Destacada
Catamarca: Cuando el río suena
Una noticia sacudió la redacción de LCV este fin de semana. Desde Andalgalá nos llegaba un mensaje que decía: “Los vecinos auto convocados del Distrito Choya nos vemos con la imperiosa necesidad y obligación de contar lo que sucede en nuestro pueblo. El pasado viernes 27 de enero a la 01.30 de la madrugada nos despertó el ruido ensordecedor del río que avanzaba, el día 02 de febrero a la madrugada nuevamente a las 03:00 am. aproximadamente nos volvimos a despertar con un movimiento violento, las vibraciones del suelo, el olor a azufre que parece olor a podrido, ya no es olor a tierra mojada como habitualmente se sentía cuando crecía el río. En esa incertidumbre y oscuridad de la noche en la que no te ves ni las manos porque también se corta la electricidad, nos vemos en la aflicción de estar en vela porque no sabemos si lo que arrastra el río también avanza por la calle o tapando nuestro pueblo.” ¿Sería el movimiento de la tierra producido por la minera?
La Columna Vertebral se comunicó con varias vecinas del lugar para conocer la situación. Ximena Sinchicay aseguró: ‘es un miedo constante, a pesar de que desde el año pasado estamos pidiendo que paren con las obras porque sabíamos que iba a ser un verano difícil.”
Los habitantes de Choya, un pueblo que creció a los márgenes del río que lleva su nombre, con unos setecientos habitantes, saben que es época de lluvias. Lluvias generalmente bien recibidas, la cuenca seca del río se llena y permite que crezcan los frutales y pasten los animales. El agua siempre fue señal de buenas cosechas en lo que Mariano Noe dió en llamar -en su tesis de doctorado en 2011 – ‘El Corazón Membrillero’ del país.
Aunque todavía continúan las actividades frutihortícolas y pastoriles, el futuro es incierto. La lluvia ya no es lo que era. El agua se convirtió en barro. En este momento los pobladores de Choya están incomunicados, los caminos cortados, y no tienen agua potable desde hace más de quince días.
Otra vecina, Soledad, nos brindó un testimonio tan claro como desgarrador sobre la noche de pesadilla en la que pensaron que había llegado el fin: “La estamos pasando mal, se están viendo las consecuencias del movimiento de los cerros…El sábado pasado nos despertamos a la madrugada con un ruido…empezaron a temblar las ventanas, los techos, no sabíamos si era un temblor, salimos y nos dimos cuenta de que era el río, nos asustamos, yo tengo un bebé, y entré, puse en una bolsa algunas cosas, leche, pañales… y había que empezar a pensar para dónde ir y era de noche, no sabíamos por dónde venía, si por la calle, por el río, estaba todo oscuro, fue un momento de mucha angustia, no sabíamos si ir para el cerro…”
El mensaje de los autoconvocados terminaba diciendo que no hay peor ciego que el que no quiere ver: “¿Acaso debemos esperar que un alud desaparezca a nuestro pueblo para que hagan algo? ¿Debe arrastrarnos el río para que crean lo que sucede? Incluso entonces, lo seguirán negado, son tan necios y segados por la avaricia que no ven más allá de sus bolsillos y bien estar. ¿Hasta cuándo debemos aguantar esta situación? No hay ni habrá licencia social para la minería”.
“Escuchas el río?” nos preguntó Miriam, otra vecina con la que conversamos. Imposible no sentir la misma angustia.
De acuerdo a todos los testimonios recogidos por LCV, la situación empeoró hace unos diez meses.
¿Qué pasaba hace 10 meses?
El año pasado la estación de las lluvias se extendió. En marzo, los vecinos comenzaron a preocuparse. Fue por entonces que el Dr en Ciencias Geológicas, Aldo Luis Banchig -licenciado en el 89 en la Universidad de San Juan con una tesis que obtuvo un sobresaliente, y doctorado en 1995, en la misma institución, con otra tesis que recibió igual calificación y recomendación para su publicación- pasó por Choya para brindar una charla a los vecinos sobre los riesgos que podían correr ante el movimiento de tierras en el cerro. “Sera un gran daño, y tendrá graves consecuencias, cuando inicie la época de lluvias el mismo río arrastrara el cerro removido la roca removida, provocando deslizamiento de terrenos o alud y seguramente el agua no podrá utilizarse por los sedimentos”, advirtió en marzo de 2022.
