Opinión
Lectura recomendada: Distintas maneras de matar, por Ricardo Ragendorfer, Tiempo Argentino
Hasta qué punto fue sorpresivo el fallo absolutorio de un jurado popular para Daniel Oyarzún, también conocido como «el Carnicero de Zárate»? ¿Acaso el veredicto de un tribunal con jueces profesionales hubiese sido distinto? Todo indica que semejantes interrogantes no incluyen una circunstancia que merece ser considerada.
Tal vez Oyarzún sea recordado en el futuro por su aporte metodológico en el campo de la «justicia por mano propia»; una innovación que bien podría denominarse «embestida vehicular seguida de linchamiento».
Claro que para cumplir con esta última fase –tras perseguir y atropellar con su Peugeot 306 a un ladronzuelo en fuga–, su faena se vio favorecida por la súbita complicidad de un número impreciso de vecinos que descargaron una lluvia de golpes sobre la víctima, Brian González, cuando, aplastado entre la trompa del vehículo y un poste de semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. Era el 13 de septiembre de 2016.
Es notable que desde entonces nadie haya reparado en el carácter grupal de este asesinato. Un olvido que esconde el eje del asunto: la existencia –nada menos que entre la «parte sana» de la población– del criminal espontáneo y colectivo; o sea, una subespecie del clásico «justiciero» que opera en soledad.
Lo cierto es que en esta trama confluyen ambas tipologías.
¿Habrá sido consciente de ello el defensor Ricardo Izquierdo? Porque al concluir su alegato, hizo con la mirada un travelling sobre los integrantes del jurado (12 ciudadanos comunes de ambos sexos, elegidos al azar), antes de soltarles: «Jamás se olviden de que Oyarzún es uno de ustedes».
Según las estadísticas judiciales, los casos de «legítima defensa» suman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano unas 15 muertes de presuntos malvivientes durante el último bimestre. Una cada 96 horas.
El ingeniero Horacio Santos fue el precursor en la materia. El ya remoto 16 de junio de 1990 persiguió en auto por el barrio de Villa Devoto a dos rateros que habían hurtado su pasacasete, hasta liquidarlos con cinco precisos balazos. Cabe destacar que aún no era un tiempo signado por una gran tasa de delitos, pero en el imaginario social ya aleteaba el buitre de la inseguridad.
Desde entonces, el ejercicio del «gatillo fácil civil» se ha multiplicado con una brusca gradualidad, y con «vengadores» procedentes de todos los estratos. Desde remiseros hasta magistrados, como –por caso– el juez federal Claudio Bonadio, también conocido como «Doctor Glock», dado que con una pistola calibre 40 de esa marca mató el 5 de octubre de 2001 de siete tiros por la espalda a dos asaltantes en una esquina de Villa Ballester.
Pero la autoprotección armada es un hábito proclive a la mala praxis. Y un gran ejemplo al respecto fue el dramático episodio vivido por el conductor radial Ángel Pedro Etchecopar. Le pudo pasar a cualquiera. Pero le tocó a ese hombre, el afamado «Baby». Y fue su popularidad, anudada a la amenazante incursión de tres malhechores en su residencia de San Isidro, lo que hizo de él un símbolo social, después de que con su hijo adolescente se defendiera a tiro limpio. Uno de los intrusos falleció por ocho balazos, el hijo recibió cuatro y Baby, tres. Entonces, la imprecisa «mayoría silenciosa» se puso en su lugar. Y teorizó hasta el cansancio sobre las ventajas y complicaciones de iniciar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas. Un debate que podría haberse liquidado con la siguiente pregunta: ¿Acaso sería de su agrado sufrir un asalto en compañía del señor Etchecopar?
Aun así, tal polémica persiste. Y se renueva en estudios de televisión, sobremesas y funerales. Porque andar «calzado» para evitar asaltos no parece ser un buen negocio, dada una dificultad de índole práctica: es casi imposible desenfundar, apuntar y disparar sobre alguien que lo tiene a uno encañonado. De hecho, el 77% de los homicidios en ocasión de robo se produce debido a la resistencia armada de la víctima. Una tendencia elocuente para una fuente inagotable de tragedias.
