En diálogo con Nora Anchart para La Columna Vertebral, Alejandro Ontivero, delegado y trabajador de la planta Zepita, denunció que el Grupo Clarín cerró las instalaciones sin comunicación oficial, avanza con despidos encubiertos bajo la figura de «retiros voluntarios» y terceriza la impresión de sus publicaciones para reducir costos, afectando a trabajadores gráficos y de prensa.

LCV: Contanos qué es lo que está haciendo el diario Clarín en la planta Zepita con sus trabajadores.

Alejandro Ontivero: «La planta Zepita imprimía el diario Clarín y otras publicaciones. Hasta hace poco también se imprimía allí el diario La Nación. Lo que está haciendo Clarín es tercerizar la producción en otro taller gráfico para abaratar costos, dejando a los trabajadores en la calle. Eso significa dejar a muchas familias sin su fuente de ingreso.»

LCV: ¿Cuántos trabajadores están quedando en la calle con esta operación?

Alejandro Ontivero: «Hace aproximadamente un mes comenzaron a ofrecer un supuesto retiro voluntario, que en realidad no tiene nada de voluntario: es un despido encubierto. La planta está dividida entre trabajadores gráficos y trabajadores de prensa. Yo pertenezco al SiPreBA y formo parte del sector de expedición, que está bajo el convenio colectivo de prensa. Del lado gráfico había alrededor de 150 trabajadores y nosotros somos 23 trabajadores de prensa. Muchos gráficos aceptaron ese retiro porque fueron presionados. En los últimos días la empresa intensificó esa presión y les planteó que, si no aceptaban el retiro, recibirían el telegrama de despido. Es una herramienta claramente coercitiva: te dicen ‘aceptá el retiro o te despedimos de otra manera’.»

LCV: ¿Hay personal policial custodiando la planta de Zepita?

Alejandro Ontivero: «El lunes pasado nos presentamos a trabajar y nos encontramos con las puertas cerradas. La empresa no nos dejó ingresar a la planta. Lo único que permanecía abierto era la oficina de Recursos Humanos para quienes quisieran llegar a un acuerdo. El taller estaba completamente cerrado y había presencia policial que impedía el ingreso. Nosotros nunca recibimos una notificación formal de la empresa. Volvimos a presentarnos el miércoles y recién ahí nos enteramos de que la empresa no iba a continuar con la actividad en ese lugar. Hasta hoy no recibimos ningún telegrama ni ninguna comunicación oficial. Estamos en un limbo absoluto. Lo más grave es que Clarín no toma esta decisión porque esté atravesando una crisis económica. Durante años recibió importantes ingresos por pauta publicitaria y tuvo ganancias. Sin embargo, ahora pretende que los trabajadores paguemos el costo de una supuesta crisis. Como siempre, a los trabajadores nos hacen participar de las pérdidas, pero nunca de las ganancias.»

LCV: Allí se imprimían Clarín, Olé… ¿Qué otras publicaciones pasaron ahora a Color Press, en Avellaneda?

Alejandro Ontivero: «Se imprimían el diario Clarín con todos sus suplementos, Olé, La Nación, Revista Viva y varias publicaciones más. Muchas de esas impresiones ya habían sido tercerizadas progresivamente hasta llegar a esta situación.»

LCV: ¿Cuántas familias están perjudicadas hoy?

Alejandro Ontivero: «Hoy somos 23 familias directamente afectadas, aunque ese número puede crecer. El viernes los compañeros mantuvieron una reunión con el gerente, Jorge Figueira, y con un jefe de personal. Como nosotros hicimos pública esta situación y comenzó a viralizarse, los directivos se molestaron. Es increíble que tengan el poder de dejarte sin trabajo y, además, se enojen porque uno cuenta lo que está pasando. Los empresarios se cuidan entre ellos y no quieren que estas situaciones se conozcan. Nosotros decidimos visibilizar el conflicto porque es la única manera de defender nuestros derechos. Además, todavía hay compañeros que no aceptaron el supuesto retiro voluntario y se siguen sumando al reclamo. No son solamente 23 trabajadores: son 23 familias que de un día para el otro quedaron sin saber qué va a pasar con su futuro. La empresa no cierra porque no pueda seguir funcionando, sino porque quiere reducir costos. Mientras durante mucho tiempo nos negó salarios acordes con la inflación diciendo que no tenía recursos, ahora sí aparece el dinero para financiar despidos, pero no para garantizar salarios dignos. Esa es la verdadera situación que estamos denunciando.»

