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Fulvio Monti: “Hay 90 familias en la calle por los despidos en Gentec Platinum y la empresa todavía no pagó las indemnizaciones”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Fulvio Monti, secretario general de Empleados de Comercio de Villa Constitución, denunció los despidos en una empresa de tecnología agrícola que golpean a la ciudad santafesina. Advirtió sobre la falta de pago de las indemnizaciones y los salarios adeudados, la pérdida de puestos de trabajo altamente calificados y el impacto que el cierre de fuentes laborales tiene sobre toda la economía local. Además, reclamó la intervención del gobierno provincial y convocó a impulsar un paro regional en defensa de los trabajadores.
LCV: ¿Cómo estás viviendo esta situación de los despidos en Villa Constitución?
Fulvio Monti: “Es algo tremendo que nos golpea muy fuerte en una ciudad que ya viene atravesando la problemática de los despidos desde principios del año pasado. La verdad es que esto es algo más que hace mucho daño a una Villa Constitución tan golpeada. Además, estamos hablando de 90 familias afectadas, lo que representa un promedio de 330 o 440 personas, teniendo en cuenta una familia tipo, con una persona casada y dos hijos. Estamos hablando de casi 500 personas afectadas por un despido”.
LCV: Además del impacto directo sobre los trabajadores, ¿qué significa esto para la economía de la zona?
Fulvio Monti: “Totalmente. Y aparte está lo que significa para toda la zona. Esa persona es la que deja de comprar en el mercado, la que deja de pagar una niñera. Todo repercute, todo está conectado con todo: el jardinero, las changas, la pintura, los arreglos de tu casa. Todo eso lo dejás para otro momento porque hay que comer. Es una cadena que termina afectando a toda la comunidad”.
LCV: En este caso, la situación es todavía más grave porque ni siquiera les han pagado las indemnizaciones.
Fulvio Monti: “Exactamente. En primera instancia, lo que siempre peleamos, y en común acuerdo con todos los trabajadores, es la reincorporación. También buscamos la posibilidad de reinventar una empresa que tiene empleados con altos niveles de conocimiento. Es una empresa de tecnología, de agricultura de precisión, que fabrica pilotos automáticos. No puede pretender una empresa dejar a 90 compañeros y compañeras en la calle y después decir que no los va a reincorporar. En la última reunión en el Ministerio volvió a confirmar que no habrá reincorporaciones. La empresa dice que les va a pagar y que va a seguir trabajando con 60 empleados. Esa es la problemática más grande que tenemos como gremio, porque siguen trabajando 60 compañeros y compañeras, pero la prioridad hoy son estas 90 familias que nos tocan en Villa Constitución”.
LCV: ¿A qué se dedica la empresa y cuál era la preparación de los trabajadores despedidos?
Fulvio Monti: “Como te decía, fabrican pilotos automáticos, monitores multifunción y tienen tecnología de pulverización selectiva. No solamente estamos hablando de 90 familias, sino también de grandes profesionales, empleados muy formados de la provincia de Santa Fe que se están perdiendo. Son trabajadores con una formación muy específica y una experiencia que no se consigue de un día para el otro”.
LCV: ¿También cambiaron las condiciones de trabajo de los 60 empleados que quedaron en la empresa?
Fulvio Monti: “Las condiciones de trabajo evidentemente van a cambiar. Por más que haya menos trabajo, va a haber multifunción. Al día de hoy se les ha pagado el sueldo, pero se les sigue adeudando dinero tanto a los despedidos como a los que todavía están trabajando. Es una situación muy compleja. En un país donde no hay inserción laboral, la gente sabe que si sale de ahí no tiene dónde ir. Es entendible que se aferre a su trabajo y que hoy lo único que le importe sea poder seguir ahí”.
LCV: Durante muchos años, la industria argentina invirtió en la formación de sus trabajadores. Había escuelas dentro de las empresas y se preparaba a técnicos con conocimientos muy específicos. Cuando esa industria desaparece, ¿dónde se reinserta un trabajador con semejante formación? ¿A dónde van estos trabajadores especializados en tecnología agrícola en este modelo de país?
Fulvio Monti: “Hoy, tristemente, en ningún lado. Y te hablamos de Villa Constitución, que es una ciudad industrial. Personas totalmente formadas, con una categoría profesional importante, terminan yendo a manejar un Uber. También tenemos la metalmecánica, con cientos de talleres en la ciudad que se disputan esa mano de obra. El problema es que hoy los talleres también están cerrando, están entrando en convocatoria, están quebrando y están despidiendo gente. Está todo muy complejo. Hoy no hay inserción laboral. Por eso es muy complicado el tema”.
LCV: Pero volvemos a lo mismo: ni siquiera les pagaron las indemnizaciones. ¿En qué instancia está la negociación?
Fulvio Monti: “Nosotros estamos en negociaciones con el Ministerio, pero lo digo con total sinceridad: es pura formalidad, porque el Ministerio de la provincia no va a hacer nada o no tiene el poder para obligar a la empresa a que pague. Ni siquiera todavía nos han sentado con el gobernador, a quien ya le pedimos una reunión hace 15 días. Esto requiere que el gobernador se siente con el gremio y con los representantes de los trabajadores para apoyar y buscar alguna alternativa para la empresa. En primera instancia, necesitamos que pague las indemnizaciones y que pueda seguir funcionando. Además, estamos hablando de una ciudad emblemática en materia de conflictos y de potencial laboral como Villa Constitución”.
LCV: La movilización de los trabajadores fue muy importante. ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad?
Fulvio Monti: “Tremenda. Los compañeros se han organizado muy bien. Se hizo un evento con más de 5.000 personas acá, en las dos manos. La semana pasada, el viernes, hubo una movilización que salió desde la planta hasta la plaza central. Nos acompañaron un montón de gremios, instituciones y la sociedad. Los comercios fueron cerrando sus persianas y acompañando a la gente”.
LCV: En esa marcha también se pidió un paro regional. ¿Considerás que es necesario avanzar con esa medida?
Fulvio Monti: “Yo creo que es importantísimo hacer un paro regional, ponerse realmente de frente a esta situación. Ojalá que se pueda dar, porque todavía hay un montón de gente que no entiende lo que está pasando. No creo que sea maldad, sino que simplemente todavía no entendió cómo esto los perjudica a largo plazo, a ellos y a sus familias”.
LCV: También hay una cuestión generacional. Durante muchos años se desvalorizó a los gremios y a la organización de los trabajadores. Hay jóvenes que quizás no conocen la historia de las conquistas laborales ni lo que costaron. ¿Cómo ves esa situación?
Fulvio Monti: “Fueron muchos años de denostar a los gremios, de denostar a la política y de sembrar un individualismo. Lo que vos hablás de las escuelas es muy importante. Acá está la Escuela San Pablo, donde toda la vida iban a estudiar los técnicos, salían y entraban a las fábricas. Había formación y todo eso se perdió. Hay una nueva generación que parece que no sabe todo lo que costaron esas conquistas. No saben que costaron vidas. Hay una falta de enseñanza en las escuelas. En un momento se habló de que no había que adoctrinar, pero no era adoctrinar: era contar una parte de la historia, nuestra trágica historia de lucha de los trabajadores. Eso es algo que tendría que darse. Hay generaciones que no vivieron eso y hoy siguen esperando algo. Nosotros ya lo vivimos, ya lo vivimos en los 90. La educación es también el otro desafío”.
LCV: Fulvio, te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa. Por favor, mantenenos al tanto permanentemente de lo que esté sucediendo en Villa Constitución.
Fulvio Monti: “Claro que sí. Muchas gracias por la difusión y por acompañar en la lucha, que es larga. Tenemos una carpa afuera de la empresa y ahí vamos a quedarnos hasta que el último compañero cobre lo que tiene que cobrar”.
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Héctor Amichetti: “Estamos protestando en fila india, cuando tenemos que estar uno al lado del otro”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, analizó el impacto del modelo económico del gobierno de Javier Milei sobre la industria nacional y el sector gráfico. Advirtió sobre el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del mercado interno. Además, planteó la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales y empresariales, recuperar una agenda programática común y construir una alternativa política basada en la unidad de los sectores del trabajo y la producción. También denunció el vaciamiento de la industria gráfica, la caída de la impresión de libros escolares y las consecuencias de las privatizaciones de los servicios públicos.
LCV: Venimos de una nota con la secretaria gremial de UTEP, que relató su experiencia en el encuentro con León XIV en la UCA, en el marco de la reunión de las fuerzas del trabajo. Después estuvimos en Pilar, con empresarios que contaban lo que sucede en sus sectores y las dificultades que tienen para sostener el mundo del trabajo. Vos diste un testimonio muy interesante sobre la situación de tu federación, que produce todo lo relacionado con el papel, el packaging y la gráfica. ¿Cómo los está afectando esta ola de industricidio del Gobierno nacional?
Héctor Amichetti: «Me parece que fue interesante abordar un tema que nos preocupa a todos en este momento: el trabajo relacionado con la producción. Evidentemente, hubo una coincidencia generalizada en que este modelo económico que se está llevando adelante es un modelo destructivo de la industria. Ahí hay un punto en el que todos coincidimos. Después viene, por supuesto, la discusión sobre qué hacemos frente a un modelo como este. El diagnóstico es realmente terrible: estamos hablando de alrededor de 30 empresas que cierran por día. Es decir, hoy va a terminar el día y habrá 30 empresas cerradas. Además, si tomamos el período desde noviembre de 2023 hasta ahora, hay un promedio de 400 familias que pierden el empleo formal. El encuentro del otro día me pareció interesante y creo que tendríamos que extender este tipo de reuniones. Más que encuentros para debatir la política en términos electorales, tenemos que empezar a discutir cómo nos unimos para ponerle freno a este plan destructivo, porque todavía tenemos un año y pico por delante. No podemos mirar todo exclusivamente en términos de política electoral, sino pensar cómo actuamos en conjunto para tratar de paliar los efectos de esta política. Por otro lado, insistí mucho en que la democracia se fortalece con la participación de las organizaciones. Nos quedamos en el lamento individual de cada empresario por lo que está pasando, pero no nos proponemos nutrir a nuestras organizaciones, tanto de trabajadores como de empresarios pymes, con planteos más profundos sobre qué país industrial podemos construir. Porque en algo estábamos convencidos todos: Argentina puede ser perfectamente un gran país industrial. Durante las exposiciones y los intercambios apareció permanentemente la necesidad de una mayor participación. Si siguen siendo los mismos protagonistas políticos a la hora de las elecciones, los resultados van a ser los mismos. Si estos sectores no tienen una incidencia directa en la política, y con esto quiero decir atreverse a ser candidatos, por ejemplo, o conseguir una mayor representación del mundo gremial y del trabajo en los espacios parlamentarios, difícilmente podamos modificar esa realidad.»
LCV: ¿Creés que hay posibilidades de construir una fuerza nueva, diferente, en la que la energía puesta en el mundo del trabajo pueda traducirse en una política y en candidaturas?
