En diálogo con Nora Anchart en La Columna Vertebral, el delegado de los trabajadores por ATE de la Central Nuclear Atucha, Mariano Saleh, denunció el deterioro salarial en la empresa, cuestionó la política de la conducción gremial, advirtió sobre el avance del proceso de privatización de Nucleoeléctrica Argentina y relató la medida cautelar que le impide ingresar a la planta. También describió el clima entre los trabajadores y señaló que su caso busca disciplinar la organización sindical.

LCV: «Mariano, contame un poquito cómo es la situación en Atucha en este momento.»

Mariano Saleh: «Bueno, justamente venimos de un fuerte recorte salarial y, como parte de eso, hemos organizado asambleas democráticas, ya que el gremio ha pactado con el Gobierno aumentos salariales muy por debajo del incremento de la inflación.»

LCV: «A eso me iba a referir. ¿El gremio signatario del convenio es Luz y Fuerza Zona del Paraná?»

Mariano Saleh: «Sí, el gremio signatario del convenio es Luz y Fuerza Zona del Paraná y son los que han pactado esos aumentos. Justamente por eso venimos organizándonos democráticamente para tratar de romper ese techo, como se ha logrado en el Garrahan, y recuperar lo que nos ha robado este Gobierno. Son empresas rentables, que no han dejado de recibir ganancias, pero esos recursos quedaron para otros gastos y no fueron a los bolsillos de los trabajadores.»

LCV: «¿ATE no firma las paritarias en Nucleoeléctrica?»

Mariano Saleh: «No. Justamente hay una forma legal mediante la cual buscan avanzar en la privatización de esta empresa, que genera una enorme cantidad de divisas, para que termine en manos de algún grupo empresario amigo. Parte de esa lucha explica que ahora me hayan impuesto una medida cautelar que me impide ingresar a la planta por mi posición gremial y política, por criticar esta metodología que están aplicando contra los trabajadores.»

LCV: «¿En qué contexto se da esta medida en contra tuya?»

Mariano Saleh: «En el contexto general de la privatización, la pérdida salarial y la pérdida de puestos de trabajo.»

LCV: «Ustedes venían haciendo asambleas, medidas de fuerza. ¿Había algún conflicto gremial en curso cuando tomaron esta decisión?»

Mariano Saleh: «No. De hecho, aprovecharon esta época del Mundial, que históricamente suele utilizarse para avanzar con este tipo de ataques. Pero sí veníamos desarrollando un plan de acción. Nos habíamos movilizado contra la reforma laboral y llevamos varios meses de lucha, desde noviembre del año pasado. También realizamos movilizaciones internas y eso es justamente lo que quieren impedir: que los trabajadores nos manifestemos.»

LCV: «¿Quiénes conducen hoy la Central Nuclear Atucha?»

Mariano Saleh: «Después de cinco cambios de directorio, el presidente es el bioquímico Juan Martín Campos. También incorporaron a algunos seguidores de Adorni, como Ezequiel Acuña, que fue uno de los fundadores de La Derecha Diario, y a Bárbara Pintelos, que viene de la TV Pública. En mi caso particular, en el sitio Atucha, el gerente Diego Garde es quien impulsa la cautelar que me impide desempeñar mis tareas.»

LCV: «De las personas que nombraste, algunas no tienen antecedentes en materia nuclear. ¿Los otros tienen formación técnica?»

Mariano Saleh: «Sí. El gerente Diego Garde tiene todas las certificaciones correspondientes. Para ocupar ese cargo deben atravesar rigurosos procesos de estudio y licenciamiento. Pero quienes vienen de medios de comunicación o de otros ámbitos no tienen experiencia en la actividad nuclear.»

LCV: «¿Cuál es entonces el rol de esas personas dentro de Atucha?»

Mariano Saleh: «Bárbara Pintelos es abogada de Asuntos Jurídicos y es quien impulsa mi despido. Y hay otro nombre todavía más importante: Federico Ramos Napoli, que está al frente de la Secretaría de Asuntos Nucleares. Tiene 31 años, es abogado y su principal antecedente es su cercanía con los tuiteros libertarios. Está en el cargo más importante de todos y también es uno de los motivos por los cuales buscan despedirme, porque lo critiqué públicamente.»