El director y referente del sector cultural Guillermo Tello analizó junto a Nora Anchart en La Columna Vertebral el proyecto del Gobierno nacional para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera y la Ley de Fomento del Libro. Advirtió que la medida favorecería la concentración editorial, pondría en riesgo la producción cultural argentina y afectaría tanto a autores como a librerías, editoriales y lectores.

LCV: En este contexto tan complejo, Guillermo, el Gobierno nacional parece tener una verdadera obsesión con la cultura. El presidente Javier Milei ha descalificado al INCAA, les dijo a los actores que manejen Uber si no consiguen trabajo y ahora avanza directamente sobre leyes que protegen la actividad cultural. Contanos qué implica el proyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la Ley 25.446 de Fomento del Libro. ¿Qué pretende hacer Federico Sturzenegger con estas normas?

Guillermo Tello: «Efectivamente, el Estado nacional, con Federico Sturzenegger como principal ideólogo de estos proyectos y con la decisión política del presidente Javier Milei, tiene un ensañamiento con la cultura como parte de su estrategia política. No atacan a la cultura por casualidad, sino porque entienden que nuestro capital cultural e intelectual constituye una resistencia frente a un proyecto que apunta a debilitar la soberanía nacional. Un país sin soberanía cultural pierde identidad, arraigo, memoria y sentido de pertenencia.

Un ejemplo muy claro ocurrió durante el último Mundial. Más allá del resultado deportivo, el hecho cultural más trascendente fue que la selección argentina exhibiera una bandera con la consigna ‘Las Malvinas son argentinas’. Ese mensaje recorrió el mundo y volvió a instalar un reclamo histórico que nació espontáneamente desde la identidad de nuestro pueblo y no desde una acción organizada por ningún sector político.»

LCV: Justamente, lo que quería señalar es que ese gesto de los futbolistas no fue impulsado por ninguna fuerza política, sino que nació de un sentimiento nacional muy profundo.

Guillermo Tello: «Exactamente. Lo que sucede es que muchas veces se pretende reducir toda oposición al Gobierno únicamente al plano partidario. Sin embargo, existe una oposición cultural muy fuerte que viene defendiendo las políticas públicas construidas durante estos cuarenta años de democracia. Esa defensa también es una posición política, porque protege derechos culturales y herramientas que permiten el desarrollo nacional.»

LCV: Entonces vayamos concretamente a las leyes. ¿En qué nos perjudicaría su derogación?

Guillermo Tello: «Cuando el Gobierno presentó originalmente la Ley Bases ya intentó eliminar estas normas junto con numerosos organismos descentralizados. Ahora vuelve a insistir sin ofrecer una sola fundamentación seria. El proyecto simplemente propone derogar las leyes, sin explicar por qué serían perjudiciales para la sociedad ni qué política las reemplazaría.

La consecuencia inmediata sería beneficiar a las grandes editoriales extranjeras y profundizar la extranjerización del mercado editorial argentino. Eso ya ocurrió durante la década de 1990: al principio los libros parecían más baratos, pero luego terminaron costando siete, ocho o diez veces más que en otros países. Precisamente por esa experiencia se sancionaron estas leyes a comienzos de los años 2000.

No estamos defendiendo normas antiguas o desactualizadas. Si hiciera falta modernizarlas podría hacerse, pero hoy contemplan perfectamente los nuevos formatos digitales y las tecnologías de la información. El problema no es tecnológico; el problema es proteger la producción cultural argentina.»

