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Febrero de 1958: la primer pueblada de Cutral-Có

Fragmento de “Conflictos del “oro negro” en Neuquén. La gran huelga petrolera de 1958“, de Joaquín Perren (UNCo-CONICET) – Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)

El escenario.

Todavía estaba fresco el recuerdo de la ocupación militar de la Patagonia, cuando fue descubierto el “oro negro” en Neuquén. En 1913, una comisión técnica encabezada por Windhausen, un ingeniero de origen alemán, confirmaba la presencia de petróleo en Plaza Huincul. Hasta allí, ese paraje había servido de escala en la ruta que unía a Neuquén con Zapala. Una posta, que ofrecía los mínimos servicios a los viajeros, daba vida a un área que ni siquiera había sido considerada a la hora de diagramar las estaciones del Ferrocarril del Sud. Las razones de esta decisión no son difíciles de imaginar: la aridez del terreno y la escasez de agua complicaban cualquier asentamiento humano de magnitud.

Con la instalación del primer pozo, en 1918, esa realidad comenzaría a torcerse. Alrededor del campamento de la división de minas, geología e hidrológica del Ministerio de Agricultura fue desarrollándose una incipiente localidad. En el área de reserva fiscal, un octágono de 5 kilómetros de diámetro, se instalaron las viviendas del personal encargado de la extracción del recurso. A comienzos de la década de 1920, la ausencia total de servicios fue lentamente subsanada. Con la actividad hidrocarburífera llegó, primero, una oficina de Registro Civil y, poco tiempo después, la postergada estación de ferrocarril. En el renglón productivo, la creciente presencia oficial fue acompañada por las operaciones de algunas empresas privadas entre las que destacaban Astra, Standard Oil o Dodero. Estos avances, sin embargo, no fueron suficientes para opacar la primacía que, por entonces, ostentaba Comodoro Rivadavia. Hacia 1922, el “gigante del sur” tenía cerca de noventa pozos en producción, mientras que Plaza Huincul sólo cinco. Lo mismo podríamos decir del volumen total producido: los 5.000 m3 de la comarca neuquina estaban todavía muy lejos de los mas de 300.000 m3 extraídos del golfo de San Jorge.

El despliegue definitivo de la actividad hidrocarburífera tuvo que esperar a la fundación de YPF en 1922. El desabastecimiento de combustible generado por la Primera Guerra Mundial caló hondo en las Fuerzas Armadas. Un mundo inestable, siempre al borde de una nueva conflagración, obligaba a prestar atención sobre algunos recursos que se juzgaban estratégicos. Eran tiempos en los que la nación era pensada como una unidad militar cuya vitalidad dependía del petróleo. No es extraño, entonces, que el Ejército o la Marina hayan llevado adelante labores, como la exploración y la explotación, que calificaban de patrióticas. La asunción del coronel Mosconi al frente de la petrolera estatal fue quizás la muestra más clara de esta tendencia.

Su llegada imprimió profundos cambios en todos los campos de la actividad hidrocarburífera. Al incremento de la capacidad productiva y comercial, debemos sumar la implementación de un nuevo formato en las relaciones entre trabajadores y empresa. El trabajador del petróleo, en clara sintonía con las políticas bismarkianas, era imaginado como recluta de una cruzada patriótica o, utilizando las palabras de Solberg, como un “soldado civil”. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. La empresa, además de conservar la propiedad de la vivienda, controlaba otros aspectos pertenecientes al mundo de lo privado: la alimentación, las relaciones familiares, el ocio y la misma vida sexual de los operarios. Esto le aseguraba “una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones”. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios, entre los que contaban servicios de salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.

En las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas surgieron las primeras organizaciones de los trabajadores. La fuerte vigilancia ejercida por la petrolera oficial, reflejada en prácticas de espionaje y la prohibición de la prensa obrera, no impidió el desembarco en la región de la Asociación de Trabajadores del Estado (luego llamado Sindicato de Obreros y Empleados de YPF). Sus demandas, en un principio, no estuvieron relacionadas con reivindicaciones salariales. Salvo una larga meseta que acompaño a la gestión de Mosconi, los sueldos tendieron al alza y contuvieron toda clase de bonificaciones (por paternidad, fallecimiento, antigüedad y por productividad).  El mejoramiento de las condiciones de trabajo, en cambio, estuvo en el centro de las demandas de los trabajadores. Las horas extras no remuneradas, la falta de ropa de trabajo, la ausencia de un régimen de licencias motorizaron los primeros reclamos gremiales que tuvieron a la huelga de 1949 como experiencia piloto. En esa oportunidad, cerca de dos mil obreros detuvieron la producción petrolera por dos semanas hasta que, previa intervención de Eva Perón, los trabajadores lograron una respuesta favorable a sus reivindicaciones.

La llegada del peronismo significó una fractura en la organización de los trabajadores del petróleo. La conducción histórica, de extracción radical y comunista, mantuvo cierta distancia del accionar estatal y, sobre todo, de la figura de Perón: eran los “perros rojos”. Sus adversarios, los “gatos negros”, intentaba compaginar el movimiento sindical con la política oficial. Con ese propósito se sumaron a la estrategia peronista de creación de sindicatos afines que funcionaran como interlocutores entre el Estado y los trabajadores. Nacía así el Sindicato Único de Petroleros Estatales (SUPE). Luego de un corto periodo de convivencia de ambas organizaciones, una suerte de doble poder, los restos del “gremio grande” –como era llamado el Sindicato de Obreros y empleados de YPF- decidieron sumarse al sindicato oficial. La persecución a sus dirigentes y escasa predisposición del gobierno a dialogar con la antigua organización, sellaron su suerte.

