El pasado 3 de mayo, David Harland, presidente del Centro de diálogo humanitario Henri Dunant- radicado en Ginebra (Suiza)-, dio lectura al último comunicado de ETA en el que la organización armada confirmaba la “disolución de todas sus estructuras”. ETA nació del pueblo y en él se disuelve. El anuncio ponía fin a una trayectoria de 60 años comenzada durante la dictadura franquista y, en cierto modo, también a la transición política, proceso por el cual el régimen dictatorial mutó en democracia parlamentaria. La existencia de casi 300 presos de ETA en cárceles francesas y españolas, y el permanente debate sobre la soberanía vasca son dos temas cuya solución, aún pendientes desde aquella, debiera ser facilitada por esta desaparición. No en vano, durante los últimos 25 años, todo gobierno español ha señalado que sin armas, sin ETA, se podía hablar o negociar sobre cualquier tema. La dureza en la lucha antiterrorista y en la política penitenciaria respecto a los presos de ETA son, sin embargo, importantes bazas electorales con las que todos los partidos políticos juegan habida cuenta de las nulas diferencias existentes en sus respectivas políticas socioeconómicas y a las que, obvio, ninguno piensa renunciar.
No menos importante es el cómo contar la Historia a las generaciones venideras, lo que desde el stablishment (Instituciones, partidos, sindicatos y medios de comunicación) se denomina como el “relato” y que, por otro lado, forma parte de una más extensa relectura de la Historia del Estado español, relectura destinada a legitimar el estado actual de las cosas, a legitimar el régimen de 1978, la transición. Tomar la trayectoria de ETA como  monolítica y ajena a las diferentes coyunturas por las que ha transcurrido, no registrar diferencia entre la dictadura, los años 80 y el siglo XXI, es la punta del iceberg del “relato”.

¡Viva el Estado de derecho!
El Gobierno de Rajoy, acosado por los casos de corrupción y la competencia electoral de Ciudadanos (el emergente partido de derecha) y más preocupado por conseguir la fotografía de la rendición de ETA -foto que esta ha sabido evitar mediante un proceso de desarme y disolución, inspirado en los modelos colombiano e irlandés y en el que el protagonismo fue entregado a la sociedad civil- que por iniciar ningún tipo de negociación, ya expresó su opinión, el 29 de abril, a través de su ministro de interior, Juan Ignacio Zoido: “ETA está terminada, está derrotada. Lo único que espero del próximo 4 de mayo, si las cosas suceden como se espera que sucedan, es que las fuerzas de seguridad del Estado verifiquen y certifiquen que ETA ha desaparecido. A partir de ese día la Policía y la Guardia Civil van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora: perseguir a los terroristas”.
Como colofón, el ministro Zoido quizás debiera decir que a las fuerzas de Seguridad del Estado, a su partido y su Gobierno, entre otros agentes, no les interesa verificar el fin de ETA. A la vista de las últimas actuaciones políticas y judiciales acontecidas en esta última semana podríamos decir que nunca dejarán de agitar el cuco de ETA y el terrorismo.

La evolución de ETA: hitos y coyunturas
ETA nace a fines de la década de 1950 de la mano de un grupo de jóvenes nacionalistas que disentían de las tácticas y estrategias del hegemónico y democristiano Partido Nacionalista Vasco (PNV), nacido en 1895. Las luchas de liberación nacional de postguerra marcarían el giro izquierdista de ETA, siendo las experiencias del Frente de Liberación Nacional de Argelia y el MLN Tupamaros los modelos a imitar. Consecuente con los tiempos, ETA (ya vanguardia armada del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, MLNV) sufriría diversas escisiones con base en lo ideológico y en la diversidad de modelos socialistas a seguir. Algunas generarían partidos políticos de alcance estatal de carácter trotskista o maoísta, relegando la lucha armada (aunque no su legitimidad). Otra, mantendría la existencia de dos organizaciones, ETA político-militar (1974-1982) y ETA militar (la organización recién desaparecida), con sus correspondientes partidos y movimientos de masas.
La práctica de la lucha armada fue, en un principio, de carácter selectivo. Así, el primer atentado premeditado, en 1968, fue dirigido contra el jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa (provincia cuya capitalidad recae en San Sebastián), la policía política de la Dictadura. El inspector Melitón Manzanas, confeso fascistas y colaborador de la Gestapo, tenía especial gusto por torturar cuanto opositor al régimen se cruzara. Sonado fue también la explosión con la que pusieron fin, en 1973, a la vida del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno y mano derecha de Franco. El número 2 del franquismo y susceptible de ser la cabeza de un franquismo sin Franco.
