“Estamos muy preocupados por la situación, tememos que vuelva a ocurrir algo como en el 2017”, nos dice Martín, docente de El Bolsón y miembro de la radio comunitaria FM Alas, luego de participar de un conversatorio de vecinos de la zona y distintas organizaciones para ver de qué manera actuar en un momento en el que todos los medios nacionales han decidido poner el foco en su comarca y pedir la militarización de la zona.
El miedo de volver al 2017 expresado por vecinos de Chubut y Río Negro es comprensible. Son muchas las similitudes. Ese año se celebraron las PASO el 13 de agosto, y el peronismo eludió las internas y fue separado. Como ahora. Cristina Kirchner se propuso candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, en lista aparte fue Randazzo, por otro lado Massa armó una coalición propia. La campaña electoral para las legislativas del 22 de octubre fue especialmente dura y dramática.Aparecía en primera plana la ‘amenaza mapuche’. Como ahora. Con un agregado: el 1º de agosto desaparecía el joven Santiago Maldonado, artesano que había ido a llevar su solidaridad a la comunidad y se encontró en medio de la represión de la Gendarmería que desalojó de manera brutal un corte de ruta del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut. Durante 77 días no se supo nada de Maldonado, hasta que apareció muerto en el mismo río en el que lo vieron entrar escapando de las balas militares. Dos meses de búsqueda desesperada. Dos meses de marchas multitudinarias. Dos meses de elecciones.
El abanderado de la operación contra los mapuches fue Jorge Lanata, como ahora. Quien se hacía eco de los dichos del entonces gobernador provincial, Mario Das Neves, quien acusó al Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” por no dar lugar al pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016. En su negativa, el juez decía que había comprobado que las acusaciones habían incluido “confesiones” obtenidas bajo tortura por personal policial. Autoridades provinciales, junto a Clarín y La Nación, fueron el motor de la campaña contra las comunidades mapuches. Como ahora.
Jorge Lanata fue el emblema de la operación mediática del 2017, y eligió el 6 de agosto, a menos de una semana de la desaparición de Maldonado, para presentar su ‘informe especial’ en el que denunciaba la existencia de una supuesta “guerrilla indígena en el sur” a la que no dudaba en tildar como “terrorismo mapuche”. Y siguió machacando sobre el tema durante dos meses, los meses electorales.
Día de buenas noticias! Celebran campesinos, portuarios y la CGT.
Ayer los periodistas festejaron la ratificación de SIPREBA como único sindicato de Buenos Aires con representación en la negociaciones paritarias y convenios colectivos de trabajo. Una victoria rotunda de un gremio que está peleando hace años para mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. Buen regalo que llegó justo para el día del periodista. Pero hubo más
Histórica victoria de los portuarios.
La Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) celebró la derogación del Decreto 870/18 firmado por Mauricio Macri que determinaba la utilización de una única terminal operativa en el Puerto de Buenos Aires. Luego de cinco años de lucha y reclamos, en una reunión en la que participaron los ministros de Trabajo y Transporte que se “avanzará en la aprobación de los pliegos, llamado a licitación y posterior adjudicación del uso y operación de dos terminales, interior y exterior, del Puerto Buenos Aires, manteniendo los puestos de trabajo”.
En un comunicado de prensa, Schmid un recorrido de esta lucha que calificó como histórica. “En 2018 mientras lográbamos sostener las fuentes de trabajo en el Puerto de Buenos Aires con resistencia y lucha, el Gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un dispositivo legislativo el cual implicó nuevamente el resquebrajamiento de la golpeada estructura portuaria.” Adjudicó la victoria a la ‘unidad, organización, paros y movilizaciones, que dieron cuenta de la firmeza de nuestra postura ante un Decreto’ que consideraban nocivo para nuestro Comercio Exterior. ‘El puerto no se vende, se defiende’, fue la consigna que movilizó a todos los trabajadores en estos años que mostraron su decisión inquebrantable de llegar a la derogación de dicho decreto para defender el futuro laboral de los portuarios.
Deolinda Carrizo, funcionaria nacional y miembro de Mocase
Un paso adelante para las familias campesinas e indígenas.
