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La Columna Vertebral

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«Nadie se salva solo». Comunicado de organizaciones gremiales y sociales

En el día de hoy, domingo de pascua, distintas centrales obreras, gremios y movimientos sociales, entre los que se encuentran Aceiteros de la FTCIODyARA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina; CTA-Autónoma, ATE, Federación Gráfica Bonaerense, SOMU; UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; Barrios de Pie-Libres del Sur; Cispren y Sipreba, entre otros, difundieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la indefensión de los trabajadores frente a la crisis y a empresarios inescrupulosos: «Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que despide, suspende y rebaja salarios, desconociendo los decretos de emergencia y la legislación laboral, transformándolos en letra muerta.» Y advierten que «la organización sindical, junto a las comisiones internas y los cuerpos de delegados, actúan hoy como verdaderos controles ante la prepotencia patronal.

A coninuación el comunicado completo:

«La clase trabajadora y sus organizaciones nos enfrentamos a una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, muchos y muchas nos vimos obligados a trabajar en los puertos, en las industrias agro-exportadoras, en las alimenticias, los hospitales, la comunicación y el transporte, entre otras actividades exceptuadas del aislamiento social obligatorio.

Allí nos encontramos con la falta de protocolos oficiales de higiene y seguridad en los procesos productivos, a lo que se suma el debilitamiento de los resortes del Estado que deben velar por el efectivo cumplimiento de la normativa laboral.

Los Ministerios de Trabajo y de Salud, tanto nacional como provincial, no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical, allí donde la hay.

Es el sindicato organizado la más efectiva defensa ante los riesgos de la pandemia y ante las empresas que priorizan su rentabilidad a la salud de los trabajadores y de la sociedad. La organización sindical, junto a las comisiones internas y los cuerpos de delegados, actúan hoy como verdaderos controles ante la prepotencia patronal, pese a la limitación de ciertas actividades sindicales que dispuso el Ministerio de Trabajo.

Distinta es la suerte de aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, para los cuales los empresarios conocen y repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que despide, suspende y rebaja salarios, desconociendo los decretos de emergencia y la legislación laboral, transformándolos en letra muerta.

Esa ha sido la reacción de algunos de los empresarios más poderosos del país ante la decisión del Gobierno Nacional de priorizar la salud sobre la economía.

Durante los últimos cuatro años, e inclusive antes, hay sectores que han sido los grandes ganadores del modelo. Compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia. No desconocemos tampoco los problemas que la crisis y la paralización de la actividad económica generan en pequeñas y medianas empresas, pero eso no puede derivar en la vieja receta de asociar a los trabajadores a las pérdidas.

De seguir así, las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis.

Los sindicatos, el Estado, la sociedad en su conjunto no podemos permitir que las consecuencias de la crisis recaigan sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Por ello exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo, conforme el mandato constitucional.

Cada trabajador que pierde su empleo, cada salario recortado, es un herida más en el tejido social que produce un daño que puede ser irreparable.

Deben tomarse acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios, con aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja, deben ser sancionados e intervenidos.

Las empresas deben implementar todas las medidas necesarias para garantizar la salud, siendo impostergable la participación del Estado que posee la capacidad y tiene la obligación de velar por la integridad psicofísica de los trabajadores, reconociéndose el COVID-19 como enfermedad profesional.

Existen sectores de la clase trabajadora que como monotributistas o bajo el régimen de trabajadores autónomos viven de su trabajo, son obreros y empleados que sostienen sus familias con su labor diaria, que necesitan afrontar esta emergencia con un salario garantizado, independientemente de las categorías tributarias que se les han impuesto.

Del mismo modo es necesario atender a aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ampliando la cobertura, no solo aumentando los beneficiarios sino también extendiéndola en el tiempo ya que, superada la parte más aguda de la pandemia, continuarán sufriendo en mayor medida sus consecuencias.

Sabemos que no es tarea fácil romper con un modelo económico mundial que hace más de 40 años descansa sobre las finanzas y el capital ficticio, en una burbuja cada vez más alejada de la realidad económica, pero la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas. Las acciones que se tomen para combatirla no pueden estar signadas por la ortodoxia y el capital financiero, que empujan a descargar sobre el trabajo todas sus consecuencias.

Somos los trabajadores los que creamos la riqueza del mundo, y muchas de las organizaciones que suscribimos la presente representamos a quienes siguen trabajando todos los días para garantizar la salud, la alimentación, el transporte, la exportación, entre otros servicios importantes no sólo para esta emergencia sanitaria sino para la economía del país, convencidos del lugar histórico que ocupamos.

