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Combo feroz. Chubut con cuarentena y recesión, sin pago de sueldos ni planes de asistencia, por Marcelo García
A la crisis sistémica que Chubut viene sufriendo desde hace más de dos años y medio ahora se suma el agravamiento generado por el Coronavirus y la baja del precio del petróleo. El gobierno de Mariano Arcioni carece de plan económico y social para enfrentar la crisis que se incrementa cada semana. A casi cinco meses desde que asumió y treinta desde que suplantó al fallecido Mario Das Neves -se cumplieron el pasado 1° de Mayo- no exhibe estrategia alguna para afrontar los problemas actuales y menos aún para enfrentar los duros momentos que se avecinan. Entre el 30% y el 50% del conjunto de población chubutense es altamente vulnerable a esta cíclica crisis provincial.
Los cuatro casos confirmados de COVID-19 encienden las primeras alarmas. La posibilidad de contagio comunitario preanuncia una difícil situación sanitaria, mientras que una potencial flexibilización de la cuarentena podría traducirse primero en desesperación y conducir luego a un desborde social de los trabajadores estatales, los jubilados y los sectores más empobrecidos.
En Chubut nada parece tener solución si se repiten las mismas conductas de parte del gobierno. El proceso de crisis provincial se ahonda día a día y los datos indican que desde el gobierno no se está trabajando para contener racionalmente -con asistencia y contención dirigida a distintos sectores- a lo que ya se vislumbra como una explosión social que puede poner en jaque el esquema político imperante.
La fiebre y la peor semana de cuarentena
Posiblemente la que pasó haya sido la peor semana para la gestión de Arcioni desde inicio de la cuarentena. La fiebre social fue subiendo y las restricciones de circulación volaron por los aires con algunas protestas que enfrentaron la cuarentena; como en el caso de los textiles, comerciantes y sanitarios.
A la confirmación de los cuatro casos de Coronavirus, dos en Comodoro Rivadavia y dos nuevos en Trelew -donde se investiga si el primero pudo haber surgido de circulación comunitaria, ya que no se trata de un viajero- se le sumaron las movilizaciones con barbijos.
Primero fueron los empleados públicos de la Salud que, en varios hospitales, reclamaron a fines de abril los salarios de marzo. Después salieron cientos de obreros textiles que en Trelew rechazaron el recorte salarial del 50%. Luego le tocó el turno a los comerciantes de Rawson y Trelew, que exigieron la apertura de los negocios. Finalmente estalló en Puerto Madryn el conflicto con el sector empresario de la pesca y los parques eólicos que se negaron a pagar más impuestos para solventar los gastos de la pandemia.
En ese panorama Arcioni se enteró de que afronta un rechazo social del 76% entre los chubutenses. Su imagen retrocede a pasos agigantados y desentona con el acompañamiento que en general tienen los políticos en funciones del resto del país.
No hay que perder de vista que viene de un revés judicial con la presentación de tres hábeas corpus por los métodos desencajados que su ministro de Seguridad, Federico Massoni, venía aplicando en la provincia. A esos recursos se le suman las más de 30 denuncias por abusos policiales que se investigan en la Fiscalía provincial.
El posible respirador de la deuda
Con esta perspectiva tan poco alentadora en materia social y económica -en paralelo se están derrumbando los ingresos por regalías petroleras, los fondos coparticipables de Nación y los generados por los tributos provinciales- Arcioni recibió un primer acompañamiento nacional para encausar la renegociación de la deuda.
El ministro Martín Guzmán y su par provincial Oscar Antonena habrían fijado el 22 de mayo como fecha tope para que Chubut haga un ofrecimiento a los tenedores de bonos en dólares de Chubut. Después se verá si se logra convocar a una asamblea de bonistas que con el 75% de aprobación permita patear para adelante los vencimientos de la deuda.
La última semana del mes que se inicia sería el punto límite para la renegociación nacional de la deuda con el Fondo Monetario Nacional (FMI) y los tenedores privados, por lo que Chubut quedaría atada dos escenarios posibles.
Si los bonistas internacionales rechazan la oferta argentina el país caería en default y eso arrastraría a la casi totalidad de las provincias a la cesación de pagos. Chubut tiene el problema adicional de que «cedió» las regalías para el pago de la deuda, por lo que se tendrían que encontrar mecanismos alternativos para frenar el drenaje de esos fondos para los vencimientos.