Héctor Amichetti: «Yo creo en una democracia donde, más allá de los partidos políticos, sean las organizaciones de los distintos sectores sociales las que participen. En su momento, el peronismo las llamó organizaciones libres del pueblo. Son las que, en definitiva, participan y definen los grandes planteos políticos y los planes de gobierno. El primer Plan Quinquenal, el posterior Plan Trienal y aquel modelo de proyecto nacional de los años 70 se nutrían fundamentalmente del aporte de los sectores sociales, más que de los propios sectores políticos. Hoy tenemos muchas veces la queja de sectores del trabajo. Yo lo vivo en el sindicalismo: hay sectores que dicen que no son tenidos en cuenta. Pero me parece que lo que está debilitado es precisamente el peso de las organizaciones para incidir en la política. Hoy hay que volver, por ejemplo, en el movimiento sindical, a aquellos planteos programáticos de la CGT. Recordemos los 26 puntos de la CGT cuando la conducía Ubaldini, durante la presidencia de Alfonsín. Allí se planteaban cuestiones concretas relacionadas con la deuda externa, el sistema financiero, la participación en el PBI y muchos otros temas. Todas esas discusiones parecen haberse perdido. Entonces buscamos que nos tengan en cuenta en la política, pero tenemos organizaciones débiles. El aporte más grande que podemos hacer para fortalecer incluso la democracia es precisamente fortalecer el diálogo entre las propias organizaciones del pueblo.»
LCV: ¿No sentís que nos hemos quedado, en el marco de las organizaciones, en las demandas coyunturales? Estamos reclamando por el plato del día, pero nos hemos olvidado de armar el menú.
Héctor Amichetti: «Totalmente. Eso es así y nos debilita absolutamente. Te doy un ejemplo: en este momento se reabren las discusiones de los convenios colectivos y hay cámaras empresarias que piensan que pueden paliar su situación crítica a partir de algunas medidas de flexibilidad que les habilita la reforma laboral, como la flexibilidad horaria o las modificaciones en las vacaciones. Es parte de lo que vos señalás: pensar que pueden subsistir con cuestiones muy parciales y dejar de debatir el problema central. Si no hay una reactivación del consumo, que tiene que ver con el consumo del pueblo, no va a haber un mercado interno fuerte para la industria nacional. Si no hay una política que ponga freno a las importaciones indiscriminadas, que hoy permiten incluso el contrabando y el dumping, tampoco vamos a resolver esos problemas flexibilizando las vacaciones de los trabajadores. Muchas veces nos quedamos en lo coyuntural, tratando de resolver una emergencia, y no abordamos el tema de fondo. Creo que es absolutamente necesario un diálogo entre las organizaciones que representan a los sectores nacionales: el trabajo y la producción, la educación, la salud y todos los demás sectores. El Gobierno ya demostró que no quiere dialogar ni mover un centímetro su modelo. Pero sí tenemos que fortalecer el diálogo entre nosotros. Hoy estamos protestando en fila india, uno detrás de otro, cuando tenemos que estar uno al lado del otro.»
LCV: Hay otro tema preocupante: nos hemos quedado también ideológicamente en discusiones muy livianas, muy coyunturales. Estamos más preocupados por un posible apagón informático que por lo que realmente está pasando. Te pongo un ejemplo: explota una esquina en Remedios de Escalada y nadie pone el acento en que detrás de ese hecho está la tercerización del trabajo. Antes, cuando el Estado tenía a su gente formada para ser gasista y desempeñar cada uno de esos puestos, estas cosas no pasaban de la misma manera. Ahora una empresa como Metrogas terceriza el trabajo y termina siendo un trabajador que necesita empleo el que va a hacer una zanja, sin que la responsabilidad esté donde corresponde. ¿Tiene que ver con lo que se ha hecho con el Estado?
Héctor Amichetti: «Absolutamente. La reflexión de fondo frente a situaciones como esta debería ser por qué no hablamos más de aquello que establecía la Constitución de 1949: que los servicios públicos debían estar indefectiblemente en manos del Estado. El neoliberalismo, con sus incursiones políticas a lo largo de la historia, debilitó las funciones del Estado y entregó los servicios públicos para que se convirtieran en un negocio de los sectores privados. Nos ocurren estas cosas después de que el Estado hizo las grandes inversiones en cada uno de esos sectores y luego se las concedimos a quienes las explotan como negocio. Son negocios pasivos, seguros y permanentes porque tienen consumidores fijos. No podemos dejar de consumir gas, electricidad o agua. Son servicios esenciales que no deberían estar subordinados exclusivamente a una lógica de negocios.»
LCV: Y además está la realidad concreta de la gente. Remedios de Escalada es un barrio precioso, con lindas casas y un centro comercial, pero seguimos teniendo personas que pagan fortunas por una garrafa, que no tienen cloacas y que viven en calles de tierra. Cerca del 50% de los habitantes del país sigue viviendo en calles de tierra y sin cloacas. Cuando nos ponemos a discutir tanto sobre las ideas y estamos tan alejados de los problemas concretos, ¿qué podemos esperar? Creo que, más allá de que Milei haya ganado las elecciones, también las perdió el peronismo. Los pibes crecieron sin el mismo acceso a la educación que teníamos en otros tiempos, no vieron transformaciones en sus barrios, siguen teniendo calles de tierra y dificultades para acceder al agua. ¿Qué queremos que voten si sienten que todo sigue igual? ¿Cómo hacemos para volver a pararnos y decirles que Milei ganó porque estábamos hartos, pero que nosotros tenemos una solución?
Héctor Amichetti: «Creo que la trampa se fue generando con el correr del tiempo y, particularmente, desde la dictadura en adelante. Cuando recuperamos la democracia nos dejaron un país con un Estado que ya empezaba a estar semidestruido y con un endeudamiento externo que después se convirtió prácticamente en una limitación para casi todos los gobiernos. Salvo aquel período en que pudimos sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, no se pudo cerrar ese ciclo con una ruptura de los factores de la dependencia. Cuando empezamos a recuperar YPF, que era clave para el desarrollo industrial porque representaba la posibilidad de manejar nuestra propia energía, aparecieron nuevamente las limitaciones. Hoy tenemos una cantidad de verdades que en realidad son mentiras, impuestas por una política de dominación de los sectores concentrados. Tenemos responsabilidades que asumir y un desafío por delante: recuperar la capacidad de construir un proyecto de país propio.»
LCV: Para ir cerrando, Héctor, me encantó tenerte en nuestro programa. Contanos cómo está el sector de ustedes y qué podemos esperar para el año que viene.
Héctor Amichetti: «El sector de la gráfica periodística ya venía muy impactado por la cuestión tecnológica. Estamos hablando de diarios y revistas, y hoy es un sector prácticamente muerto, con talleres que cerraron definitivamente y que se reconvirtieron hacia otros rubros. La impresión de diarios y revistas sufrió un golpe muy fuerte. El sector del libro también fue tremendamente afectado porque el Estado dejó de darle importancia a la distribución de libros en las escuelas, como se hacía en otros tiempos. Doy un dato: en 2012 se imprimieron 12 millones de libros para distribuir en las escuelas, mientras que en 2025 bajamos a 5 millones. Esto demuestra una falta total de política o, mejor dicho, una decisión política de parte del Gobierno. Es una política de vaciamiento cultural. Por otro lado, el grueso de la actividad de nuestro gremio está ligado a lo industrial, como señalabas al principio, a los envases, los packaging y las etiquetas. Nosotros acompañamos a casi todas las industrias, por lo que vamos de la mano de la caída de la actividad industrial en general. En algunas regiones estamos particularmente afectados. Por ejemplo, la gráfica en Mendoza está muy ligada a la industria del vino y hoy sufrió una fuerte caída de las exportaciones por la cuestión cambiaria y del consumo por la pérdida del poder adquisitivo. Estamos muy golpeados y en línea con lo que sucede en el conjunto de las ramas industriales. Hacia adelante, espero que podamos superar esta crisis política que está ligada pura y exclusivamente a lo electoral y que podamos reconstruir, con la mayor unidad y fortaleza posible, una alternativa política. Creo que este modelo de gobierno se derrumba. Es imposible que cierre, ya lo conocemos y sabemos que no da para más. Pero la apuesta de quienes lo sostienen es conseguir un recambio que permita mantener el mismo modelo con una cara nueva, quizás más prolija y educada que Milei, mientras nosotros seguimos fragmentados. Por eso tenemos que trabajar por la unidad. Y creo que la unidad solamente se construye discutiendo estos grandes temas de los que estuvimos hablando.»
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Johanna Duarte: el mensaje del Papa León XIV y el desafío de reconstruir un proyecto de país
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), compartió sus impresiones sobre el encuentro del papa León XIV con representantes del mundo del trabajo, realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). La dirigente destacó el reconocimiento del Pontífice a los movimientos populares, la defensa de la justicia social y la necesidad de garantizar tierra, techo y trabajo. También cuestionó el modelo económico del gobierno de Javier Milei, la estigmatización de las organizaciones sociales y reclamó que el peronismo vuelva a construir un programa de país que coloque a los trabajadores en el centro de las decisiones.
LCV: El Papa participó de un encuentro con representantes de las cooperativas, los movimientos sociales, las centrales obreras y el mundo empresario. Allí escuchó cinco testimonios, entre ellos el de Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, que representó a la economía social, y el de Soledad Cuella, integrante de la comunidad guaraní de la misión San Francisco de Pichanal, en Salta. El encuentro puso el foco no solamente en las tres T —tierra, techo y trabajo—, sino también en las organizaciones sociales. Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida a La Columna Vertebral. ¿Estuviste en la UCA?
Johanna Duarte: «Sí, la verdad es que me tocó estar allí y fue un momento de mucha emoción, sobre todo cuando escuchamos a nuestra compañera Verónica San Martín, que expresó las realidades de la economía popular. Algo que nos llamó mucho la atención desde el primer momento fue que estábamos todos mezclados. No es que los empresarios estaban adelante y los trabajadores atrás».
LCV: No había corralitos ni diferenciaciones. Un trabajador de la economía popular podía estar sentado junto a un secretario general de un sindicato, un representante de una central obrera o un empresario. Incluso empresarios con los que habitualmente no tenemos oportunidad de encontrarnos. Contame qué sentiste frente a las palabras del Papa. Algunos dicen que parecía que Francisco le había dejado escrito el discurso en la mesa de luz, porque hay una misma línea histórica vinculada con la doctrina social de la Iglesia. En un momento en que desde el Gobierno se cuestiona la justicia social, el Papa habló de justicia social, de tierra, techo y trabajo, de organización y de la necesidad de que la gente se organice. También hizo referencia a las mujeres y al feminismo. ¿Cómo viviste ese momento?
Johanna Duarte: «La verdad es que fue muy emocionante. Nos atravesó profundamente a quienes tuvimos la oportunidad de estar allí. La UTEP tuvo la posibilidad de llevar a 40 delegados de todo el país, y para nosotros fue muy importante porque vinieron compañeros y compañeras de todos los puntos de la Argentina. Eso también habla del rol que nos da el papa León en este camino. Quiero contar una anécdota muy particular: a mí y a otros compañeros de la UTEP nos había tocado conocerlo el año pasado, cuando participamos del Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma. En aquel momento ya nos había transmitido un mensaje muy claro: ‘Estoy con ustedes, camino con ustedes’. Pero escuchar esas palabras en nuestra tierra, en un momento tan difícil para nuestro país, fue fuertísimo. Fue volver a ponernos en el centro, como lo hacía Francisco hace más de once años, cuando nos decía que los movimientos populares éramos los poetas sociales que construimos trabajo allí donde el mercado y el Estado descartaban a las personas».