Las ejecuciones de índole grupal son, en cambio, menos riesgosas.
Es imposible determinar con exactitud en qué momento llegó al país la costumbre de linchar. Pero recién en febrero de 2014 un caso específico llegó a instalarse en la tapa de los diarios. Fue el de David Moreyra, asesinado por una turba en Rosario; se le atribuía el robo de una bicicleta. A partir de aquel momento comenzaron a saltar a la luz decenas de hechos similares en todo el territorio nacional. Y con su correspondiente debate.
En el plano jurídico, lo que en realidad se discutía era la neutralización de los robos callejeros –en especial, arrebatos de carteras y celulares; es decir, delitos excarcelables por su poca monta– mediante el recurso del homicidio calificado por alevosía (indefensión de la víctima) y ensañamiento (intención de agravar la agonía). Su conveniencia, dicho sea de paso, sumó una cantidad apreciable de opiniones favorables. En conjunto, una especie de Doctrina de la Seguridad Vecinal, cuyo corpus teórico reposa en dos ejes discursivos: «Hay un Estado ausente» y «La gente está cansada».
En las antípodas de aquel pensamiento, supo haber una profusión de frases alrededor de un mismo concepto: «La justicia por mano propia no es justicia». Apenas una tímida manera de decir que agruparse en una horda para patear a una persona hasta la muerte es un recurso inconducente y poco republicano. Como si en el «ciudadano común» no hubiera un gen criminal.
Ahora, en el fallo Oyarzún se desliza una auténtica franquicia para tales maneras de matar. « Ahora, en el fallo Oyarzún se desliza una auténtica franquicia para tales maneras de matar. «
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Toda sociedad profundamente desigual domina el arte de fabricar inferiores. No alcanza con distribuir de manera desigual la riqueza; también necesita convencer a quienes la habitan de que esa desigualdad es natural. El racismo fue una de las formas históricas más eficaces de producir esa ilusión.
Después del Mundial volvieron a aparecer acusaciones que presentaban a la Argentina como uno de los países más racistas del mundo. Como suele ocurrir, la discusión se dividió rápidamente entre quienes negaban el problema y quienes afirmaban que éramos una versión latinoamericana de los Estados Unidos. Ambas posiciones compartían un mismo error: suponían que el racismo adopta siempre las mismas formas.
Pero las sociedades no producen idénticos mecanismos de exclusión. Cada una organiza sus jerarquías a partir de su propia historia. La pregunta, entonces, no es si Argentina es o no es racista, sino qué mecanismos produjo nuestra historia para transformar las diferencias en inferioridades.
Eso es lo que entiendo por inferiorización: es el proceso político y cultural mediante el cual una diferencia producida por la historia comienza a experimentarse como una inferioridad dictada por la naturaleza.
Toda sociedad colonial clasifica personas antes incluso de organizar la distribución de la riqueza. Establece quiénes representan la civilización y quiénes el atraso; quiénes gobiernan y quiénes obedecen. Mientras en los Estados Unidos la segregación convirtió el color de la piel en la frontera visible de esa desigualdad, en la Argentina la historia fue distinta. Aquí existieron el exterminio de los pueblos originarios, la invisibilización de la población afrodescendiente y el ideal de construir una nación blanca y europea. Pero las diferencias étnicas terminaron entrelazándose con las diferencias de clase. La pobreza, el barrio, la forma de hablar o ciertos rasgos físicos comenzaron a funcionar como marcas de inferioridad.
La etnia empezó a hablar el idioma de la clase social.
¿Por qué ocurrió eso?
Porque las sociedades coloniales nunca comienzan de cero. El capitalismo no reemplazó las viejas jerarquías; se edificó sobre ellas. Las antiguas diferencias raciales se tradujeron lentamente en diferencias económicas, culturales y sociales. Las jerarquías cambiaron de lenguaje, pero no de función.