Deolinda Carrizo, Directora de Género en el Instituto Nacional de la agricultura familiar campesina e indígena, nos hacía llegar, también ayer, el texto completo de la esperada reglamentación de la Ley N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”, que declaraba ‘de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria de la población y por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.’ Ley varias veces modificada a través de decretos en esta última década y que no terminaba de establecer las reglas de funcionamiento. El presente decreto 292/2023 establece que la AABE “se halla habilitada para conceder el uso precario y gratuito de bienes inmuebles propiedad del ESTADO NACIONAL, independientemente de su jurisdicción de origen, y que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas legalmente constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general. Que atendiendo a lo expuesto no cabe duda de la importancia de la referida AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) para ser partícipe como consultor permanente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar”. Asimismo, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI) será el encargado ver cómo se conforma el Banco de Tierras Rurales y su adjudicación. La norma también contempla la participación de organismos científicos para mejorar los procesos productivos y de comercialización, el desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación con programas específicos. Y ‘en ese mismo sentido, se contemplará la planificación anual de líneas crediticias para el sector provenientes del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.’
En un anexo, se establece que: “El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar será presidido por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS. El NSTITUTO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI) actuará como Secretaría Técnica en aquellas tareas que le sean encomendadas por el mencionado Consejo Nacional”, del que formarán una decena de ministerios.
Por último, la AABE informará gradual, progresivamente y de común acuerdo al INSTITUTO NACIONAL DE LA GRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA (INAFCI), ambos organismos descentralizados actuantes en órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, acerca de todos aquellos inmuebles rurales que por sus características específicas y técnicas sean aptos y se encuentren isponibles en el marco del Régimen de Reparación Histórica y procederá en caso de requerirlo el citado Instituto Nacional INAFCI, a su asignación en uso al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar.”
El salario no es ganancia
Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara en el día de hoy que no pagarán ganancias con el aguinaldo aquellos salarios brutos de entre $506.230 y $880 mil, medida que beneficiará a más de medio millón de trabajadores de todo el país, la CGT difundió un comunicado aplaudiendo la iniciativa.
“A pedido de la Confederación General del Trabajo, el gobierno comunicó la decisión de eximir al medio aguinaldo del pago del Impuesto a las Ganancias. Esta medida implementada desde el Ministerio de Economía de la Nación y avalada por el Poder Ejecutivo persigue el objetivo de proteger al salario de los trabajadores y trabajadoras en este contexto de alta inflación. Una vez más afirmamos que el salario NO es ganancia”, sostuvo la Central Obrera. Esta CGT apoya esta resolución que va en el sendero de la preservación del poder adquisitivo de nuestros compañeros y compañeras.
Ratifican a Sipreba como sindicato e inician las paritarias en vísperas del Día del Periodista
Hoy, 6 de junio, se destrabó el conflicto generado por la UTPBA que había apelado la decisión del Ministerio de Trabajo de otorgarle la personería jurídica a SIPREBA.
Luego de una solicitada publicada en Tiempo Argentino el último domingo en donde 2.000 periodistas exigían que se reconociera a SIPREBA como único sindicato del gremio periodístico en Buenos Aires, y del anuncio de un plan de lucha, la Justicia ratificó la validez de lo establecido por el ministerio y se levantó la marcha hacia la sede del Poder Judicial prevista para este mediodía.
Hoy, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, su secretario general, Agustín Lecchi, dijo: “Ya habíamos demostrado la legitimidad en las redacciones, en las calles y en el Ministerio. Ahora no podrá haber más dilaciones. Es un triunfo de la organización colectiva, de las asambleas y de la unión con el movimiento sindical y el campo de la comunicación. El próximo paso es hoy mismo presentar el pedido de reapertura de paritarias”.
Según lo trascendido en dicha conferencia, el pedido había sido escuchado y de allí iban a una reunión en el Ministerio de Trabajo para volver a discutir las paritarias del gremio periodístico que en los últimos años, en los que los negociadores eran de UTPBA, fueron de las más bajas del país, perdiendo sus trabajadores un 50% del sueldo en los últimos seis años.
De acuerdo a lo dicho por delegado de Perfil, Matías Cardone, entrevistado por La Columna Vertebral-Historia de Trabajadores, en esa empresa el sueldo inicial de un periodista es de 115.000 pesos.
No es la única discusión pendiente luego de este cambio gremial. En diálogo con LCV, Agustín Lecchi sostuvo que habrá que repensar el tema del cambio de tecnología y recuperar la Obra Social del sindicato: “Por la pésima gestión del sindicato anterior, muchos compañeros se ven obligados a recurrir a una prepaga”, sostuvo.