Johanna Duarte: «La verdad es que eso nos coloca en una posición de centralidad, especialmente frente a los actores que estaban presentes, porque también había representantes del Gobierno nacional. Cuando el Papa menciona que no hay posibilidad de justicia social sin construir las tres T —tierra, techo y trabajo para todos—, o cuando habla del principio de subsidiariedad y pone a los movimientos populares como un ejemplo a seguir, está reconociendo una forma de construir dignidad humana. El día anterior había dicho que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. En su discurso planteó que los movimientos populares no somos el problema, sino parte de la solución. Se trata de poner en el centro al trabajador, volver a humanizar el trabajo y construir soluciones de abajo hacia arriba, desde esas periferias de las que también hablaba Francisco. Todo eso nos atravesó profundamente y también fue una bocanada de esperanza».
Johanna Duarte: «En estos últimos dos años, desde que asumió Milei, los movimientos sociales fuimos los más perseguidos y estigmatizados por el Gobierno. Nos armaron causas, allanaron nuestros comedores y nos quitaron políticas que habíamos conseguido para los sectores populares durante los últimos años. Pero también hubo sectores del peronismo y de los espacios más cercanos a nosotros que muchas veces intentaron estigmatizarnos, diciendo que por nuestra culpa los trabajadores formales terminaron votando a Milei. El Papa puso mucha claridad sobre esas contradicciones. Hay que entender que los movimientos populares son parte de la solución y no el problema».
LCV: La UTEP está en contra del reparto indiscriminado de planes, porque entiende que eso termina perjudicando la imagen de la economía popular. Ustedes generan trabajo, no son simplemente un sector que demanda planes como método de subsistencia. Cuando se pone el foco en aquello que no se previó o no se hizo bien, se termina estigmatizando a una parte de la sociedad que también es parte de la solución.
Johanna Duarte: «Totalmente. Creo que también es un fuerte llamado de atención a la dirigencia política en general. Para este Gobierno, obviamente, nosotros hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo al señalar que construye un modelo económico de crueldad y deshumanización. Pero creo que también hay un llamado de atención a toda la dirigencia política, porque el enfrentamiento entre los trabajadores no tiene por qué hacer recaer el peso sobre los sectores populares. En todo caso, la dirigencia, y particularmente la dirigencia peronista, deberá preguntarse qué hizo para que los trabajadores formales no tuvieran condiciones de acceso a salarios dignos y mejor remunerados. También deberá preguntarse por qué el trabajador estatal quedó en una situación de tanta precariedad, sin herramientas, con contratos basura y plantas transitorias, prácticamente indefenso frente a las políticas de este Gobierno».
LCV: Por eso me parece interesante que uno de los testimonios haya sido el de una delegada sindical de los trabajadores del Estado. Si bien en AEFIP no hubo despidos porque trabajaron fuertemente sobre los convenios, los estatales en general también fuimos parte de una persecución descarnada. Los movimientos sociales y los trabajadores estatales fueron presentados como las dos grandes columnas demoníacas sobre las que se construían todos los males del mundo.
Johanna Duarte: «Totalmente. Me parece que las representaciones que pudieron hablar ese día y exponer las distintas situaciones laborales que se viven en nuestro país expresan un poco a todos aquellos que vamos quedando afuera de este modelo económico, todos los que somos descartados. Creo que hay que tener mucha humildad para tomar las palabras del papa León. Y quienes somos peronistas sabemos que la doctrina social de la Iglesia siempre fue una base central del peronismo».
LCV: Hay que recordarles a quienes hoy están peleándose por los cargos que, en realidad, lo que tienen que discutir es la doctrina. Quiénes son capaces de llevar adelante los presupuestos básicos del peronismo. Vos y yo podemos hablar desde el mismo lado de la historia: la justicia social no está alejada del trabajo. El trabajo es lo que construye la dignidad del hombre, y esa dignidad se alcanza con justicia social y una economía verdaderamente igualitaria. También se trata del ascenso social, de que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la escuela secundaria, a la universidad y convertirse en científicos o médicos. Alguna vez un dirigente sindical dijo que quería ver a un trabajador sentado en el sillón de Rivadavia.
Johanna Duarte: «Totalmente. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar: que los trabajadores tengan centralidad. No solamente en un proceso de resistencia, donde siempre ponen el cuerpo y la lucha, sino también en las discusiones sobre el proyecto de país. Muchas veces sucede que, cuando llega el momento de definir ese proyecto, los trabajadores no forman parte de esas discusiones. No pueden ser moneda de cambio. Tenemos que recuperar las banderas del peronismo. Si hay algo que hizo Perón fue no solamente darle derechos a los trabajadores —por eso hasta el día de hoy no pueden destruir los sindicatos ni a los trabajadores—, sino también convertirlos en sujetos políticos».
Johanna Duarte: «En algún momento, las listas del peronismo para las cámaras de Diputados se constituían con un 40% de trabajadores. También hay que recordar las agregadurías obreras en las embajadas argentinas en distintos países del mundo. No se trataba de enviar trabajadores a conocer el mundo o a pasear, sino de construir una relación profunda con los movimientos obreros y sociales de cada uno de esos países. Por eso digo que también se trata de volver a las raíces. El peronismo tiene que volver a poner en el centro a los trabajadores».
Johanna Duarte: «Además, frente al crecimiento del trabajo informal y las transformaciones que se están produciendo en el mundo laboral, tenemos que construir leyes que les garanticen derechos a esos trabajadores. Desde la UTEP y los movimientos populares de la Argentina venimos planteando hace mucho tiempo que la asistencia no alcanza. La asistencia sirve para salir de un momento muy complejo, pero no puede ser la respuesta permanente. Cuando este Gobierno termine, en 2027, vamos a encontrar un país devastado. El peronismo tiene que tener un programa de gobierno que ponga en el centro a los trabajadores y que incorpore a quienes hoy no están registrados y no tienen garantizados los derechos básicos que debe tener cualquier trabajador».
Johanna Duarte: «Eso requiere una decisión política. Un gobierno peronista tiene que decidir cómo incorpora las nuevas realidades del trabajo, que incluyen a la economía popular, pero también a los trabajadores de plataformas. Hay que reconocer esas formas de trabajo y garantizarles derechos».
LCV: Además, cuando el asistencialismo se transforma en una política permanente, termina siendo el peor parásito de la verdadera justicia social. El reparto de bolsones, canastas o ayudas no contribuye al ascenso social, sino que muchas veces aplasta las voluntades y las posibilidades de la gente. Se parece a esa caridad que tranquiliza las conciencias: alguien entrega dinero para una comida de fin de año y después la ayuda que llega a los barrios no modifica la realidad de quienes viven allí.
Johanna Duarte: «Sin lugar a dudas, el asistencialismo puede terminar siendo eso. Para mí es equivalente a las damas de caridad: personas que se van a dormir tranquilas porque creen que hicieron una buena acción, pero que no transforman las condiciones de vida de quienes reciben esa ayuda. Son dos caras de la misma moneda: el asistencialismo y la caridad que tranquiliza conciencias. Desde los movimientos populares, y particularmente desde la UTEP, hemos dado muestras de que nuestra propuesta va mucho más allá de la asistencia. Por ejemplo, cuando construimos el Salario Social Complementario, buscamos complementar los ingresos de los trabajadores que estaban en los márgenes de la informalidad de la economía popular y avanzar en el reconocimiento de los derechos que les faltaban. También construimos la Ley Nacional de Barrios Populares, que permitió avanzar en la urbanización de más de 4.000 barrios que ni siquiera el Estado sabía que existían».
Johanna Duarte: «En síntesis, creo que el papa León nos habló de las tres T: tierra, techo y trabajo; del bien común, de la dignidad humana y del destino universal de los bienes. También planteó que la propiedad privada no es absoluta, sino que los bienes tienen que estar al servicio del desarrollo y del cuidado de las comunidades. Especialmente los bienes naturales deben estar al servicio de las comunidades y del cuidado de la casa común. Allí también retoma el pensamiento de Francisco, expresado en Laudato si’. Me parece que el mensaje del papa León es muy claro. Ahora está en manos de la dirigencia política, sobre todo del peronismo, interpretar esas palabras y llevarlas a la práctica».
Johanna Duarte: «El peronismo tiene que volver a tener un programa de país transformador, que modifique las realidades injustas que hoy viven los trabajadores y que vuelva a enamorar. Y, fundamentalmente para nosotros, no hay posibilidad de transformación si los trabajadores no son parte de esa discusión».
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«El país que vió el Papa y el gobierno ignora», por Alberto Nadra. Eppur si muove!!
Foto de portada: Pepe Mateos. Luján, última misa en Argentina del Papa León XIV
EPPUR SI MUOVE!!!
Panorama LCV de noticias sociales y gremiales
a cargo de Alberto Nadra
Semana del 9 al 6 de noviembre de 2026
LA ECONOMIA REAL: LOS DATOS
CON MILEI, LA INDUSTRIA TEXTIL PERDIÓ 28.800 EMPLEOS Y 1.090 EMPRESAS La cadena de valor textil e indumentaria acumula 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción textil y perdió más de 28.000 puestos de trabajo registrados y 1.000 empresas en lo va de la gestión de Javier Milei, según expuso un informe de la Fundación Pro Tejer. La actividad del sector suma registros negativos desde julio de 2025 y se ubica por debajo de las cifras de 2023 en 31 de los últimos 32 meses evaluados, posicionándose como una de las ramas con mayor contracción dentro de toda la industria fabril.El reporte detalló que la producción textil cayó un 9,4% interanual en agosto y acumula un retroceso del 33,8% en relación con igual mes de 2023. Por su parte, el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado registró en agosto pasado una contracción interanual del 14,7%, donde el calzado mostró el impacto más agudo con una baja del 30,8% interanual.La parálisis productiva se refleja directamente en la utilización de la capacidad instalada, la cual retrocedió al 44,6% en agosto y sigue acrecentando su caída en lo que va del año, según puntualizó el trabajo.
CNEA: 170 TRABAJADORES DE ENERGÍA ATÓMICA OBLIGADOS AL «RETIRO VOLUNTARIO» POR BAJOS SALARIOS. Durante octubre casi doscientos empleados de todo el país optaron por adherirse al programa de retiro voluntario impulsado por el Gobierno nacional. En diálogo con el medio «El Cordillerano», Ignacio Cortés, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Centro Atómico Bariloche, cuestionó la medida y la enmarcó en un proceso de achicamiento que, según sostuvo, se profundizó durante los últimos meses. «Este octubre fue un mes en el que 170 trabajadores de la CNEA optaron por el retiro voluntario. El 30 de octubre fue su último día en la institución. Una pérdida más en el avance de la destrucción de la energía nuclear en Argentina», expresó. Al referirse a los motivos que llevan a los trabajadores a abandonar la institución, apuntó directamente a la situación salarial. «Los salarios son tan bajos que ya no permiten sostener el costo de vida. Definitivamente son cifras que se asemejan a un chiste de mal gusto, sobre todo para quienes, gracias a su enorme capacidad y formación, tienen otras posibilidades laborales», sostuvo.
MÁS DE 1,2 MILLONES PERDIERON SU COBERTURA DE SALUD La pérdida de puestos de trabajo registrados y el encarecimiento de la medicina privada tuvieron un impacto directo sobre el acceso a la salud en Argentina. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), 1.266.863 personas dejaron de contar con obra social, prepaga o mutual entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, durante la gestión de Javier Milei. El fenómeno está vinculado con el deterioro del empleo formal y la pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos. El relevamiento, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), señala que la cantidad de personas sin cobertura médica pasó de 9.428.131 a 10.694.994 en el período analizado. De esta manera, la proporción de la población que depende exclusivamente del sistema público de salud aumentó del 32% al 35,5%, en un contexto de reducción de aportantes al sistema de seguridad social.