Más allá de las evidentes diferencias gremiales, la comarca petrolera contaba con una densa trama de relaciones sociales que, llegado el caso, podía ponerse en movimiento. A un sindicato que luego de unificarse ganó en madurez institucional, debemos sumar los lazos generados en diferentes ámbitos de sociabilidad que, aunque bajo la atenta mirada de YPF, podían servir a una acción colectiva. Las relaciones “cara a cara” en clubes, cooperativas o bibliotecas podían estimular al “patriotismo de empresa”, pero también dar curso a la protesta social. Para que esto último ocurriera sólo debía existir una oportunidad y un marco cultural que le diera sentido.

Cutral Co, la primer pueblada, la huelga petrolera del 58.
Cutral Co, la primer pueblada, la huelga petrolera del 58.
La oportunidad.

La Revolución libertadora, proceso que trucó la experiencia peronista, implementó medidas que volvieron el tiempo atrás. El congelamiento salarial, una devaluación que impacto en el bolsillo de los asalariados, la eliminación de los subsidios a los artículos de primera necesidad fueron algunos de los mecanismos que dieron paso a una distribución regresiva del ingreso. Estos cambios, desde luego, repercutieron en la economía neuquina. El territorio nacional iniciaba la experiencia post-peronista con una caída de la inversión y una menor demanda laboral. Sus efectos  pronto se hicieron sentir: la desocupación y los precios comenzaron una escalada que no parecía tener fin.

Pese a su indudable importancia, no podríamos explicar la conflictividad de la época solo a partir de razones materiales. La intensa movilización sindical fue parte de una “resistencia peronista” que abandonaba su carácter inorgánico y comenzaba a disputar poder. Diferentes sectores -entre los que destacaban los ferroviarios, la construcción y los bancarios- estaban dispuestos a boicotear el proceso eleccionario de 1958. La idea era presionar al gobierno de Aramburu justo en el momento en que intentaba mostrar la viabilidad de una Argentina sin Perón. Frente a esta oleada de protestas, las autoridades nacionales lanzaron un decreto que prohibía cualquier huelga en los 40 días anteriores a los comicios del 23 de febrero. La respuesta autoritaria no hizo más que tensar la soga y sembrar las semillas de futuros enfrentamientos.

En ese marco, el SUPE a nivel nacional presentó a las autoridades de YPF un pliego de reclamos que incluía, entre otros puntos, un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesante por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial. El gremio puso al 10 de febrero de 1958 como fecha limite. Si la respuesta no era favorable, daría paso a un paro por tiempo indeterminado. Antes que culminara el plazo, las autoridades lanzaron una contrapropuesta que contemplaba alguno de los reclamos, pero no atacaba el problema salarial: el aumento planteado era exactamente la mitad del solicitado. La mayoría de las filiales, desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, rechazaron el ofrecimiento de la empresa. En parte para lubricar los mecanismos de coordinación  y en parte para dar tiempo al gobierno de mejorar su propuesta, se planteó un cambio en el cronograma: la huelga daría comienzo el 17 de febrero en lugar del mismo 11.

La respuesta del gobierno nacional no fue precisamente conciliadora. El ministro de comercio e industria, Julio Cueto Rua, amenazó con declarar ilegal a la medida de fuerza y con implementar medidas preventivas. La más importante de ellas era la aplicación en las destilerías de una vieja ley peronista. La legislación sancionada en 1948, pensada para organizar la economía en tiempos de guerra, obligaba a los trabajadores a concurrir a su puesto de trabajo y a ejecutar sus labores de acuerdo a las directivas de la superioridad. Para normalizar la producción, el gobierno contemplaba la posibilidad de someter al personal a las disposiciones del código de justicia castrense. Esto significaba que podían ser duramente castigados quienes no se presentaran, se demoraran o abandonaran su servicio.

La dureza de las medidas hizo que la filial neuquina del SUPE abandonara su letargo. En asamblea, los trabajadores resolvieron adelantar la medida de fuerza. El 13 de febrero, cuatro días antes de lo estipulado, el grueso del personal había abandonado sus tareas. Al mismo tiempo, el gremio tomó algunos recaudos para evitar que su organización fuera desmembrada por la persecución de sus dirigentes. En principio, se creaba un Comité de Huelga que se encargaría de la logística de la protesta, sobre todo de la edición de volantes que mantuvieran informados a los trabajadores. Para evitar el riesgo de acefalía, los miembros de la Comisión no eran los mismos que los del Comité: si los primeros eran detenidos, los segundos asumirían sus funciones. Por ultimo, la conformación del comité se mantuvo en el más hermético secreto y se dispusieron reemplazos en caso de detenciones.

Con el paro anticipado, el gobierno nacional completó la batería de disposiciones con un decreto de movilización del personal. Con la ley de su lado, la presidencia de YPF podía tomar todas las medidas que considerara necesarias para regularizar la producción de petróleo. Y esto, como es lógico imaginar, suponía el  auxilio de las fuerzas armadas en la represión de los trabajadores. Rápidamente, el jefe del Regimiento 10 de Infantería de Covunco, Andrés Pont Lezica, se hizo cargo de la situación: el octágono dejaba de ser un área productiva y se convertía en una zona militarizada.