LCV: «Con esa composición del directorio, ¿hay una decisión política de avanzar con la privatización de Atucha?»

Mariano Saleh: «Sí, ese es el objetivo principal. Están preparando una tasación hecha a medida. Todavía no la difundieron porque todo el proceso es muy opaco. Quieren valuar la empresa para venderla a precio de remate. El Estado invirtió más de 11.000 millones de dólares y probablemente intenten venderla por menos de 1.000 millones, una cifra a la que podría acceder algún empresario amigo. Nadie pagaría 6.000 millones por el 44% de las acciones porque esa inversión no se recuperaría en más de diez años.»

«Todo este proceso de tasación fue realizado por el BID, que responde a la conducción económica de Caputo. La intención es vender la empresa a algún empresario amigo, nacional o extranjero. Todavía no se sabe porque ni siquiera se abrieron los pliegos de privatización. Hasta que no exista una licitación pública, no habrá precisiones.»

LCV: «¿Cuál es la reacción de los trabajadores frente a tu situación y frente al proceso que describís? ¿Hay organización o predomina el miedo?»

Mariano Saleh: «En general recibo mucho apoyo. Me escriben, me saludan y firman el petitorio en solidaridad. Pero también hay mucho miedo. Lo hacen conmigo, que soy delegado gremial, justamente para mostrarle al resto lo que puede pasar si se oponen a los planes del Gobierno.»

LCV: «Es un mensaje disciplinador.»

Mariano Saleh: «Sí. Soy el ejemplo para quienes nos organizamos y luchamos. Pero la realidad es que el año pasado participamos miles de trabajadores y lo que buscan ahora es descabezar esa organización.»

LCV: «Mariano, mantenenos al tanto. Comunicate con la producción para seguir de cerca todo este proceso, especialmente cuando aparezcan los pliegos de la privatización.»

Mariano Saleh: «Sí, por supuesto. No sabemos hasta dónde van a llegar, pero cualquier mecanismo que utilicen implica regalar parte de algo que llevó muchísimos años construir.»

LCV: «Claramente, Atucha integra esa lista de empresas estratégicas que durante mucho tiempo se consideraron intocables, como YPF, Aerolíneas Argentinas o Télam. Hoy se está avanzando sobre todas ellas y, además, se empieza por perseguir a los delegados y a quienes representan a los trabajadores.»

En diálogo con La Columna Vertebral, el militante e investigador Pablo Solana analizó el reciente balotaje en Colombia, donde la derecha recuperó la presidencia tras una ajustada derrota del oficialismo de Gustavo Petro. A partir de su presencia en el país durante ambas vueltas electorales, repasó las razones del resultado, las dificultades del progresismo para responder a la demanda de seguridad, el agotamiento de algunos modelos de izquierda en la región y las perspectivas para los movimientos populares latinoamericanos.

LCV: ¿Cómo se llega a este resultado en Colombia?

Pablo Solana: «Bueno, es interesante. Yo estuve allá tanto en la primera vuelta, hace tres semanas largas, como en el balotaje del domingo anterior. Allí hay un proceso que, por un lado, es asimilable a lo que pasa en América Latina: un gobierno de tintes progresistas, como el de Gustavo Petro, que buscó avanzar en derechos sociales postergados, y una oposición de derecha que cuestiona eso, enfatiza los puntos débiles del programa de gobierno que no se pudo concretar. En esa polarización se divide prácticamente al medio la sociedad. Pero Colombia tiene una particularidad que viene de décadas de conflicto armado, de una situación política marcada por esa historia, por las guerrillas y por una derecha que hizo del combate a esa insurgencia un rasgo de identidad que caló en buena parte de la sociedad. Ese es un trasfondo que complejiza mucho más la lectura de lo que ocurre allí.»

LCV: Los años de guerrilla jugaron en contra. La gente tenía necesidad de paz y, por lo que entiendo, los gobiernos progresistas no supieron interpretar cómo darle forma a esa paz o, al menos, resolver ese problema. ¿Cuáles fueron los principales errores de gestión que derivaron en este regreso de la derecha?