Pretendemos que en este contexto el Estado intervenga con determinación y medidas concretas frente a las empresas que no se expresan con el mismo compromiso, privilegiando sus intereses por sobre los del resto de la sociedad.
12 de abril de 2020

Firman el comunicado:

FTCIODyARA, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina; FeMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina; CTA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma; ATE, Asociación de Trabajadores del Estado; FGB, Federación Gráfica Bonaerense; FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina; Conadu Histórica; FJA, Federación Judicial Argentina; FeTERA, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; Barrios de Pie-Libres del Sur; FeNaT, Federación Nacional Territorial; SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; AAPM, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina; SITRAIC, Sindicato de la Industria de la Construcción; APJ GAS, Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; SIPREBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires; CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba; Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa; Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata; Sindicato Luz y Fuerza Zárate; OTECH, Organización de Trabajadores Eléctricos de Chaco; SOEAIL, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma; SOEASI; Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar San Isidro; UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina; APJBO, Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales; SITEBA, Sindicato de Trabajadores de Entidades Bancarias y Financieras; SECEIC, Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero; FAG, Federación Argentina de Guardavidas, GOA, Gremio Odontológico Argentino; ABP, Asociación de Buzos Profesionales; STA, Sindicato de Trabajadores del Azúcar; SOEALFFM, sindicato de Fruta; AECPRA, Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina; SITOSPLAD, Sindicato de Trabajadores de OSPLAD; NUSISA, Salud Capital; NOSG, Nuevo Sindicato Gastronómicos; UETTEL, Telefónicos; FEDERACIÓN SITECH, Educación Chaco; UTEM, Educación Misiones; SRUPP, Panaderos Villa María; UTRACOS, Comercio Villa María; UTEM, Municipales Villa María; SITEMCO, Municipales Corrientes; SINPESEDO, Casas Particulares Río Negro y Neuquén; SINDECAF, Casas Particulares BS. As.; SIDECAF, Casas particulares San Juan; AMPECAF, Casa Particulares, Río IV; ATSN, Seguridad Neuquén; SUTRAS, Seguridad Misiones; SIVISA, Seguridad Salta; SITRVIP, Seguridad San Luis; OSTV, Seguridad Capital; SATIVA, Vidrio Bs. As.; SUCEV, Costureros, Bs. As.

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Flavio Vergara: “De voluntario no hay nada”

El Gobierno nacional estableció, mediante el decreto 1203/2026, un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores estatales. Flavio Vergara, trabajador del Instituto Malbrán e integrante de ATE, cuestionó la medida y denunció que el ajuste, la pérdida salarial y el vaciamiento de organismos públicos generan presión sobre los empleados.

LCV: Flavio, ¿cómo cayó entre los trabajadores estatales el decreto 1203/2026?

Flavio Vergara: «Nos cae muy mal, porque forma parte de una política de ajuste que viene golpeando al sector público. Los trabajadores estatales ya perdimos una parte muy importante de nuestro salario y estamos lejos de recuperar el poder adquisitivo. En lugar de discutir cómo recomponer los ingresos y recuperar las funciones que el Estado tiene que cumplir, se vuelve a plantear una salida que implica reducir la cantidad de trabajadores.»

LCV: ¿Cuánto hay de voluntario en un retiro de estas características? ¿Quiénes pueden estar pensando en irse?

Flavio Vergara: «De voluntario no hay nada cuando se genera una situación de hostigamiento, incertidumbre y deterioro de las condiciones de trabajo. Hay compañeros que pueden pensar en retirarse porque están cerca de la edad jubilatoria o porque no soportan más la situación. Pero una cosa es elegir libremente y otra es que te empujen a irte porque te vacían de tareas, te bajan el salario o te hacen sentir que ya no tenés lugar.»

LCV: ¿Qué condiciones establece el régimen y a quiénes alcanza?

Flavio Vergara: «Hay distintos grupos y condiciones. Se contempla a trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria, con requisitos diferentes para mujeres y varones, y también a personas que todavía no completaron los aportes necesarios. En algunos casos se propone que cobren el 60% del salario durante un período de hasta 36 meses, manteniendo los aportes jubilatorios. También hay modalidades que contemplan pagos de hasta 18 salarios, con condiciones particulares según la situación de cada trabajador. El problema es que se presenta como una solución cuando, en realidad, implica que la persona se vaya a su casa con menos ingresos y sin tener garantizada una salida laboral. No se trata de una política para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino de una manera de achicar el Estado.»

LCV: ¿Qué sucede con los trabajadores que todavía no reúnen los aportes para jubilarse?

Flavio Vergara: «Quedan en una situación muy difícil. Hay que analizar qué pasa con los años de aportes que les faltan, qué ingresos van a tener y cómo van a sostenerse hasta alcanzar la edad jubilatoria. No es solamente una cuestión administrativa: estamos hablando de personas y familias que necesitan vivir y que no pueden quedar de un día para el otro sin un ingreso suficiente.»