MILEI Y EL MUNDO DEL TRABAJO: CASI MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS MENOS Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo revela que, desde noviembre de 2023, y hasta julio de 2026, se perdieron 32.429 empresas y 467.989 puestos de trabajo registrados. Solo en agosto cerraron 139 empresas y se perdieron 30.378 empleos. La caída de empresas alcanza a 23 de las 24 jurisdicciones. Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe explican el 63% de la baja, y en términos relativos los golpes más fuertes se dieron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%) y Catamarca (-14,4%).
MAR DEL PLATA: DESOCUPACIÓN POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL Y CONTRATOS TEMPORALES TODO EL AÑO Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) en base a datos oficiales mostró datos preocupantes en relación con el empleo en la principal ciudad balnearia de la Argentina, con un desempleo que supera en un 25% el promedio nacional y ya bordea los dos dígitos. El informe toma como base los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, centrada en empresas de cinco o más empleados. A partir de estos números, el análisis señala que el problema no pasa solo por la reducción de puestos de trabajo, sino también por la pérdida de previsibilidad y las malas condiciones, con un importante crecimiento de los contratos temporales. Uno de los datos más fuertes que marca el relevamiento es el crecimiento de los despidos sin causa. Esta tendencia comenzó a subir desde los primeros meses de 2024 y en 2026 ya supera los registros de los años anteriores. La última cifra disponible marca que la desocupación ya alcanzó el 9,9% en el segundo trimestre de 2026 -un 25,3% por encima del número nacional, que para el mismo período fue del 7,9%-, y va en ascenso. En cuanto a las actividades clave de la economía marplatense, los desembarques pesqueros se achicaron en 48 mil toneladas en los primeros 10 meses del año. La UNMdP señala que la renovación de la flota pesquera se ha detenido y no ingresa un buque de portacontenedores desde hace más de 120 días. Mientras tanto, la industria manufacturera también registra un retroceso fuerte: la cantidad de trabajadores disminuyó un 5,6% en la comparación interanual. A su vez, transporte, almacenamiento y comunicaciones exhibió una caída cercana al 5%, mientras que los servicios financieros y a las empresas también mostraron una evolución negativa.
EN UN AÑO DESDE 2025 CERRARON MAS DE 82 SUCURSALES DE SUPERMERCADOS Y MAYORISTAS EN TODO EL PAÍS La crisis del consumo profundiza el repliegue de las grandes cadenas comerciales y golpea también al canal mayorista, informa el sitio Data Gremial. Día encabeza el proceso de ajuste, con 50 locales menos, mientras Carrefour, Cencosud (Vea y Disco),ChangoMás, Diarco y Caromar también redujeron sus operaciones. Toledo atraviesa dificultades para pagar salarios y busca desprenderse de sucursales para sostener los puestos de trabajo. Desde 2025 cerraron al menos 82 sucursales de supermercados y mayoristas en distintos puntos del país, en un proceso de achique que involucra tanto a las principales cadenas como a operadores regionales. A su vez, Yaguar avanzó con retiros voluntarios, reducción de superficies y cierre de sucursales que “dejaron de resultar rentables”. La estrategia, aducen, apunta a concentrar la actividad en los establecimientos con mejores resultados operativos y desprenderse de aquellos que ya no logran compensar sus costos de funcionamiento.
LA ECONOMÍA REAL: LOS HECHOS
TIERRA DEL FUEGO: BGH AMENAZA CON DESPIDOS SI RECHAZAN LOS RETIROS VOLUNTARIOS La empresa de electrodomésticos y tecnología anunció que reducirá casi en un 50% el personal que trabaja en su fábrica, ubicada en Río Grande, y amenazó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que, si el achique no se logra con un plan de retiros voluntarios, lo llevará adelante a través de despidos. La firma adelantó que el plan de ajuste comenzará a ser implementado el próximo 15 de diciembre, con el objetivo de recortar 250 de los aproximadamente 600 trabajadores que tiene actualmente la fábrica.La medida fue comunicada por las autoridades de BGH a los delegados de la UOM en la fábrica, para anticipar que tampoco abonará los montos de las indemnizaciones en un solo pago, sino que ofrecerá un esquema de cuotas mensuales en línea con lo que habilita la ley de reforma laboral. El cuadro sigue a la decisión del gobierno de Milei de eliminar los aranceles a la importación de teléfonos celulares. Según el sitio Gestión Sindical,la consecuencia directa fue que las importaciones registraron un incremento interanual del 746,6%, mientras que la producción nacional de equipos de informática, televisión y comunicaciones cayó un 60,1%. La diferencia entre ambos indicadores refleja el avance de los productos importados frente a una industria local.
DESPIDOS Y CIERRES: CASI UN CONFLICTO LABORAL POR DÍA DESDE QUE ASUMIÓ MILEI La situación en las fábricas atraviesa un punto crítico tras casi tres años de políticas de ajuste fiscal, desregulación y apertura de importaciones. De acuerdo con el último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina(CEPA), entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026 se contabilizaron al menos 953 conflictos laborales de relevancia pública en todo el territorio nacional, abarcando tanto al ámbito privado como al estatal. Los episodios, que comenzaron en el primer tramo de gobierno con despidos y suspensiones, tuvieron una disparada desde las últimas elecciones de medio término y cada vez son más los casos de cierres y quiebras de empresas industriales. El análisis sectorial revela que la actividad manufacturera concentra la enorme mayoría de las tensiones: el65,3% de los conflictos relevados ocurrieron en la industria. Dentro de este universo, las ramas más castigadas por el ingreso de productos importados y el desplome de la demanda son la textil, la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica. En un segundo escalón aparece el sector de servicios con el 15,9% de los casos, afectando áreas como gastronomía, hotelería, transporte, sanidad, prensa y actividad financiera, seguido por el comercio (8,4%, con fuerte incidencia en supermercados), el sector primario (7,9%, liderado por hidrocarburos, pesca y minería) y la construcción (2,5%). Al observar el entramado empresarial, las pequeñas y medianas empresas, principal motor de generación de empleo en el país, encabezan el ranking de afectación con el 41% de los casos. Detrás se ubican los conglomerados extranjeros (23,5%), que en muchos casos optaron por reemplazar producción local por importaciones, las grandes empresas (21,8%), los grandes grupos económicos (9,7%) y las firmas estatales (4%). Asimismo, el informe subraya que el 74,2% de las compañías involucradas en conflictos son de capitales nacionales.
TIERRA DEL FUEGO: MÁS DESPIDOS EN MIRGOR José Arenas, delegado de Mirgor Automotriz reiteró la preocupación por el delicado panorama del empleo industrial en la provincia. En declaraciones a Mundo Gremial denunció que se produjeron 16 nuevos despidos en Río Grande, desvinculaciones que alcanzaron a operarios que rechazaron pasar a otras razones sociales del grupo, El conflicto comenzó el 10 de agosto y desde entonces los dos delegados de la automotriz siguen sin poder ingresar a la planta. A esa situación se sumaron los traslados de trabajadores hacia FAMAR e IATEC, en el marco de las elecciones gremiales previstas para el 20 de noviembre, mientras peligran los empleos de las fábricas de aires acondicionados de Río Grande y Ushuaia, por el impacto de la quita de medidas antidumping. «Si bien ahora hay despidos lo que se aproxima va a ser algo muchísimo más grave, pues se habla de que está ‘sobrando’ el 50% del personal», sostuvo.
MENDOZA: PRECARIZACIÓN Y DESPIDOS FRAUDULENTOS EN SUREN El Sindicato de Personal Jerárquico Petrolero inició medidas de fuerzas en yacimientos de la provincia, tras acusar a SUREN, contratista de Petróleos Sudamericanos, por despedir a cinco trabajadores y utilizar contratos a plazo fijo para encubrir empleos permanentes y desvincular trabajadores mientras continuaban las operaciones e ingresaba nuevo personal.
Según precisó la organización sindical, no hubo bajas de equipos que justificaran una reducción de personal y, en paralelo, se registraron nuevos ingresos a la compañía. Para el gremio, esta situación deja al descubierto las contradicciones del argumento empresarial y pone en cuestión la supuesta transitoriedad de los vínculos laborales. La disputa por la estabilidad laboral venía de antes: durante una audiencia realizada el 17 de septiembre ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de Mendoza, el sindicato había reclamado que el personal incorporado a los equipos contara con contratación permanente. En esa instancia, cuestionó que la empresa recurriera a contratos trimestrales pese a que las tareas desarrolladas en los yacimientos respondían a necesidades habituales de la actividad petrolera.
MISIONES: CRUCERO DEL SUR FORMALIZÓ SU CONCURSO PREVENTIVO Y DEJA A CIENTOS DE TRABAJADORES EN VILO La empresa de transporte de larga distancia, perteneciente al grupo Crucero, abrió su concurso preventivo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Posadas. La firma, que venía arrastrando una profunda crisis con salarios adeudados y una drástica reducción de su plantel, deberá ahora reestructurar sus deudas mientras los empleados denuncian falta de respuestas y un futuro incierto. El impacto sobre los trabajadores es el aspecto más crítico de esta situación. Crucero del Sur forma parte del grupo empresario que integran también Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay, todas atravesando una crisis terminal. Según denuncias de los propios empleados, la plantilla del grupo se desplomó de 1.200 a solo 390 trabajadores en lo que va del año, acumulando 800 despidos y una retención de tareas que paralizó los servicios en distintos puntos del país. Los testimonios de los operarios reflejan la desesperación: “Es horroroso estar así. Nadie aparece, nadie nos dice nada”, relató uno de los trabajadores al sitio InfoGremiales.
UENO BANK: SUSPENDEN TRABAJADORES DE SU FILIAL TECNOLÓGICA EN ARGENTINA Y ADEUDAN SALARIOS La crisis financiera que atraviesa Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias directas sobre los trabajadores de sus empresas vinculadas en Argentina. La firma tecnológica Kaitel SRL, que opera en el país como parte de ITTI, dispuso suspensiones por 30 días sin goce de sueldo y comunicó dificultades para afrontar el pago de los salarios correspondientes a octubre. ITTI presta servicios tecnológicos a unas 40 empresas vinculadas al grupo empresario de Ueno Bank y mantiene operaciones tanto en Paraguay como en nuestro país. La situación afecta a una estructura laboral que supera los 900 trabajadores en Buenos Aires, donde funciona uno de los principales centros de desarrollo tecnológico del grupo empresario. Las medidas fueron comunicadas mediante correos electrónicos internos enviados al personal, con disposiciones diferentes según las funciones de cada empleado. De acuerdo con las notificaciones, las suspensiones rigen desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, inclusive. Durante ese período, los trabajadores alcanzados quedarán relevados de prestar servicios y no percibirán sus remuneraciones.