Pablo Solana: «Precisamente el gran punto débil fue la inseguridad y la falta de un programa eficaz en materia de orden público. El candidato de la derecha expresó eso con mucha claridad. Mientras la campaña progresista se resumía en el lema ‘Votamos por la vida’, la derecha levantó la consigna ‘Firmes por la patria’, una voz de mando con fuerte impronta militar que busca restaurar un orden. El gobierno de Petro fue plenamente democrático, respetuoso de las instituciones y con una agenda progresista en materia de derechos, pero no logró resolver los restos del conflicto armado, que hoy ya no se expresa como guerrillas tradicionales sino a través de bandas, grupos paramilitares, organizaciones vinculadas al narcotráfico y algunas expresiones residuales de la insurgencia. Esa incapacidad fue aprovechada por la derecha. Ahí encuentro un paralelo más con lo que ocurrió en El Salvador con Nayib Bukele que con la realidad argentina: una derecha que se vuelve prácticamente imbatible cuando logra apropiarse del discurso de la seguridad frente a una izquierda que no pudo dar respuestas.»

LCV: Si a eso le sumamos el deterioro del proceso encabezado por Daniel Ortega en Nicaragua y otros casos similares, ¿qué balance hacés de aquellas experiencias revolucionarias que terminaron asociadas a autoritarismo, corrupción o incluso al narcotráfico?

Pablo Solana: «En este viaje estuve también en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si hay que hacer una lectura desde las izquierdas, creo que esos modelos hoy están claramente agotados. Fueron procesos que despertaron enormes expectativas, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista o el primer chavismo, pero que no lograron sostener en el tiempo sociedades con bienestar. Hay diferencias importantes. La primera etapa de la Revolución Cubana produjo avances extraordinarios en educación y salud. En Venezuela también se observa un alto nivel educativo de la población. Pero después se dejaron de lado otros aspectos fundamentales para el desarrollo humano y económico. En Nicaragua todavía quedan algunos ecos de lo que fue la revolución sandinista, pero es, a mi entender, el caso de mayor claudicación. El régimen encabezado por los Ortega expulsó incluso a compañeros de aquella historia heroica y derivó en un sistema hiperpersonalizado y autoritario que no tiene nada que ver con los ideales emancipadores que le dieron origen. En Venezuela también hubo una deriva muy distinta al chavismo inicial. Cuba, en cambio, tiene la particularidad del bloqueo y del aislamiento internacional, que condicionan enormemente su realidad. Cada proceso tiene su especificidad, pero creo que esos paradigmas ya no representan hoy un horizonte para las nuevas generaciones.»

LCV: La derecha parece interpretar mejor el clima de época. Hoy, cuando se habla de justicia social y se menciona a Venezuela, muchos asocian esas ideas con pobreza, emigración o incluso corrupción.

Pablo Solana: «Sí, y en algunos casos también con corrupción. Pero, volviendo a Colombia, ahí encuentro una diferencia importante. Petro llegó al gobierno después de muchos años de construcción política completamente dentro de la legalidad. Si bien provenía del M-19, toda su carrera posterior fue institucional. Desde la presidencia defendió una agenda favorable a los trabajadores, denunció la injerencia de Estados Unidos en América Latina y sostuvo una posición muy firme en defensa de Palestina. Colombia mostró las dos caras del proceso: por un lado, el agotamiento definitivo de la vía insurgente y, por otro, la reconstrucción de una izquierda democrática, adaptada a los tiempos actuales. Aun así, no le alcanzó para renovar el mandato.»

LCV: ¿El país quedó tan dividido como Perú?

Pablo Solana: «Exactamente. El resultado fue de 49,6% contra 48,7%, menos de un punto de diferencia. Hubo además una cantidad importante de votos en blanco que impidieron que alguno superara el 50%, aunque en un balotaje alcanza con tener un voto más. Después aparecieron denuncias sobre actas observadas y algunas sospechas de fraude, pero el sistema colombiano ya había reconocido una diferencia igualmente ajustada cuando ganó Petro hace cuatro años. Lo cierto es que la distancia fue mínima y eso demuestra que, aun en un contexto favorable para las derechas, Colombia sigue siendo un país profundamente dividido.»

LCV: ¿Cómo se distribuyó el voto?

