De nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco, Álvaro Hilario. 

En un contexto de «acumulación por despojo» – tal como definiera el teórico marxista  David Harvey a la mercantilización de bienes públicos y derechos comunes-, las políticas de austeridad y los recortes en gasto social actúan como mecanismos para transferir riqueza hacia el sector privado. Tanto en Francia como en España la juventud expresa la crisis desatada por estos los recortes a la vivienda y la educación, desatando intensas olas de protesta social.

En esta fase, la vivienda deja de ser un derecho social protegido para convertirse en un activo financiero global (fondos buitre, especulación y plataformas turísticas).

España: De qué hablamos cuando hablamos de despojo.

El Estado español la cuestión de la vivienda se ha convertido en un modelo de turistificación y alquileres imposibles. La falta histórica de vivienda pública y la liberalización del mercado han expulsado a los jóvenes de los centros urbanos. Los fondos de inversión (en especial a partir de 2008) adquieren bloques enteros de viviendas, disparando los precios del alquiler mientras los salarios juveniles se mantienen estancados o precarios.

Movimientos como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y las masivas manifestaciones bajo lemas como «La vivienda es un derecho, no un negocio”, “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios» o “Acabemos con el negocio dela vivienda” reflejan el hartazgo de una generación que no puede emanciparse. Las protestas exigen la regulación estricta de precios, el fin de los pisos turísticos y la paralización de desahucios.

Los reclamos no son nuevos pero llenaron las calles estas semanas tras el desahucio, y posterior muerte de Maricarmen Abascal, una ciudadana de 87 años, del que fuera su hogar durante 71 años a manos de un fondo buitre español. El malestar fue en aumento y a las multitudes en las calles se le ha sumado una convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre.

Pedro Sánchez, a quien no se puede catalogar como un gobierno de izquierdas a pesar de su estilo declamatorio no ha respondido de manera eficaz a los principales reclamos de la población y el gasto en armamentos durante su gobierno alcanzó un record casi histórico, optó por renunciar y que la población elija el próximo parlamento como parte de una ‘cruzada’ en contra de los desahucios a pesar de no haber tenido el tema de la vivienda como centro de su acción en estos años de gobierno.

Así las cosas, las encuestas siguen dando como ganadora absoluta a la derecha de Vox y PP en la elecciones legislativas que compondrán un nuevo mapa de gobierno. La rebelión espontánea no llega a traducirse en conducción política. Con una izquierda dividida, que disputa puestos antes que estrategias, cuyos sectores más activos y preparados son en su mayoría abstencionistas, las impresionantes imágenes de los acampes en Plaza del Sol y las marchas de centenares de miles en todo el país, no parecen traducirse en términos electorales.

Estado francés: la chispa que encendió el fuego

En Francia la crisis estalló por otra cuestión básica: la educación.  El despojo en la educación se traduce en la reducción de la financiación pública para forzar la entrada de capital privado, la subida de tasas y la precarización de las condiciones de estudio. Gobiernos sucesivos han implementado reformas (como Parcoursup para el acceso universitario o las reformas del bachillerato y las pensiones) que la juventud interpreta como una pérdida de derechos y una privatización de sus expectativas de futuro. El aumento de las tasas de matrícula para estudiantes extranjeros también se ha visto como un primer paso hacia la mercantilización total.

En la presente oleada de protestas, los estudiantes de secundaria franceses, que han materializado sus reclamos tomando liceos y armando masivas marchas, secundadas por sindicatos, padres y madres, han hecho público un paquete de diez medidas de emergencia que exigen una inversión de 10.000 millones de euros para frenar lo que consideran la precarización de la educación pública. Dinero que se destinaría para, por ejemplo, los reemplazos inmediatos de los docentes de baja (denuncian que al inicio del curso faltaba personal en el 53 % de los centros); reducir la ratio de alumnos por clase, la cual ha alcanzado una media de 30 estudiantes por aula; o la inversión urgente para reparar edificios deteriorados, resolver goteras, la falta de mobiliario básico y la nula adaptación climática frente a las olas de calor. Estos problemas afectan, en especial, a los liceos de la periferia carenciada con la que sus compañeros se solidarizan, como una sola voz.

Brutal represión: más de 6.000 detenciones de estudiantes secundarios, 200 heridos, 15 graves, entre ellos un estudiante de 15 años que perdió una mano y otro un ojo.

La juventud estudiantil francesa (universitaria y de liceos) tiene una alta capacidad de sindicación y movilización. Los bloqueos de universidades, las huelgas y las manifestaciones conjuntas con los sindicatos de trabajadores son habituales para frenar estas leyes, denunciando que se les despoja de una educación democrática e igualitaria.

La ola de protestas de estudiantes de secundaria y universitarios en Francia ha alcanzado niveles de tensión y represión policial inéditos en las últimas décadas. Así, la policía practicó más de 6.600 detenciones, siendo el  86% menores de edad. La brutalidad fue, o es, un elemento a tener en cuenta, con más de 200 heridos, 15 graves, entre ellos, un estudiante de 15 años que perdió una mano y otro un ojo.