La llegada del ejército marcó un punto de inflexión. Ese clima pacifico de las primeras horas de huelga parecía un lejano recuerdo del pasado. Un operativo militar se apoderó de la comarca petrolera. Su saldo era inédito en la historia neuquina: la sede del SUPE había sido ocupada y más de trescientos trabajadores habían sido detenidos. La sensación de “pueblo invadido” crecía y con ella se fueron sumando sectores que se habían mantenido al margen: la huelga de los petroleros se transformaba en una “pueblada”.

Cutral Co, la primer pueblada, la huelga petrolera del 58.
Cutral Co, la primer pueblada, la huelga petrolera del 58.
La redes en marcha.

Cuando los huelguistas fueron recluidos en la sede del sindicato comenzaron a escucharse las primeras voces contra los militares. Reunidos en la plaza, familiares y vecinos mostraron su disconformidad frente a lo que consideran una “fuerza de ocupación”. Banderas, carteles y cánticos dieron vida a un escenario que se había volcado en favor del reclamo. Los militares, junto al cuerpo de bomberos, intentaron dispersar la manifestación apagando las fogatas que los vecinos habían encendido durante la noche. En esas circunstancias se dio el primer choque: los manifestantes repelieron la agresión con piedras y cortaron las mangueras de la autobomba.  Para que no se multiplicaran las muestras de hostilidad, el oficial a cargo dispuso el traslado de los huelguistas al Cine Petroleum y luego a la ciudad de Neuquén. Esta decisión no hizo más que profundizar la protesta: las relaciones formales e informales se pusieron en marcha.

Desatada la represión, el Comité de Huelga comenzó a funcionar a pleno. Dos volantes diarios mantenían informados a los habitantes de la comarca de las alternativas del conflicto. El papel necesario para su elaboración fue suministrado por comerciantes que se habían plegado a la protesta. El cura de Cutral Co, Ernesto Zsantos, mostró su apoyo cediendo el mimeógrafo y la maquina de escribir necesarios para imprimir los volantes. Una vez impresos, éstos eran llevados a lugares a priori inofensivos, como la iglesia o una pizzería, donde funcionaban centros clandestinos de distribución. La logística se completaba con una compleja red de intermediarios. Los panfletos eran repartidos al campamento por los miembros del Comité y a los vecindarios mas alejados por referentes barriales. Cuando la presencia militar se intensificaba, eran los niños, mujeres y ancianas quienes se encargaban de entregarlos casa por casa. Con la calles ocupadas por los militares, los volantes evitaban que la desmoralización se apoderara de los huelguistas y daban contenido ideológico a la protesta.

Las relaciones de vecinazgo y amistad brindaron a la huelga un recurso indispensable: un lugar donde ocultar a los huelguistas. Los aviones que sobrevolaban la zona ponían al descubierto los escondites de quienes se resistían el decreto de movilización. Además, el frío y la falta de alimentos desalentaban a los huelguistas a permanecer alejados de la ciudad. De ahí que la asistencia de los habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co haya sido crucial en la continuidad de la medida de fuerza. Algunos vecinos vaciaron sus aljibes para alojar a los trabajadores de YPF. Otros cedieron sus sótanos para albergar un número de huelguistas que, en ocasiones, se contaba por decenas.  El fluido dialogo entre el SUPE y los petroleros privados también rindió sus frutos. Con el octágono fiscal bajo la atenta mirada de Pont Lezica, el campamento de Esso albergó a muchos obreros, quienes eran ingresados con el uniforme del personal de la compañía norteamericana.

Pero el apoyo de la comunidad petrolera no fue únicamente subterráneo. Las formas cotidianas de resistencia se complementaron con manifestaciones abiertas. Las marchas completaron a un variado repertorio de protesta. El ritual comenzaba en la plaza San Martín de Cutral Co y culminaba en el Campamento Uno de Plaza Huincul, donde se pedían explicaciones al administrador de YPF y al encargado del operativo militar. Con los trabajadores detenidos o escondidos, las mujeres y los niños cumplieron un papel estelar en estas movilizaciones. Algunas prácticas llevadas a cabo por los manifestantes no dejan de llamar la atención. Para evitar que se desatara la represión, los manifestantes llevaban consigo banderas argentinas de guerra, dado que, según un extendido rumor, ellas no podían ser objeto de ataques. La marcha más importante, el 19 de febrero, congregó -según la prensa- cerca de mil manifestantes y fue encabezada por los párrocos de la comarca petrolera (Zsantos y Urrutia).

¿Qué consignas dieron unidad a este heterogéneo conjunto de actores? ¿Qué marco cultural dio sentido a la protesta? Si algo está claro es que el reclamo salarial no fue el único elemento aglutinante. Con el paso de los días se fue conformando una identidad en la lucha. Uno de sus pilares fue una identificación con lo local. Frente a lo que se consideraba una fuerza invasora se reforzó un sentido de “pueblo” que confundía sus límites con la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co. También fue fuerte la defensa de un recurso que se juzgaba amenazado. Mas allá que el petróleo era de propiedad fiscal, los manifestantes se imaginaban a si mismos como sus naturales depositarios. Eso los había enfrentado a la firma de contrato de concesión con empresas extranjeras en los últimos años peronistas y a la continuidad de esa política durante la “Revolución Libertadora”. Por ultimo, la protección de los hidrocarburos se mezclaba por momentos con reivindicaciones de clase. En la visión de algunos huelguistas ambas parecían las dos caras de una misma moneda. Las palabras de un trabajador de YPF son claras al respecto.: “resolví, con los demás compañeros, ir a un paro para defender los derechos del petróleo, (de no hacerlo) seria un traidor de la clase trabajadora, y yo prefiero la muerte y no traicionar a mi clase”.

