. En el sistema financiero y particularmente en el Banco Supervielle estamos siendo víctimas de una modernización que avanza sin contemplar las consecuencias humanas. Los empresarios avanzan sin considerar el daño que generan sobre las familias y sobre la vida de los trabajadores. Además, estos procesos generan graves problemas de salud mental, conflictos familiares, pérdida de autoestima y otras consecuencias que muchas veces permanecen invisibles. La desocupación puede derivar en situaciones de consumo problemático de alcohol o drogas y en múltiples dificultades personales y familiares. Son daños colaterales que no aparecen inmediatamente en las estadísticas, pero que terminan manifestándose con el paso del tiempo.»

LCV: Pensemos en una sucursal del Banco Supervielle en una ciudad pequeña o en un pueblo del interior. Si esa sucursal cierra, ¿cómo queda esa población? ¿Existen otros bancos que puedan suplir ese servicio?

Martín Aiello: «En general, los bancos privados no cumplen el rol estratégico que tienen los bancos públicos, como el Banco Nación o el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el cierre de sucursales tiene consecuencias concretas. En Villa Mercedes, provincia de San Luis, por ejemplo, el Banco Supervielle es agente financiero de la municipalidad y ha decidido cerrar una sucursal ubicada a unas cuarenta cuadras del centro. Para una ciudad de esas características es una distancia importante. Allí cobran jubilados y beneficiarios de programas sociales que ahora deberán trasladarse mucho más lejos para realizar trámites o percibir sus haberes. Esto genera un perjuicio significativo para sectores particularmente vulnerables. Desde la Comisión Gremial Interna y desde La Bancaria, con nuestro secretario general Sergio Palazzo, venimos reclamando a todas las entidades financieras que los procesos de modernización no excluyan a los trabajadores. Quiero aclarar que no estamos en contra de la tecnología ni de las aplicaciones. Somos conscientes de que cada vez más operaciones pueden realizarse de manera digital y entendemos que eso forma parte de los cambios de época. Lo que reclamamos es que la modernización se haga con los trabajadores adentro, mediante capacitación, reconversión y reubicación laboral. Hoy estamos viendo el extremo opuesto. Muchos jubilados ya no tienen acceso a una atención personalizada y deben resolver sus problemas frente a una pantalla o un cajero automático. En muchos casos no saben cómo hacerlo y necesitan la asistencia de una persona. Lo mismo sucede con gran parte de la población mayor de 70 u 80 años, que no posee las mismas herramientas digitales que las generaciones más jóvenes. La ausencia de atención humana se convierte entonces en una barrera para el acceso a servicios esenciales.»

LCV: ¿Cómo se encuentran actualmente las negociaciones con la empresa?

Martín Aiello: «No existe ninguna negociación en este momento. Seguimos desarrollando medidas de protesta y manifestaciones. Durante estos días estuvimos movilizados en la calle San Martín, en la City porteña. Aunque soy delegado en Mar del Plata, estamos trabajando de manera coordinada con todas las seccionales involucradas: Mendoza, San Rafael, Rosario, Buenos Aires y la conducción nacional de La Bancaria encabezada por Sergio Palazzo. Nuestro reclamo principal es la apertura de una mesa de diálogo, pero hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta. Lo que encontramos es una actitud de soberbia y una decisión empresarial muy firme de avanzar con estas medidas. Por eso entendemos que la única manera de revertirlas es sosteniendo el conflicto gremial y utilizando las herramientas que todavía nos permite el marco legal vigente. Hoy los sindicatos y los trabajadores estamos expuestos a denuncias, multas y distintos mecanismos de presión. Estamos atravesando una etapa muy difícil. No nos gusta mezclar las cuestiones sectoriales con las políticas, pero estamos convencidos de que este problema también tiene una dimensión política. Creemos que estas situaciones deben resolverse a través de la política. Al mismo tiempo, no queremos quitarles responsabilidad a los empresarios ni a los directivos del Banco Supervielle, porque son ellos quienes están ejecutando estas políticas que consideramos crueles y despiadadas, dejando trabajadores en la calle sin una causa que las justifique.»