LCV: Hasta ahora existía un precio de venta uniforme para todo el país. Un libro costaba lo mismo en Ushuaia que en La Quiaca. Con la derogación, según entiendo, cada empresa podría fijar el precio libremente. Cuando hablás de extranjerización, ¿te referís a que ingresarán libros importados mucho más baratos que los nacionales?

Guillermo Tello: «Las grandes editoriales multinacionales concentran la impresión y la distribución. Les resulta mucho más barato imprimir en el exterior porque allí el papel tiene otro costo. Además, naturalmente promocionan a sus propios autores y llenan el mercado con esos títulos, relegando a los escritores argentinos.

Las editoriales nacionales cumplen también una función de curaduría cultural, seleccionando y promoviendo contenidos vinculados con nuestra identidad. No se trata solamente de vender libros baratos; también importa qué tipo de libros llegan a los lectores y qué voces terminan ocupando ese espacio.»

LCV: Cuando hablás de los índices de lectura, ¿incluís los libros escolares?

Guillermo Tello: «No. Estamos hablando exclusivamente de libros de lectura general: novelas, ensayos, cuentos y otros géneros. Los textos escolares forman parte de programas específicos contemplados por otras políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a los materiales educativos.»

LCV: ¿Cómo se compatibiliza esta avanzada contra los libreros, las editoriales nacionales y las pymes con el crecimiento de plataformas como Amazon y con la expansión del libro digital?

Guillermo Tello: «El formato digital no presenta ningún inconveniente porque ya está contemplado dentro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tanto la comercialización digital como la del libro físico cuentan con regulaciones específicas. El verdadero problema no pasa por el soporte, sino por la regulación del mercado. Lo que está en riesgo es nuestra capacidad de producir títulos propios, preservar la soberanía cultural y sostener a nuestros escritores y escritoras.

Y si a eso le sumamos que también se intenta derogar la Ley Nacional de Doblaje —que incluye el subtitulado, el caption y todas las herramientas de accesibilidad a los contenidos audiovisuales—, el daño es todavía mayor. No se trata únicamente del libro; hay un conjunto de políticas culturales que hoy están siendo atacadas.»

LCV: Quería cerrar el tema del libro con otra consulta. Los autores argentinos que hoy publican en grandes editoriales internacionales con sede en el país, ¿también resultarían perjudicados? Me interesa entender si el principal problema es el precio de tapa o también el sistema de publicación.

Guillermo Tello: «Todos vamos a resultar perjudicados, especialmente los autores argentinos, publiquen o no en una editorial extranjera. Las casas matrices concentran las decisiones y remiten sus ganancias al exterior. Funcionan bajo una lógica extractivista: obtienen rentabilidad en un territorio y la trasladan a su país de origen.

Además, cuando un autor registra su obra en la Argentina está generando patrimonio cultural argentino. Si ese ecosistema se debilita, también se debilita nuestra producción intelectual y nuestra soberanía cultural.»

LCV: Te doy un ejemplo concreto. Mariana Enríquez es una autora argentina reconocida internacionalmente que publica en una de esas grandes editoriales multinacionales. ¿Vos sostenés que esas empresas dejarán de publicar autores argentinos o que el problema pasa por otro lado? Porque yo entendía que el principal riesgo era que el precio de los libros se disparara como consecuencia de la concentración del mercado.

Guillermo Tello: «El aumento del precio va a ocurrir, pero el problema es todavía más profundo. Para entenderlo mejor podemos mirar lo que pasó con la ficción audiovisual argentina. Cuando desaparecieron gran parte de las producciones nacionales para televisión y cine también desaparecieron los espacios donde surgían nuevos actores y actrices.

Con los libros ocurrirá algo similar. Los autores ya consagrados seguirán teniendo alguna posibilidad porque sus obras ya venden. El verdadero problema lo van a sufrir quienes recién empiezan. Las grandes editoriales privilegiarán los títulos que ya tienen éxito comercial y dejarán de apostar por nuevas voces.