Pablo Solana: «En Colombia el voto muestra tres cortes muy claros: social, territorial y generacional. Desde el punto de vista de las clases sociales, Petro impulsó políticas concretas para los sectores populares: entrega de tierras al campesinado, reconocimiento de los pueblos indígenas, creación de universidades en regiones postergadas, gratuidad de la educación superior y una reforma laboral para recuperar derechos perdidos durante el uribismo. Todo eso fortaleció el apoyo popular, pero también reforzó el rechazo de sectores medios y altos, que identifican cualquier política redistributiva con el chavismo o el castrismo. También hay una diferencia regional muy marcada. En las grandes ciudades ganó la derecha, mientras que en las zonas campesinas, periféricas y de frontera se impuso el oficialismo. Finalmente está el factor generacional: si hubieran votado solamente los menores de 25 años, el candidato de izquierda habría ganado con más del 60%. El voto se equilibra entre los 30 y los 40 años, mientras que entre los mayores de 50 y 60 años la derecha supera ampliamente el 70%. Es una generación marcada por el conflicto armado y por una fuerte identificación entre izquierda y violencia, algo que entre los jóvenes ya no pesa de la misma manera.»

LCV: Para cerrar, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. Vos fuiste uno de los fundadores del MTD de Lanús junto a Darío Santillán. ¿Qué reflexión te deja aquel proceso visto desde el presente?

Pablo Solana: «Llegué de Colombia justamente el 26 de junio y pude participar nuevamente de la movilización. Cada vez que vuelvo me encuentro con el mismo pueblo, los mismos barrios y las mismas necesidades. La agenda sigue siendo la misma: mejorar las condiciones de vida, enfrentar la marginalidad y construir políticas públicas que den respuestas concretas. Es cierto que hoy las derechas parecen comprender mejor los mecanismos actuales de disputa ideológica y el funcionamiento de las redes sociales, pero la injusticia sigue siendo la misma o incluso peor que hace más de veinte años. Las organizaciones populares continúan dando esa pelea y el desafío es lograr que las mayorías vuelvan a expresarse detrás de un proyecto de transformación social. Lo que no cambió es la urgencia de esas demandas.»

LCV: Es más abarcativa. Se está desparramando como una mancha de aceite hacia sectores que antes creían estar protegidos, especialmente las clases medias.

El presidente Javier Milei eligió las páginas del Financial Times para anunciar un proyecto de ley que ofrece a los inversores internacionales de tecnología informática la libertad de instalar sus empresas de Inteligencia Artificial sin ningún tipo de regulación.

La nota lleva la firma de Milei y Sturzenegger, ministro de Desregulación y Reforma del Estado, quien días atrás envió al Congreso una profunda reforma del derecho societario que permite la existencia legal de empresas operadas exclusivamente por algoritmos, sin empleados ni gerentes humanos. El texto no hace mención a ningún tipo de organismo supervisor, marcos éticos o instancias de participación ciudadana.

A su vez, pone negro sobre blanco el concepto de «corporación no humana» que figuraba en el proyecto de Ley General de Sociedades y define a las Sociedades Automatizadas como aquellas que desarrollan su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos sin requerir trabajadores ni recursos humanos para su operación ordinaria.

El artículo del Financial Times se titula «Argentina invites AI to free itself» -«Argentina invita a la IA a liberarse»- . La invitación, está claro, no es a la IA sino a los dueños de las IA, las llamadas Bigtech como la del conocido Peter Thiel, residente hace unas semanas en nuestro país junto a su empresa Palantir. A ellos les garantiza un encuadre fiscal que no tendrá competencia.

Con el estilo megalómano que lo caracteriza, Milei inicia la nota con una apelación histórica en donde compara esta iniciativa con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, momento fundacional del pre capitalismo industrial.

Remontarse al siglo XVII suena a osadía, y también provoca cierto temor. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales obtuvo el monopolio absoluto para comerciar con Asia durante 21 años. Ejercitando un poder similar a los de un gobierno, con derecho a declarar la guerra, negociar tratados y establecer colonias. Esto la convirtió en una de las empresas más poderosas de su tiempo, capaz de influir en la política y la economía de las regiones donde operaba. Un sueño para quienes quieren gobernar el mundo sin límites territoriales ni legales. Algo parecido al sueño de Trump y Netanyahu.