El próximo 27 de octubre, Uruguay irá a las urnas para elegir un nuevo presidente y también para poner la papeleta de un plebiscito singular, llevado adelante por el PIT-CNT, que propone una reforma constitucional con relación a la previsión social. Votar por el Sí, significará darle a los jubilados varios derechos: volver a la edad de 60 años para retirarse (el gobierno de Lacalle Pou había subido a 63 y 65 la edad jubilatoria, establecer que nadie deberá cobrar menos que un salario mínimo, y anular las AFAP, es decir, las jubilaciones privadas.

Para conocer cómo va la campaña, conversamos con Luis Puig, ex diputado del FA, fundador del Partido por la Victoria del Pueblo, mienbro del PIT CNT en donde fue Sec. de DDHH, que está trabajando fuerte por a favor del plebiscito previsional. Una propuesta de la central obrera uruguaya que, curiosamente, no tiene el apoyo de todo del Frente Amplio, en especial de su candidato a presidente, Yamandú Orsi, a pesar de ser una reivindicación histórica del mismo Frente.

Más allá del voto por la ‘papeleta’ plebiscitaria, analizamos las últimas encuestas que le dan amplia ventaja al Frente Amplio, frente a un Partido Nacional que ha sufrido escándalos de todo tipo a lo largo de su gobierno y está unos 20 puntos abajo. Además, causó inquietud la aparición en carrera de un joven candidato, cuasi desconocido, del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que lanzó un spot de campaña en la que contaba su propuesta mientras hacía fitness, con pesas que mostraban su buen estado físico. Criticado por la mayoría de los medios, lo cierto es que en pocas semanas consiguió una ovación de los jóvenes en la Socieada Rural y un aumento significativo en las encuestas que lo pone a pocos puntos del Partido Nacional. Es decir, si Orsi no gana en la primera vuelta, podría llegar a darse un ballotage con un personaje que está utilizando las herramientas digitales y desfachatadas que pueden hacernos recordar a Milei, con un aspecto de nuevo dirigente parecido a Bukele.

LCV: Hola, aquí estamos de nuevo en contacto, en este octubre en el que se definirán varias cosas en Uruguay. Cómo va todo?

—Muy bien, un gusto estar conversando contigo desde el Partido por la Victoria del Pueblo y las expectativas reales que tenemos de, en esta etapa, poder alcanzar en octubre dos victorias. La victoria del Frente Amplio, por la cual estamos trabajando para que se produzca en primera vuelta en octubre, y al mismo tiempo algo que consideramos imprescindible que es la victoria del plebiscito por la Seguridad Social, instalando en la Constitución el tema de la seguridad social como un derecho humano fundamental. Creo que es importante para nuestra gente y creo que también es una buena señal para toda la región.

LCV: Reformar la Constitución para establecer que la jubilación corresponda a un salario mínimo signfica considerarla un derecho inamovible, que no puede ser manipulado por los distintos gobiernos ¿Es así?

—Exacto. Hay antecedentes de esto en Uruguay. Por ejemplo, en 1989, mediante una reforma constitucional también se resolvió que las jubilaciones y pensiones aumentaran por el índice medio de salario. Esto significa que se terminó con toda una etapa en la cual los gobiernos podían, en forma discrecional, eliminar los aumentos a los jubilados, haciéndolos por debajo del índice medio de salario. Hoy la lucha de los trabajadores está íntimamente ligada a lo que es las retribuciones de los jubilados. Esto está en la constitución desde 1989, las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salario. Ahora lo que está planteado en este proceso de reforma constitucional por iniciativa popular, que es lo que estamos impulsando y donde quienes tomaron la iniciativa son organizaciones sociales de primer nivel en Uruguay, con mucha adhesión, con mucha participación de la gente y que está siendo acompañado también por organizaciones políticas, en el caso del Frente Amplio, por el PVP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Izquierda en Marcha, la lista 5005 y otros sectores que están acompañando; que nos parece fundamental esa decisión de estar junto a los trabajadores, estar junto a los cooperativistas y no ser prescindentes en un tema que para nosotros es fundamental y que tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, con la gente que está más jodida, con la gente que han sido más vulnerados sus derechos a lo largo de la historia.