El final.

El propósito del gobierno nacional de lograr un proceso eleccionario ordenado fue un rotundo fracaso. Los paros simultáneos de cuatro sectores (bancarios, construcción, petroleros y parcialmente ferroviarios) se conjuraron para que eso no ocurriera. El voto en blanco y el apoyo de Perón a Frondizi marcaron un nuevo tiempo: el primer test presidencial después de 1955 demostró que peronismo seguía siendo un engranaje fundamental de la política nacional.

En Neuquén, donde se elegía gobernador por primera vez, los votos acompañaron a la UCRI. Ángel Edelman y Américo Verdinelli eran ungidos gobernador e intendente de Cutral Co respectivamente. El peronismo proscrito y un clima de conflictividad ayudaron para que el frondizismo se impusieran sobre los sectores colaboracionistas, fundamentalmente sobre la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Los escasos resultados de la estrategia represiva, empujaron al gobierno a decidirse por el dialogo. La primera señal fue levantar el decreto que establecía la ilegalidad de las medidas de fuerza. Con este alto al fuego, comenzaron las reuniones entre el SUPE e YPF que concluyeron con un acuerdo preliminar el 4 de marzo. El convenio, que debía ser refrendado por las filiales de la federación, mejoraba la propuesta inicial de la empresa: llevaba a $450 el aumento salarial e incrementaba la suma por presentismo (de $55 a $120). Se incluían además puntos que antes no habían sido contemplados, como el pase a planta permanente de todos los agentes que revistieran calidad de transitorios y la rediscusión del escalafón. Junto con las reivindicaciones salariales se discutieron algunos puntos políticos: la empresa se comprometía a no sancionar al personal que había adherido al paro y el gremio a no perseguir a quienes no se habían plegado.

Tres días después, el 7 de marzo, la mayoría de las filiales se pronunciaron a favor del acuerdo. En Plaza Huincul el final de la huelga se demoró un día más. Con la liberación de los detenidos y la llegada de los trabajadores que se habían ocultado en otras localidades, estuvieron dadas las condiciones para una asamblea general. Más de tres mil personas colmaron el salón de usos múltiples de la localidad para discutir la salida del conflicto. La intensidad de la protesta se había significado un enorme desgaste y las posibilidades de continuar eran reducidas. Presentada la nueva propuesta, los trabajadores resolvieron levantar la medida de fuerza. Luego de diecinueve días, las actividades productivas se reiniciaban. Un reclamo protagonizado por los trabajadores y sus organizaciones había concluido. Cuatro décadas después, los desocupados y sus cortes de ruta abrirían un nuevo capitulo de la historia neuquina. La búsqueda de una mejor posición en la distribución del ingreso seria reemplazada por una meta mucho más humilde: obtener un empleo y abandonar el casillero de la exclusión.

Joaquín Perren (UNCo-CONICET)
Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)


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Despidos estatales y el trágico retorno del ‘por algo será’

En la noche del miércoles, miles de empleados estatales recibieron por mail el anuncio de que ya no tenían trabajo. El texto enviado no se esforzaba ni siquiera en personalizar al destinatario. Contrato no renovado es un eufemismo de despido en organismos que han funcionado durante décadas con un sistema perverso en el que los trabajadores de planta permanente figuraban como monotributistas con contratos anuales de renovación automática. Una suerte de telegrama digital enviado a un NN, tal como muestra este mensaje recibido por un empleado del Ministerio de Cultura, de asistencia perfecta desde hace unos años:

Frente a esta situación la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios este miércoles 3 de abril.

Cronología de la debacle

Los despidos masivos fueron anunciados como un festejo por el propio presidente Milei quien con euforia decía el pasado martes: “Echamos 50.000 empleados públicos y no sólo eso, fíjense que ahora van a caer 70.000 contratos” Claramente los que van a caer no son los contratos sino los ingresos de 70.000 familias. Con idéntico tono victorioso informaba que se habían dado de baja 200 mil planes trabajar. Más hambre para los ya hambrientos.

Al día siguiente, el vocero Adorni dió precisiones: Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando. Por otro lado, adelantó que “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853.”

Casi en simultáneo, sin conocer todavía la amenaza de cierre de Adorni, las cooperativas y directores de obra del programa Agua + Trabajo (de aysa, a través de municipios) fueron a reclamar hoy a jefatura de gabinete el pago de dos meses que tienen aún pendiente y solo recibieron represión policial.

Biblioteca Nacional

Después de los respectivos discursos de Milei y Adorni, LCV recorrió las instalaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para conocer de cerca la situación.

“Esto es una agonía” fue la frase más escuchada. A diferencia de lo ocurrido en el 2016 con los despidos de Macri, no había carteles sindicales que dijeran “no a los despidos”, una cartulina improvisada en la cartelera de ATE decía “Estado de Alerta y Movilización”. Tristeza, resignación, silencio y recelo eran los sentimientos más palpables.

