En este momento, en Tartagal, se está llevando adelante un proceso contra cuatro campesinos –Lucía Ruiz, Antonio Guerra, Carlos Guerra y Omar Cruz– que bien puede considerarse un caso testigo sobre la falta de garantías de aquellos que habitan y trabajan la tierra y quieren ser desalojados sin títulos claros y con amenazas y aprietes. Distintas personalidades y organizaciones como Adolfo Pérez Esquivel, el Cels, la CTA-A, el INADI y diputados del Frente de Todos, expresaron su preocupación por la falta de garantías en juicio.

A pesar de haber denunciado en más de una oportunidad la invasión de sus terrenos y el hostigamiento de empresarios y capataces, quienes terminaron en el banquillo son cuatro pequeños productores rurales del Chaco salteño imputados por ‘agresión’ por un incidente ocurrido el 5 de febrero de 2015, cuando un grupo de pobladores intentó impedir que empleados del empresario Javier Vidizzoni continuaran con un desmonte no autorizado y la apertura de picadas en una zona de bosques protegidos, en donde resultó dañada una camioneta y a sus dueños.

El juicio será a puertas cerradas, no se podrá seguir en internet, con la prohibición incluso de grabarlo. Los procesados cuentan con una defensora de oficio y le permitieron el acompañamiento en la sesión solo por el titular de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), Alfredo Riera.

Una de las imputadas, Lucía Ruiz, es una destacada defensora de la agricultura y la ganadería familiar y del ambiente. De acuerdo a los dichos de los testigos de la fiscalía, los campesinos habrían permitido el ingreso a sus tierras al capataz de Vidizzoni,Bernardo Castellanos, el 5 de febrero de 2015. No imaginaba que esto iba a significar el inicio de un desmonte no autorizado y picadas de automóviles que provocaron la denuncia pública de campesinos a través de la radio de la zona. En su calidad de referenta de las comunidades campesinas, Lucía Ruiz fue junto a otros pobladores a impedir la continuidad de esta actividad ilícita y quedó también detenida.  

Ayer declararon los testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos Javier Vidizzoni quien, según pudo reconstruir Salta/12 por el relato de quienes lograron presenciar la audiencia, el empresario indicó que suele hacer ofertas a los “vivientes” de las tierras para comprar sus derechos de posesión a cambio de cederles algunas hectáreas. Sin embargo, ni él ni la empresa Doble Z aparecen como titulares registrales en el departamento Rivadavia, según surge de la Dirección General de Inmuebles.

Entre el escaso público asistente, se encontraban la diputada Alcira Figueroa y Verónica Caliva, del FdT. “Mi impresión es que hay una connivencia de impunidad en donde Vidizzoni es juez y parte”, sostuvo Caliva. Ambas junto al otro diputado del bloque del Frente de Todos, Lucas Godoy, presentaron un proyecto de declaración en el que expresan su preocupación por la criminalización de la de la protesta ejercida contra los campesinos acusados.

La Justicia negó que se tratara de un juicio de características sociales por la tenencia de la tierra y lo limitó a un delito común, no permitiendo la actuación determinada en estos casos de organizaciones de Derechos Humanos. De este modo, dejaron afuera la presencia en el proceso de Adolfo Pérez Esquivel, Liberpueblo, el CELS, la CTA Autónoma y la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, quienes difundieron el siguiente comunicado: “Lamentablemente una vez más primó el secretismo y el ostracismo del poder judicial, en vez de transparentar sus procesos y dar publicidad a los mismos, mantienen las puertas cerradas”, y agregaron: “la conducta del tribunal viola los estándares internacionales y la declaración de defensores de derechos humanos.”

“Es necesario terminar con los aprietes de quienes detentan títulos imperfectos, asociados a la fuerzas del orden, a autoridades políticas y a la Justicia que mira solo con el ojo de los poderosos, sin respetar el derecho reconocido por el Código Civil de la propiedad por la posesión y ánimo de dueño de varias generaciones. La organización y la lucha es nuestra esperanza para contrarrestar los poderes establecidos por el mercado, la codicia, la angurria extractivista y la complicidad de funcionarios de todo tipo. La unidad de las organizaciones del campo popular –de la que nos sentimos parte como sindicato de trabajadores estatales- es el camino para continuar con las reivindicaciones y justas demandas del Pueblo que sostiene a la nación con su trabajo”, indicaron desde ATE Agricultura Federal.

También la delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó su preocupación por el juicio oral y público que se está llevando a cabo contra la dirigente campesina Lucía Ruiz, por entender que se trata de un grave antecedente de persecución, judicialización y criminalización de la lucha por los derechos humanos, ambientales y del acceso a la tierra. Y recordó: “Desde el año 2010 Lucía Ruiz, junto a trabajadores campesinos que defienden la tierra, vienen advirtiendo que un grupo empresarial realiza desmontes ilegales en territorios sobre los cuales no tiene posesión, conocidos como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta.”

El lunes se conocerá el fallo del Tribunal.

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