LCV: Gabriel Oddone, que sería el futuro ministro de Economía en caso de que gane el Frente Amplio, cuando le preguntaron por las consecuencias de que gane el plebiscito, dijo que no iban a ser tan dramáticas como la campaña que están llevando a cabo quienes se opones a la reforma. Hay quienes dicen que si gana el plebiscito Uruguay se hundía porque no había fondos. Da la impresión de que el ministro de economía de Yamadú Orsi le bajó los decibeles a la campaña del miedo.

—Creo que esas declaraciones de Oddone son importantes en la medida que es un cambio en cuanto a lo que se viene planteando por parte de algunos sectores políticos y fundamentalmente acá la ofensiva es por parte del gobierno de derecha que intenta convencer de que aprobar una reforma constitucional que, entre otras cosas, incorpora que las jubilaciones no puedan ser menores al salario mínimo nacional, salario mínimo nacional que está en torno a los 22.268 pesos uruguayos, estamos hablando de menos de 500 dólares, para verlo en una medida internacional, y plantean que si ese aumento se da, se provoca una hecatombe, un caos. Casualmente quienes dicen esto son funcionarios del gobierno que ganan 300, 400 mil pesos, que ganan 10 o 15 veces más de lo que significaría ese aumento a los jubilados de llevarlos al salario mínimo nacional. Pero esto no es nuevo en Uruguay, no es nuevo en la región. Cada vez que se ha intentado mejorar las condiciones de vida de los de abajo, aparecen los anuncios de catástrofe. Esos anuncios que no aparecen cuando, por ejemplo, en Uruguay se exoneran 2500 millones de dólares por año a las grandes empresas que además tienen un conjunto de elementos a su favor, empresas transnacionales, pero sin embargo, cuando se los exonera de esa cantidad exorbitante de dinero que después faltan para las políticas públicas, no aparecen las cámaras empresariales, no aparecen los dirigentes del gobierno diciendo que eso puede ocasionar un perjuicio para la economía. Parece que eso está permitido. Pero si se plantea mínimamente mejorar las jubilaciones miserables de los jubilados o las pensiones mínimas, aparecen estos anuncios. En realidad, a lo largo de la historia del país, cuando se discutió, por ejemplo, la ley de 8 horas, se decía que eso iba a generar que las empresas se fundieran. Estamos hablando de principios del siglo XX, 10 años estuvo paralizado en el parlamento un proyecto de ley enviado por el propio presidente de la república Valle de Ordóñez en 1906. Propios sectores del Partido Colorado, al que pertenecía Valle de Ordóñez, y del Partido Blanco se opusieron durante 10 años en el parlamento. Recién se aprobó cuando la mayoría de los gremios organizados habían logrado reducir la jornada de 16. de 14 a 8 horas, con movilización en la calle. También se discutía el salario mínimo rural, el Estatuto del Peón Rural, que si se definía un salario mínimo para los trabajadores en el área rural, el sistema agroexportador de Uruguay iba a sucumbir, porque prácticamente parece que los empresarios se iban a ver en una situación paupérrima. Nada de eso ocurrió cuando se aprobó la Ley de Consejos de Salario en el ‘43, cuando los Gobiernos del Frente Amplio 2007, 2008 se aprobaron las leyes de negociación colectiva, cuando en el 2014 se aprobó la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador. Todos esos anuncios de catástrofe, en el cual se unen los dirigentes empresariales, los dirigentes políticos de la derecha, la derecha social y algunos otros, en realidad lo que intentan es generar una situación de confusión y tratar de convencer a la gente que si se mejora un poquito a los de abajo, la hecatombe del país está asegurada. Sin embargo, cuando se privilegia permanentemente a los de arriba, parece que eso no perjudica en absoluto la economía del país.

LCV: En el plebisito también se establece que no puede haber jubilación privada, es decir, lo que en Uruguay se llama AFAP y en Argentina se llamó AFIP. Hay muchos que temen que los que tengan jubilaciones en las AFAP pierdan ese monto que ya han ahorrado allí. ¿Cómo va a ser el sistema de pasaje de las privadas a la estatal?

