Opinión
Lectura recomendada: Distintas maneras de matar, por Ricardo Ragendorfer, Tiempo Argentino
Hasta qué punto fue sorpresivo el fallo absolutorio de un jurado popular para Daniel Oyarzún, también conocido como «el Carnicero de Zárate»? ¿Acaso el veredicto de un tribunal con jueces profesionales hubiese sido distinto? Todo indica que semejantes interrogantes no incluyen una circunstancia que merece ser considerada.
Tal vez Oyarzún sea recordado en el futuro por su aporte metodológico en el campo de la «justicia por mano propia»; una innovación que bien podría denominarse «embestida vehicular seguida de linchamiento».
Claro que para cumplir con esta última fase –tras perseguir y atropellar con su Peugeot 306 a un ladronzuelo en fuga–, su faena se vio favorecida por la súbita complicidad de un número impreciso de vecinos que descargaron una lluvia de golpes sobre la víctima, Brian González, cuando, aplastado entre la trompa del vehículo y un poste de semáforo, agonizaba con el cuerpo roto por dentro. Era el 13 de septiembre de 2016.
Es notable que desde entonces nadie haya reparado en el carácter grupal de este asesinato. Un olvido que esconde el eje del asunto: la existencia –nada menos que entre la «parte sana» de la población– del criminal espontáneo y colectivo; o sea, una subespecie del clásico «justiciero» que opera en soledad.
Lo cierto es que en esta trama confluyen ambas tipologías.
¿Habrá sido consciente de ello el defensor Ricardo Izquierdo? Porque al concluir su alegato, hizo con la mirada un travelling sobre los integrantes del jurado (12 ciudadanos comunes de ambos sexos, elegidos al azar), antes de soltarles: «Jamás se olviden de que Oyarzún es uno de ustedes».
Según las estadísticas judiciales, los casos de «legítima defensa» suman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano unas 15 muertes de presuntos malvivientes durante el último bimestre. Una cada 96 horas.
El ingeniero Horacio Santos fue el precursor en la materia. El ya remoto 16 de junio de 1990 persiguió en auto por el barrio de Villa Devoto a dos rateros que habían hurtado su pasacasete, hasta liquidarlos con cinco precisos balazos. Cabe destacar que aún no era un tiempo signado por una gran tasa de delitos, pero en el imaginario social ya aleteaba el buitre de la inseguridad.
Desde entonces, el ejercicio del «gatillo fácil civil» se ha multiplicado con una brusca gradualidad, y con «vengadores» procedentes de todos los estratos. Desde remiseros hasta magistrados, como –por caso– el juez federal Claudio Bonadio, también conocido como «Doctor Glock», dado que con una pistola calibre 40 de esa marca mató el 5 de octubre de 2001 de siete tiros por la espalda a dos asaltantes en una esquina de Villa Ballester.
Pero la autoprotección armada es un hábito proclive a la mala praxis. Y un gran ejemplo al respecto fue el dramático episodio vivido por el conductor radial Ángel Pedro Etchecopar. Le pudo pasar a cualquiera. Pero le tocó a ese hombre, el afamado «Baby». Y fue su popularidad, anudada a la amenazante incursión de tres malhechores en su residencia de San Isidro, lo que hizo de él un símbolo social, después de que con su hijo adolescente se defendiera a tiro limpio. Uno de los intrusos falleció por ocho balazos, el hijo recibió cuatro y Baby, tres. Entonces, la imprecisa «mayoría silenciosa» se puso en su lugar. Y teorizó hasta el cansancio sobre las ventajas y complicaciones de iniciar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas. Un debate que podría haberse liquidado con la siguiente pregunta: ¿Acaso sería de su agrado sufrir un asalto en compañía del señor Etchecopar?
Aun así, tal polémica persiste. Y se renueva en estudios de televisión, sobremesas y funerales. Porque andar «calzado» para evitar asaltos no parece ser un buen negocio, dada una dificultad de índole práctica: es casi imposible desenfundar, apuntar y disparar sobre alguien que lo tiene a uno encañonado. De hecho, el 77% de los homicidios en ocasión de robo se produce debido a la resistencia armada de la víctima. Una tendencia elocuente para una fuente inagotable de tragedias.
Las ejecuciones de índole grupal son, en cambio, menos riesgosas.
Es imposible determinar con exactitud en qué momento llegó al país la costumbre de linchar. Pero recién en febrero de 2014 un caso específico llegó a instalarse en la tapa de los diarios. Fue el de David Moreyra, asesinado por una turba en Rosario; se le atribuía el robo de una bicicleta. A partir de aquel momento comenzaron a saltar a la luz decenas de hechos similares en todo el territorio nacional. Y con su correspondiente debate.
En el plano jurídico, lo que en realidad se discutía era la neutralización de los robos callejeros –en especial, arrebatos de carteras y celulares; es decir, delitos excarcelables por su poca monta– mediante el recurso del homicidio calificado por alevosía (indefensión de la víctima) y ensañamiento (intención de agravar la agonía). Su conveniencia, dicho sea de paso, sumó una cantidad apreciable de opiniones favorables. En conjunto, una especie de Doctrina de la Seguridad Vecinal, cuyo corpus teórico reposa en dos ejes discursivos: «Hay un Estado ausente» y «La gente está cansada».
En las antípodas de aquel pensamiento, supo haber una profusión de frases alrededor de un mismo concepto: «La justicia por mano propia no es justicia». Apenas una tímida manera de decir que agruparse en una horda para patear a una persona hasta la muerte es un recurso inconducente y poco republicano. Como si en el «ciudadano común» no hubiera un gen criminal.
Ahora, en el fallo Oyarzún se desliza una auténtica franquicia para tales maneras de matar. « Ahora, en el fallo Oyarzún se desliza una auténtica franquicia para tales maneras de matar. «
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
Destacada
El Latinobarómetro y sus trampas, por María Urruzola
Destacada
AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
«Jubilados en alerta por el derrumbe de recaudaciones previsionales», por Alberto Nadra. Eppur si muove!
Diego Lencinas: «El gobierno de Milei cerró el IOSFA y despidió a 1450 trabajadores».