Cuando desaparece una legislación que promueve la diversidad cultural y garantiza la presencia federal de los libros, también desaparecen las oportunidades para descubrir nuevos escritores y nuevas escritoras. Esa renovación cultural es la que queda amenazada.»

LCV: Hoy participé de la asunción de la nueva comisión directiva de SAGAI, la entidad que administra los derechos de intérpretes, actores, bailarines y voces actuadas. Allí también hubo una fuerte defensa del trabajo cultural.

Guillermo Tello: «Es lógico. Todo el sector está preocupado porque cada vez resulta más difícil sostener la actividad cuando faltan políticas públicas que den previsibilidad. Son esas políticas de Estado las que garantizan la continuidad de una industria cultural.

Hoy muchas producciones se trasladan a otros países de América Latina donde existen mejores condiciones para producir. En Buenos Aires sigue habiendo muchísimo teatro, eso nadie lo discute. El problema es que cada vez cuesta más llenar las salas porque el público perdió capacidad de consumo.

Incluso empresarios teatrales como Carlos Rottemberg vienen señalando que las temporadas ya no tienen la duración de otros años y que también falta el recambio generacional de figuras jóvenes. Ese mismo proceso puede reproducirse en la literatura si desaparecen estas leyes: menos acceso, menos diversidad y menos oportunidades para los nuevos autores.»

LCV: Recién mencionabas que el problema no es solamente el precio del libro, sino también el hábito de la lectura.

Guillermo Tello: «Exactamente. Si estas leyes desaparecen no solamente se verá afectado el precio de tapa, sino también la promoción del libro y de la lectura. Eso termina deteriorando un hábito fundamental para cualquier sociedad. Leer no es solamente consumir un producto: es desarrollar la imaginación, construir pensamiento crítico, fortalecer la formación de las personas y consolidar una identidad cultural. Por eso sostengo que el sector cultural ha sido uno de los principales espacios de resistencia frente a las políticas de este Gobierno. Todas estas herramientas fueron construidas durante la democracia y forman parte de la cultura democrática argentina.»

LCV: ¿Cuántos puestos de trabajo podrían perderse si también se elimina la protección de la Ley Nacional de Doblaje?

Guillermo Tello: «Estamos hablando de más de 300 empresas dedicadas exclusivamente al doblaje, al subtitulado y a los servicios de caption. No están solamente en la Ciudad de Buenos Aires: también existen en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Misiones y otras provincias. Detrás de cada una de ellas trabajan actores, actrices, directores, técnicos, traductores y numerosos profesionales vinculados a la industria audiovisual.

Con solo pensar en la cantidad de empresas involucradas ya se puede dimensionar el enorme volumen de trabajo que sostiene esta actividad. Son empleos que dependen de un marco normativo que garantice continuidad y previsibilidad.»

LCV: Da la sensación de que existe una estrategia muy precisa para desarticular la industria cultural.

Guillermo Tello: «Así es. Hay un trabajo muy meticuloso para ir desarmando cada uno de los componentes que sostienen la cultura nacional. En algunos casos se utiliza la motosierra y, en otros, un bisturí muy fino. Pero el resultado es el mismo: se va debilitando toda la red de producción cultural argentina.

Si esa misma energía estuviera puesta en generar empleo, probablemente estaríamos discutiendo otra realidad. Sin embargo, hoy el esfuerzo parece concentrarse en destruir políticas públicas que durante décadas permitieron desarrollar nuestra cultura y nuestras industrias creativas.»

LCV: Antes hubo un pequeño intercambio entre nosotros respecto de la actitud de la oposición política frente a distintos temas, como ocurrió con la prohibición de ingresar a los estadios con símbolos vinculados a las Islas Malvinas. Lo que yo planteaba era que prácticamente no hubo reacciones institucionales importantes.