—En primer lugar, está asegurado, escrito en la papeleta que pretendemos que tenga rasgo constitucional, que nadie va a tener menos cabo de lo que cobra, lo que le correspondería en la suma de BPS por AFAP. Nadie va a cobrar menos y la inmensa mayoría va a cobrar más. Entonces, esa situación que se ha planteado de una supuesta expropiación de los fondos es absolutamente falsa, inventada. Los ingresos van a ir al BPS, pero van a ir acompañados de la historia laboral de cada trabajador. O sea que los aportes que se hayan realizado no van a sufrir ningún menoscabo, nadie va a cobrar menos y muchísimos van a cobrar más. Pero al mismo tiempo decir lo que ha significado este sistema mixto que rige desde la década del ‘90, cuando se aprobó la ley de Privatización del sistema de Seguridad Social, donde nos decían que teníamos que sumarnos al sistema chileno, que era prácticamente la llave de la felicidad. Porque el sistema chileno ha llevado a que cientos de miles de chilenos no se van a poder jubilar nunca y que sus ahorros provisionales se han dilapidado en distintas inversiones de las aseguradoras privadas. Pero hace 28 años que se aprobó esa ley, hay gente a la que se obligó a aportar la mitad para el BPS, la mitad para las AFAP, y veamos cuál es el resultado de ese sistema mixto. Las jubilaciones por el BPS tienen un promedio de unos 30 o 32 mil pesos uruguayos, hablamos de unos 800 dólares, más o menos. Quienes se jubilan por las AFAP tienen un promedio de menos de 6 mil pesos, habiendo aportado la mitad para el BPS y la mitad para las AFAP. Estamos hablando de que está en cinco veces menos la jubilación cuando decían que se iba a tener dos jubilaciones. O sea, las AFAP se han demostrado como una gran estafa, donde los aportes del trabajador se disminuyen automáticamente en un 20% entre comisiones, entre seguro y demás, donde las AFAP cobran por trabajo que hace el BPS, trabajo de administración lo hace el BPS. Por tanto, se ha demostrado la absoluta mentira, la estafa que ha significado, y esto indirectamente ha sido reconocido por los defensores de las AFAP, que dicen que si se pasa todo al BPS, va a costar 18 millones de dólares más por año. ¿Por qué? Porque en realidad se le viene pagando menos de lo que le corresponde a la gente de las AFAP. En promedio, podemos decir que cada renta vitalicia de AFAP, a esos se les está quitando un promedio de 10 mil pesos por mes. Estamos hablando de 250 dólares por mes que se lo viene estafando desde hace años a quienes están incorporados a las AFAP. Por tanto, son una gran estafa las AFAP.

El otro elemento que nos dicen es que queremos poner en la constitución la edad de 60 años y como la expectativa de vida aumenta, eso no podría ser así. En primer lugar, decir que la expectativa de vida no aumenta para todos igual. Hay estudios en Chile que dicen que en un barrio rico y un barrio pobre de Santiago, tiene una diferencia de 15 años de expectativa de vida. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Argentina, tal vez más agravado en Argentina, donde los pobres viven menos que los ricos, porque si tu alimentación en la primera infancia no fue la adecuada, si no tuviste una vivienda digna, si no pudiste tener un proceso de formación tanto alimenticio, de vivienda, de salud y demás, y si aparte tenías que levantarte a las cuatro de la mañana al campo para ordeniar o en la ciudad para ir a trabajar en un andamio con frío o calor, no vas a tener las mismas condiciones y las mismas expectativas de vida que aquellos que han tenido una vida acomodada. Por lo tanto, es falso que la expectativa de vida sea para todos igual. Además, ponerlo en la constitución implica que no puedan seguirla aumentando, que tengan que reformar la Constitución si quieren aumentarlo, porque la ley que aprobó el gobierno neoliberal, este gobierno actual que tenemos en Uruguay, queda establecida una comisión que va a estudiar futuros aumentos en la edad para jubilarse. No solo te la llevaron de 60 a 65. Un compañero nuestro dice que te prometieron los mejores cinco años de tu vida y esos mejores cinco años te los agregaron a la jubilación, la gran mentira del Gobierno, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos a que nos sigan subiendo indefinidamente la edad para jubilarse, que la vida sea un poco más que trabajar hasta morir.

LCV: Vos que estás dando vueltas, haciendo campaña, recorriendo los pueblos, los barrios, ¿Cuál es el clima que notás?

