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Miércoles 13/2: “Gran Jornada Nacional de Protesta” de organizaciones sociales y gremios
En horas de la mañana, las organizaciones sociales nucleadas en Barrios de Pie, la CCC y la Ctep, acompañadas por el secretario general de la CAAT, Juan Carlos Schmid y representantes de la CTA Autónoma, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Constitución de la CTEP, para informar el alcance a nivel país y los objetivos de la moviliación que, bajo el lema «Tierra, Techo y Trabajo», tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Algunos de los puntos destacados de las demanda es solicitar la aprobación urgente de las leyes de Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones y exigir que se efectivice el presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares. Los referentes de las organizaciones afirman que el país enfrenta la inflación “más alta desde 1991″, dejando a los sectores humildes por debajo de la canasta de indigencia, que está pautada en 10.907 pesos.
Esteban «Gringo» Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), afirmó que “La movilización del día 13 tiene que ver con una situación muy compleja que está viviendo fundamentalmente el sector que representamos de los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina y sus familias, y sus hijos”. Respecto de las demandas del tratamiento y la aprobación de los proyectos de leyes presentados por el sector, Castro sostuvo que “hubo un tiempo prudencial para el tratamiento de las leyes. Eso no ocurrió. Por el contrario, el gobierno nacional ha tomado la decisión de profundizar un proceso de ajuste, de ahorrarse 470 mil millones de pesos que van a pesar sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y nosotros nos vemos en la obligación de manifestar nuestros problemas”.
Por su parte, La Corriente Federal de los Trabajadores se encuentra realizando hoy un plenario de unos 30 secretarios generales de los sindicatos que la componen donde definirá medidas que serán anunciadas en una conferencia de prensa pautada para las 16 horas y quizás anuncie su participación en la jornada del miércoles. El tratamiento del tema figura en la agenda del encuentro, tal como lo adelantara Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa de La Bancaria, enrolados en la Corriente Federal, un sector duro del sindicalismo que mantiene su pertenecía orgánica dentro de la CGT. La semana pasada tuvo lugar una reunión que da oxígeno a la especulación de apoyo y presencia de este sector sindical. Héctor “El Gringo” Amichetti (Gráficos), el secretario de prensa de La Bancaria Eduardo Berrozpe, Walter Correa (Curtidores) y Vanesa Siley (Sitraju) se reunieron con Esteban Castro y Gildo Onorato de la CTEP, Walter Córdoba de Barrios de Pie SOMOS y Fredy Mariño de la Corriente Clasista y Combativa. Por último, está confirmado el apoyo y presencia de la SUTEBA/Baradel.
En tanto el sector de Hugo Yasky y sus aliados aún no tiene una definición. Así publicaba hoy el diario Tiempo Argentino la postura del sector: “Por otro lado, si bien las organizaciones que integran el triunvirato piquetero abrieron la convocatoria a organizaciones sindicales, la CTA de los Trabajadores conducida por Hugo Yasky descartó su participación. Yasky, en diálogo con Tiempo, señaló que «no vamos a participar, no recibimos notificación de los que organizan«. El dirigente explicó que «hicimos marchas multitudinarias contra el tarifazo en Mendoza y Córdoba y ahora seguimos en Paraná y luego en Rosario. En todas se sumaron las regionales de la CGT. Hay dos CGT, la de las provincias y la que duerme una siesta larga con el gobierno«. Al mismo tiempo adelantó que «vamos a hacer un plenario de organizaciones el 21F para organizar un acto a mediados de marzo con todas las organizaciones del Frente Sindical para el Modelo Nacional».
Trascendió que hay preocupación gubernamental por esta movilización, en particular en la cartera que dirige Carolina Stanley, porque se calcula que puede llegar a tener una participación que ronde las cien mil personas.