Guillermo Tello: «Entendí la aclaración y comparto que hubo muy pocas manifestaciones desde la política institucional. Mi punto era señalar que el sector cultural nunca dejó de expresar su rechazo a estas políticas. Nosotros mantenemos un contacto permanente con gran parte del ámbito cultural y deportivo, y por eso no me sorprendió el gesto espontáneo que realizaron los futbolistas con la bandera de Malvinas.

Lo que sí me preocupa es que la dirigencia política todavía no haya comprendido plenamente la dimensión del ataque que está sufriendo la cultura argentina. Cada vez que se intentó desmantelar una política cultural construida en democracia, el sector respondió. Ahora habrá que ver qué ocurre con las próximas movilizaciones en defensa de la soberanía, del patrimonio nacional y de la protección del territorio argentino.»

Exclusivo para LCV de nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco

Al momento de escribir estas líneas, la Península Ibérica sufre la cuarta ola de calor del verano boreal. Los termómetros de gran número de localidades marcan, y hasta superan, los 40ºC. Cuarenta y dos incendios, muchos de ellos en la comunidad autónoma de Castilla y León, permanecen activos. Doce son de gran intensidad.

Hasta el pasado 26 de julio, la superficie afectada por el fuego ascendía a 152.658 hectáreas (equivalente al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, de San Luis), seis veces más que las calcinadas en el mismo periodo durante 2025.

Aunque el factor humano (negligencias, incendios intencionados, aumento de la construcción de viviendas cerca de zonas boscosas) acostumbra a ser el origen de los fuegos, el cambio climático y las olas de calor convierten estos en catástrofes de magnitudes nunca vistas. Días como los vividos en el mes de julio, cuando se desataron los incendios de Ávila, Madrid y Castelló, con temperaturas superiores a los 30ºC, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento (la llamada “regla del 30”) son los más temidos por los servicios de extinción.

La virulencia de los siniestros se explica, además, por las frecuentes sequías, hijas también del cambio climático, por la gran extensión de los monocultivos de pino y eucalipto y por el poco trabajo realizado durante los meses invernales en tareas de prevención de incendios forestales. Este último factor es, obvio, una de las grandes armas arrojadizas en la arena política española.

En las comunidades gobernadas por el PP, necesitan el apoyo de Vox para llevar adelante sus política y se suman a sus discursos negacionistas del cambio climático. El 2018 Alfonso Fernándes Mañuco (PP) sostuvo que mantener un sistema de prevención de incendios todo el años «es absurdo y un despilfarro»

Fuego y política

La comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el derechista Partido Popular (PP) desde 1987, es la que sufrió los peores fuegos de los últimos años, todos bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. En 2018, refiriéndose a las tareas de prevención de incendios forestales manifestó que “mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro”.

En realidad, en opinión de voces autorizadas, como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, la inversión en prevención de incendios forestales es entre 5 y 10 veces más barata que la extinción por hectárea, llegando a generar un ahorro de hasta 100 euros en costes totales y daños por cada euro invertido en limpiar los montes.

Mañueco, sin embargo, no descabalgó. La magnitud del desastre del verano de 2025, que castigó con especial saña la comarca de El Bierzo (y el paraje de Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano, patrimonio de la UNESCO), obligó a que el ejecutivo de Mañueco, la Junta de Castilla y León, aumentara su presupuesto global contra incendios, de 95 a 170 millones de euros, pero estos fondos no se emplearon en la prevención.

Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto de prevención forestal sufrió un recorte superior al 80% con relación al 2009 en Castilla y León gobernada por el PP

Por un lado, la Junta solo llegó a ejecutar el 48 por ciento de sus fondos de prevención justo antes de las campañas de riesgo alto, dejando más de la mitad del dinero sin emplear en la limpieza previa de los montes.

Por otro, analizando la evolución del gasto de unos años a esta parte, este se inclinó de modo claro hacia la extinción (apagar los fuegos una vez activos) en detrimento de la prevención invernal. Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto específico para tareas de prevención forestal en la región sufrió un recorte estructural superior al 80 por ciento si se compara con los fondos destinados en el año 2009. También señalar que gran parte de esos millones de euros de incremento en el presupuesto global contra incendios fueron a parar a ayudas directas a los afectados por los siniestros de 2025. Volveremos a esta cuestión.