LCV: ¿Qué consecuencias tiene esta política en los organismos públicos?

Flavio Vergara: «El ajuste no solamente se traduce en menos trabajadores. También se pierden funciones que se desarrollaban al servicio de la comunidad. Hay organismos que quedan esperando cómo van a recuperar las tareas que antes realizaban. Cuando se vacían esas áreas, el perjuicio no es solamente para quienes trabajan allí, sino también para la población que necesita esos servicios. En el Malbrán conocemos la importancia de contar con un Estado que tenga personal capacitado y recursos suficientes. Lo mismo ocurre con otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el INTI. El debilitamiento de esas instituciones afecta capacidades que son fundamentales para el país.»

LCV: ¿Cómo describirías el clima que se vive entre los trabajadores?

Flavio Vergara: «Hay mucha incertidumbre y angustia. Los trabajadores sienten que sus puestos están permanentemente amenazados y que no saben qué va a pasar con sus funciones. Se los somete a una situación de violencia que termina condicionando las decisiones que toman. En ese contexto, hablar de voluntariedad es engañoso.»

LCV: ¿Qué medidas están preparando para enfrentar esta situación?

Flavio Vergara: «Estamos organizándonos para visibilizar lo que está pasando y exigir que se frene el ajuste. Hay una convocatoria de ATE frente a Olivos para reclamar por la situación de los trabajadores estatales y denunciar este nuevo intento de reducir el Estado. Necesitamos defender los puestos de trabajo y las funciones públicas, porque detrás de cada trabajador hay una familia y un servicio que la sociedad necesita.»

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Alfredo Suhring: “Zivals no es solo un negocio, es parte de la historia de Buenos Aires”

La histórica disquería y librería Zivals, ubicada en la esquina de Corrientes y Callao, enfrenta la posibilidad de ser desplazada por las obras de la futura Línea F del subte. Alfredo Suhring explicó la importancia cultural del espacio, el impacto que tendría su pérdida y las alternativas para preservar el negocio.

LCV: Alfredo, ¿cómo están viviendo esta situación con Zivals y el proyecto de la Línea F?

Alfredo Suhring: «Estamos preocupados porque Zivals no es solamente un negocio. Es un lugar que tiene una historia muy importante y forma parte de la vida cultural de Buenos Aires. La posibilidad de que desaparezca o tenga que dejar su ubicación por las obras del subte nos genera una enorme incertidumbre.»

LCV: ¿Qué significa Zivals para la cultura porteña?

Alfredo Suhring: «Es un espacio que durante décadas fue un punto de encuentro para quienes buscan música, discos y libros. Por acá pasó muchísima gente y también artistas. Hay una historia que se construyó durante años, con un catálogo muy amplio y una relación con el público que no se puede reemplazar de un día para el otro.»

LCV: ¿Qué dimensiones tiene el negocio y cuántas personas trabajan allí?

Alfredo Suhring: «Tenemos un catálogo de alrededor de 50.000 títulos y una trayectoria de aproximadamente 55 años. Trabajan unas 40 personas. No es solamente el local y la mercadería: hay un equipo que conoce el material, atiende a los clientes y sostiene una actividad cultural que se fue construyendo a lo largo del tiempo.»

LCV: ¿Qué respuesta recibieron frente a la posibilidad de que las obras afecten el local?

Alfredo Suhring: «Hubo muestras de apoyo de mucha gente, incluidos artistas y personas vinculadas a la cultura. Eso demuestra que existe una valoración que va más allá de lo comercial. Entendemos que las obras públicas son importantes, pero también creemos que se deben buscar alternativas que permitan preservar un espacio con esta trayectoria.»

LCV: ¿Sería posible trasladar Zivals a otro lugar?

Alfredo Suhring: «Es una posibilidad que se puede analizar, pero no es sencillo. Un negocio con esta historia, con tantos títulos y con una ubicación tan identificada por el público no se traslada como si fuera cualquier comercio. Hay que evaluar qué alternativas existen y si permiten mantener la actividad y los puestos de trabajo.»

LCV: ¿Qué esperan de las autoridades?

Alfredo Suhring: «Esperamos que se escuche nuestro planteo y que se encuentre una solución. No estamos diciendo que no haya que hacer obras, sino que se tenga en cuenta la importancia cultural de Zivals. Sería una pérdida muy grande que desapareciera un lugar que forma parte de la historia de Buenos Aires.»

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Salvador Femenía: “El comercio que subsiste hace un esfuerzo muy grande para mantenerse en pie”

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una caída del 1,4% en las ventas minoristas por el Día de la Madre. Salvador Femenía, dirigente de la entidad, analizó la retracción del consumo, el cierre de comercios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las pymes.

LCV: Salvador, ¿cómo estuvieron las ventas por el Día de la Madre y qué mediciones hicieron?