—Tengo toda la expectativa que logremos desarrollar que acá la dicotomía es privilegio versus sus derechos. Los privilegios de unos pocos, enfrentados a los derechos de la inmensa mayoría. Nosotros estamos reivindicando los derechos de la gente, independientemente de lo que vote. Estamos reivindicando que se puedan consagrar esos tres aspectos en la Constitución, volver la edad a los 60 años y aquel que quiera seguir trabajando porque considera que puede mejorar o que se siente conforme con lo que está haciendo, puede hacerlo. No hay ninguna obligación, si triunfa del plebiscito, que tengas que jubilarte a los 60 años, sí tenés el derecho de hacerlo. Eso es muy importante. Tiene que ver con la libertad, tiene que ver con decidir qué querés hacer de tu vida. Este gobierno que ha hablado mucho de la libertad, me hace acordar algún presidente de la vecina orilla, en realidad cercenaron la libertad de la gente porque los obligan a aceptar, independientemente cuál sea su actividad laboral, los obligan a afiliarse a una AFAP, le niegan la posibilidad de libertad. Entonces nosotros lo que decimos es que se establezca el derecho a poder jubilarse a los 60 años, que se termine con la estafa de las AFAP y que logremos mínimamente elevar las jubilaciones y pensiones mínimas que están en niveles miserables. Entonces eso afecta al conjunto de la población, vote lo que vote. Todos tendríamos que jubilarnos, aunque hay gente que le está vedado ese derecho por su trabajo precario, por la explotación extrema, por la precarización laboral, pero nosotros consideramos que esto es algo que debieran votarlo todos aquellos que no tienen privilegios.

LCV: Las últimas encuestas dan por ganador por amplio margen al Frente, que le llevaría como unos 20 puntos al partido blanco. Ahora apareció un candidato a presidente que se llama Gabriel Ojeda, que es del Partido Colorado y que ha dado un batacazo en las últimas semanas porque empezó a hacer una campaña medio parecida a la que tuvo Milei y el impacto en las redes. Hoy estaba viendo las encuestas que se le está acercando muchísimo al Partido Blanco. Digamos que antes tenían mucha diferencia el Colorado y el Blanco, pero ahora está uno en 17 y el otro en 13%. ¿No tienen miedo a este fenómeno? ¿Que se les venga un Milei por acá también?

—En primer lugar estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a las campañas del show, las campañas vacías, las campañas sin ideas. Yo tengo la impresión de que este señor es un invento. He escuchado algunos reportajes donde ni siquiera el que se dice batllista tiene idea de la historia del batllismo. Él más está actuando como aquellos que eran detractores del batllismo. En realidad creo que es un gran invento, no hay ideas allí que uno pueda decir bueno, qué interesante esto que plantea. En realidad su apuesta ha sido a reforzar la coalición de gobierno. Reforzar la coalición, reivindicar a Lacalle Pou, tratar de aprovechar el descontento de algunos sectores del Partido Nacional hoy con la fórmula que presentó Álvaro Delgado y tratar de llevar algunos votos para allí. Yo no digo que Uruguay no tenga peligro en el futuro de que puedan aparecer estos personajes, pero va a depender mucho de lo que haga la izquierda. Si la izquierda no es capaz en el próximo gobierno de mostrar una alternativa de cambio profundo, de plantearse que gobernar para los más vulnerados, de tratar de limitar los privilegios de los de arriba, si no se plantea ir a fondo con un programa de transformaciones, bueno, ahí puede ser que la gente en algún momento se vea decepcionada. Pero nosotros como Partido por la Victoria del Pueblo, como la lista 5567 en Montevideo y en otros departamentos, estamos aspirando a que el Frente Amplio haga un gobierno de transformaciones, haga un gobierno que tenga como centro los derechos de los de abajo, los derechos de los trabajadores, que se ocupe de ir eliminando la precarización laboral que es un drama para la democracia y los derechos de la gente, que sea capaz de enfrentar los privilegios y las presiones de los poderes fácticos, ya sea de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales, de los mandos militares en actividad o en retiro, y sea capaz de hacer un gobierno transformador que no tenga miedo a llamarse de izquierda. Entonces eso creo que es el mejor antídoto para que aparezcan estos outsiders, que en realidad solo pueden basarse en el descontento de la gente. Si la izquierda es capaz de seguir o de retomar la movilización y el entusiasmo de la gente, creo que hay muchísimas posibilidades de reafirmar que en Uruguay no va a ocurrir esa situación. Si la izquierda llegara a defeccionar en el próximo gobierno, yo creo que ahí la situación se vuelve muy complicada. Pero nosotros como Partido por la Victoria del Pueblo, como integrante del Frente Amplio, aspiramos a un gobierno de transformaciones, a un gobierno que se vincule con las organizaciones sociales, un gobierno que no vea a la lucha de los trabajadores como un peligro, sino como una garantía de reafirmación de los cambios.