El 2019 arrancó con un endurecimiento de las medidas económicas de parte del gobierno macrista, los despidos y cierres de fuentes de trabajo a granel y tarifazos. Ante la falta de reacción dela CGT, el 25 de enero los movimientos populares pusieron fecha para marchar en febrero y dieron a conocer su análisis de situación en el siguiente comunicado:
LOS MOVIMIENTOS POPULARES MARCHAN EN FEBRERO
Los Movimientos Populares marcharán al Ministerio de Desarrollo Social el próximo miércoles 13 de febrero para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. La inflación que viven los sectores más pobres y humildes significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días. Se vive una grave situación social y laboral que debe ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado.
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, reclamarán una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte.
También se pide la implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y para los beneficiarios de los distintos programas de trabajo que se encuentren domiciliados en las zonas de catástrofe afectadas por las inundaciones.
La combinación de diversos factores hacen que las familias afectadas vivan una situación de extrema vulnerabilidad, sumando a los problemas que ya tienen habitualmente las calamidades que implica una inundación de esta magnitud, como perder todo lo que tienen bajo el agua, no tener donde vivir, sin ropa ni alimentos para los más chicos, con riesgos para la salud y la integridad física de todos los afectados. Asimismo, se suma la imposibilidad de desarrollar las tareas cotidianas que permiten ganar el sustento diario.
También se exigirá al Estado que interceda en la complicación de las familias de la economía popular para mantener la escolarización de sus hijos e hijas. Para esto se pedirán kits escolares y elementos de estudio para que no avance la deserción en las escuelas y garantizar mayor acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes de los barrios populares.
Este año se insistirá con la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones. Y el presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares, que fue aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma”.
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Daniel Yofra: “Ofrecer 0% de aumento es una provocación y una invitación al conflicto”
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso analizó el conflicto salarial que mantiene el sector, cuestionó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y vinculó el ajuste sobre las políticas de género con el aumento de la vulnerabilidad social. Además, reclamó una mayor unidad del movimiento sindical y propuso profundizar las medidas de lucha contra las políticas del gobierno nacional.
LCV: ¿Cómo viene el tema de la huelga que se había declarado por parte de todo el sector aceitero? ¿Cómo están las paritarias?
Daniel Yofra: «Estamos en una conciliación obligatoria. A las pocas horas de haber decretado el paro la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a pedido de las empresas, pero no hubo ningún tipo de avance. Nosotros seguimos sosteniendo el mismo reclamo salarial que venimos planteando desde hace veinte años: un salario que cubra las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución. Hoy estamos reclamando un salario de 2.800.000 pesos y la respuesta empresarial fue ofrecer un 0%, lo que constituye una verdadera provocación y una invitación al conflicto.»
LCV: O sea que aplicaron, como siempre, ese torniquete que los deja inmovilizados por un tiempo.
Daniel Yofra: «Sí, es una medida que habitualmente se utiliza a favor de las empresas o a pedido de ellas. La conciliación obligatoria dura quince días hábiles y puede extenderse cinco días más una vez finalizado ese plazo.»
LCV: En el marco de la reforma laboral, que prácticamente convierte el derecho a huelga en un delito, ¿cómo están enfrentando esa situación?
Daniel Yofra: «Estamos limitados, pero eso no significa que vayamos a dejar de hacer lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras quiere hacer, que es ir a la huelga para defender sus derechos. Parece que el Gobierno puede transgredir permanentemente la ley y no veo por qué nosotros no podríamos ejercer nuestro derecho a luchar. Vamos a seguir defendiendo las conquistas de los trabajadores.»
LCV: El miércoles es el 3 de junio, una nueva jornada de Ni Una Menos. En las últimas horas hubo varios femicidios que volvieron a conmover al país y, al mismo tiempo, se produjo un fuerte recorte en las políticas de género. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación?