Entrevistado en La Columna Vertebral-Historias de trabajadores el lunes pasado, el delegado de la Junta Interna de ATE BN, Emiliano Ruiz Díaz, explicó: Hasta el momento la diferencia es que este es un gobierno que no parecen pensar en negociaciones sino que más bien en tomar decisiones intempestivas, agresivas, y arreglate. El gobierno de Macri con la ferocidad de ajuste que tuvo, abrió, mesas de negociación y hubo algún tipo de reincorporación. Acá la verdad que lo vemos muy complicado en ese sentido, pero por supuesto que haremos todo lo necesario para poder conseguir esa instancia.” Sin embargo, a pesar de los despidos anunciados no se previeron aún medidas de lucha. “Veremos si con la fuerza de los trabajadores y el conflicto en la calle y en cada organismo sectorial,podemos ir construyendo una fuerza que revierta esta situación. Pero la realidad es que los trabajadores y las trabajadoras estamos absolutamente asediados por la total falta de respeto y de cualquier tipo de consideración por parte de este gobierno”, indicó Ruíz Díaz.

Hoy el juego está echado, por la noche del miércoles despidieron a 120 trabajadores. Viene el fin de semana largo y habrá que esperar al miércoles cuando está prevista la próxima asamblea a la que no podrán ingresar, claro, los despedidos. Y la agonía continuará porque no serán los únicos tal como vienen diciendo desde el gobierno.

Ante una sociedad que parece haber recuperado la perversa lógica de tiempos de la dictadura del ‘por algo será’ resulta necesario aclarar quiénes son los despedidos y porqué. Algunos casos al azar. A LCV le consta que uno de ellos es un señor canoso, que podía encontrarse todos los días en su escritorio trabajando en silencio. Otra es una empleada desde hace años que, además, es delegada sindical, también un experto sonidista querido por todos sus compañeros que solían conversar con él por los pasillos quedó afuera… ¿Realmente es necesario decir que se trata de trabajadores? A qué niveles de oscuridad hemos llegado.

El miedo se impuso en una institución con larga experiencia de lucha, cuyos empleados han convertido gracias a la seriedad de su trabajo en la principal biblioteca de América Latina. ¿Puede este recorte del plantel poner en riesgo el acervo cultural que allí se preserva? “Obviamente que hay un cuidado propio de los trabajadores y trabajadoras. Laura (Giussani Constenla) que estuvo en la casa sabe muy bien que somos muchos y muchas las que tenemos una preocupación muy importante por el patrimonio, más allá de las circunstancias salariales o políticas que vivamos, hay un cuidado por parte de los profesionales, que lo van a hacer, pase lo que pase. Después hay una realidad que es el ajuste presupuestario”, señaló el delegado. Y es cierto, la infraestructura y los materiales necesarios para mantener ese gigante cultural necesitan un presupuesto acorde y los trabajadores imprescindibles.

Uno de los pocos despedidos de esta nueva ola que nos autorizó a dar su nombre es Guillermo Saavedra, reconocido poeta y editor que trabajaba en la institución hace varios años, quien hoy publicó en las redes:

Estimada compañía, ayer fui despedido (¡por email!), junto a otros 119 compañeros y compañeras, de la Biblioteca Nacional, como parte de un plan sistemático, cruel y, a todas luces, injustificable, pergeñado por quienes susurran al oído del energúmeno que ocupa el sillón presidencial. Somos apenas un puñado más de las muchas víctimas de un grupo que ha vuelto al gobierno para saquear nuestro país, entregar sus riquezas, enajenar sus tradiciones culturales, destruir el Estado y los lazos del ya muy deteriorado tejido social y condenar a la miseria y la exclusión a millones de compatriotas.

Les agradezco desde ya la difusión que puedan dar a esta noticia y la solidaridad para con la situación. Y, en lo estrictamente personal, cualquier posibilidad de trabajo en el campo de la edición, el periodismo y la gestión cultural será calurosamente bienvenida. Un abrazo y mis mejores deseos para todos y todas.”

Un ataque contra todo el Estado

Los despidos no se limitan al área de cultura, ya hemos advertido en este portal la dramática situación que vive el Conicet, Anses, que debió cerrar buena parte de sus oficinas por falta de personal; el INCA, TELAM, la TV Pública, Radio Nacional la Secretaría de Agricultura familiar indígena, y miles de empleados de diversos ministerios.Por tal motivo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una nueva Jornada Nacional de Protesta con ingresos masivos y simultáneos a todos los organismos nacionales y ministerios este miércoles 3 de abril ante la llegada de miles de telegramas de despidos a trabajadores de la Administración Pública. “Milei encabeza un Gobierno dañino y cruel”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

“Los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, indicó el referente de ATE. “Esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la Administración Pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes sí y quienes no pueden ingresar”. Cabe destacar que el Gobierno pretende despedir a trabajadores de 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.

De cara a lo que será la jornada de ingresos del próximo miércoles, Aguiar concluyó: “Frente a esta tragedia social que están provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos, que es ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.

Se trata de más de 70 mil los vínculos laborales que están en riesgo por estas horas. De ese total, 65 mil corresponden a los denominados Artículo 9 de la planta transitoria del Estado, y el resto son contratos de Asistencia Técnica y Profesional (ATP).