La falta de prevención afecta a las personas que se dedican a las tareas de prevención y extinción. Señalar que entre 20 y 25 compañías privadas gestionan el 40 por ciento de la plantilla de este servicio (en línea con la política de privatización de servicios públicos del PP). La situación de los bomberos forestales en Castilla y León durante la campaña de 2026 se encuentra en un estado de colapso operativo y grave conflicto laboral, marcado por huelgas patronales, denuncias de precariedad extrema y el desmantelamiento de infraestructuras críticas. Aunque la Junta aprobó un plan para profesionalizar el servicio a finales del año pasado, los trabajadores sobre el terreno denuncian que la realidad actual es peor que la de años anteriores.

Los bomberos de Castilla y león se encuentran en colapso operativo y conflicto laboral, con huelgas patronales y desmantelamiento de infraestructuras

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, volvió a ganar las elecciones. De hecho, pese a la gravedad de los fuegos y el intenso debate político sobre la gestión ganó las elecciones de forma mayoritaria en los municipios y zonas más castigados por los grandes incendios forestales de 2025. El PP logró imponerse como la fuerza más votada en 101 de los 151 municipios afectados por las llamas en toda la comunidad autónoma. Al analizar específicamente los 23 pueblos de origen de los mayores incendios del verano de 2025, el PP ganó en 16 de ellos. Olé.

Otra de las comunidades autónomas devorada por las llamas durante el verano de 2025 fue Extremadura. La coyuntura y el debate político, similares a los de Castilla y León, también condicionados por la incesante campaña de desgaste del PP contra el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez (PSOE), campaña en la que los incendios forestales son una oportunidad para ahondar en esta.

En Extremadura, el 21 de diciembre de 2025, también fue el PP quien se impuso con un 44 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas. Según diferentes análisis, en las zonas rurales afectadas por desastres forestales, el voto tiende a regirse por la identidad partidista tradicional y la confrontación ideológica estatal antes que por una penalización directa a la gestión local de las emergencias.

En las ayudas directas de Castilla y León, esas que se comieron gran parte del presupuesto global del plan contra incendios forestales, había una destinada a las “familias desalojadas”: una ayuda directa e inmediata de 500 euros por unidad familiar para aquellas personas empadronadas que sufrieron evacuaciones. Bastantes alcaldes de las zonas afectadas, tanto de PSOE como PP, hablaron de “cachondeo” y “compra de votos”, señalando que recibieron peticiones de habitantes que no residen en casas ya arruinadas o que en absoluto se encontraban en el pueblo los días de humo y fuego.

Pactos, negacionismo y xenofobia

En ambas comunidades autónomas, el PP necesitó de las bancadas de la ultraderecha, de Vox, para revalidar sus mayorías y, a posteriori, formar gobiernos de coalición. Los pactos suponen asumir las posturas negacionistas del cambio climático, xenófobas y antinmigración defendidas por Vox.

Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo. Un eurodiputado de ese partido difundió un documento trucho sobre las máximas registradas entre el 49 y el 51, que ubicaba en el aeropuerto de Córdoba el punto de medición. Aeropuerto que no existía en aquellos años.

Como buen partido de ultraderecha, Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo para ello. El eurodiputado de esta agrupación, Jorge Buxadé, por ejemplo, difundió en redes sociales, estos días una tabla elaborada con datos falsos de temperaturas máximas extremas registradas en España entre 1949 y 1951. El documento trucho señalaba, además, al aeropuerto de Córdoba como punto de medición en 1949, un lugar que no existía entonces, y presentaba fallos de diseño y de uso de IA.

Su política se basa en combatir las políticas verdes, calificándolas de “engaño” y “estafa”. Se oponen a las normativas ecológicas nacionales e internacionales, argumentando que destruyen la economía y persiguen al sector rural.

