Opinión
Los bellos durmientes, por Mempo Giardinelli
Mientras el circo mediático sigue haciendo de las suyas –verbi gratia, sus maldades– su cometido final y profundo no es otro que ocultar lo que se nos viene encima a casi 50 millones de compatriotas, si no reaccionamos.
Ya está a la vista el desastre que esta columna prenunció, con algunas otras, hace varios meses: el Paraná no era una cuestión solamente de soberanía, o en todo caso sí lo era pero con todo lo que implicaba: recuperar el comercio exterior, cuidar el río, liquidar la deuda, sustentabilidad climática, racionalidad productiva, y disfrute de la población.
Todo eso ahora ya no está «en peligro», sino en plena evidencia de daños. Y como no podía ser de otra manera, ahora viene a mostrar una de sus consecuencias peores: precisamente porque el río está herido y no va a soportar más canalizaciones y dragados canallas, los beneficiarios de siempre y sus amigos funcionarios salieron a buscar otras opciones y encontraron la más razonable: el ferrocarril.
Pero enseguida escupieron el asado abriendo otro frente de espanto ambiental: los ferrocarriles argentinos abandonados por dos décadas y media requieren vías en buen estado. ¿Y hasta dónde llegó la imaginación de los genios de la economía y el transporte? Lo revela un informe de Greenpeace que produce escalofríos:
Las dos últimas semanas se ocultó –aunque debiera decirse «se supo»– el desastre que se avecina. Y que una vez más pone en marcha el Ministerio de Transporte de la Nación, que por licitación BCyL N°28/2021 “Mejoramiento Pesado de Vías en Sectores Varios, Línea General Belgrano, Año 2021” convoca al recambio de las vías de tren en Chaco y Catamarca, para lo cual se dispone la compra de 36.000 durmientes de quebracho… Que se sumarán al ya denunciado desmonte de más de 2 millones de ejemplares de esa especie arbórea arrasada en la última década y que fue hiperdenunciado inútilmente.
La repudiable disposición no deja de tener un costado casi gracioso, ya que el texto del decreto llama «QºCº»a los que son ni más ni menos que «quebrachos colorados». Acaso para disimular así los llama, y el decreto además admite la tala de durmientes de otras maderas duras, también chaqueñas y también en extinción, como quebracho blanco, urunday y guayacán, especies de maderas durísimas igualmente en extinción.
Según un completo informe de Greenpeace que está circulando, «en el norte argentino a mediados de la década de 1940 se llevaban talados 350 millones de quebrachos colorados para la extracción de tanino y la elaboración de durmientes de ferrocarril, postes, leña y carbón». El dato es aún más escalofriante si se añade que fueron 350 millones de ejemplares de uno de los árboles más duros del mundo, que se caracteriza por su absoluta resistencia a la humedad. De ahí su maldición, porque de esa madera se hicieron los «durmientes» rectangulares que soportaron y todavía soportan rieles ferroviarios en gran parte del mundo, debido al tanino que contiene y que se usó también para la industria de las curtiembres, además del indiscriminado uso en forma de leña y carbón. Como para el argentinísimo «asadito», o sea.
La extracción de este árbol emblemático de las selvas chaqueñas se inició circa 1870 y degradó millones de hectáreas de bosques. A despecho de lo cual gobiernos pro-empresariales y cipayos fueron capaces de celebrar semejante atentado ecológico declarando al quebracho, en 1956, “Árbol Forestal Nacional”. Quizás porque ya entonces la explotación maderera intensiva, y los desmontes para abrir campos para un supuesto «desarrollo agropecuario», prácticamente arrasaban con los quebrachales.
Hoy el desmonte contumaz ha colocado al Gran Chaco (las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, por lo menos), en la cima mundial de pérdida de bosques nativos. El 85% de este ecosistema ha sido destruido. Y encima ahora desde un ministerio de un gobierno nacional y popular se llama a licitación para terminar aquella obra maldita.
Pero lo más grave –y alucinante en términos ambientales– es que desde 2013 empezaron a anunciarse licitaciones para la compra de más de dos millones y medio de durmientes de quebracho colorado y quebracho blanco. Son los dos millones de árboles que aún quedan y que tienen entre 60 y 80 años de edad, y que mientras lectoras y lectores se adentran en esta nota están siendo cortados bestialmente por empresas y empresarios autorizados por funcionarios incalificables. El Chaco, con Santiago del Estero, Salta y Formosa, a este paso será muy pronto un desierto. Como ya lo es la otrora «Cuña Boscosa» del norte santafesino, que hoy es un paisaje raso y para llorar.
Y la verdad es que nada ha cambiado: en la Argentina el sector forestal es uno de los más descontrolados y se calcula que el 30% del volumen total de la madera de bosques nativos que se comercializan, es ilegal. Por eso asombra y disturba que la industria ferroviaria no busque otras opciones, que sí tiene. Por ejemplo, los durmientes de hormigón o de plásticos ultrasintéticos que reemplazan a las maderas en todo el mundo. Y que desde hace años se utilizan como alternativas en las industrias ferroviarias de los Estados Unidos, la India, Brasil, México y Europa. En cambio aquí el disparate es fenomenal: esta semana se abren los sobres de dos nuevas licitaciones para mejoramiento de vías que incluyen la compra de 120.000 durmientes de quebracho, que implicarán la tala de unos 120.000 árboles aún jóvenes. No es así como la Argentina debe recuperarse. Nadie se opone a la restauración de los trenes, más bien al contrario: es necesidad y urgencia nacional, en múltiples sentidos. Pero acabar con los pocos quebrachos existentes en los pocos bosques que quedan, además de políticamente imbécil es económicamente repudiable. Y sobre todo si van a ser unas pocas corporaciones las beneficiarias, una vez más.
La inmoralidad en esta materia parece generalizada. Toda red ferroviaria sustentada en semejante crimen ecológico será condenable desde el vamos. Y más aún si las licitaciones se llaman desde el mismo Ministerio de Transporte que buscó y es presumible que sigue buscando entregar a toda costa nuestro río Paraná.
Se disculpará a esta columna el enojo y el dolor que gobiernan estos párrafos –escritos por un nativo y residente chaqueño– pero cuando la irracionalidad gobierna, las decisiones políticas de un gobierno que votamos y apoyamos, resulta casi imposible atemperar la indignación. Porque más allá de debates tarados acerca de la infortunada foto de un cumpleaños, mejor sería que se cortaran de cuajo decisiones como ésta y se forzara a la oposición a ocuparse de estos que sí son crímenes.
Pero ya sabe el país que Arturo Jauretche tenía razón en esta materia: «Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen, ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios, quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en las sombras».
La pregunta que queda es hasta cuándo, y cuánto más.
(Publicado en Página 12, el 15 de agosto 2021)
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
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El Latinobarómetro y sus trampas, por María Urruzola
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AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
