Opinión
La memoria en debate, por el colectivo ‘Bombes d´impunitat’ de Barcelona)
La ley de “Memoria democrática” que actualmente se está tramitando,
destinada a sustituir la Ley de “Memoria histórica” del gobierno Zapatero,
mantiene intacta la garantía de impunidad para los criminales del franquismo.
No menciona los crímenes contra la humanidad ni las responsabilidades de
grandes empresas y fortunas, de la Iglesia y de instituciones del estado durante
la guerra civil y la dictadura.
El anteproyecto de Ley sacraliza la Constitución, la convierte en el referente de
la idea misma de democracia cuando, caso único en la historia, tres de sus
siete ponentes habían sido miembros de las cortes franquistas. En Italia, sin ir
más lejos, sería impensable que en la redacción de la constitución italiana
hubieran participado miembros destacados del régimen de Mussolini. En esta
revalorización de la Constitución no se tiene en cuenta que su contenido fue
supervisado por los jerarcas del ejército, que incluso hicieron aportaciones
directas al texto (artículos 2 y 8). La Carta Magna tampoco plantea, ni siquiera
entre líneas, fórmula alguna de condena del franquismo.
Este anteproyecto de Ley no impugna la legitimidad del régimen franquista y
nada más se centra en sus “órganos represores”. Ignora la existencia de la
máxima institución del estado, cuyo representante goza de absoluta inmunidad
y es el jefe de las fuerzas armadas… Olvida que la monarquía, gracias a un
sangriento golpe de estado, fue impuesta por el dictador en sustitución de la
legalidad republicana.
La supuesta “memoria democrática” que pretende promover la futura Ley,
aunque incluye con la consideración de “víctimas del franquismo” a los maquis,
la guerrilla antifascista que actuó hasta la primera mitad de la década de los
sesenta, no les reconoce el estatus de combatientes y legítimos opositores
armados contra el fascismo. Estamos muy lejos del reconocimiento que maquis
y partisanos tienen en Europa, donde son considerados auténticos héroes
nacionales. Algunos de los guerrilleros calificados como delincuentes por la Ley
franquista de bandidaje y terrorismo poseen las máximas distinciones de
Francia, pero no del estado español.
La falta de conformidad a una regla general ha supuesto hasta ahora
auténticas aberraciones, que la nueva Ley no corrige. Por ejemplo, el primer
nombre de la lista de las víctimas del terrorismo es el teniente de la Guardia
Civil Francisco de Fuentes Fuentes y Castilla Portugal, responsable de la
banda de mercenarios a sueldo del fascismo que, en 1960, emboscó al maquis
anarquista Quico Sabater y asesinó a cuatro de sus compañeros. En el tiroteo
murió el jefe del operativo y “el Quico”, después de ser calificado como bandido
por la justicia franquista, se convirtió, con la aplicación de la Ley de 2011 de
Es un proyecto de Ley que no rompe con el pasado fascista y, por tanto, no
permite aplicar justicia ante los numerosos crímenes de la dictadura. No se
atreve a abordar la responsabilidad penal de los verdugos y focaliza su acción
en la rehabilitación de las víctimas, a las que no se les ofrece una reparación
real, más allá de un reconocimiento simbólico que, en todo caso, llega tarde,
tan tarde que parece una burla.
La propuesta de “Ley de Memoria democrática” se olvida, no ya de derogar,
sino simplemente de mencionar la Ley de Amnistía de 1977, instrumento
fundamental para blindar la impunidad de los criminales del franquismo.
En definitiva, una muestra más de la debilidad política, ideológica y cultural de
la izquierda institucionalizada, incapaz de formular una Ley que garantice la no
repetición de los crímenes fascistas. Una izquierda incapaz de abordar la
pervivencia y continuidad del franquismo desde una perspectiva de defensa de
la democracia formal, ya que hace tiempo que la perspectiva de clase la ha
perdido.
A pesar de la preocupación de algunos de los promotores por acabar con las
ofensas más llamativas a la memoria de tantas víctimas (anulación de juicios y
dignificación de muertos y desaparecidos), este texto tiene como principal
objetivo el blanqueo del dogma constitucionalista, centrado en la obsesiva
defensa de la unidad de la patria –Antes roja que rota– y, de paso, la
naturalización del concepto de Nación española.
Una nueva Ley al servicio del inmovilismo, que busca recuperar y homologar la
imagen del Estado español con el resto de estados de Europa. Una imagen
que ha quedado muy dañada por la reciente represión del movimiento civil
catalán, los numerosos escándalos de corrupción de la monarquía, las
vergonzosas prácticas judiciales y las recientes declaraciones de las máximas
autoridades del ejército, que aunque actualmente estén en la reserva, han
mantenido el control de la institución a lo largo de estos 45 años de democracia
tutelada.
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
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El Latinobarómetro y sus trampas, por María Urruzola
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AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