De los incendios, además de a Pedro Sánchez, obvio, culpan al “ecologismo radical”. En su opinión, la voracidad de los incendios actuales no viene motivada por un para ellos inexistente cambio climático si no por el «fanatismo climático» y las leyes restrictivas de la izquierda que, según el partido, impiden realizar limpiezas correctas en los montes. Añaden también como motivo el abandono estructural del medio rural y de la actividad agrícola y ganadera tradicional.

De todos modos, el socialdemócrata Sánchez, también tiene lo suyo. No coincidimos con el PP, evidente, pero traigamos acá unas líneas del texto que, hace pocos días, publicó Myriam Bregman:

“Mis compañeros de del Estado Español denuncian que «el gasto en lucha contra el fuego y rearme es una comparativa que quema. En los últimos cinco años, el gobierno central ha comprometido la compra de 45 cazas, 100 helicópteros militares, 4 fragatas, 4 submarinos y 348 carros de combate. Mientras tanto, solo ha adquirido 7 hidroaviones y las demandas de los bomberos siguen siendo ninguneadas por los gobiernos autonómicos del PP y el PSOE. Más allá del discurso sobre la emergencia climática, las cuentas públicas dejan claro cuál es la verdadera prioridad nacional del gobierno progresista: el rearme imperialista”.

Volviendo al negacionismo, el PP, no puede quedarse a la zaga. Aunque no es negacionista de modo explícito, no puede desairar al que es su socio en los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Valéncia, y Andalucía. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, fue dejando estas perlas en las últimas semanas: “el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia”, tildando el cambio climático de “perogrullo”. Calificó la afirmación de “el cambio climático genera incendios” como un «mantra que repite la izquierda para no asumir responsabilidades« por la mala gestión de los montes; obviando, una vez más, que las competencias en la materia son autonómicas, de comunidades gobernadas por su partido.

Isabel Díaz Ayuso (PP-Madrid) sostuvo que eso del cambio climático es una verdad de perogrullo, y atacó al gobierno por las «trabas burocráticas y medioambientales que impiden limpiar los montes. Sin embargo la ley de Montes obliga a los propietarios a mantener limpios sus terrenos

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evitó vincular de forma directa los grandes incendios forestales que azotan su comunidad al calentamiento global. Priorizó el debate sobre la gestión del sector agrario, exigiendo escuchar a «las gentes del campo« y criticando las excesivas trabas burocráticas y normativas medioambientales que impiden, a su juicio, limpiar los montes. Muy en la línea de Vox, muy en la línea de obviar sus responsabilidades (como la situación de los bomberos forestales de la Comunidad). Y con el bulo por delante.

No, las leyes en España no prohíben la limpieza ni el desbroce de los montes. Al contrario, la Ley de Montes de 2003 obliga expresamente a los propietarios (tanto públicos como privados) a gestionar y mantener limpios sus terrenos como medida activa de prevención contra incendios. Asimismo, normativas internacionales como la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo promueven la silvicultura y el pastoreo tradicional en el entorno forestal.

Vox Populi: el fascismo abreva en la ignorancia

Los pactos de gobierno entre Vox y PP suponen la adopción de una serie de medidas contra la inmigración. “Prioridad nacional” le dicen. Similares en todas las comunidades autonómicas gobernadas por la diabólica coalición, tomemos el caso castellano-leonés con el que ya vamos familiarizándonos.

Gran parte del programa electoral de Vox sobre inmigración cristalizó en el pacto de gobierno de 324 medidas con el PP. Sus ejes básicos son los siguientes: rechazar los traslados de inmigrantes a Castilla Y León que hayan entrado de forma irregular al Estado dispuestos por el Gobierno central (repartos que se realizan para aliviar la presión sobre los centros de acogida de Canarias o Ceuta, por ejemplo); Cierre de centros y «remigración»: Incluyeron de manera explícita la palabra «remigración» para defender el retorno efectivo de inmigrantes a sus países de origen. Exigen clausurar los centros de acogida que consideren que generan inseguridad. (vinculan inmigración con delincuencia).