Esa perspectiva es la más complicada para la provincia por la cesión de las regalías, en especial las vinculadas al bono denominado BOCADE (PUY26) por el que Chubut debe abonar en lo que resta de este año 52 millones de dólares. Entre mayo y diciembre se deberán pagar en total 82 millones de dólares por la deuda.
Desde hace dos semanas el peronismo provincial, encolumnado con el Frente de Todos, arrincona a Arcioni exigiendo la suspensión del pago de la deuda mientras dure la pandemia y le embarra la cancha a un gobierno que ni siquiera sabe cómo avanzar con la renegociación.
Por eso el propio Antonena les advirtió que el proyecto presentado podía gatillar la cláusula que los bonistas tienen a su favor para reclamar el pago de la totalidad de la deuda, que hasta el 2026 suma 880 millones de dólares.
La otra posibilidad es que el Gobierno nacional consiga el acompañamiento de los bonistas, se modifiquen los plazos de pago y se reduzcan los intereses; esa perspectiva podría obligar a los tenedores de deuda chubutense a seguir el mismo camino y descomprimir en parte el ahogo financiero, aunque aún no se saben los alcances de la oferta provincial en cuanto a plazos ni a quita de capital o intereses.
Cuántos son los chubutenses en crisis
Chubut ronda los 619 mil habitantes según las proyecciones de la Secretaría de Estadísticas y Censos provincial. De ese total cerca del 30% estaría atravesando una profunda crisis, pero posiblemente sus alcances se extiendan a no menos del 50%.
Eso implica que entre 200 mil y 300 mil personas se estarían sumergiendo en la crisis nueva y antigua, social y económica.
La descomposición de los números lleva a contemplar a los 41 mil empleados estatales y los cerca de 19 mil jubilados dependientes del Estado que no cobran sus sueldos en tiempo y forma; lógicamente junto a sus familias.
Los que pudieron retirar por cajeros esta semana sus sueldos fueron los activos y pasivos del primer rango, junto a los trabajadores de la Salud. Todos los demás siguen esperando por sus ingresos mientras sufren una inflación interanual que en la Patagonia no baja del 49% y les pulveriza con intereses el poder adquisitivo.
Para muestra alcanza un botón, y desde el propio gremio docente se afirmó que al 2 de mayo el 87% de los trabajadores de la educación no percibió sus salarios correspondientes a marzo; pero evitando el desborde Santiago Goodman advirtió que «el camino en este momento no es la movilización».
Junto a los estatales se suman 118 mil pobres chubutenses relevados por el INDEC a finales de 2019 y otros 20 mil desocupados y subempleados. Pero no son los únicos que la pasan mal. Entre las víctimas hay que considerar a 20 mil trabajadores en negro en Comodoro Rivadavia y casi 19 mil localizados en Trelew y Rawson que no tienen un empleo con aportes jubilatorios.
Todo ese grupo de vulnerables -sumando estatales, jubilados, desocupados y trabajadores en negro; muchos de ellos superpuestos en las diferentes categorías- representa más 200 mil personas en la provincia de Chubut. Representan alrededor del 30% de toda la población provincial.
Esos datos estadísticos seguramente son insuficientes frente el avance del Coronavirus y los impactos económicos de la cuarentena. No es exagerado asumir que cerca de 300 mil chubutenses -el 50% de la población- atraviesa algún tipo de vulnerabilidad económica y social hoy en día.
Los despidos posiblemente hayan engrosado la lista de la desocupación y los recortes salariales acordados por los empresarios y las cúpulas sindicales hayan llevado acercado al vacío de la pobreza a miles de chubutenses. La Canasta Básica Total -para un grupo familiar de dos adultos y dos chicos- asciende en Comodoro a los 60 mil pesos mensuales.
Considerando esos datos, la mitad de la población provincial se encuentra de una u otra manera en emergencia social y económica, sin red de contención estatal y con la desesperación aumentando por falta de perspectiva.
Estallido en el horizonte
El Estado que comanda Arcioni no llega con la asistencia necesaria a miles de chubutenses. Tampoco lo hace para respaldar a los trabajadores de la sanidad que afrontarán el Coronavirus, y la perspectiva es que siga sin protegerlos. Ni siquiera lo hará renegociando o dejando de pagar la deuda en dólares. No hay plan de contingencia, económico y social, para los miles de vulnerables.