La postura de Banchig, al igual que la de otros ambientalistas, fue criticada de manera sarcástica por el Colegio de Ingenieros de Minas de Catamarca como producto de una mirada apocalíptica que poco se condecía con la ciencia. Nacido en Andalgalá, Banchig estudió en San Juan y se especializó en las capas geológicas de cadenas montañosas como el Aconquija. Sus títulos e investigaciones no fueron suficiente para que el ente colegiado de los ingenieros mineros respetara su postura.
Ese mismo mes, FM Independiente de Catamarca, publicaba la respuesta oficial a la falta de agua potable en Choya: “El jefe de AYSA Andalgalá, Aldo Reales, aseguró que las crecientes en esta época del año complican la potabilidad del agua en Andalgalá, descartando que los problemas provengan de las actividades de apertura de huellas que realiza la empresa MARA en el sector de Campo Grande, como se trata de instalar, sembrando desinformación en la comunidad, desde sectores anti mineros.” De acuerdo al funcionario la falta de agua potable se debía a que ‘en Choya tenemos un poco más de sedimentación a la hora de las crecidas porque un tiempo atrás hemos tenido muchos incendios en la zona del cerro, y ahora con la lluvia nos arrastra un poco de cenizas”. Un poco de cenizas.
Fue en abril cuando el proyecto MARA, de capitales canadienses y suizos con participación estatal invitaba a una conferencia de prensa a los principales medios nacionales que se hicieron eco de las palabras del contador Nicolás Bareta, alto ejecutivo de la empresa Yamana quien a pesar de su título trabajó para distintas mineras y llegó a ser presidente de la Cámara Minera de Santa Cruz hasta convertirse en el gerente general del proyecto MARA. Frente a los entusiasmados periodistas de medios como Bae, el Cronista y Ambito, el contador explicó que utilizarían la infraestructura de Alumbrera, proyecto minero que tuvo una vida más corta que la esperada.
“La Alumbrera debió cerrarse en 2014 o 2015, pero el pit Bajo El Durazno le estiró la vida. Alumbrera I debió agotarse en 2013, pero como no hubo exploración no duró los 50 años que se esperaba. Y continuó hasta junio de 2018 por que Mauricio Macri quitó las retenciones en marzo de 2016. La producción más fuerte se dio entre 2005 y 2011, esos fueron los mejores años en términos de producción”, señaló el contador. En una entrevista con el diario Ámbito agregó que por suerte ahora está previsto por ley qué hacer cuando se debe cerrar uno de estos emprendimientos mineros: “A diferencia de 1995 ahora tenemos una regulación de cierre, con líneas general esa nivel nacional, que se emitieron en el 2020. Son las guías más modernas de cierre del mundo, se trabajó con instituciones internacionales, y Catamarca muchos años antes que la Nación, en 2014, había empezado a trabajar una ley de cierres.” Todo previsto, entonces, existe un fondo de caución para los posibles daños que pudiera ocasionar una clausura temprana de las minas.
Según las palabras del mismo Barreta, la inversión prevista para construir la nueva mina en el ‘corazón membrillero’ del país está prevista en u$s2.996 millones, hasta el 2026 habrá empleo para 3.500 personas y luego quedarán trabajando en la mina solo 1.000 obreros.
Muchas voces se levantaron para advertir que dicho emprendimiento pone en riesgo la red social y económica del municipio de Andalgalá, que cuenta con 18.000 habitantes según el censo de 2010. Queda claro que los miles de millones de dólares no pasarán por los bolsillos de la población que solo podrá aspirar a mil puestos de trabajo.
En el caso de que canadienses y suizos decidieran marcharse o que se verificara un impacto ambiental que provocara su clausura, el Estado podrá hacer uso de la caución prevista por la Ley de cierre. El gerente general especificó que “el costo total para cerrar la mina después de 30 años llega a 400 millones de dólares”.