Objeto preferente de su persecución son los menores no acompañados. Para estos piden las no homologadas científicamente e invasivas pruebas de edad obligatorias: exigen la aplicación sistemática de pruebas médicas de determinación de edad para comprobar si los migrantes que se declaran menores lo son realmente. Además, defienden la repatriación de estos menores de forma inmediata con sus familias o a sus países de origen. Este asunto provocó la ruptura de los pactos, en 2024, cuando Vox abandonó la Junta tras aceptar el PP el reparto estatal de menores.

Otra medida es el endurecimiento del acceso a la vivienda: Siguiendo el modelo implantado en Extremadura, Vox ha impulsado que los extranjeros tengan que acreditar un mínimo de 10 años de residencia legal en España para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en Castilla y León.

También proponen la retirada total de subvenciones y financiación pública a todas las asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos vecinales que, a su juicio, cooperen, rescaten o «promuevan» las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

Tras el último acuerdo de coalición, Vox asumió competencias directas en materia de Inmigración en la comunidad autónoma para intentar aplicar de forma efectiva estas medidas.

Los beneficios de la inmigración

Privatización de servicios públicos, mala gestión de incendios forestales, despilfarro de fondos públicos, políticas antiinmigración. Esa propuesta cosechó el 54,39 por ciento de los votos emitidos en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo. Representan al 27,78 por ciento de la población castellanoleonesa y al 35 por ciento de la ciudadanía con derecho a voto. Una parte sustancial de la población tiene tendencias autoritarias y xenófobas.

Una parte de la población atenta a los discursos de odio y ajena a la realidad. El fascismo tiene su caldo de cultivo en la ignorancia.

La inmigración proporciona un beneficio demográfico y económico imprescindible para la supervivencia de Castilla y León, siendo el principal motor para frenar la despoblación rural y sostener el mercado laboral y las pensiones en la comunidad autónoma más envejecida del Estado español.

Castilla y León arrastra una crisis demográfica estructural con un saldo vegetativo negativo. Los flujos de población extranjera son el único factor que permite a la comunidad mantener o recuperar habitantes en sus censos provinciales. Además, la llegada de familias migrantes con hijos en edad escolar permite alcanzar el ratio mínimo de alumnos exigido por la ley para evitar el cierre de escuelas rurales y mantener abiertos los centros de salud en comarcas de la «España vaciada».

En cuanto al impacto en el mercado laboral, la patronal de Castilla y León (CEOE) y los sindicatos coinciden en que la mano de obra extranjera es vital para cubrir puestos de trabajo que la población autóctona ya no demanda debido al envejecimiento y la emigración de los jóvenes locales. Así, la agricultura y la ganadería intensiva dependen estructuralmente de los trabajadores inmigrantes para las campañas de recogida, el cuidado de granjas y, atención, los trabajos de silvicultura preventiva en los montes.

Otros sectores que necesitan de la mano de obra llegada de fuera son construcción, hostelería y servicios asistenciales. Construcción y hostelería: Son dos de los sectores con mayor déficit de vacantes en las provincias de la comunidad que se reactivan gracias a la contratación de personal extranjero.Servicios asistenciales: El cuidado de personas mayores (en residencias o ayuda a domicilio) recae mayoritariamente en mujeres inmigrantes, un servicio crítico en una región con una alta tasa de dependencia geriatrizada.

Terminamos con dos efectos económicos positivos más para la economía castellanoleonesa: Altas en la Seguridad Social: los trabajadores extranjeros cotizan activamente, rejuvenecen la pirámide de población activa y aportan los ingresos necesarios para sostener el sistema público de pensiones de los jubilados de la región. Consumo local: Al asentarse en los municipios, reactivan la economía de proximidad (compras en comercios locales, alquiler de viviendas cerradas, reactivación de entornos rurales en declive).

Podríamos seguir con los beneficios de la multiculturalidad, pero nos extenderíamos demasiado ¿verdad?

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