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Oscar Taffetani: “Los despidos no solo dejan gente en la calle, ponen en riesgo nuestra identidad. Vienen a arrasar también con los archivos”

Días atrás, La Columna Vertebral recupero para su sección Archivo una investigación especial de Oscar Taffetani para comprender de dónde vino la expresión  ‘30.000 desaparecidos’. Frente a tanto discurso negacionista lo llamamos para que nos cuente cómo había obtenido los datos y la conversación derivó en la importancia de los archivos, la resignificación de las palabras, y los cierres de medios como Telam y la TV pública con la pérdida que significan, no solo de trabajo para sus empleados sino de memoria que se destruye. Un diálogo esclarecedor e imperdible en el que repasamos la trayectoria del Tata Yofre y los archivos del Batallón 601, entre tantas otras cosas. Oscar Taffetani es un colaborador asiduo de LCV. Un orgullo poder contar con su mirada siendo un maestro del periodismo de larga trayectoria, reconocido por su pluma y su seriedad. La entrevista fue realizada el 25 de marzo, en un nuevo aniversario del secuestro de Rodolfo Walsh. Vaya, entonces, como homenaje a quien supo enseñarnos el valor de las palabras y el compromiso en el oficio.

Oscar Taffetani, periodista

LCV: Contanos cómo llevaste adelante la investigación y a qué conclusión llegaste

—Te mandé esa nota justamente porque me temía que el video oficial de ‘Memoria completa’ del gobierno iba a tocar ese tema. En efecto, lo hicieron pero de una manera muy berreta, porque la verdad que el testimonio que ponen es impresentable. Nosotros en general nos tomamos en serio el tema de las investigaciones, la palabra investigación es una cosa seria para los periodistas. Cuando estaba en TELAM y trabajaba en una sección que se llamaba Memoria, Verdad y Justicia, justamente, alcanzamos a publicar antes del primer cierre, que fue en la época de Macri, cuando nos despidieron a Juan José Salinas y a mí, que estábamos a cargo de eso. Teníamos ya 9 mil notas publicadas.

LCV: ¿Esas notas siguen estando disponibles en algún lado?

—Justamente es el peligro. Las primeras 9 mil, que son las notas hasta esos despidos, yo tomé la precaución de ponerlas a seguro en otro lado, porque ¿con qué me encontré? Cuando volvimos los reincorporados nos dijeron “uy se rompió el servidor”, el servidor donde estaban todo ese material se perdió. Entonces yo les dije ‘bueno tenemos un backup tenemos la posibilidad de recuperarlo’ y lo forzamos a que volvieran a ponerlo en línea pero siempre hubo resistencia. Yo les decía a mis compañeros e incluso a los compañeros del sindicato, ‘guarda con esto, porque en cualquier momento le meten otro golpe y nos van a dejar sin archivo, no solo de la sección memoria, sino de toda la cablera de Telam’. Telam tenía una página donde publicaba diariamente información. Entonces, esa información, ¿a dónde va? Hay una trampa con las cosas digitales. Es sencillo guardar, pero es sencillo borrar también, y es sencillo romper. Sean en papel o sean digitales, los archivos son tesoros, son parte del tesoro de las instituciones. Entonces, es tremendo que con tanta desaprehensión, con tanta frivolidad, se manejen estos temas. Y yo creo, esto es una crítica y autocrítica, vamos a decir, que los sindicatos y las asociaciones de personal y todo, no le dan la suficiente bola a este tema. No le prestan atención y está en peligro una cosa que es la identidad misma de una institución. Ahora están viniendo tiempos duros, están arrasando, no es la primera vez que pasa esto. Hay como órdenes de batalla que se han librado pero en este caso tal vez no para desaparecer gente, pero sí para eliminar derechos, echar gente y destruir instituciones, y arrasar con las conquistas. Esas órdenes de batalla están lanzadas, no las conocemos todavía, son privilegiados los que pueden saber, como sabía Walsh en su momento, en la carta cuando decía acá hay una planificación de la miseria, están armando todo para esto, para este modelo. Nosotros todavía del modelo lo único que sabemos es que nos quitan cosas, nos sacan cosas por el momento, echan gente, están reduciendo todo, reduciendo el país.

Creo que además de preocuparnos por recuperar los puestos de trabajo y la fuente de trabajo, hay que prepararse para conservar el material que debe ser conservado, porque estos tipos no van a tener ningún empacho en mandárselo al Garrahan o a donde sea, si es de papel, lo donarán al Garrahan, pero si es digital, directamente ahí sí que “delete all copies”, lo desaparecen, echan todo al diablo.

LCV: La digitalización es tramposa, siempre pueden bajar la palanca y quedarnos pataleando en el vacío. La memoria la tenemos que construir entre todos así que te agradezco.

—Antes que nada entonces un llamado de atención. Ese llamado de atención lo tenemos que hacer todos los días. Si te llaman de empresas, instituciones, lugares donde hay trabajadores y donde hay un patrimonio que cuidar, vamos a ser nosotros los que tenemos que cuidarlo. No esperemos que lo cuiden los que vienen, porque los que vienen, vienen a desmantelar y a destruir.

LCV: Volvamos a la nota del 2016, donde vos descubrís cómo sale lo de los 30 mil.