La precariedad se apropia día a día de la subsistencia de un pueblo rico en recursos naturales que vive como pobre, que está abrumado por la realidad y perseguido por el poder político para que cumpla la cuarentena plagada de abusos policiales.
Cuánto tiempo puede durar este frágil equilibrio es una incógnita que se dilucida diariamente, pero las condiciones objetivas para un estallido están dadas.
(publicado en https://www.elextremosur.com, 3 de mayo de 2020)
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Flavio Vergara: “De voluntario no hay nada”
El Gobierno nacional estableció, mediante el decreto 1203/2026, un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores estatales. Flavio Vergara, trabajador del Instituto Malbrán e integrante de ATE, cuestionó la medida y denunció que el ajuste, la pérdida salarial y el vaciamiento de organismos públicos generan presión sobre los empleados.
LCV: Flavio, ¿cómo cayó entre los trabajadores estatales el decreto 1203/2026?
Flavio Vergara: «Nos cae muy mal, porque forma parte de una política de ajuste que viene golpeando al sector público. Los trabajadores estatales ya perdimos una parte muy importante de nuestro salario y estamos lejos de recuperar el poder adquisitivo. En lugar de discutir cómo recomponer los ingresos y recuperar las funciones que el Estado tiene que cumplir, se vuelve a plantear una salida que implica reducir la cantidad de trabajadores.»
LCV: ¿Cuánto hay de voluntario en un retiro de estas características? ¿Quiénes pueden estar pensando en irse?
Flavio Vergara: «De voluntario no hay nada cuando se genera una situación de hostigamiento, incertidumbre y deterioro de las condiciones de trabajo. Hay compañeros que pueden pensar en retirarse porque están cerca de la edad jubilatoria o porque no soportan más la situación. Pero una cosa es elegir libremente y otra es que te empujen a irte porque te vacían de tareas, te bajan el salario o te hacen sentir que ya no tenés lugar.»
LCV: ¿Qué condiciones establece el régimen y a quiénes alcanza?
Flavio Vergara: «Hay distintos grupos y condiciones. Se contempla a trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria, con requisitos diferentes para mujeres y varones, y también a personas que todavía no completaron los aportes necesarios. En algunos casos se propone que cobren el 60% del salario durante un período de hasta 36 meses, manteniendo los aportes jubilatorios. También hay modalidades que contemplan pagos de hasta 18 salarios, con condiciones particulares según la situación de cada trabajador. El problema es que se presenta como una solución cuando, en realidad, implica que la persona se vaya a su casa con menos ingresos y sin tener garantizada una salida laboral. No se trata de una política para mejorar las condiciones de los trabajadores, sino de una manera de achicar el Estado.»
LCV: ¿Qué sucede con los trabajadores que todavía no reúnen los aportes para jubilarse?
Flavio Vergara: «Quedan en una situación muy difícil. Hay que analizar qué pasa con los años de aportes que les faltan, qué ingresos van a tener y cómo van a sostenerse hasta alcanzar la edad jubilatoria. No es solamente una cuestión administrativa: estamos hablando de personas y familias que necesitan vivir y que no pueden quedar de un día para el otro sin un ingreso suficiente.»
LCV: ¿Qué consecuencias tiene esta política en los organismos públicos?
Flavio Vergara: «El ajuste no solamente se traduce en menos trabajadores. También se pierden funciones que se desarrollaban al servicio de la comunidad. Hay organismos que quedan esperando cómo van a recuperar las tareas que antes realizaban. Cuando se vacían esas áreas, el perjuicio no es solamente para quienes trabajan allí, sino también para la población que necesita esos servicios. En el Malbrán conocemos la importancia de contar con un Estado que tenga personal capacitado y recursos suficientes. Lo mismo ocurre con otros organismos, como el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el INTI. El debilitamiento de esas instituciones afecta capacidades que son fundamentales para el país.»
LCV: ¿Cómo describirías el clima que se vive entre los trabajadores?
Flavio Vergara: «Hay mucha incertidumbre y angustia. Los trabajadores sienten que sus puestos están permanentemente amenazados y que no saben qué va a pasar con sus funciones. Se los somete a una situación de violencia que termina condicionando las decisiones que toman. En ese contexto, hablar de voluntariedad es engañoso.»
