Opinión
No hay shock antiinflacionario, hay un shock recesivo, por Claudio Lozano
El ya conocido timbero y endeudador serial de la Argentina Luis Caputo informó ayer el conjunto de políticas de shock que pretenden resolver el cuadro construido por la política de ajuste inflacionario sobre la base de mayor ajuste y más inflación. La decisión de devaluar el dólar comercial más de un 100%, sumado a los incrementos de las tarifas de luz y de gas, más el aumento del boleto de colectivo y de tren, más la desregulación general del sistema de precios producirán un shock inflacionario que duplicará por lo menos la tasa de inflación mensual y consumirá el ya castigado poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos y argentinas.
Ese shock inflacionario tiene por objeto deprimir por caída de la demanda la actividad económica y por esta vía lograr la desaceleración de los precios. No se dijo pero es constitutivo de estas políticas retrasar la evolución de salarios y jubilaciones, así como también de los programas sociales respecto al aumento general de precios. Particularmente el ajuste de las jubilaciones pueden lograrlo rápidamente, incluso sin alterar la fórmula de movilidad, eliminando los bonos que la anterior gestión daba para compensar los deficientes resultados que alcanzaba la ecuación. Hay que considerar que actualmente los bonos representan más de la mitad del haber mínimo, con lo cual el recorte inmediato puede llegar a ser del 34%. Seguramente también buscarán modificar los criterios en materia de aumentos en las paritarias de los trabajadores estatales para completar el objetivo.
«Se pretende vender como novedoso un planteo que ya esgrimieron Martínez de Hoz, Cavallo y Macri»
Todas las medidas fueron expuestas luego de argumentar, una vez más, de manera falaz y reñida con los más elementales manuales de economía la centralidad del déficit fiscal en la explicación de todos los problemas y puntualmente de la inflación. Se pretende vender como novedoso un planteo que ya esgrimieron Martínez de Hoz, Cavallo y Macri y que solo sirvió de pantalla y justificación a políticas que devastaron la economía y la sociedad argentina. Olvidó decir Caputo que la mitad de esos 5,5 p.p. del PBI de déficit se explican por los intereses de deuda. Tampoco dijo que los anuncios hechos van a incrementar el peso de los pagos de deuda pública en el presupuesto (en el próximo año 2024 el monto de intereses de deuda en moneda extranjera asciende a USD 8.000 millones) así como también el aumento de los pagos vinculados a los pasivos remunerados del Banco Central. Ambas cosas impulsadas por la devaluación de más del 100%.
En concreto, estos financistas y mentirosos de pacotilla no tienen problema en incrementar la emisión para pagar deuda mientras la restringen en lo relativo a dinamizar la cuestión social y la actividad económica. Resulta relevante puntualizar algunas cuestiones.
1) Habrá que seguir con atención el modo en que se maneja en términos de despido el supuesto recorte del gasto político que se plantea reduciendo ministerios, secretarías y subsecretarías.
2) Es importante puntualizar que la reducción de las transferencias a las provincias involucra en un 44% los pagos del Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y las transferencias a las Cajas Previsionales. Es decir, detrás de esta definición no está en abstracto la relación con las provincias, estamos hablando de los ingresos de trabajadores y jubilados.
3) No se licitará más obra pública. Aun validando el argumento de la corrupción esgrimido, resulta ridículo poner como solución eliminar la obra pública en lugar de plantear un nuevo diseño institucional que elimine la corrupción pero que defienda el interés público a la hora de planificar las prioridades en materia de inversión. Parece poco probable que el interés privado se preocupe por atender el déficit en materia de vivienda, en materia de infraestructura y servicios básicos de educación, salud, agua potable, conectividad etc. Más allá de esta cuestión, la interrupción de la inversión pública afecta de manera directa los niveles de actividad económica y empleo (especialmente, el empleo en las provincias).