Daniel Yofra: «Este gobierno vino a destruir todo lo que tenga que ver con la sensibilidad social y con la protección de los sectores más vulnerables. Lo vemos en discapacidad, en las políticas de género y en todas las áreas vinculadas a la prevención y el cuidado. Han desmantelado herramientas fundamentales para acompañar y proteger a quienes más lo necesitan. Cuando hablaban de un Estado eficiente, en realidad estaban anunciando este modelo de gobierno que castiga a los más vulnerables y favorece la concentración de la riqueza. Más allá de que una parte importante de la sociedad eligió a este gobierno, no creo que lo haya hecho imaginando el nivel de destrucción social que estamos viendo. La sociedad tiene que empezar a reaccionar y a comprender que, si no enfrentamos estas políticas, las consecuencias serán cada vez peores.»
LCV: ¿Creés que el movimiento sindical tiene un papel especial que cumplir frente a esta situación?
Daniel Yofra: «Sin dudas. Hay motivos de sobra para unirnos en un mismo reclamo y no parar hasta revertir esta situación. Nosotros representamos a un sector rentable que aporta muchas divisas al país y podríamos pensar egoístamente que estamos protegidos, pero la realidad demuestra que también nos están acorralando. Esto nos va a afectar a todos. Por eso vengo planteando la necesidad de un paro por tiempo indeterminado. Existe además una cuestión cultural histórica en la que nunca se respetó plenamente a las mujeres. Si ahora se eliminan las herramientas y las políticas destinadas a prevenir la violencia de género, vamos a seguir lamentando víctimas. Hay que enfrentar estas decisiones políticas porque, de lo contrario, cada vez estaremos peor.»
LCV: ¿Qué evaluación hacés de la respuesta de la dirigencia política y sindical frente a este escenario?
Daniel Yofra: «Todavía no hemos sentido en toda su dimensión el daño que están produciendo estas políticas. Ya hay trabajadores despedidos, personas que quedaron en la calle sin indemnización y sin posibilidades reales de reinsertarse laboralmente. Pero esto recién empieza y todos vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Tenemos que dejar de lado los egoísmos y las ambiciones personales para construir una respuesta colectiva. Hay una parte de la sociedad que tiene la responsabilidad de luchar, como los dirigentes sindicales y políticos, y sin embargo muchas veces prefiere concentrarse en las disputas internas o en los cálculos electorales de acá a un año y medio. Mientras tanto, la gente tiene necesidades urgentes hoy. Esa desconexión entre la dirigencia y los problemas reales de la población es algo que debemos corregir cuanto antes.»
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Carlos Del Frade: “El Río Paraná está siendo entregado a las multinacionales y al control estratégico de Estados Unidos”
La discusión sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, el futuro del Canal Magdalena y el control de los principales puertos exportadores del país volvió a ocupar el centro de la escena. Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, detrás de las decisiones que impulsa el gobierno nacional existe una profunda cesión de soberanía económica y territorial. En diálogo con LCV, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó el rol de las multinacionales, denunció la injerencia estadounidense sobre los recursos estratégicos argentinos y advirtió sobre el silencio de gran parte de la dirigencia política frente a un proceso que considera uno de los mayores saqueos de la historia reciente.
LCV: ¿Qué está pasando con la Vía Navegable Troncal Paraná y con las obras del Canal Magdalena?
Carlos Del Frade: “En realidad, las obras del Canal Magdalena han quedado relegadas frente a un proyecto mucho más amplio de subordinación de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. El Canal Magdalena ya no forma parte de una planificación soberana del Paraná, del Río de la Plata ni del sistema fluvial argentino. Lo que está ocurriendo es que el control de la principal vía por donde salen las riquezas del país, por donde se exportan alrededor de 80.000 millones de dólares anuales, está siendo pensado y planificado desde el Comando Sur estadounidense. Quien termine definiendo quién se queda con la riqueza que sale por los puertos de siete provincias argentinas será fundamentalmente Cargill, una de las principales empresas norteamericanas vinculadas al comercio internacional de granos. Esto tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cualquier familia argentina, porque significará menos recursos para el país y menos alimentos en la mesa de nuestro pueblo. Lo que hoy se discute sobre dragado, balizamiento y peaje del Paraná es, en realidad, quién se queda con la riqueza producida por los argentinos. Estamos atravesando un momento de enorme saqueo y el Río Paraná es una expresión clara de ese proceso.”