Mientras el gran anuncio se hizo en abril, ese mismo mes vino la gran represión. “Tuvimos una jornada muy violenta por parte de la policía. Hace un mes los vecinos de Choya estamos acampando y bloqueando el camino a la empresa MARA para el acceso a la mina de Capillitas. Ayer tenían que hacer el recambio de personal de la empresa, subir combustibles y demás. El fiscal (Martín) Camps de Andalgalá dio la orden de allanar el camino y la gente fue desalojada muy violentamente. Eso fue en el transcurso de la siesta”, contó al diario Tiempo Enzo Brizuela, de la Asamblea El Algarrobo. Por la noche hubo protestas y marchas a la comisaría y a la casa de Camps (¡vaya nombre para reprimir!). El lunes, el propio Camps procesó a cuatro vecinos por el bloqueo y le abrió causas por ‘desobediencia civil’ a varios miembros de la Asamblea El Algarrobo.
También en abril, El Algarrobo denunció que la propia empresa había reconocido en su informe de impacto ambiental la pretensión de instalar “una escombrera en la cuenca alta del río Choya». El colectivo planteó que «se confirman así las sospechas de vecinas y vecinos que notaron afectada la calidad del agua del río, como consecuencia del movimiento de tierras y los deslizamientos producidos por la apertura de caminos». La consigna, antes y después de la represión, es «Bajen las máquinas del cerro. No a la megaminería».
Sobre llovido, mojado. Hacen falta autopistas
No solo no bajaron las máquinas sino que subieron más. Ahora hacía falta una autopista para llegar a la mina. El cerro se pobló de camiones gigantes, excavadoras y toda la maquinaria necesaria para domar los cerros, correr la tierra y que pudieran pasar los transportes. Lo llaman trabajo de infraestructura para la producción.
El diario Ámbito festejaba la iniciativa en un artículo del 31 de octubre de 2022: “Más de 50 vecinos y vecinas de la localidad andalgalense de Choya y 77 de la localidad de El Potrero accedieron a un trabajo formal en obras de mejoramiento del sistema de conducción de agua para riego de las fincas de ambos lugares de Catamarca, mediante una acción coordinada entre la Cámara de Proveedores Mineros local y el Proyecto Integrado MARA Agua Rica – Alumbrera.
En el caso de Choya, las obras iniciaron hace un par de meses y ya avanzaron en más de 3 mil metros de construcción y revestimiento de canales, que antes eran acequias precarias, de la mano de 3 empresas contratistas locales las que a su vez pudieron convertirse en proveedoras mineras.”
La conclusión del periódico nacional era: “Muchos consiguieron su primer trabajo formal, de calidad, registrado y en blanco, y otros tantos pudieron acceder a una fuente laboral luego de pasar varios años desocupados o haciendo changas.”
Nadie tenía intención de detener esta nueva ola de progreso industrial. ¿Quién podría estar en contra de lograr unas decenas de ‘trabajos formales’? En la página oficial del gobierno de Catamarca publicaron en enero de este año el siguiente anuncio: “El Gobierno de la provincia avanza con la obra básica y pavimentación de la Ruta Provincial Nº47, que conecta las localidades andalgalenses de Chaquiago a Choya.
La obra se ejecuta por administración con equipos y personal del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y Vialidad Provincial (Camiones Tatu, Camiones Regadores de Agua, Cargador Frontal, Motoniveladora, Excavadoras, Vibrocompactador) y tiene una longitud de 9.8 kilómetros.
Inicia en el Arroyo Seco que limita con la Plazoleta de Choya, y finaliza pasando el acceso a la Planta Potabilizadora de Agua de la Localidad de Choya, casi al pie de la Cuesta de Minas Capillitas. Con la pavimentación de esta ruta se agilizarán los servicios de salud y urgencias, el transporte productivo y además se generará una nueva opción turística a uno de los lugares más hermosos de Catamarca: la cuesta de Minas Capillitas.”