Las simpatías y adhesiones que ETA generaba entre la gente eran máximas y no se limitaban al País Vasco y al Estado español, como lo demostraron en 1970 y 1971 las numerosas manifestaciones celebradas en toda Europa en solidaridad con los 16 miembros de ETA juzgados en el Proceso de Burgos –acusados de tres muertes, siendo una la de Manzanas- y que consiguieron detener seis penas de muerte. La imagen del primer ministro sueco Olof Palme solidarizándose con los condenados vascos dio la vuelta al mundo.
La muerte de Franco y la transición no detuvieron la lucha armada en el Estado español, lucha desarrollada por diferentes organizaciones autónomas, amén de las dos ramas de ETA y el marxista-leninista GRAPO (Grupos revolucionarios antifascistas primero de octubre). La amplia base social con la que contaban las organizaciones vascas y los reclamos independentistas permitieron la pervivencia de estas y el paulatino ocaso de todas las demás. La legitimidad de la democracia parlamentaria diseñada por el franquismo y el monopolio de la fuerza seguían siendo cuestionadas.

El fin de la década de los 80 marcaría el principio del fin de ETA. En aquellos convulsos años, diferentes movimientos sociales antiautoritarios cuestionaban la supremacía del MLNV en el seno de la izquierda vasca. Este, por su parte, supeditaba toda su estrategia al objetivo supremo de la Negociación, algo contestado por las demás fuerzas de izquierda.
El 19 de junio de 1987, un artefacto explosivo colocado por ETA en el shopping Hipercor de Barcelona causó 21 muertos y 45 heridos. La organización vasca se decantaba por las prácticas terroristas: era la llegada de la “socialización del dolor”, del coche-bomba: la lucha, para conseguir sus objetivos (la Negociación entre ETA y el Estado) tenía daños colaterales en la sociedad, sociedad que debía presionar al Gobierno para que negociase.
El cerco político, judicial y mediático contra ETA y toda persona u organización considerada próxima o que compartiera algún objetivo fue endureciéndose poco a poco. Los aparatos del Estado, nunca depurados tras la muerte de Franco, se emplearon a fondo. La tortura sistemática, el aumento de las condenas por delitos con la carátula de “terrorismo”, la dispersión de los presos en cárceles situadas a cientos de kilómetros del País Vasco fueron redondeadas, ya en los 90, por la doctrina del “todo es ETA” dictada por el juez Baltasar Garzón, y que tuvo como consecuencia el cierre de diarios, revistas, radios y la ilegalización de todo tipo de estructura del MLNV, destacando la ilegalización del partido político Batasuna (Unidad), en 2003.
El fin de la lucha armada de ETA empezaba a vislumbrarse, sin olvidar, en este sentido, las diferentes negociaciones que ETA mantuvo con los gobiernos de José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en los años 90 y principios del siglo XXI, respectivamente, y que no llegaron a buen puerto.

Sin armas se puede hablar de todo
A principios de 1998, meses antes del inicio de negociaciones con ETA, el presidente del Gobierno, José María Aznar, manifestó que “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”, refiriéndose a hipotéticas medidas de gracia para con los presos, su acercamiento a cárceles vascas e, incluso, a la posibilidad de revisar el autogobierno vasco y sus competencias.
Este mantra, “sin armas se puede hablar de todo”, se repetiría hasta la saciedad en los discursos de todos los partidos políticos del arco parlamentario vasco y español, siendo la banda sonora del aislamiento al que se sometió a todo el independentismo vasco de izquierdas y que, a la larga, ha conducido a la disolución de ETA.
Como se puede comprobar en la respuesta que el Estado ha dado al independentismo catalán, es evidente que, aún sin armas, temas como la unidad de España o la propiedad privada son intocables y no son susceptibles de negociación o modificación de su status. La Constitución española de 1978, no se toca.
De ahí en adelante, en 2006, comienzan los contactos y negociaciones se entre representantes de diferentes partidos políticos (como Arnaldo Otegi, líder del independentismo de izquierdas, y Rafael Egiguren, del PSOE, entonces al mando del Gobierno español) con el objetivo de cerrar una etapa (incluyendo el fin de ETA) y sentar las bases para una convivencia y una lucha política normalizadas. Lo civil sustituía a lo militar por primera vez.
El tema de los casi 300 presos en cárceles francesas y españolas, la desaparición de las medidas de excepción judiciales y de cumplimiento de condena a la que son sometidas es uno de los más importantes. Hasta la fecha, no ha habido ninguna modificación. Si en un principio la existencia de lucha armada imposibilitaba cualquier diálogo, una vez declarado el cese de esta por ETA en 2011, la exigencia se trasladó a que la organización desapareciera. Una vez esta dijo “chau”, ahora es imperativo que ETA pida perdón a las víctimas, reniegue de su pasado afirmando que su lucha nunca fue legítima y siempre fue un error y a que los reclusos se conviertan en arrepentidos y colaboren con la justicia.