La victoria de Sipreba es histórica y corresponde a años de lucha. Fueron 8 años de construcción de un nuevo gremio, tal como recordó Ana Paoletti, secretaria adjunta:“Soñábamos con este día, junto con Tato Dondero y el compañero Rubén Schofrin. La situación de les trabajadores de prensa es deplorable. Despejado el camino de obstáculos, tenemos que avanzar en darla vuelta”.
Por su parte, Carla Gaudensi, secretaria general de la Fatpren y adjunta de SiPreBA, agregó: “Entendimos que teníamos que construir también políticamente. Nos unimos con todos los sindicatos de prensa del país y con otras organizaciones gremiales. La situación es muy adversa. Pero tenemos la convicción de que podemos lograr que el periodismo esté al servicio de la información. Hoy, festejemos”.
El pasado 29 de mayo, mientras los trabajadores argentinos recordaban una vez más la épica rebelión de Córdoba en 1969, en Salta se vivía otra jornada histórica que no fue difundida por los grandes medios.
Una multitudinaria marcha de más de 10.000 personas cubrió veinte cuadras de la capital provincial. Los docentes autoconvocados, a quienes se le unió el personal de salud, llevan cinco semanas de huelgas y cortes de rutas en rechazo al acuerdo paritario alcanzado por sus sindicatos y el gobierno. Reclaman un haber mínimo acorde a la canasta básica familiar: 320.000 pesos.
Luego de que se reuniera la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados, y de la represión contra un corte de la ruta nacional 9 llevado adelante por los maestros el 25 de mayo que tuvo como saldo 19 detenidos y varios heridos por balas de goma, se tomó la decisión de reforzar las medidas de lucha y llamar a una marcha provincial para el 29 a las 10 de la mañana.
Así fue como se llegó a la movilización más importante de la que se tenga memoria en la provincia gobernada por Gustavo Saenz. El repudio a la prepotencia oficial, y la violencia de las fuerzas de seguridad, provocó algo que el gobierno no imaginaba, lejos de amedrentarse se sumaron más organizaciones, los ya mencionados trabajadores de la salud también autoconvocados y movimientos de desocupados como Unidad Piquetera y la UTEP junto a estudiantes autoconvocados y el sindicato de profesores universitarios.
Según la crónica de la periodista Analía Brizuela, publicada en Página 12: “Basta de cacería de docentes”, “Somos docentes, no delincuentes”, “Quiero el 82% móvil”, “Mangione, la grieta es por tu culpa” (por el ministro de Salud, Federico Mangione), “Bajen las armas, aquí solo hay maestros”, “Quiero ganar igual que un concejal” (por la asimetría entre los salarios de trabajadores y funcionarios), “Abajo el decreto 91/23” (conocido también como protocolo antiprotestas), se contaron entre los cánticos más duros.”
Claudio Uriona, delegado docente, fue uno de los oradores del acto: “El gobierno no dio una respuesta a los docentes autoconvocados de la provincia de Salta. Le presentamos un pliego de condiciones en febrero”. Luego llegó el turno de dos maestras detenidas el 25 de mayo. Eliana Florez dijo: “Hemos atravesado violencia física y emocional, también violencia de género”, y se lamentó que las acusaran de no ser docentes, mientras blandía su título con orgullo. Por su parte, Luz Luna, recordó la brutal jornada del 25: “Nos corretearon como a gallinas fugadas de un corral. Tiraron balas y apalearon a los compañeros y compañeras como si de verdad estuviéramos haciendo algo dañino y maligno a la sociedad.¡Exigimos inmediato sobreseimiento de las causas que iniciaron violentamente contra todos las y los docentes detenidos aquel 25 de mayo!Exigimos respeto para ejercer nuestro derecho a la protesta y al uso de los espacios públicos sin amenaza del aparato de represión estatal. Queremos una policía que defienda los derechos de los trabajadores”.
Como única respuesta, este miércoles la cámara de Diputados de Salta aprobó una “ley antipiquetes”, que todavía debe ser aprobada por el Senado provincial, donde se establece que para realizar un reclamo en la vía pública, los manifestantes deben presentar un informe con 24 horas de anticipación. –
En tanto, continúa la huelga en las escuelas salteñas por la falta de respuesta del gobierno quien desconoce la representación de los autoconvocados y continúa negociaciones solo con los gremios.