—Me llevó algunos meses, por supuesto, porque no vas consiguiendo las cosas que necesitas cuando las querés, sino cuando cuando tenías la oportunidad. Empezó con esa nota de Haroldo Conti, donde ya me llamaba la atención el número, que Haroldo hablaba de 30 mil muertos. Empecé a tirar de la piola ahí, hablé con gente incluso la hija de Haroldo, hijo de Haroldo, y me enteré un poco de qué contactos podía tener Haroldo más o menos como para tener esa información. Llegué a la conclusión de que sí, que Haroldo tenía buenos contactos, algunas fuentes, incluso militares o servicios de inteligencia, entonces lo que estaba diciendo tenía un fundamento.

LCV: Porque en la nota vos explicás que a Haroldo Conti le habían dicho que el objetivo del gobierno militar era 30 mil muertos, más o menos.

—Sí, que iba a haber un golpe sangriento en marzo y se calculaba una cuota de 30 mil muertos. Muy importante eso, porque ya te da la pista de que alguien manejaba ese número antes. Después, se crea la CADHU, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, una organización que reemplazó a la gremial de abogados, porque los abogados que estaban en los asuntos gremiales y de defensa de presos políticos, empezaron a ser diezmados. Estaban perseguidos, diezmados. No te olvides que los secuestran a Haroldo Conti, y un pocas semanas después hay dos abogados de la CADHU que los secuestran y están desaparecidos. Entonces Eduardo Luis Duhalde, que era uno de los que estaba allí entre los fundadores de esa CADHU, dice tenemos que irnos del país porque nos van a matar a todos, y salgamos y vayamos a distintos puntos para poner bases para una denuncia de de estos crímenes y de lo que está pasando en el país. Así se empezaron a hacer delegaciones de la CADHU en España, en Francia, incluso en Suiza, en Italia, en Estados Unidos. En Estados Unidos inclusive se hizo la primera denuncia donde se habló de 30 mil. Estamos hablando de diciembre del año 76. Por eso te digo que lo que dice Labraña no tiene ni pies ni cabeza.

LCV: ¿Vos sabés quien es ese Labraña?

—Es un invento, y no es casual entonces que sea Yofre también el que preludia ese artefacto que pusieron en la televisión ayer. Resulta que, a propósito de eso te digo, Yofre tiene la información, porque él fue uno de los que se quedó con el archivo del batallón 601 de inteligencia, es decir, que estaba a la venta en la época de Menem, se pagaron 250 mil dólares que salieron de los fondos reservados de la SIDE y se pagaron y se quedó con el archivo. Archivo de papel te estoy hablando. El tipo escribió libros con esas cosas, pero muestra lo que quiere mostrar y esconde lo que quiere esconder.

Al margen de Yofre, el asunto es que después esto sigue y en el 77 hay tres o cuatro denuncias que se hacen donde también se llega al número de los 30 mil, o sea, en distintos foros internacionales. Estos abogados que pertenecían a la CADHU, por ejemplo, el Eduardo Luis Duhalde mismo, o Rodolfo Matarolo, que era muy amigo de Haroldo además. Entonces, en el 78, ya ahí estamos llegando al 78, hay un reporte de la Embajada de Estados Unidos y unos informes que mandaba Arancibia Clavel, que era un agente de la dina chilena, que trabajaba dentro, en el marco del plan Cóndor, donde ya dice también, hasta la fecha, estamos hablando del principio del 78, hay 22 mil muertos, asesinados o desaparecidos, y se lo manda oficialmente y está en un archivo de una universidad norteamericana. Estamos hablando de todas cosas que están verificadas. Yo lo único que quería demostrar era que cuando se hablaba de 30 mil, se hablaba proyectivamente, se decía, “bueno, ¿cuánto calculan ustedes?” “Y son 30.000” entre los desaparecidos, los muertos, las ejecuciones extrajudiciales, todo eso. Son 30 mil. ¿Los habían contado uno por uno? No. ¿Cómo vas a contar? Es como ponerse a contar en medio de un genocidio y decir son dos más o dos menos, o tres más o tres menos. Eso es una locura. Entonces, ese número se fue instalando en ese momento y se convirtió en un símbolo de resistencia. Aquí acá quiero contar algo que tiene que ver con la resignificación. Es muy importante la resignificación y nosotros en la lucha contra la dictadura hemos resignificado muchas cosas. El tema de los 30 mil, que fue un número puesto por los represores, ya lo resignificamos, ahora significa otra cosa. Ellos lo objetan justamente porque ya lo resignificamos. Lo mismo pasa por ejemplo con las noches. La noche de los lápices, por ejemplo. Es un nombre que puso un represor. Un comisario de la Bonaerense lo anotó en una carpeta, este operativo se llama noche de los lápices.

LCV: La noche de las corbatas igual.

—Exactamente, y eso está comprobado, porque cuando estaban detenidos en el faro allá en el Mar del Plata, un tipo dijo, se llama la noche de las corbatas porque nosotros le pusimos ese nombre. Porque ellos tenían esas fantasías de nazis, y entonces decían, bueno, esto es la Kristallnacht, es la noche de los cristales, esta es la noche de los cuchillos largos de Hitler, y bueno, las estaban reeditando en versión argentina. Entonces hacían Noche de, Noche de, Noche de, pero eran ellos, y sin embargo, fíjate que Noche de los Lápices hoy tiene un contenido totalmente distinto. Porque para los chicos de los colegios, para todos los que salen el 16 de septiembre a las calles, a manifestar y todo, significa otra cosa La noche de los lápices. Los lápices siguen escribiendo, es otra historia. Entonces es muy importante el tema de la resignificación, y no hay que tenerle miedo a eso, aunque haya estado inicialmente en boca de los represores, porque ya no está más en boca de los represores.