Algo falló. Choya nunca estuvo tan incomunicada como ahora. Y la planta potabilizadora debió cerrarse por el aluvión de barro imposible de filtrar. Los presagios del Dr. Banchig parecían hacerse realidad.
El huevo de la serpiente
Todo empezó con Menem. El 31 de octubre de 1997, el entonces presidente asistió al acto inaugural de la Minera Alumbrera destinada a explotar oro, cobre y molibdeno, con fondos de empresas multinacionales que exportarían las materias primas para su procesamiento en el exterior. Las empresas se fueron alternando en diversos consorcios que derivaron finalmente en el proyecto Agua Rica que se propone triplicar la producción de la Alumbrera de la mano de multinacionales como Yamana Gold, Glencore y Newmont.
El 15 de febrero de 2010 fue la primera represión grave con balazos de goma, golpes y detenidos que provocó una pueblada. En marzo de 2010, página 12 publicaba: “En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia.”
Hace más de doce años, la comunidad de Andalgalá marcha todos los sábados en contra de la minería. Según Darío Aranda: “Las promesas de Minera Alumbrera: 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Nada de eso se cumplió. Y en 2009 se anunció el avance del proyecto Agua Rica, un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno publicitado como tres veces más grande que Alumbrera. Ubicado mucho más cerca de la ciudad de Andalgalá (a sólo 17 kilómetros), y donde nacen los ríos que proveen de agua a la región.”
Agotados los recursos de la Alumbrera en Andalgalá, la nueva minera se llama “Mara” (Minera Agua Rica-Alumbrera). No hubo resistencia que pudiera frenarla, a pesar de las marchas, las puebladas y los plebiscitos. Hoy los vecinos están a oscuras, sin agua, y con el río que suena.
Destacada
Daniel Yofra: “Ofrecer 0% de aumento es una provocación y una invitación al conflicto”
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso analizó el conflicto salarial que mantiene el sector, cuestionó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y vinculó el ajuste sobre las políticas de género con el aumento de la vulnerabilidad social. Además, reclamó una mayor unidad del movimiento sindical y propuso profundizar las medidas de lucha contra las políticas del gobierno nacional.
LCV: ¿Cómo viene el tema de la huelga que se había declarado por parte de todo el sector aceitero? ¿Cómo están las paritarias?
Daniel Yofra: «Estamos en una conciliación obligatoria. A las pocas horas de haber decretado el paro la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a pedido de las empresas, pero no hubo ningún tipo de avance. Nosotros seguimos sosteniendo el mismo reclamo salarial que venimos planteando desde hace veinte años: un salario que cubra las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución. Hoy estamos reclamando un salario de 2.800.000 pesos y la respuesta empresarial fue ofrecer un 0%, lo que constituye una verdadera provocación y una invitación al conflicto.»
LCV: O sea que aplicaron, como siempre, ese torniquete que los deja inmovilizados por un tiempo.
Daniel Yofra: «Sí, es una medida que habitualmente se utiliza a favor de las empresas o a pedido de ellas. La conciliación obligatoria dura quince días hábiles y puede extenderse cinco días más una vez finalizado ese plazo.»
LCV: En el marco de la reforma laboral, que prácticamente convierte el derecho a huelga en un delito, ¿cómo están enfrentando esa situación?
Daniel Yofra: «Estamos limitados, pero eso no significa que vayamos a dejar de hacer lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras quiere hacer, que es ir a la huelga para defender sus derechos. Parece que el Gobierno puede transgredir permanentemente la ley y no veo por qué nosotros no podríamos ejercer nuestro derecho a luchar. Vamos a seguir defendiendo las conquistas de los trabajadores.»
LCV: El miércoles es el 3 de junio, una nueva jornada de Ni Una Menos. En las últimas horas hubo varios femicidios que volvieron a conmover al país y, al mismo tiempo, se produjo un fuerte recorte en las políticas de género. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación?
