Con una masiva concentración en la esquina de Diagonal Sur y Perú, la CGT llevó el reclamo obrero a las puertas de la Secretaría de Industria de la Nación. Bajo la consigna «En defensa de la industria nacional», Cristian Jerónimo lanzó una dura advertencia a la dirigencia política y al Gobierno: exigió la apertura urgente de mesas de concertación productiva y ratificó una gran marcha al Congreso para el 15 de octubre.

El documento de la CGT: «No hay dos velocidades, hay dos economías»

Durante la movilización, la central obrera difundió un contundente comunicado del Consejo Directivo Nacional titulado «Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también». En el texto, la conducción cegetista traza un diagnóstico alarmante: «Estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros».

El documento advierte que el programa económico está «destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos, brutal caída del consumo interno, alta presión impositiva y falta de financiamiento». Asimismo, señala las graves consecuencias sociales: «Un endeudamiento familiar descontrolado que dispara alarmas en materia de salud mental, jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar sus medicamentos, y el desfinanciamiento de la salud, la educación, la investigación y la obra pública».

Frente a esta coyuntura, la CGT remarcó que no propone una economía cerrada, sino «una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y posibilidades, con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria». Y sentenció la brecha socioeconómica actual: «No hay dos velocidades en este programa económico vigente: hay dos economías. Una, para muy pocos, concentrada en sectores que capturan la mayor parte de la renta. Y la otra, la de la microeconomía popular, donde la plata no alcanza».

El orador principal de la jornada fue Cristian Jerónimo, quien le habló directamente a los despachos oficiales del edificio ministerial. «Acá está el motor que mueve la Argentina, acá está la fuerza del trabajo, los que creemos en la justicia social y no estamos dispuestos a entregar nuestras conquistas», comenzó expresando ante la multitud presente.

Un dardo a Producción: «Dejen de mirar su metro cuadrado»

Jerónimo interpeló duramente al titular del área de Producción: «Se olvidó de lo que representa. Que convoque a una mesa de producción Que convoque al sector empresario y a los representantes de los trabajadores». A su vez, cuestionó la desconexión del Ejecutivo con la realidad de las familias trabajadoras: «Nuestro presidente vive en una realidad paralela. ¿Dónde están los 18 mejores meses que prometieron? Lo único que vemos es cómo se siguen perdiendo puestos de trabajo y cómo se endeudan las familias».

En un tramo de marcado tono doctrinario, el dirigente subrayó la necesidad de proteger el valor agregado y el tejido industrial frente a los intentos de primarización económica: «Somos un país industrializado. Está bien que tengamos energía, minería y agroindustria, ¿pero a quién pertenecen esos recursos naturales? A cada uno de los millones de argentinos. No vamos a permitir que se vengan a llevar los recursos de nuestra patria y no nos quede nada».

Mensaje al Congreso y llamado al 15 de Octubre

El discurso no ahorró críticas hacia el conjunto del arco político y legislativo, llamando a asumir un compromiso real con las urgencias sociales: «La política toda tiene que dejarse de hacer la distraída. El Congreso… basta de joder. El pueblo realmente se va a enojar y los va a pasar por encima. Necesitamos el compromiso de la dirigencia del campo nacional y popular».

En el tramo final del acto, acompañado por el ritmo de los bombo y cánticos sindicales, se ratificó formalmente el plan de lucha: la CGT convocó a una masiva movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos para el próximo 15 de octubre.

«Si no somos escuchados y no se genera un ámbito donde podamos discutir el destino de la Argentina, seguiremos protestando y escalando la protesta. A seguir luchando, no resignarnos y construir la patria justa», concluyó el dirigente.

El acto contó con un contundente respaldo del músculo sindical argentino, mostrando la unidad orgánica del movimiento obrero frente al ajuste. En el escenario y en la primera línea de la movilización dieron el presente secretarios generales e históricos dirigentes del arco gremial: Juan Carlos Schmid (CATT – Transporte), Mario Rubén Preiss (Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines), Daniel Mallotti (Aduana), Mariano Vilar (Conductores Navales), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Graciela Aleñá (Viales Nacionales) y Roberto Coria (Guincheros), Daniel Ricci (FEDUN), Maia Volcovinsky (UEJN), Gerardo Martínez (UOCRA – Construcción), José Luis Lingeri (SGBATOS – Obras Sanitarias), entre otros referentes que acompañaron la convocatoria en defensa del trabajo y la producción.

Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?

8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.

La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico

Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país:  4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.

Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia  posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.

La falacia del «costo cero» y el negocio del agua

Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.

El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.

Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre

El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.

Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.