De hecho, a fines de abril, conocido el anuncio de la disolución de ETA, la respuesta del Gobierno a través del ministro Zoido ahondó en su habitual inmovilismo: Ni un solo gesto hacia ETA; ninguna concesión ni en la lucha antiterrorista ni en la política penitenciaria.
De hecho, el 17 de mayo, la policía española desató una operación contra 57 ex presos de ETA con el objetivo de embargarles cuentas corrientes y otras propiedades para satisfacer las indemnizaciones económicas a las víctimas de sus atentados con las que fueron condenados junto a las penas de prisión. Estas indemnizaciones corren por cuenta del Estado y ahora quieren reunir 8 millones de euros embargando unos pocos autos y unas pocas nóminas. ETA tiene que continuar proporcionando beneficios políticos.
Como señalábamos más arriba, el cuco del terrorismo y la lucha antiterrorista, todo bañado por llamamientos a defender la unidad de España, la democracia y el Estado de derecho, sigue agitándose por PP, PSOE y Ciudadanos como efectiva forma de seguir ganando votos al mismo tiempo que se desvía la atención de la ciudadanía sobre los casos de corrupción, el desempleo, la ausencia de trabajo genuino, los desahucios, el recorte del gasto social, en Educación y Sanidad, o la merma en los derechos políticos.
Esa maquinaria judicial y policial del Estado español, nunca depurada, recordemos, ha ido construyendo sobre la lucha antiterrorista, con la excusa del terrorismo, una refinada maquinaria represiva legal propia de democracias autoritarias como Turquía y que, hoy en día, se utiliza contra todo tipo de disidencia más allá de los límites del País Vasco.
Como muestra, unos cuantos botones. Dos juicios centran la atención de la ciudadanía vasca en estas semanas: una docena de jóvenes vascos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional (tribunal de excepción español) acusados de diversos delitos de “terrorismo” y con exageradas peticiones de prisión por parte de la fiscalía… Por una pelea de bar con guardias civiles y por participar en una marcha en la que hubo pedradas.
Tirar piedras en una marcha es un delito que, dependiendo del signo de esta, puede ser calificado de terrorismo, acarreando 7 años de prisión. Por ejemplo.
Lo mismo puede decirse de los catalanes procesados por “delitos de odio”, por el hecho de escrachar los alojamientos de la policía española en Cataluña durante la represión del 1 de octubre; o los que son acusados de terrorismo por participar en piquetes; los raperos encarcelados por sus rimas, constituyentes de “apología del terrorismo”… La realidad es que no se puede hablar de casi nada: la libertad de expresión está siendo cercenada con el pretexto de la lucha antiterrorista y, como estamos viendo, para el Estado y los poderes fácticos, “terrorismo es todo aquello que os pueda quitar el chollo”, que cantaba La Polla Records.

Desaparición de ETA
En torno a 2008, el independentismo de izquierda (la izquierda abertzale, IA) da comienzo, en plena proscripción, a un proceso de reflexión con el objetivo de adaptarse, en todos los sentidos, a los nuevos tiempos. De fondo, los contactos entre el Gobierno, presidido por el socialista Rodríguez Zapatero, con ETA y con la IA: El 12 y 13 de mayo de 2005, durante el debate del estado de la nación, el presidente Rodríguez Zapatero anunció su intención de acabar con ETA mediante un final dialogado en aquella legislatura, aunque sin pagar un precio político por ello. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, en la oposición, acusó a Zapatero en el mismo debate de “traicionar a los muertos”.
Tras el atentado del 30 de diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas de Madrid (a pesar del cual ETA anunció que el alto el fuego seguía vigente), el presidente Rodríguez Zapatero anunció por la tarde del mismo día que había ordenado suspender todas las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA, con lo que consideraba roto el proceso de paz de forma inmediata. Según Zapatero, la violencia es incompatible con el diálogo, y por lo tanto, éste no puede desarrollarse mientras la banda terrorista no cumpla las condiciones que el Gobierno exigió para el inicio del mismo.
El PP acosó al PSOE durante este proceso, atento, una vez más a la obtención de réditos políticos y no a una resolución efectiva del conflicto. De hecho, y gracias a las denuncias de la derechista Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), diferentes políticos fueron procesados por el hecho de haber mantenido contactos con el partido Batasuna (ilegalizado ya en virtud de la doctrina Garzón de que todo es ETA”), esto es, con una organización terrorista.