«VACA MUERTA NO DERRAMA NI EN VACA MUERTA»: DENUNCIAN EL COLAPSO SANITARIO EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), junto a sus sindicatos de base SiProSaPuNe (Neuquén) y ASSPUR (Río Negro), realiza este viernes 13 de noviembre una conferencia de prensa en la ciudad de General Roca para denunciar la grave crisis que atraviesa el sistema de salud pública en la región patagónica. El encuentro, previsto para las 15 horas en la sede de la CTA local, servirá como antesala del Congreso de ASSPUR y buscará visibilizar las consecuencias de un modelo económico que, según las organizaciones, concentra la riqueza, pero no la derrama en los servicios esenciales. El contraste entre la riqueza y la crisis sanitaria es el eje central de la denuncia. Las organizaciones advirtieron que, a pesar de que la producción de petróleo marcó un récord de 973.700 barriles diarios en septiembre de 2026, con Vaca Muerta aportando el 71,7% del total, las ganancias no llegan a los hospitales ni a las familias trabajadoras. Al mismo tiempo, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población nacional en el primer semestre del año, según datos del INDEC. «No hay sistema de salud posible sin profesionales, sin salarios dignos, sin insumos, sin infraestructura y sin una red sanitaria integrada que funcione», sentenciaron desde Fesprosa.

Foto Pepe Mateos
CONFLICTOS, MOVILIZACIONES, DENUNCIAS
TORNQUIST TEME VOLVERSE PUEBLO FANTAS TRAS EL CIERRE DE PAPELERA DEL SUR Los trabajadores de la histórica planta Papelera del Sur mantienen un acampe permanente frente a la fábrica, organizados en cuatro turnos de seis horas, con el objetivo de sostener el reclamo y visibilizar la gravedad de una decisión que, según estimaciones del Municipio de Tornquist, implicará que unos $700 millones mensuales dejen de circular en la economía local. La localidad de aproximadamente 7.500 habitantes enfrenta el temor de convertirse en un nuevo «pueblo fantasma», un destino que ya vivieron otras ciudades en los noventa, como la rionegrina de Sierra Grande tras el cierre de su mina de hierro HIPASAM. En diálogo con una radio local, Mauro Herrada, integrante de la comisión interna del Sindicato de Trabajadores Papeleros, fue categórico al señalar que el conflicto trasciende a los 160 empleados despedidos. «Estaría bueno que la gente del pueblo se arrime un poco más, porque esto ya no es un tema de trabajadores papeleros que pierden el trabajo nada más. Estamos analizando que va a repercutir fuerte en el pueblo» sostuvo, para añadir que no piensan retroceder: «Vamos a estar acá, vamos a pelear hasta el último». El dirigente explicó que la papelera generaba movimiento en distintos sectores, desde los comercios hasta los transportistas que trasladaban la producción a Buenos Aires, y destacó el vínculo con un taller protegido del distrito que recibe los fardos de material reciclado. La referencia al caso de Sierra Grande no es casual. El 29 de enero de 1992, el gobierno de Carlos Menem ordenó el cierre definitivo de la empresa estatal HIPASAM, dejando en la calle a más de 1.000 trabajadores mineros y desatando un colapso socioeconómico que provocó el éxodo de casi la mitad de la población, el cierre de comercios y la caída del valor de las viviendas. La historia de la localidad rionegrina, que pasó de 12.000 a poco más de 6.000 habitantes, se convirtió en el símbolo de los casi «pueblos fantasmas» y es el espejo en el que los trabajadores de Tornquist no quieren mirarse.
VILLA CONSTITUCIÓN: CONVOCAN A UNA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS DESPIDOS EN GENTEC Y PLANTIUM La situación laboral en las empresas Gentecy Plantium tendrá un nuevo capítulo de protesta en las calles de Villa Constitución. El Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad convocó a una movilización para este jueves 12 de noviembre, en rechazo a los despidos y ante la falta de respuestas a los reclamos de los trabajadores.La convocatoria apunta a reunir a los gremios de la CGT local y a distintos sectores del movimiento obrero. La concentración está prevista para las 18 horas en San Luis 279, donde funciona la sede del grupo empresario. Desde allí, los manifestantes marcharán hasta la plaza central, donde se realizarán intervenciones en respaldo a las familias afectadas por el conflicto. Desde el gremio advirtieron sobre la dimensión social de los despidos y sintetizaron el impacto de la situación: “Son 90 familias que perdieron su fuente de ingresos”. El reclamo contempla tres demandas centrales: la reincorporación de los trabajadores despedidos, el pago de los salarios adeudados y el cumplimiento de las indemnizaciones correspondientes. Además, la organización sindical alertó que la pérdida de puestos de trabajo no se limita a estas empresas, sino que forma parte de un escenario de deterioro del empleo que repercute sobre la economía de toda la comunidad. La movilización se realizará luego de una jornada solidaria que tuvo lugar el lunes 9 de noviembre en el predio de las Dos Rutas. Allí se desarrolló un festival con la participación de bandas y artistas locales que colaboraron de manera desinteresada para visibilizar el conflicto y acompañar a las familias afectadas. La actividad superó las expectativas de sus organizadores y convocó a una multitud durante toda la jornada. El encuentro permitió expresar el respaldo a los trabajadores despedidos y renovar los reclamos de reincorporación, salarios pendientes e indemnizaciones.
PARO DEL SUBTE Y EL PREMETRO POR LA MUERTE DE OTRO TRABAJADOR A CAUSA DEL ASBESTO La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) convocó a un paro total de actividades para este jueves 12 de noviembre, desde las 21 horas hasta el cierre del servicio, en las seis líneas del subte y el Premetro. La medida de fuerza es en repudio a la muerte de Oscar Pauer, un trabajador que, según denunció el sindicato, desarrolló cáncer tras estar expuesto al asbesto durante más de 32 años en el taller Rancagua de la línea B. La empresa concesionaria Emova confirmó el fallecimiento del operario, quien se había jubilado en agosto de 2024, y expresó su acompañamiento a los familiares. Para la conducción de los metrodelegados, este deceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una «verdadera crisis sanitaria bajo tierra». Según sus registros, Pauer es el séptimo trabajador muerto por enfermedades ligadas al asbesto, y más de 150 personas fueron diagnosticadas con afecciones por la misma causa. En un comunicado, el sindicato expresó su «dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado» y responsabilizó directamente a la concesionaria, al Grupo Roggio y a los gobiernos nacional y porteño por la situación. El conflicto por el asbesto en la red de subterráneos lleva casi una década. El material, prohibido en la Argentina desde 2003 y causante de enfermedades como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, salió a la luz en febrero de 2018 cuando se detectó su presencia en los coches CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid y luego en la línea B. Desde entonces, el gremio presentó un amparo ambiental. A pesar de que se retiraron unas 500 toneladas de asbesto desde 2018, el sindicato sostiene que el material sigue presente en formaciones de las líneas B y C, tableros eléctricos y subestaciones.
UNIVERSIDAD: ARRANCA UNA SEMANA DE PARO ANTE EL INCUMPLIMIENTO LA LEY DE FINANCIAMIENTO Las universidades arrancarán este jueves 11 un nuevo paro docente, esta vez de una semana, hasta el miércoles 18 de noviembre, en el marco del conflicto salarial y presupuestario con el Gobierno nacional. La decisión de la CONADU Histórica fue tomada por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la federación, realizado el pasado 6 de noviembre, con la participación de 81 representantes de asociaciones de base de distintos puntos del país.Durante el encuentro, los congresales resolvieron continuar con el plan nacional de lucha y sostener los reclamos por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de la deuda salarial que el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria. «Y a esto se suma también el presupuesto a la baja del 2027, que debe respetar lo establecido por la ley de financiamiento», remarcan desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA. Además del paro de noviembre, el Congreso resolvió realizar otra jornada de huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación. Y la federación pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes previstos para diciembre y comenzará a debatir nuevas medidas de fuerza para el inicio del ciclo lectivo 2027, en caso de que el Gobierno nacional continúe sin cumplir con la norma. En diálogo con Tiempo Argentino, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que reúne a las y los rectores de todas las universidades nacionales, Franco Bartolacci, advirtió que «Si no logramos modificar razonablemente el presupuesto 2027 en la discusión en el Congreso, vamos a tener dificultades tremendas para funcionar el año que viene, eso es objetivamente así. Entonces le pido a los legisladores, sobre todo a quienes se formaron en la universidad pública, que cuando tengan que tomar una decisión piensen en los jóvenes que ellos fueron y en garantizarles las oportunidades que la educación les dio y en garantizarle a las futuras generaciones las mismas oportunidades que ellos tuvieron». Los gremios también reclaman el pago de la deuda salarial que mantiene el Estado nacional y se suma también el presupuesto a la baja del 2027. Casi el 70% de las y los trabajadores perciben un sueldo por debajo de los 850.000 pesos.
MERCADO CENTRAL: CAMIONEROS PARALIZA LA RECOLECCIÓN POR TIEMPO INDETERMINADO Y ADVIERTE SOBRE LA EXTENSIÓN DEL CONFLICTO La medida de fuerza, encabezada en el lugar por el secretario adjunto Camioneros, Pablo Moyano, responde al incumplimiento de un acuerdo previamente firmado que garantizaba el pago de indemnizaciones y la continuidad laboral para una treintena de operarios tras un cambio de firma prestataria. Durante una asamblea realizada junto a los empleados de las empresas Transporte Malvina y Agrotécnica Fueguina, el dirigente dejó en claro que la recolección permanecerá paralizada hasta tanto se hagan efectivos los haberes adeudados a los trabajadores. El conflicto se centra en la situación de 30 trabajadores encargados de la higiene urbana interna del centro abastecedor, muchos de los cuales cuentan con varios años de antigüedad en el puesto. Según denunciaron desde la organización
ATE ANUNCIÓ MEDIDAS DE FUERZA EN AEROPUERTOS ANTE EL CRECIENTE DETERIORO DE LA SEGURIDAD La falta de financiamiento en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) está achicando la seguridad y la capacidad de los aeropuertos argentinos. Esto fue denunciado a Mundo Gremial por Marcelo Belelli, integrante de la Coordinación Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo. Además, advirtió por camiones de bomberos fuera de servicio, cuarteles sin gas y pérdida de personal técnico. Según explicó, el aeropuerto de San Luis lleva 15 días sin funcionar por no contar con los suficientes camiones de bomberos. En el aeropuerto de Comodoro Rivadavia se achicaron las horas de servicio porque los cuarteles no tienen gas. En el caso de Formosa el aeropuerto estuvo sin funcionar una semana. ATE ANAC vuelve al plan de lucha este viernes 13 de noviembre, con un «paro a la japonesa». Esto se traduce en controles intensivos durante la mañana en Ezeiza y Aeroparque y retención de tareas durante toda la jornada en las áreas administrativas de ANAC del país. Entre el 16 y 20 de noviembre, las medidas alcanzarán a los servicios de extinción de incendios. El gremio reclama recursos para sostener las operaciones básicas. «ANAC recauda alrededor de 230 mil millones de pesos anuales en materia de tasa aeroportuaria. Esa tasa es el impuesto que pagan los pasajeros por volar a la República Argentina. Ese impuesto fue aumentado durante la actual gestión de gobierno de Milei, pero solo llega a aproximadamente un 10% de esos ingresos al organismo», explicó Belleli.Además, el gremio anunció que llevará la denuncia ante OACI, IATA y FAA. Se planteará la falta de recursos y el incumplimiento de recomendaciones internacionales en materia seguridad y de personal.