4) Otra argumentación discutible es la idea de las tarifas atrasadas y la inflación reprimida. La primera pregunta que cabe hacer es cuál es el atraso del precio de la energía si el costo de extracción del barril de petróleo es de USD 10 y se les paga USD 58 a nivel del mercado interno y USD 90 al exportar. En definitiva, cuál es el criterio para fijar el precio de la energía, del trigo, del maíz, del aceite, de la carne, y demás bienes fundamentales para la economía. Desde nuestro punto de vista es el costo de producción local, para el actual gobierno, es el precio internacional. Esta diferencia hace que las ventajas (rentas que la Argentina tiene por la disponibilidad de materias alimentarias y energéticas baratas) en lugar de transformarse en palancas para nuestro desarrollo se conviertan en garantía de pago para los acreedores y rentas extraordinarias para las principales corporaciones transnacionales y locales que operan en nuestro país.
5) Se argumenta que se incrementarán la AUH y la Tarjeta Alimentar, porque en ellas no hay intermediarios y se congela el Potenciar Trabajo para terminar con el clientelismo. No se les ocurrió una solución mejor frente al desastre social que promueven, para quienes están sumergidos en la pobreza como podría ser la universalización del Potenciar Trabajo para quienes estén en condiciones de informalidad laboral en lugar de congelarlo que además de ampliar la cobertura eliminaría la intermediación. Así, tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar van sobre la misma población, es decir, cerca de 2,4 millones de personas, cubriendo apenas el 48% de la población pobre. Ambas prestaciones, para colmo, vienen acumulando fuertes atrasos que sin contabilizar el salto en los precios ocurrido en las últimas semanas, en el caso de la AUH acumula una caída del 36% real respecto a diciembre 2019 (del 47% respecto a diciembre 2015) mientras la Tarjeta Alimentar está un 44% por debajo del valor que tenía al momento de implementarse en enero 2020. En el contexto del derrumbe de la actividad y la escalada inflacionaria limitan a lo mínimo la cobertura social de los más postergados.
6) El planteo de la devaluación acompañado de la extensión y aumento del impuesto País al 17,5% a todas las importaciones que lleva al dólar importador a $940 junto con la generalización de las retenciones a las exportaciones es una evidencia del contenido desindustrializador del programa expuesto. Es indudable que el dólar importador es mayor que el exportador que considerando el 15% de retenciones, pero la posibilidad de liquidar el 20% en el dólar CCL, alcanzaría los $730. Es evidente que esto hace menor la devaluación efectiva de quienes tengan mayor componente importado en su producción que es básicamente el caso del sector industrial y economías regionales que además recibirán un incremento de las retenciones. La reprimarización y el bajo valor agregado siguen siendo el rumbo productivo del modelo que vienen impulsando hace 50 años.
«El fin de la sequía, el ahorro energético más el incremento de otros rubros exportadores, permiten avizorar un abultado saldo comercial de como 22.500 millones en el 2024. Profundizar el sufrimiento de manera inútil e innecesaria es lo que anunció el nuevo gobierno»
7) Por otra parte, se cae la mentira acerca de la preocupación de la “bomba de la Leliq”. Se mantiene la tasa de Leliq en 133% mientras que la de pase pasivo baja del 126% al 100%. El congelamiento de la tasa interés (que es también la de los plazos fijos) en el marco de la escalada inflacionario, está claro que, pondrá a los depositantes en la decisión de dejar licuar sus pesos, o bien, presionar sobre los dólares paralelos considerando que no se levantan -todavía- las restricciones cruzadas MULC/CCL.
En suma, profundizar el ajuste, ahondando la recesión vía depresión de los ingresos de la mayoría de la población, mientras se multiplica la escalada inflacionaria es lo que nos han anunciado. Argentina necesita una terapia de shock antiinflacionario articulado con un shock distributivo y productivo. Acá no hay shock antiinflacionario, hay un shock recesivo que derrumba la producción al tiempo que agrava la injusticia en el reparto de los ingresos.
Un mayor sufrimiento, absolutamente innecesario, para una sociedad fuertemente dañada. Para acordar con el FMI no era necesario hacer en un año lo que el acuerdo con el FMI planteaba en cuatro. Tampoco se necesita derrumbar la actividad para conseguir dólares. El fin de la sequía, el ahorro energético más el incremento de otros rubros exportadores permiten avizorar un abultado saldo comercial de como mínimo USD 22.500 millones en el 2024. Profundizar el sufrimiento de manera inútil e innecesaria es lo que anunció el nuevo gobierno.
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
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AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