En 2007, ETA da por terminado su alto el fuego. La llegada del PP al Gobierno, da por finalizada toda tentativa de negociación con ETA y la IA.
La represión, el cerco político, judicial y mediático, unidos a la reflexión en el seno de la IA, favorable al comienzo de una nueva etapa caracterizada por optar únicamente por los medios políticos. En 2010, ETA anuncia un nuevo alto el fuego y, un año después, el abandono definitivo de la lucha armada.
En 2011, es legalizada la nueva organización, el nuevo partido político de la IA, Sortu (nacer, crear), sucesor de Batasuna y Herri Batasuna (Unidad Popular). Un partido vertical, jerarquizado, comprometido con el respeto a la legalidad vigente y de sesgo socialdemócrata.
El fin de ETA estaba ya próximo; no cabía marcha atrás. En lo sucesivo, la tarea se centró en cómo desaparecer sin que ello pareciera una derrota, sin regalar al Gobierno la imagen de la rendición, esa imagen que, desde 1978, han buscado todos los gobiernos españoles.
Desde el alto el fuego dado a conocer a través de un video enviado a la BBC, todos los pasos dados para la disolución de ETA han estado inspirados en las conferencias y procesos de paz de Colombia e Irlanda. A diferencia de los casos mencionados, en esta escenificación de la disolución de ETA, en este remedo de conferencia de paz, no ha habido miembros del Gobierno español, coherente con su discurso de que ETA ya había sido derrotada por el Estado de derecho, por la actuación de la policía y la Justicia.
Ha habido mediadores internacionales, partidos y sindicatos del nacionalismo vasco (en representación de la sociedad civil), siempre buscando esa imagen de diálogo entre España y el País Vasco, esa imagen de sociedad civil organizada buscando un nuevo escenario basado en una paz justa. Así, tras el anuncio de alto el fuego definitivo, vino la destrucción del arsenal en 2017 y la tan exigida disolución, condición indispensable para cualquier diálogo, cese de la represión y fin de las medidas de excepción para con los presos de ETA. Ya se sabe que sin armas se puede hablar de todo.
En su última entrevista, concedida al diario “Gara”, ETA justifica su decisión, refrendada en proceso de debate interno por el 93% de sus miembros, y soslaya el tema de la derrota, inherente a una orga que desaparece sin alcanzar los objetivos que la hicieron nacer: “Ese camino continúa. El proceso que tiene como horizonte la creación del Estado Vasco sigue. ETA ha sido actor fundamental para poner en marcha y dar cuerpo al proceso de liberación, no hay la menor duda de ello, pero no podemos equiparar el final del ciclo histórico de ETA y el final de ese proceso de liberación. Lo que queremos decir con esa frase que se reproduce en la pregunta es que los objetivos intermedios que preveía ETA (para entendernos, reconocimiento nacional y derecho de autodeterminación) no se han conseguido todavía, pero que hay opciones de lograrlos. Desde un punto de vista histórico, comparando la situación cuando ETA emprendió su camino y la situación cuando cierra su ciclo, se puede extraer esta conclusión: entonces había un pueblo condenado a morir y hoy hay un pueblo que quiere ser dueño de sí mismo”.
Para el PP y el stablishment es necesario que predomine la idea de que ETA fue derrotada tanto por los réditos políticos que esta victoria, cimentada en la dureza del accionar jurídico-político, en el monopolio de la violencia; el enemigo interno. Es necesario también que se imponga la exigencia de que ETA y la IA reconozcan su fracaso y que proclamen que la lucha armada, aún en tiempos de Franco, nunca tuvo razón de ser y nunca tuvo legitimidad.
Los conflictos vasco y catalán, amén de la misma existencia de ETA, son elementos que ponen en tela de juicio la legitimidad de la transición, del proceso de mutación del Estado dictatorial en una monarquía parlamentaria donde el poder económico y político continua en manos de los mismos que ganaron la Guerra civil y continúan protegidos por la inmunidad que ellos mismos se concedieron. La transición fue dirigida por los poderes fácticos españoles con la ayuda de la socialdemocracia española (financiada por la alemana, experta en renuncias históricas y que maneja guita), todos empeñados en mantener la tranquilidad y evitar intentonas revolucionarias como la sucedida en la vecina Portugal en 1974.
Por eso el especial interés en establecer un solo relato en torno a ETA, la lucha armada e, incluso, la función y actuar de los nacionalismos periféricos enfrentados al nacionalismo español. Por eso el interés de no diferenciar diferentes etapas de ETA, el interés por ningunear su papel en el antifranquismo. Hay que tener en cuenta que tanto Melitón Manzanas como el almirante Carrero Blanco están considerados por el Estado y su legalidad como “víctimas del terrorismo”.