LCV: ¿Qué medidas están preparando para enfrentar esta situación?
Flavio Vergara: «Estamos organizándonos para visibilizar lo que está pasando y exigir que se frene el ajuste. Hay una convocatoria de ATE frente a Olivos para reclamar por la situación de los trabajadores estatales y denunciar este nuevo intento de reducir el Estado. Necesitamos defender los puestos de trabajo y las funciones públicas, porque detrás de cada trabajador hay una familia y un servicio que la sociedad necesita.»
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Alfredo Suhring: “Zivals no es solo un negocio, es parte de la historia de Buenos Aires”
La histórica disquería y librería Zivals, ubicada en la esquina de Corrientes y Callao, enfrenta la posibilidad de ser desplazada por las obras de la futura Línea F del subte. Alfredo Suhring explicó la importancia cultural del espacio, el impacto que tendría su pérdida y las alternativas para preservar el negocio.
LCV: Alfredo, ¿cómo están viviendo esta situación con Zivals y el proyecto de la Línea F?
Alfredo Suhring: «Estamos preocupados porque Zivals no es solamente un negocio. Es un lugar que tiene una historia muy importante y forma parte de la vida cultural de Buenos Aires. La posibilidad de que desaparezca o tenga que dejar su ubicación por las obras del subte nos genera una enorme incertidumbre.»
LCV: ¿Qué significa Zivals para la cultura porteña?
Alfredo Suhring: «Es un espacio que durante décadas fue un punto de encuentro para quienes buscan música, discos y libros. Por acá pasó muchísima gente y también artistas. Hay una historia que se construyó durante años, con un catálogo muy amplio y una relación con el público que no se puede reemplazar de un día para el otro.»
LCV: ¿Qué dimensiones tiene el negocio y cuántas personas trabajan allí?
Alfredo Suhring: «Tenemos un catálogo de alrededor de 50.000 títulos y una trayectoria de aproximadamente 55 años. Trabajan unas 40 personas. No es solamente el local y la mercadería: hay un equipo que conoce el material, atiende a los clientes y sostiene una actividad cultural que se fue construyendo a lo largo del tiempo.»
LCV: ¿Qué respuesta recibieron frente a la posibilidad de que las obras afecten el local?
Alfredo Suhring: «Hubo muestras de apoyo de mucha gente, incluidos artistas y personas vinculadas a la cultura. Eso demuestra que existe una valoración que va más allá de lo comercial. Entendemos que las obras públicas son importantes, pero también creemos que se deben buscar alternativas que permitan preservar un espacio con esta trayectoria.»
LCV: ¿Sería posible trasladar Zivals a otro lugar?
Alfredo Suhring: «Es una posibilidad que se puede analizar, pero no es sencillo. Un negocio con esta historia, con tantos títulos y con una ubicación tan identificada por el público no se traslada como si fuera cualquier comercio. Hay que evaluar qué alternativas existen y si permiten mantener la actividad y los puestos de trabajo.»
LCV: ¿Qué esperan de las autoridades?
Alfredo Suhring: «Esperamos que se escuche nuestro planteo y que se encuentre una solución. No estamos diciendo que no haya que hacer obras, sino que se tenga en cuenta la importancia cultural de Zivals. Sería una pérdida muy grande que desapareciera un lugar que forma parte de la historia de Buenos Aires.»
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Salvador Femenía: “El comercio que subsiste hace un esfuerzo muy grande para mantenerse en pie”
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una caída del 1,4% en las ventas minoristas por el Día de la Madre. Salvador Femenía, dirigente de la entidad, analizó la retracción del consumo, el cierre de comercios, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que enfrentan las pymes.
LCV: Salvador, ¿cómo estuvieron las ventas por el Día de la Madre y qué mediciones hicieron?
Salvador Femenía: «Yo venía diciendo durante la semana pasada que no esperaba que hubiera un resultado muy distinto de lo que está pasando con el consumo. La medición mostró una caída del 1,4%. Es un dato que se suma a una tendencia que venimos observando desde hace tiempo.»
LCV: ¿Esa caída se suma a los retrocesos de años anteriores?
Salvador Femenía: «Sí. Hay que tener en cuenta que es una caída sobre otra caída. El fenómeno se viene acumulando y no empezó ahora. El consumo ya tenía dificultades, pero la situación actual sigue profundizando ese problema.»