Salvador Femenía: «Yo venía diciendo durante la semana pasada que no esperaba que hubiera un resultado muy distinto de lo que está pasando con el consumo. La medición mostró una caída del 1,4%. Es un dato que se suma a una tendencia que venimos observando desde hace tiempo.»

LCV: ¿Esa caída se suma a los retrocesos de años anteriores?

Salvador Femenía: «Sí. Hay que tener en cuenta que es una caída sobre otra caída. El fenómeno se viene acumulando y no empezó ahora. El consumo ya tenía dificultades, pero la situación actual sigue profundizando ese problema.»

LCV: ¿Cómo está el comercio minorista? ¿Qué pasa con los pequeños negocios?

Salvador Femenía: «Estamos atravesando una etapa en la que cambian las condiciones de la economía y también las formas de comercialización. Hay mucho comercio electrónico y eso modifica la actividad. Al mismo tiempo, el comercio minorista viene perdiendo empleo desde hace muchos años. En algún momento hubo cerca de dos millones de trabajadores de comercio; hoy la cifra es considerablemente menor.»

LCV: ¿Esa caída se produjo principalmente en los últimos tres años?

Salvador Femenía: «No toda. Hubo una caída importante en períodos anteriores y la situación se fue modificando con el tiempo. En los últimos años también hubo retrocesos, pero hay que observar el proceso completo. Además, existe informalidad y hay rubros que crecieron con grandes superficies comerciales que demandan muchos empleados. Aun así, el resultado general es una reducción de la cantidad de puestos de trabajo.»

LCV: La caída del empleo también significa menos consumo. Si hay menos trabajadores con ingresos, hay menos personas que pueden comprar. ¿Cómo repercute eso en los comercios?

Salvador Femenía: «La situación del consumo viene muy mal y se nota. Las empresas pymes hacen un esfuerzo importante para sostenerse, mantener a sus empleados y contar con mercadería. Pero si la demanda cae, llega un momento en que resulta muy difícil mantener la actividad.»

LCV: ¿Qué ocurre con los comercios de distintos rubros, desde los kioscos hasta las zapaterías?

Salvador Femenía: «Hay dificultades en muchos sectores. La situación no es uniforme, porque cada rubro tiene sus particularidades, pero el problema general es la caída de la demanda. Los comerciantes necesitan vender para cubrir sus costos y sostener sus negocios. Si las ventas no alcanzan, se complica mantener los locales abiertos y conservar el empleo.»

LCV: ¿Qué diálogo tienen con la Secretaría de Comercio y con el Ministerio de Economía? ¿Pueden plantearles estas dificultades?

Salvador Femenía: «Tenemos algunos contactos con la Secretaría de Comercio y con la Subsecretaría Pyme, pero en la práctica no son áreas que tomen las decisiones centrales. No encontramos un interlocutor que pueda articular respuestas concretas a los problemas que estamos planteando.»

LCV: ¿La caída del consumo se explica principalmente por los precios o por la falta de ingresos?

Salvador Femenía: «No descarto que haya otros factores, pero lo que vemos con claridad es una fuerte caída de la demanda. Cuando una persona tiene que elegir entre comprar un producto o pagar otros gastos esenciales, el consumo se resiente. Los ingresos no alcanzan para sostener el nivel de compras que los comercios necesitan.»

LCV: ¿Qué pasó con los salarios y el poder adquisitivo?

Salvador Femenía: «Durante 2025 hubo un retraso salarial de entre el 10% y el 14%, aproximadamente. Las paritarias posteriores se fueron ubicando en niveles cercanos a la inflación, pero eso no significa que se haya recuperado lo perdido. Además, cada vez hay que destinar una mayor proporción del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.»

LCV: ¿Qué peso tienen los alquileres en la estructura de costos de los comercios?

Salvador Femenía: «Los alquileres son un problema importante porque los propietarios de los locales no suelen bajar los valores. Es una variable bastante rígida. Siempre representaron un costo alto para el comerciante, pero en una situación de caída de ventas se vuelven todavía más difíciles de afrontar. He conocido casos de locales que se abrieron desde cero, lograron consolidarse y después, al momento de renovar el contrato, se encontraron con aumentos muy grandes. En algunos casos, el propietario termina apropiándose de parte del esfuerzo que hizo el comerciante, a través de alquileres elevados o del cobro de un valor llave.»

LCV: Es una situación muy difícil para las pymes, que tienen que pagar el alquiler del negocio, los servicios y, muchas veces, también el alquiler de su propia vivienda.

Salvador Femenía: «Exactamente. La situación es muy complicada para el pequeño comerciante, que tiene que sostener el alquiler del local, los gastos de su hogar y servicios cada vez más onerosos. El comercio que subsiste hace un esfuerzo muy grande para mantenerse en pie.»

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