Daniel Yofra: «Este gobierno vino a destruir todo lo que tenga que ver con la sensibilidad social y con la protección de los sectores más vulnerables. Lo vemos en discapacidad, en las políticas de género y en todas las áreas vinculadas a la prevención y el cuidado. Han desmantelado herramientas fundamentales para acompañar y proteger a quienes más lo necesitan. Cuando hablaban de un Estado eficiente, en realidad estaban anunciando este modelo de gobierno que castiga a los más vulnerables y favorece la concentración de la riqueza. Más allá de que una parte importante de la sociedad eligió a este gobierno, no creo que lo haya hecho imaginando el nivel de destrucción social que estamos viendo. La sociedad tiene que empezar a reaccionar y a comprender que, si no enfrentamos estas políticas, las consecuencias serán cada vez peores.»
LCV: ¿Creés que el movimiento sindical tiene un papel especial que cumplir frente a esta situación?
Daniel Yofra: «Sin dudas. Hay motivos de sobra para unirnos en un mismo reclamo y no parar hasta revertir esta situación. Nosotros representamos a un sector rentable que aporta muchas divisas al país y podríamos pensar egoístamente que estamos protegidos, pero la realidad demuestra que también nos están acorralando. Esto nos va a afectar a todos. Por eso vengo planteando la necesidad de un paro por tiempo indeterminado. Existe además una cuestión cultural histórica en la que nunca se respetó plenamente a las mujeres. Si ahora se eliminan las herramientas y las políticas destinadas a prevenir la violencia de género, vamos a seguir lamentando víctimas. Hay que enfrentar estas decisiones políticas porque, de lo contrario, cada vez estaremos peor.»
LCV: ¿Qué evaluación hacés de la respuesta de la dirigencia política y sindical frente a este escenario?
Daniel Yofra: «Todavía no hemos sentido en toda su dimensión el daño que están produciendo estas políticas. Ya hay trabajadores despedidos, personas que quedaron en la calle sin indemnización y sin posibilidades reales de reinsertarse laboralmente. Pero esto recién empieza y todos vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Tenemos que dejar de lado los egoísmos y las ambiciones personales para construir una respuesta colectiva. Hay una parte de la sociedad que tiene la responsabilidad de luchar, como los dirigentes sindicales y políticos, y sin embargo muchas veces prefiere concentrarse en las disputas internas o en los cálculos electorales de acá a un año y medio. Mientras tanto, la gente tiene necesidades urgentes hoy. Esa desconexión entre la dirigencia y los problemas reales de la población es algo que debemos corregir cuanto antes.»
Destacada
Carlos Del Frade: “El Río Paraná está siendo entregado a las multinacionales y al control estratégico de Estados Unidos”
La discusión sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, el futuro del Canal Magdalena y el control de los principales puertos exportadores del país volvió a ocupar el centro de la escena. Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, detrás de las decisiones que impulsa el gobierno nacional existe una profunda cesión de soberanía económica y territorial. En diálogo con LCV, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó el rol de las multinacionales, denunció la injerencia estadounidense sobre los recursos estratégicos argentinos y advirtió sobre el silencio de gran parte de la dirigencia política frente a un proceso que considera uno de los mayores saqueos de la historia reciente.
LCV: ¿Qué está pasando con la Vía Navegable Troncal Paraná y con las obras del Canal Magdalena?
Carlos Del Frade: “En realidad, las obras del Canal Magdalena han quedado relegadas frente a un proyecto mucho más amplio de subordinación de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. El Canal Magdalena ya no forma parte de una planificación soberana del Paraná, del Río de la Plata ni del sistema fluvial argentino. Lo que está ocurriendo es que el control de la principal vía por donde salen las riquezas del país, por donde se exportan alrededor de 80.000 millones de dólares anuales, está siendo pensado y planificado desde el Comando Sur estadounidense. Quien termine definiendo quién se queda con la riqueza que sale por los puertos de siete provincias argentinas será fundamentalmente Cargill, una de las principales empresas norteamericanas vinculadas al comercio internacional de granos. Esto tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cualquier familia argentina, porque significará menos recursos para el país y menos alimentos en la mesa de nuestro pueblo. Lo que hoy se discute sobre dragado, balizamiento y peaje del Paraná es, en realidad, quién se queda con la riqueza producida por los argentinos. Estamos atravesando un momento de enorme saqueo y el Río Paraná es una expresión clara de ese proceso.”