LCV: ¿Cómo está el comercio minorista? ¿Qué pasa con los pequeños negocios?
Salvador Femenía: «Estamos atravesando una etapa en la que cambian las condiciones de la economía y también las formas de comercialización. Hay mucho comercio electrónico y eso modifica la actividad. Al mismo tiempo, el comercio minorista viene perdiendo empleo desde hace muchos años. En algún momento hubo cerca de dos millones de trabajadores de comercio; hoy la cifra es considerablemente menor.»
LCV: ¿Esa caída se produjo principalmente en los últimos tres años?
Salvador Femenía: «No toda. Hubo una caída importante en períodos anteriores y la situación se fue modificando con el tiempo. En los últimos años también hubo retrocesos, pero hay que observar el proceso completo. Además, existe informalidad y hay rubros que crecieron con grandes superficies comerciales que demandan muchos empleados. Aun así, el resultado general es una reducción de la cantidad de puestos de trabajo.»
LCV: La caída del empleo también significa menos consumo. Si hay menos trabajadores con ingresos, hay menos personas que pueden comprar. ¿Cómo repercute eso en los comercios?
Salvador Femenía: «La situación del consumo viene muy mal y se nota. Las empresas pymes hacen un esfuerzo importante para sostenerse, mantener a sus empleados y contar con mercadería. Pero si la demanda cae, llega un momento en que resulta muy difícil mantener la actividad.»
LCV: ¿Qué ocurre con los comercios de distintos rubros, desde los kioscos hasta las zapaterías?
Salvador Femenía: «Hay dificultades en muchos sectores. La situación no es uniforme, porque cada rubro tiene sus particularidades, pero el problema general es la caída de la demanda. Los comerciantes necesitan vender para cubrir sus costos y sostener sus negocios. Si las ventas no alcanzan, se complica mantener los locales abiertos y conservar el empleo.»
LCV: ¿Qué diálogo tienen con la Secretaría de Comercio y con el Ministerio de Economía? ¿Pueden plantearles estas dificultades?
Salvador Femenía: «Tenemos algunos contactos con la Secretaría de Comercio y con la Subsecretaría Pyme, pero en la práctica no son áreas que tomen las decisiones centrales. No encontramos un interlocutor que pueda articular respuestas concretas a los problemas que estamos planteando.»
LCV: ¿La caída del consumo se explica principalmente por los precios o por la falta de ingresos?
Salvador Femenía: «No descarto que haya otros factores, pero lo que vemos con claridad es una fuerte caída de la demanda. Cuando una persona tiene que elegir entre comprar un producto o pagar otros gastos esenciales, el consumo se resiente. Los ingresos no alcanzan para sostener el nivel de compras que los comercios necesitan.»
LCV: ¿Qué pasó con los salarios y el poder adquisitivo?
Salvador Femenía: «Durante 2025 hubo un retraso salarial de entre el 10% y el 14%, aproximadamente. Las paritarias posteriores se fueron ubicando en niveles cercanos a la inflación, pero eso no significa que se haya recuperado lo perdido. Además, cada vez hay que destinar una mayor proporción del ingreso familiar al pago de los servicios públicos.»
LCV: ¿Qué peso tienen los alquileres en la estructura de costos de los comercios?
Salvador Femenía: «Los alquileres son un problema importante porque los propietarios de los locales no suelen bajar los valores. Es una variable bastante rígida. Siempre representaron un costo alto para el comerciante, pero en una situación de caída de ventas se vuelven todavía más difíciles de afrontar. He conocido casos de locales que se abrieron desde cero, lograron consolidarse y después, al momento de renovar el contrato, se encontraron con aumentos muy grandes. En algunos casos, el propietario termina apropiándose de parte del esfuerzo que hizo el comerciante, a través de alquileres elevados o del cobro de un valor llave.»
LCV: Es una situación muy difícil para las pymes, que tienen que pagar el alquiler del negocio, los servicios y, muchas veces, también el alquiler de su propia vivienda.
Salvador Femenía: «Exactamente. La situación es muy complicada para el pequeño comerciante, que tiene que sostener el alquiler del local, los gastos de su hogar y servicios cada vez más onerosos. El comercio que subsiste hace un esfuerzo muy grande para mantenerse en pie.»