CÓRDOBA I: ATE Y LA CTA REALIZARON UNA OLLA POPULAR FRENTE A LA FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA Y APUNTARON CONTRA LOS GRUPOS ECONÓMICOS DETRÁS DEL AJUSTE La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma de Córdoba realizaron este jueves 12 de noviembre una jornada de protesta frente a la sede de la Fundación Mediterránea, en el barrio de Nueva Córdoba, con un escrache, una radio abierta y una olla popular para denunciar el rol de los grupos económicos en la definición de las políticas de ajuste. La convocatoria formó parte del cronograma de acciones definido por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). La actividad se desarrolló con la participación de trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales, integrantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT), referentes de organizaciones barriales y una delegación del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac). Durante la jornada, las organizaciones sindicales cuestionaron la influencia de la Fundación Mediterránea en las políticas económicas provinciales y nacionales, y señalaron su vinculación con importantes grupos empresarios, entre ellos Arcor, Aceitera General Deheza (AGD), Roggio,Astoriy Banco Macro. El secretario general de ATE y de la CTA Autónoma de Córdoba, Federico Giuliani, sostuvo que la protesta buscó identificar a los sectores económicos que, a su entender, condicionan las decisiones políticas y económicas de la provincia. “Hay que ponerles nombre y apellido a los dueños de todo en Córdoba: la clase política es un títere, un CEO, un gerente de los grupos económicos que marcan la agenda social, política y claramente de la economía de nuestra provincia”, afirmó. En ese sentido, mencionó a empresarios y grupos económicos vinculados con la industria alimenticia, los biocombustibles y la obra pública, y calificó a la Fundación Mediterránea como “el faro ideológico del ajuste en Argentina”. También cuestionó la trayectoria de Domingo Cavallo y Osvaldo Giordano, a quienes vinculó con la implementación de políticas económicas neoliberales.
CÓRDOBA II: LOS DUEÑOS DE PAUNY FALTARON A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN MIENTRAS AVANZAN LOS “RETIROS VOLUNTARIOS”
El conflicto laboral en la planta de Pauny S.A., ubicada en la ciudad de Las Varillas, sumó este jueves 12 un nuevo capítulo que lleva la tensión preexistente al máximo. La audiencia convocada en la delegación local del Ministerio de Trabajo provincial fracasó rotundamente debido a que las autoridades de la compañía decidieron no presentarse, limitándose a ingresar un escrito formal por vía digital. Mientras 450 operarios llevan adelante una medida de fuerza en la fábrica tras acumular dos meses de sueldos impagos, la conducción empresarial optó por endurecer su postura: anunció un plan de reestructuración con recorte de personal y se negó a volver a la mesa de negociación hasta que se desaloje el establecimiento. En la presentación elevada ante la autoridad laboral, el presidente de la firma, Raúl Enrique Giai Levra, y el vicepresidente, José María López, justificaron su inasistencia alegando la necesidad de «preservar la paz social y evitar una mayor profundización del conflicto». En tanto, la empresa resolvió abrir un programa de retiros voluntarios con un cupo de hasta 150 trabajadores. El esquema ofrece una compensación equivalente al 100% de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque pagadera en 12 cuotas. La seccional San Francisco de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM calificó la ausencia de los directivos como una «provocación y una humillación a los trabajadores que genera una impotencia muy grande» y tildó el escrito empresarial de «ofensivo e irresponsable» por intentar trasladar las responsabilidades hacia otros sectores.
IOSFA: ATE PRESENTÓ UN AMPARO JUDICIAL PARA FRENAR EL DESMANTELAMIENTO Y LOS DESPIDOS La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal de Azul contra las autoridades del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), para frenar los despidos de trabajadores de planta permanente comunicados para el 30 de noviembre de 2026. El sindicato realizará una Jornada Nacional de Paro y Protesta el lunes 16 de noviembre en todas las dependencias de la IOSFA. Además, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se movilizará a la sede central de la obra social con dirección en Av. Rivadavia 4283.“El intento de materializar cesantías masivas vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores. De manera unilateral, se está atacando la estabilidad en el empleo público”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, para añadir que “Esto muestra el deterioro actual del estado de derecho de nuestro país porque están pasando por encima del Congreso. No se puede pretender mediante un decreto modificar derechos constitucionales vinculados al trabajo y al empleo público”.
“Estos despidos arbitrarios por donde se los mire, son cesantías que no tienen una causa justificada e incluso si la hubiera, no se respeta el procedimiento previo en el que el trabajador tiene derecho a ejercer su defensa”, señaló el referente estatal, para reclamar pues “Además, los trabajadores no pueden quedarse sin cobertura médica, ni tener seguridad social. La Justicia tiene que frenar estas inminentes desvinculaciones. De todos modos, hemos definido un paro con protesta y vamos a profundizar todas las medidas de fuerza”.
CATAMARCA: ATE RECHAZÓ EL PROYECTO DE JALIL PARA TRASPASAR EMPLEADOS ESTATALES AL SECTOR PRIVADO La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Catamarca manifestó su rechazo total al proyecto que impulsa el gobernador Raúl Jalil para incentivar el paso de trabajadoras y trabajadores estatales al sector privado. Aunque la iniciativa aún no tuvo ingreso formal en la Legislatura provincial, el sindicato se pronunció de manera anticipada para advertir sobre los riesgos que implica para el empleo público y para la calidad de los servicios que recibe la comunidad. La postura fue expresada por el secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo, quien cuestionó la lógica de reducir la planta estatal en un contexto de profundas necesidades sociales. En declaraciones a la prensa local, Arévalo sostuvo que «más que reducir el Estado lo que hay que hacer es reforzar la administración pública, donde nos falta personal y más especialmente en el interior provincial». El dirigente enumeró las áreas críticas que padecen la escasez de trabajadores: escuelas, diversas áreas de obras públicas y los servicios vinculados con el agua. Para ATE, el problema no es el sobredimensionamiento del Estado, sino la falta de personal en los sectores que garantizan derechos básicos como la educación, la infraestructura y el acceso al agua potable. Uno de los ejes centrales del rechazo sindical es la naturaleza del proyecto. El gobierno de Jalil lo presenta como una opción voluntaria, pero desde ATE desconfían de esa caracterización. «Lo que Jalil y su Gobierno deben hacer es recuperar todas las áreas que pertenecen a la administración pública», afirmó Arévalo, y advirtió que la iniciativa «terminará siendo forzosa» en la práctica. El dirigente explicó que el proyecto no brinda ninguna garantía laboral a quienes pasen al ámbito privado, dejándolos expuestos a la lógica del mercado y a la falta de protección estatal.
“ATC, LA LUCHA CONTINÚA”: TRABAJADORES DE CANAL 7 RECONSTRUYEN 75 AÑOS DE HISTORIA Y ORGANIZACIÓN SINDICAL A 75 años de la primera transmisión de Canal 7, los trabajadores y trabajadoras de la emisora llevarán a la pantalla grande ATC, la lucha continúa, una producción audiovisual que reconstruye la historia del canal a partir de las experiencias de quienes desarrollaron allí su actividad profesional y gremial. El documental, de 61 minutos de duración, tendrá su primera proyección el jueves 12 de noviembre a las 19:45 en el Cine Gaumont, ubicado en avenida Rivadavia 1635, en la Ciudad de Buenos Aires. La función se realizará en el marco de la Muestra Anual de DOCA (Documentalistas de Argentina), que este año celebra sus 20 años. Producida por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la película recupera siete décadas y media de historia de la televisión pública, atravesadas por los distintos procesos políticos, económicos y sociales del país. A través de testimonios, archivos y recorridos por los espacios de trabajo, reconstruye las experiencias de quienes hicieron posible la continuidad de Canal 7. Entre los acontecimientos abordados aparecen coberturas históricas como la Guerra de Malvinas y la Masacre de Avellaneda, junto con los conflictos laborales, las conquistas gremiales y las dificultades cotidianas para sostener la producción televisiva frente a la falta de recursos, las presiones políticas, el vaciamiento y la persecución.
MAR DEL PLATA: 180 TRABAJADORES IOSFA MARCHARON CONTRA EL CIERRE DE DELEGACIONES Y HOTELES Unos 180 trabajadores y sus familias podrían quedar sin sustento ante el inminente cierre de delegaciones y farmacias del Instituto obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la incertidumbre sobre la continuidad laboral en los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, pertenecientes a la Armada. Frente a este escenario, los empleados de los distintos sectores realizaron este domingo una manifestación en la intersección de Luro y la costa para reclamar trabajo digno y estabilidad laboral, según consignó el portal local 0223. Alberto Rabini, uno de los trabajadores autoconvocados, explicó que el próximo 30 de noviembre marcaría el cierre de nuevas dependencias, mientras que ya se contabilizan 31 farmacias cerradas en distintos puntos del país. «En las delegaciones están dejando gente afuera. IOSFA tiene 2.349 empleados y solo quieren dejar a 1.000, que van a repartir: 668 en la obra social y el resto en las delegaciones que queden. Para los demás, la calle, el despido», advirtió. El reclamo de los manifestantes apunta a preservar las fuentes laborales y evitar que el proceso de cierres y reestructuración, por lo que también solicitaron ocuparla Banca 25 del Concejo Deliberante de General Pueyrredón para poder exponer la situación ante los concejales y obtener respuestas sobre su futuro laboral.
CORDOBA: SE RETIRA A AUTOPARTISTA MULTINACIONAL; HABRÁ DESPIDOS Y LA PRODUCCIÓN QUEDARÁ EN MANOS DE RENAULT
Magna, grupo austro-canadiense, considerado uno de los mayores proveedores automotrices del mundo por facturación y rentabilidad, dejará de operar en la provincia, donde se dedica al negocio de los asientos automotrices. La compañía contaba, hasta ahora, con tres plantas: una en Pacheco, donde ensambla asientos para Volkswagen Amarok y Ford Ranger; otra en Benavídez, dedicada a la producción de espumas de poliuretano; y la de Córdoba, que estaba integrada de manera exclusiva a la operación de Renault. Según el portal especializado A Rodar Post, el Córdoba Magna realizaba la totalidad de los procesos vinculados a los asientos de Renault: fabricación de estructuras metálicas mediante estampado, soldadura y pintura; producción de fundas a través de corte y costura; inyección de espumas; y finalmente el ensamblado completo de los conjuntos. Esa verticalización total permitía abastecer a la terminal con un elevado grado de integración productiva desde una única planta. Las distintas actividades fueron redistribuidas, según se comunicó internamente el viernes pasado. El ensamblado de los asientos correspondientes a los proyectos Kangoo y Niagara pasará a realizarse dentro de la propia planta Santa Isabel. La producción de espumas será trasladada a Benavídez, mientras que la fabricación de fundas se concentrará en Pacheco, donde Magna ya produce componentes para Ford Ranger. Hasta 2023, Magna ocupaba más de 500 personas, pero el fin de la producción de Frontier y Alaskan generó un fuerte recorte de los puestos de trabajo. Aunque todavía no trascendieron cifras oficiales sobre el impacto laboral, en el sector estiman que solo una parte del personal podría ser absorbida por la planta Santa Isabel y otros trabajadores serían reubicados en establecimientos de Buenos Aires, pero se producirán despidos.