LCV: Lo que vos decís que los primeros que hablaron de 30 mil son ellos. No sabemos cuántos son, pero ellos dijeron que eran 30.000 en varios documentos. Creo personalmente que son más.

—Además si ellos no dan los datos, no podemos saber cuántos son porque ellos no nos dan las listas.

LCV: Pero a mí de lo que me molestó del video este, lo que más me molestó en realidad, es este hombre que vivía en Holanda, que hablaba con una liviandad sobre cómo se hacía el trabajo de solidaridad y de búsqueda y de denuncia de los desaparecidos. Yo en ese momento vivía en Italia. Le daba una mano a Lili Massaferro de la Cadhu, estábamos haciendo las primeras listas y me explicaban cómo era la seriedad de los datos que te pedían, porque vos en ese momento a duras penas sabías el sobrenombre, el desaparecido, y ella decía, el sobrenombre no me sirve para nada, vos tenés que tener el nombre, el apellido, el lugar donde fue desaparecido, el documento de identidad, y si es posible algún dato familiar. Para conseguir todos estos datos nos intercambiábamos cartas con otros estudiantes secundarias que estábamos en el exilio, para ver, che, vos sabes cómo se llamaba Pato, sí, él se llamaba así, y no sabés que… Digamos que armar las listas era un quilombo, y vos no es que ibas al presidente de Holanda, o no ibas a ver a Olof Palme, o a quien fuera, a decirle, no, mira, ¿sabes qué? No, no son 5.000, son 30.000, porque no funcionaba así la diplomacia internacional, así que la ignorancia de este hombre me puso de muy mal humor.

—Cuando seguía esta investigación tuve la oportunidad de ver a un hijo de Eduardo Luis Duhalde, Mariano Duhalde, que está en la fundación Eduardo Luis Duhalde, que me abrió el archivo de la CADHU que tenía el mismo Duhalde, y yo tengo copia de todas las publicaciones que se hicieron, de todo lo que se publicó, de estos boletines que se publicaban yo me doy cuenta que cuando tenía documento, tenía documento, nombre y apellido completo, la información precisa, sino nadie te la iba a aceptar. Si vos decías hay tantos presos, ¿en donde están? Están acá, acá y acá, si no estaban declarados decía no declarado. La denuncia permanente que hacemos es, ustedes tienen los archivos y ustedes saben donde están.

La respuesta la tienen los represores.

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Amenaza de despidos en la Biblioteca Nacional

Trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno viven la angustia de una nueva ola de depidos masivos, como ya ocurrió en tiempos de Macri. Sin medias tintas, las autoridades han hecho trascender que el próximo martes es la fecha elegida para reducir en un 30% el personal, lo que significa, aproximadamente 300 personas que llevan adelante desde hace años una tarea que las enorgullece.

La Biblioteca Nacional es la institución cultural más antigua del país. Fue creada en 1810, bajo los ideales iluministas del siglo XIX. Desde su fundación tuvo como misión custodiar, registrar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental a su alcance. En la actualidad, no sólo es una de las instituciones más importantes de latinoamerica por su acervo bibliográfico, también se ha amoldado a los tiempos digitales, es consultada en el mundo entero y posee uno de los archivos de fondos personales más interesantes de los protagonistas culturales del siglo XX, así como una impresionante audioteca, fototeca, y la misión de recuperar archivos gráficos de magnitud como los del diario Crónica, entre otros. En las últimas décadas se ha convertido en un espacio ineludible para el debate, la formación y la divulgación cultural a través de muestras, talleres, encuentros de poesías, ciclos de cine, entre otras actividades.

Entre sus directores, figuran algunos de los nombres más destacados de la cultura nacional: Paul Groussac, Jorge Luis Borges y Horacio González supieron interpretar el legado de su creador, Mariano Moreno. Durante sus gestiones, crecieron los acervos y sus lectores; se ampliaron y mejoraron sus servicios y sus sedes; se diversificaron las preocupaciones e intereses y se estableció un vínculo cada vez más afianzado con la comunidad.

“La Biblioteca es una ciudad, un universo, sostenido por una comunidad de empleados altamente capacitados en cada una de las especialidades de las que, los aquí firmantes, hicimos y hacemos buen uso y agradecemos”, señala la carta en circulación que ya ha reunido un centenar de firmas.

“Por todo esto y, en vista del congelamiento del presupuesto institucional y de los anunciados despidos de muchos de sus trabajadores -medidas que, de concretarse, ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones-, nos dirigimos a las autoridades pertinentes –al presidente de la República Argentina, Javier Milei; a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli y a la directora de la Biblioteca Nacional, Susana Soto Pérez– para solicitarles la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social. Un país sin cultura es otro modo, complementario a las políticas económicas, de condenar a sus habitantes al hambre, concluye el documento.

Para leer y adherir, aquí la carta completa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchpY-fftXoRiu53dq6oTZO40EiXlhys-Rf9aQk4W99rdobGw/viewform

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