LCV: También resulta llamativo que mientras Donald Trump impulsa políticas de protección de los intereses estadounidenses, aquí parece suceder exactamente lo contrario.
Carlos Del Frade: “Es una contradicción muy evidente. Trump defiende y nacionaliza las vías fluviales de Estados Unidos, impide que sean controladas por terceros y garantiza que los beneficios queden para los norteamericanos. En cambio, en la Argentina ocurre lo opuesto: actuamos como si el Paraná fuera una vía al servicio de intereses extranjeros. A esto se suma el denominado Programa 333, firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, que implica ceder durante cinco años la seguridad del Mar Argentino a la Armada norteamericana. Es algo verdaderamente oprobioso. Ni siquiera durante la última dictadura militar se avanzó en una entrega de semejante magnitud. Más allá de las diferencias internas que existían entonces, había sectores que sostenían una visión más vinculada a la defensa de recursos estratégicos nacionales. Hoy estamos frente a una cesión directa de soberanía.”
LCV: ¿Qué gobernadores deberían estar dando respuestas sobre esta situación?
Carlos Del Frade: “Las principales responsabilidades recaen sobre las siete provincias vinculadas al Paraná. En particular, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, deberían tener una posición mucho más clara. También Axel Kicillof debería volver a poner en discusión el Canal Magdalena y plantear cuánto de esta riqueza quedará efectivamente para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo vale para Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Es fundamental que los gobiernos provinciales al menos se pregunten cuánto va a recibir cada provincia de un negocio que hoy parece diseñado exclusivamente para beneficiar a las multinacionales. Hay 79 puertos en estas siete provincias y la mayoría está en manos de grandes corporaciones. Terminaremos dependiendo de simples declaraciones juradas sobre lo que entra y sale del país. El riesgo es que se profundice una pérdida total de control sobre nuestras exportaciones y sobre recursos estratégicos fundamentales.”
LCV: ¿Cómo repercute esta discusión dentro de tu espacio político y qué respaldo encuentran para estas posiciones?
Carlos Del Frade: “Nosotros somos apenas tres diputados dentro de una Legislatura de cincuenta integrantes en Santa Fe. Integramos el Frente Amplio por la Soberanía y nos definimos como una corriente de izquierda nacional, vinculada a los movimientos populares y a la defensa de los intereses nacionales. No contamos con el acompañamiento de los sectores mayoritarios de la política, aunque sí recibimos apoyo de algunas personalidades que comparten estas preocupaciones. Estamos atravesando un momento de mucha soledad política, pero creemos que hay que sostener estas posiciones porque la sociedad necesita escuchar voces que adviertan sobre lo que está ocurriendo. Más temprano que tarde, estas discusiones van a dejar de ser marginales porque la realidad terminará mostrando sus consecuencias.”
LCV: ¿Esa soledad responde a una falta de comprensión del problema o a intereses económicos?
Carlos Del Frade: “Quiero creer que muchas veces se debe a que algunos sectores miran la política desde otro lugar. Sin embargo, sinceramente creo que el principal problema de los grandes partidos políticos argentinos es que se han resignado frente al poder económico. Y esa resignación, muchas veces, termina produciendo los mismos resultados que la corrupción. Es una situación muy grave porque fuerzas políticas que en otros momentos expresaron los intereses de las mayorías populares hoy parecen aceptar como inevitables decisiones que perjudican al conjunto de la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa actualmente la Argentina.”
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Horacio Catena, secretario general del SUTEF: “No queremos ni un docente pobre en nuestra patria”
En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.
LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?
Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”
LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?
Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”
LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?
Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”
LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?
Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”