SAN LUIS: CERRÓ BLACK AND DECKER, DESPIDIÓ A 60 TRABAJADORES Y PRETENDE PAGAR INDEMNIZACIONES AL 50% La localidad de Justo Daract vivió este martes una jornada de profunda conmoción. Los trabajadores de la planta de Stanley Black and Decker llegaron a cumplir con su turno habitual a las 6 de la mañana y se encontraron con una notificación de cese de actividades. Sin previo aviso y con la empresa produciendo con normalidad hasta el día anterior, los 60 operarios, 45 de ellos de la línea de producción y 15 del sector administrativo, se enteraron de que la fábrica, donde se fabricaban productos como lijas y discos abrasivos para la minería, cerraba sus puertas de manera intempestiva. Lejos de retirarse, los trabajadores decidieron quedarse dentro del predio en resguardo de las instalaciones. Ante la presencia de una empresa de seguridad privada que les impidió el ingreso, el secretario general de AOMA provincial, Leandro Pérez, fue categórico: «No nos vamos a mover de acá ni a levantar la guardia hasta que estén dadas las garantías y la seguridad de cobro de cada compañero». La medida de fuerza se sostiene mientras el gremio continúa las gestiones en el Ministerio de Trabajo y se garantice el pago de lo que le corresponde a cada trabajadorEl cierre de Black and Decker agrava el drama laboral que atraviesa la provincia de San Luis, donde el modelo económico nacional ya dejó un tendal de empresas cerradas y un mercado de trabajo cada vez más precarizado. En los sectores que el Gobierno presenta como motores del crecimiento, minería, intermediación financiera y hotelería, la promesa del derrame no se cumplió: según un informe del Observatorio de Condiciones de Trabajo (OCT-CITRA/CONICET), estas tres ramas crecieron en actividad, pero destruyeron casi 30.000 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2023. Minas y canteras, la apuesta más fuerte del oficialismo, creció un 29,5% y, sin embargo, perdió casi el 8% de su empleo registrado.
FRENO A LA REFORMA LABORAL: SUSPENDEN LOS ARTÍCULOS SOBRE PLUSPETICIÓN Y PAGO DE SENTENCIAS EN CUOTAS El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar a pedido de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y entidades de abogados de todo el país. El fallo restablece provisoriamente la gratuidad y el régimen anterior de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo por tres meses o hasta la sentencia definitiva. La norma había sido modificada por la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.
REFORMA LABORAL: COLEGIOS DE ABOGADOS DE TODO EL PAÍS LOGRARON FRENAR EL PAGO EN CUOTAS DE SENTENCIAS A FAVOR DE TRABAJADORES Una medida cautelar frenó de manera general la aplicación de dos artículos de la ley de reforma laboral relacionados con el pago de sentencias en juicios laborales por indemnizaciones. Los artículos suspendidos son el que permite pagar en cuotas las sentencias judiciales y el que habilita a los jueces a disponer que el trabajador demandante y su abogado se hagan cargo de las costas del juicio si su demanda es desestimada. Estos puntos de la reforma laboral ya habían sido frenados judicialmente en casos particulares, pero en esta ocasión, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez federal Martín Cormick, resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada de manera general por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) junto a colegios de abogados provinciales. La causa cuestiona la constitucionalidad de las reformas introducidas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a través de la Ley 27.802 de reforma laboral.
REPRESIÓN
MILTON TOLOMEO, PRESO POR LUCHAR CONTRA LA REFORMA LABORAL, INICIÓ UNA HUELGA DE HAMBRE Ante las graves condiciones de alojamiento desde que fueron alojados en el Penal VIII, la falta de atención médica, la suspensión de actividades educativas y recreativas, las restricciones a las visitas de DDHH y las vulneraciones de derechos, Milton inició una huelga de hambre desde las cero horas del domingo 8 de noviembre, hasta obtener respuestas a sus reclamos. La Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos denunció el agravamiento de las condiciones de detención de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, quienes permanecen detenidos en el Penal de máxima seguridad de Marcos Paz por haber participado en la movilización contra la Reforma Laboral el 11 de febrero de 2026. En un comunicado de prensa, la Coordinadora denuncia que “Ambos compañeros permanecen detenidos con prisión preventiva, acusados de terrorismo, en un claro avance de la criminalización de la protesta social y de quienes se organizan y luchan por sus derechos” por lo que, añade, “Exigimos respuestas urgentes a los reclamos de Milton y denunciamos las condiciones inhumanas de detención.¡Manifestarse no es delito!¡Libertad inmediata a Milton Tolomeo y Eneas Gallo!”.
“ARGENTINA REPRIMIDA”: DETENCIONES Y REPRESIONES EN 1000 DÍAS DEL GOBIERNO DE MILEI El balance de la política represiva sobre la protesta social bajo el Gobierno de Milei da cuenta de un uso intencionado, planificado y sostenido de la violencia como mecanismo de disciplinamiento social, sostiene un informe del Monitor de respuestas represivas de la CTA Autónoma. En él, se contabilizan al menos 147 represiones estatales a la protesta en todo el país, en las cuales intervinieron tanto fuerzas federales como provinciales con una fuerte presencia de represiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conjunto de los eventos represivos analizados se reportan al menos 5141 personas heridas con distintos grados de gravedad. La evolución anual muestra un crecimiento sostenido toda la serie con un marcado incremento en los primeros 8 meses de 2026. Si se observan los casos de mayor cantidad de heridos en las represiones a las protestas de jubilados y jubiladas, vemos que, en seis jornadas, ocurridas entre el 11 de septiembre de 2024 y el 28 de mayo de 2025, se concentran el 70% de las 1630 personas heridas. En los 1000 días del Gobierno de Javier Milei se registraron al menos 762 personas detenidas por protestas y/o por estar organizadas. El 20 de diciembre de 2023, 10 días después de la asunción, se relevaron las primeras detenciones en el marco de una protesta social. Este tipo de hecho se repitió a lo largo de casi todos los meses en todo el país, con claros eventos de detenciones masivas en algunas protestas y un incremento sostenido de las detenciones totales durante el último año y medio. En materia de la distribución geográfica de las detenciones, nuevamente existe una fuerte presencia en el territorio de la CABA, ya que en estos 1.000 días fueron detenidas al menos 395 personas en 48 episodios. En el resto del país, se registraron 367 detenciones en 19 provincias que ocurrieron en 77 eventos.
CONDENAN AL POLICÍA QUE GASEÓ A UNA NENA DE 10 AÑOS: ES LA PRIMERA CONDENA POR LA REPRESIÓN A LAS PROTESTAS EN EL GOBIERNO DE MILEI El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y a su madre durante una movilización en defensa de las jubilaciones frente al Congreso, el 11 de septiembre de 2024. El juez federal Daniel Rafecas lo encontró responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, y dispuso además su inhabilitación especial por dos años y seis meses. La Agencia de Noticias Redacción (AnRed) destaca el hecho de que se trata de la primera condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad por su accionar en las protestas frente al Congreso durante el gobierno de Javier Milei. El fallo llega después de más de dos años de una causa atravesada por la defensa oficial del accionar policial y versiones del gobierno nacional que intentaron atribuir el ataque a una manifestante. Sin embargo, los registros audiovisuales, los testimonios y la documentación médica permitieron reconstruir lo ocurrido: Fabrizia y su madre estaban sentadas en el suelo, sin agredir ni ofrecer resistencia, cuando el efectivo les disparó gas irritante a corta distancia. La niña debió ser atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química. El ataque policial a la madre y su hija no fueron hechos aislados, sino que se dan el marco de otros episodios de violencia policial durante las habituales represiones de las fuerzas de seguridad contra jubilados/as y manifestantes, entre ellos las lesiones sufridas por Beatriz Bianco, el abogado Matías Aufieri y las heridas de gravedad que casi acaban con la vida del fotoperiodista Pablo Grillo. En este marco, la condena de Rivaldi constituye un antecedente en el reclamo contra la impunidad de los efectivos que reprimen la protesta social.
DETUVIERON A UN EX GERENTE DE FORD TRAS DECLARARLO CULPABLE POR EL SECUESTRO Y TORTURAS A 24 TRABAJADORES DE LA PLANTA
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dispuso la detención de Pedro Müller después de que la Corte Suprema confirmara su condena por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los primeros meses de la última dictadura. Müller, de 95 años ex gerente de Manufactura de Ford, permanecerá provisoriamente en arresto domiciliario en Córdoba hasta tanto se defina su situación. La causa se inició en 2003 y en 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín condenó a Müller como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y de los tormentos agravados de los 24 trabajadores vinculados a Ford Motor Argentina. La sentencia calificó los delitos como crímenes de lesa humanidad y la condena incluyó diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la pena. El fallo repasó que antes del 24 de marzo de 1976 la empresa había solicitado mayores medidas de seguridad y que Gendarmería, Prefectura y luego el Ejército se instalaron en la planta de Pacheco hasta 1977.También se dio por probado que 17 de los 24 trabajadores fueron privados de su libertad en sus puestos de trabajo, que nueve de ellos fueron llevados a un quincho dentro del predio donde fueron torturados y que todos fueron trasladados luego a centros de detención. La mayoría señaló además que autoridades de Ford aportaron información específica de los trabajadores secuestrados y confeccionaron listas para su individualización. Müller, apunta el fallo, “facilitó la individualización y localización de las personas a detener y permitió el alojamiento de algunas de ellas en dependencias de la propia fábrica” donde fueron sometidas a tormentos.
PAPELERA DEL SUR: TRABAJO BONAERENSE DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y ORDENÓ REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS
El conflicto por el cierre de la histórica Papelera del Sur en Tornquist tuvo su segunda audiencia, celebrada este jueves en la Delegación Regional Bahía Blanca del Ministerio de Trabajo bonaerense.
Las autoridades dictaron formalmente una conciliación obligatoria por el plazo de 15 días y ordenaron a la empresa Interpack S.A. dar marcha atrás con la drástica medida que dejó a 160 trabajadores en la calle.
La Disposición N° 40/2026 calificó el hecho como un «conflicto colectivo de trabajo» y fundamentó la medida en el profundo impacto social que genera el cierre en una localidad pequeña como Tornquist. El documento oficial señala que la decisión empresarial no solo afecta a las familias de los operarios, sino que “altera la paz social de un municipio cuya actividad económica se encuentra fuertemente vinculada a la actividad fabril desarrollada por la papelera Interpack”. En consecuencia, intima a la firma a reincorporar y reinstalar en forma inmediata a la totalidad del personal dependiente al 4 de noviembre, aún los fuera de convenio.
Asimismo, el Ministerio fue contundente al exigir a la empresa el cese inmediato de las medidas adoptadas (el cierre del establecimiento y el despido de la totalidad del personal). Bajo apercibimiento de ley, se advirtió que el incumplimiento de estas intimaciones dará derecho a los trabajadores a percibir las remuneraciones que les hubieran correspondido si la medida no se hubiera adoptado, sin perjuicio de las multas que el Ministerio pueda imponer. Además, se intimó a la empresa a presentar en un plazo de 24 horas un listado con los datos de todo el personal ocupado, bajo apercibimiento de considerar su conducta como “obstrucción a la actuación administrativa”.
AMBIENTAL
DESMONTE SIN FRENO: ARGENTINA PERDIÓ MÁS DE 73.000 HECTÁREAS DE BOSQUES NATIVOS EN APENAS NUEVE MESES
Un relevamiento satelital de Greenpeace reveló que entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. La superficie equivale a casi cuatro veces la Ciudad de Buenos Aires. Mientras avanza la deforestación, el Gobierno nacional impulsa modificaciones a la Ley de Bosques que podrían reducir las restricciones y los controles ambientales.