Quizá ningún texto exprese mejor esa traducción que Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. La oposición entre civilización y barbarie parecía describir una diferencia cultural, pero organizaba una jerarquía social. El gaucho, el indígena y el habitante del interior dejaban de ser simplemente diferentes para convertirse en la representación del atraso. Ya no hacía falta hablar de razas. Bastaba con hablar de barbarie.
Décadas más tarde esa misma matriz reapareció con el peronismo. Los trabajadores llegados desde el interior fueron llamados «cabecitas negras», y la expresión «aluvión zoológico», utilizada por el diputado radical Ernesto Sammartino, no describía solo una posición política: animalizaba a una parte del pueblo. Allí el desprecio de clase y la racialización quedaron definitivamente entrelazados.
Desde entonces cambiaron las palabras, pero no la operación. «Negro de mierda»; «villero»; «planero»; «bolita»; «paragua»; «marrón»; «kuka»; «zurdo». No significan lo mismo. Pero todas participan de un mismo proceso de inferiorización: convierten diferencias históricas, sociales o políticas en defectos aparentemente naturales.
Eso explica una escena que suele desconcertar a muchos extranjeros. En Argentina alguien puede llamar «negro de mierda» a una persona más rubia que él. La contradicción es solo aparente. Hace tiempo que «negro» dejó de nombrar exclusivamente un color de piel para convertirse en una categoría de descalificación social. No clasificamos demasiado bien las etnias. En cambio, clasificamos con enorme eficacia quién merece reconocimiento y quién puede convertirse en objeto de desprecio.
La discriminación nunca opera solamente sobre quien la recibe. También produce subjetividad en quien discrimina. El prejuicio organiza los afectos antes que los argumentos. Enseña qué sentir frente al otro. Produce miedo, desprecio o asco antes incluso de producir razones.
Toda hegemonía necesita producir una sensibilidad que vuelva aceptable el orden existente. Las élites no solo administran recursos. También administran las formas de sentir, percibir y nombrar al otro. En otras palabras, administran la sensibilidad colectiva. Cuando una sociedad aprende a mirar a ciertos grupos como vagos, bárbaros, peligrosos o parásitos, la desigualdad deja de percibirse como una injusticia y comienza a experimentarse como un orden natural.
Por eso resulta caricaturesco que muchos analistas extranjeros reduzcan a la Argentina a un simple cliché racista. No porque nuestro país esté libre de esa historia (sería absurdo sostenerlo), sino porque esa simplificación reproduce exactamente la misma operación que pretende denunciar: transforma una realidad compleja en un estereotipo.
El problema, sin embargo, va mucho más allá del racismo. El verdadero problema es la producción política de la inferioridad. El racismo fue apenas una de sus formas históricas. Más tarde aparecieron otras: la meritocracia convertida en explicación absoluta de la pobreza, la estigmatización de los sectores populares, la criminalización del excluido o la demonización del adversario político. Todas responden a una misma lógica: convertir desigualdades históricas en diferencias aparentemente naturales o, en sus versiones más recientes, en cuestiones de carácter o de voluntad individual.
Toda sociedad profundamente desigual necesita romper el vínculo de empatía que une a quienes la habitan. La psicología social enseña que solo cuando el otro deja de ser percibido como un semejante la exclusión puede volverse moralmente tolerable. Solo entonces la injusticia deja de provocar indignación y comienza a parecer merecida.
La desigualdad no se sostiene solamente distribuyendo de manera desigual la riqueza. Se sostiene produciendo sujetos que parezcan naturalmente inferiores.
Quizá esa sea la herencia más persistente del colonialismo: haber transformado la fabricación de inferiores en una tecnología política que sobrevivió incluso al propio racismo biológico. Cuando una inferioridad históricamente producida logra convertirse, en el sentido común de una época, en una condición que parece dictada por la naturaleza, deja de hablar la biología.
Empieza a hablar el poder.
*Jorge Cascallar: Docente Universitario y psicólogo social.