LCV: También resulta llamativo que mientras Donald Trump impulsa políticas de protección de los intereses estadounidenses, aquí parece suceder exactamente lo contrario.
Carlos Del Frade: “Es una contradicción muy evidente. Trump defiende y nacionaliza las vías fluviales de Estados Unidos, impide que sean controladas por terceros y garantiza que los beneficios queden para los norteamericanos. En cambio, en la Argentina ocurre lo opuesto: actuamos como si el Paraná fuera una vía al servicio de intereses extranjeros. A esto se suma el denominado Programa 333, firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, que implica ceder durante cinco años la seguridad del Mar Argentino a la Armada norteamericana. Es algo verdaderamente oprobioso. Ni siquiera durante la última dictadura militar se avanzó en una entrega de semejante magnitud. Más allá de las diferencias internas que existían entonces, había sectores que sostenían una visión más vinculada a la defensa de recursos estratégicos nacionales. Hoy estamos frente a una cesión directa de soberanía.”
LCV: ¿Qué gobernadores deberían estar dando respuestas sobre esta situación?
Carlos Del Frade: “Las principales responsabilidades recaen sobre las siete provincias vinculadas al Paraná. En particular, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, deberían tener una posición mucho más clara. También Axel Kicillof debería volver a poner en discusión el Canal Magdalena y plantear cuánto de esta riqueza quedará efectivamente para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo vale para Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Es fundamental que los gobiernos provinciales al menos se pregunten cuánto va a recibir cada provincia de un negocio que hoy parece diseñado exclusivamente para beneficiar a las multinacionales. Hay 79 puertos en estas siete provincias y la mayoría está en manos de grandes corporaciones. Terminaremos dependiendo de simples declaraciones juradas sobre lo que entra y sale del país. El riesgo es que se profundice una pérdida total de control sobre nuestras exportaciones y sobre recursos estratégicos fundamentales.”
LCV: ¿Cómo repercute esta discusión dentro de tu espacio político y qué respaldo encuentran para estas posiciones?
Carlos Del Frade: “Nosotros somos apenas tres diputados dentro de una Legislatura de cincuenta integrantes en Santa Fe. Integramos el Frente Amplio por la Soberanía y nos definimos como una corriente de izquierda nacional, vinculada a los movimientos populares y a la defensa de los intereses nacionales. No contamos con el acompañamiento de los sectores mayoritarios de la política, aunque sí recibimos apoyo de algunas personalidades que comparten estas preocupaciones. Estamos atravesando un momento de mucha soledad política, pero creemos que hay que sostener estas posiciones porque la sociedad necesita escuchar voces que adviertan sobre lo que está ocurriendo. Más temprano que tarde, estas discusiones van a dejar de ser marginales porque la realidad terminará mostrando sus consecuencias.”
LCV: ¿Esa soledad responde a una falta de comprensión del problema o a intereses económicos?
Carlos Del Frade: “Quiero creer que muchas veces se debe a que algunos sectores miran la política desde otro lugar. Sin embargo, sinceramente creo que el principal problema de los grandes partidos políticos argentinos es que se han resignado frente al poder económico. Y esa resignación, muchas veces, termina produciendo los mismos resultados que la corrupción. Es una situación muy grave porque fuerzas políticas que en otros momentos expresaron los intereses de las mayorías populares hoy parecen aceptar como inevitables decisiones que perjudican al conjunto de la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa actualmente la Argentina.”
Destacada
Horacio Catena, secretario general del SUTEF: “No queremos ni un docente pobre en nuestra patria”
En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.
LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?
Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”
LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?
Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”
LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?
Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”
LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?
Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”
Daniel Yofra: “Ofrecer 0% de aumento es una provocación y una invitación al conflicto”
Carlos Del Frade: “El Río Paraná está siendo entregado a las multinacionales y al control estratégico de Estados Unidos”