El avance de la deforestación coincide con la intención del Gobierno nacional de modificar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.Actualmente, la normativa establece tres categorías de conservación: roja, para los bosques de mayor valor ambiental; amarilla, donde se permite el aprovechamiento sostenible pero no el desmonte; y verde, donde pueden autorizarse transformaciones del suelo sujetas a requisitos ambientales.
El proyecto del Poder Ejecutivo contempla eliminar la autorización previa para desmontar bosques clasificados en categoría verde, reemplazándola por una obligación de informar la actividad. También plantea modificar el artículo 14 para que la prohibición expresa de desmontar se limite a la categoría roja, dejando de incluir a la amarilla.
CHACO: LA JUSTICIA CREA UNA BRIGADA CONTRA LOS DESMONTES PARA FRENAR LA DESTRUCCIÓN DEL BOSQUE NATIVO
En medio de denuncias por desmontes ilegales y presuntas complicidades entre funcionarios y empresarios, la Justicia federal conformó un equipo especial con fiscales, Gendarmería, organismos ambientales y organizaciones civiles, informa La Política Ambiental.
La decisión busca garantizar el cumplimiento de una medida cautelar que protege los bosques chaqueños desde 2024, pero cuya aplicación no logró detener la deforestación. La destrucción de estos ecosistemas afecta la biodiversidad, la regulación del agua y la capacidad de los bosques para almacenar carbono.
Sin embargo, durante octubre continuaron las denuncias por intervenciones forestales en zonas protegidas. Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó reforzar los controles mediante patrullajes de Gendarmería Nacional.El conflicto evidencia que la existencia de restricciones legales y judiciales necesita estar acompañada de fiscalización territorial efectiva para impedir nuevos daños ambientales.
SALTA: FRENAN UNA TOPADORA TRAS LA DESTRUCCIÓN DE 700 HECTÁREAS DE BOSQUE Y DENUNCIAN EL AVANCE DE LOS DESMONTES
El miércoles 4 de noviembre, integrantes de Greenpeace Argentina protagonizaron una intervención directa para detener una topadora que realizaba tareas de desmonte en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el norte de la provincia.
La organización había detectado mediante imágenes satelitales y sobrevuelos la destrucción de aproximadamente 700 hectáreas de bosque nativo dentro del establecimiento. Durante la protesta, los ambientalistas se colocaron frente a la maquinaria, bloquearon sus palancas de funcionamiento mediante un dispositivo de inmovilización y colocaron una faja simbólica de clausura con la inscripción «crimen ambiental». La acción incluyó un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en rechazo a los cambios propuestos sobre la legislación de protección forestal.
De acuerdo con el monitoreo satelital difundido por Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 Salta perdió unas 20.122 hectáreas de bosque, una cifra que representa un incremento del 70% respecto del mismo período de 2025.La provincia ocupa el segundo lugar entre las jurisdicciones del norte argentino con mayores superficies desmontadas durante ese período, detrás de Santiago del Estero.
MISIONES: EL GOBIERNO FLEXIBILIZA LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y HABILITA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN CASI UN MILLÓN DE HECTÁREAS
El gobierno de Hugo Passalacqua modificó la Ley de Bosques para habilitar actividades ganaderas, cultivos de yerba mate y aprovechamiento forestal en áreas de monte nativo que abarcan casi un millón de hectáreas.
La reforma genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la biodiversidad y la regeneración de la selva, además de poner en discusión principios ambientales como la prevención, la precaución y la no regresión.
El 29 de octubre, la Fundación Dante Piesco presentó una acción de declaración de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones contra la reforma identificada como Ley XVI N.º 188.La organización solicitó una medida cautelar para frenar la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve el planteo. Entre sus argumentos invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y los principios de prevención, precaución, progresividad y no regresión ambiental.La fundación sostiene que permitir actividades productivas en sectores de selva nativa puede comprometer la biodiversidad, la regeneración natural y los servicios ambientales de los bosques.El planteo judicial también pone en discusión si la provincia puede modificar las condiciones de utilización de los bosques sin debilitar los niveles de protección establecidos por la legislación nacional.La presentación no significa que la ley haya sido declarada inconstitucional. Será la Justicia la que deberá analizar si las modificaciones respetan la Constitución Nacional y los presupuestos mínimos ambientales vigentes.
CHUBUT: EL GOBIERNO DE TORRES HABILITA A UNA MINERA CANADIENSE A EXPLORAR CASI 60.000 HECTÁREAS EN BUSCA DE URANIO
La minera canadiense Jaguar Uranium recibió la aprobación ambiental para ampliar su proyecto Laguna Salada, que ya comprende unas 230.000 hectáreas. Es el segundo permiso que obtiene durante 2026.
Los trabajos autorizados incluyen estudios geológicos, muestreos geoquímicos, relevamientos radiométricos y tomografías de resistividad eléctrica. El objetivo es determinar las características del subsuelo y evaluar el potencial mineral de la zona.La autorización no habilita la explotación comercial. Sin embargo, permite que la empresa amplíe el conocimiento del yacimiento y avance en la evaluación de un proyecto que podría tener nuevas etapas en el futuro.
El avance genera interrogantes sobre los controles ambientales y el futuro de la actividad en una provincia atravesada por la resistencia social a la megaminería y donde continúa vigente la Ley XVII N.º 68, conocida como Ley 5001. La cuestión es qué controles estableció el Estado provincial, qué información está disponible para la población y cómo se garantizará que las tareas no generen impactos ambientales. La aprobación administrativa no debería convertirse en un trámite que deje en segundo plano la protección del territorio.
MENDOZA: DENUNCIARON AL GOBIERNO POR LA SIEMBRA DE NUBES Y ADVIERTEN SOBRE LOS RIESGOS DE MODIFICAR ARTIFICIALMENTE EL CLIMA
La especialista ambiental Cecilia Sustersic confirmó que existe una denuncia contra el Gobierno de Mendoza por el uso de aviones que dispersan sustancias químicas en las tormentas para combatir el granizo.
La presentación judicial está vinculada con un temporal que azotó San Luis en enero de 2025. La técnica utiliza principalmente yoduro de plata y genera controversias por su efectividad, sus posibles consecuencias ambientales y la falta de certezas sobre sus efectos a largo plazo.
La siembra de nubes es una técnica de modificación artificial del tiempo atmosférico que busca intervenir en determinados procesos físicos que ocurren dentro de las nubes.Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones que se oponen a la siembra de nubes es que la intervención podría alterar el comportamiento natural de las tormentas, modificar las precipitaciones y generar consecuencias sobre otras regiones.En el caso denunciado por Sustersic, la hipótesis es que la intervención sobre una tormenta en Mendoza habría contribuido a intensificar el fenómeno que posteriormente llegó a San Luis. Pero existe una diferencia entre la posibilidad física de modificar ciertos procesos dentro de una nube y la capacidad de controlar sistemas meteorológicos de gran escala.
TUCUMÁN: EL AIRE CONTAMINADO REDUCE HASTA DOS AÑOS Y MEDIO LA ESPERANZA DE VIDA Y LOS VECINOS DENUNCIAN
Un estudio científico reveló que la contaminación atmosférica en Tucumán puede reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida de sus habitantes. Durante la zafra, los niveles de contaminación llegan a superar siete veces las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A las quemas de cañaverales y las emisiones de los ingenios se suman los basurales, los residuos industriales y una situación que los tucumanos conocen demasiado bien: el olor nauseabundo que invade las calles cuando se aproxima la lluvia y las partículas negras que caen sobre las viviendas, incluso en localidades del interior como Aguilares, Concepción y Villa La Trinidad.
El problema no se limita a las molestias que provoca respirar humo o soportar olores desagradables. La exposición prolongada a partículas contaminantes puede afectar el sistema respiratorio y cardiovascular, aumentar el riesgo de enfermedades y perjudicar especialmente a niños, personas mayores y quienes ya presentan problemas de salud.
El equipo también identificó un incremento de los síntomas respiratorios en aproximadamente 2.000 niños de entre 7 y 11 años que asisten a distintas escuelas de la provincia. Los resultados fueron relacionados con los registros de contaminación obtenidos mediante los sensores.La investigación señala que Tucumán se encuentra entre las provincias más contaminadas del país.Uno de los factores que agrava la situación es la propia geografía provincial. La presencia de una cadena montañosa hacia el oeste dificulta la circulación del aire y favorece que el humo y los contaminantes permanezcan concentrados cerca de la superficie.En San Miguel de Tucumán, la situación puede ser todavía más complicada por las características del relieve sobre el que se encuentra asentada la ciudad.
BENETTON VENDIÓ 900.000 HECTÁREAS A EMPRESARIOS VINCULADOS AL MUNDO CRIPTO Y AL ENTORNO DE TRUMP, MIENTRAS MILEI IMPULSA MEGACENTROS DE DATOS
La venta de las empresas de Benetton vuelve a poner en discusión la concentración de tierras en la Argentina y el control de los recursos naturales por parte de grandes grupos económicos, sostiene el sitio La Política Ambiental.
El grupo vendió sus principales empresas agropecuarias en Argentina a empresarios vinculados con Adecoagro, compañía controlada mayoritariamente por Tether, la firma detrás de la criptomoneda USDT. Detrás de los nuevos propietarios también aparecen vínculos financieros con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Donald Trump.
El grupo italiano concretó la venta de sus principales activos agropecuarios en Argentina, entre ellos la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor. La operación comprende aproximadamente 900.000 hectáreas distribuidas en cuatro provincias: cerca del 60% se encuentra en Santa Cruz, el 33% en Chubut, el 5% en Río Negro y el 2% restante en Buenos Aires. Se trata de una de las mayores concentraciones privadas de tierras productivas del país.
En esos establecimientos se desarrollan actividades ganaderas ovinas y bovinas, producción de lana y carne, agricultura y explotación forestal. El patrimonio incluye más de 300.000 animales y extensiones forestadas con pinos. Sin embargo, detrás de esta operación empresarial existe una historia mucho más antigua, vinculada con la apropiación de tierras públicas, la concentración de la propiedad y los conflictos territoriales que todavía atraviesan a la Patagonia.
ESTADOS UNIDOS: EL RECHAZO A LOS CENTROS DE DATOS GOLPEA A TRUMP Y EXPONE EL COSTO AMBIENTAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La expansión de la inteligencia artificial necesita algo más que algoritmos y computadoras: requiere enormes instalaciones físicas que funcionen las 24 horas, consuman grandes cantidades de electricidad y utilicen agua para refrigerar sus equipos. Los llamados centros de datos se convirtieron en una pieza central del negocio tecnológico, pero también en una nueva fuente de conflictos ambientales y sociales.
El rechazo comenzó a traducirse en decisiones políticas concretas. En las elecciones del 3 de noviembre, al menos 29 jurisdicciones de Estados Unidos aprobaron medidas para prohibir o restringir la instalación de nuevos centros de datos. El resultado representa un revés para las grandes tecnológicas y expone una discusión que ya atraviesa a distintas comunidades: quién se beneficia con estas inversiones y quién termina soportando sus costos.
Mientras Donald Trump defiende la expansión de la industria, Google quedó bajo investigación en Finlandia tras la tala de alrededor de 400.000 árboles para construir nuevos centros de datos. En Argentina, Milei busca atraer inversiones millonarias a la Patagonia sin una regulación específica para controlar sus impactos.