LCV consultó a Henry Belin, profesor de un liceo francés, para entender cómo se llegó a esta situación: «Empezó el movimiento de manera bastante débil y floja, nadie pensaba que iba a tomar esta dimensión pero la represión desmedida les ha salido mal, en mi instituto hasta han mandando a la policía montada y han detenido a menores con detenciones de 48horas y actitudes racistas de la poli respecto a nuestros alumnos racializados. Debajo de esto hay problemas más profundos de cómo se trata a la periferia y ha habido sobre todo una gran solidaridad entre institutos para enfrentarse a esta respuesta desproporcionada. Ahora bien, me temo también que hay un calculo detrás de todo esto de parte del gobierno: incendiar las afueras y los institutos para reforzar el voto reaccionario por temor a una insurrección que no tiene una dirección determinada tratando también de cargar la responsabilidad a Melenchon y la Francia insumisa. No se sabe muy bien como va a evolucionar pues es una expresión de frustración total que puede desatarse como apagarse muy rápido pero es un episodio mas de esa violencia subterránea que recorre la sociedad francesa desde hace décadas y que no se resuelve. A Le Pen y Macron les interesa también que degenere para potenciar el voto del miedo, a ver qué pasa pues…»

Protestas estudiantiles y colectivos de vivienda ocupan hoy espacios públicos y denuncian la «gentrificación metropolitana» que expulsa a las clases populares y a la juventud precarizada hacia las periferias desatendidas.

Aunque cuenten con un parque de vivienda social amplio, los recortes en las ayudas al alquiler y la inflación han precarizado el acceso al hogar para los estudiantes y jóvenes trabajadores.

El 17 de octubre se anuncia una movilización en varias de las principales ciudades europeas contra la carestía, el armamentismo, las guerras y los ajustes. Contra el despojo.

12 de octubre de 2026.

Ya que el racismo parece haberse ‘puesto de moda’, recibimos en el Planeta Giussani, a Miguel Mellino, Profesor de Estudios post coloniales y relaciones interétnicas en la Universidad L’Orientale de Napoli, para intentar comprender el significado de un término que desde su propio origen es equivocado. «El concepto de raza nació junto a la Conquista de América para denominar a los nativos. Su falta de justificativo científico ya ha sido comprobado». Según Mellino, la conquista de América fue el verdadero envión inicial del Capitalismo moderno.

Como no podía se de otro modo, la conversación estuvo atravesada por la tragedia de Ceuta. La encrucijada europea frente a la migración, la estampida de marroquíes, el discurso ambivalente del presidente Sánchez frente al aprovechamiento de la ultraderecha más rancia de Europa. El falaz debate sobre el racismo argentino luego del mundial.

La crisis social de Ceuta, en la que ya se cuentan más de ochenta muertos al intentar abandonar Marruecos para saltar la frontera española que queda como resabio colonial en el norte de África se está convirtiendo en un ejemplo de cómo se manejan los países poderosos con el tema migración. Un artículo de Osservatorio Repressione expresa sin ambigüedades las lecciones de Ceuta:

«Ochenta y cuatro muertos deberían ser suficientes para poner en discusión cualquier sistema político. Debería abrir un debate sobre la legitimidad de las políticas que produjeron esta tragedia, interpelar las conciencias, obligar a gobiernos e instituciones a preguntarse si el precio pagado en vidas humanas sea compatible con los principios que declaran defender. Sin embargo, después de las jornadas de Ceuta, el enfrentamiento público europeo siguió un camino completamente distinto. Los cueros sin vida recuperados en ese fragmento de mar que separa Marruecos del enclave español desaparecieron rápidamente del horizonte de la discusión, y fueron substituidos por un lenguaje ya familiar: invasión, defensa de los confines, traficantes, seguridad, control de las fronteras, integridad territorial. Una vez más, las víctimas salieron de escena, mientras  el lenguaje del miedo se convirtió en protagonista absoluto.»

Aquí, la entrevista completa con el Prof. Miguel Melillo para quien el racismo no es una cuestión personal, ni subjetiva, corresponde a las necesidades del sistema, es estructural y ningún país que haya tenido un origen colonial y un desenlace capitalista puede sustraerse de sus consecuencias. Ni Argentina, ni España.

https://www.youtube.com/watch?v=nCLZm-UhWfc

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Exclusivo para LCV de nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco

Al momento de escribir estas líneas, la Península Ibérica sufre la cuarta ola de calor del verano boreal. Los termómetros de gran número de localidades marcan, y hasta superan, los 40ºC. Cuarenta y dos incendios, muchos de ellos en la comunidad autónoma de Castilla y León, permanecen activos. Doce son de gran intensidad.

Hasta el pasado 26 de julio, la superficie afectada por el fuego ascendía a 152.658 hectáreas (equivalente al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, de San Luis), seis veces más que las calcinadas en el mismo periodo durante 2025.

Aunque el factor humano (negligencias, incendios intencionados, aumento de la construcción de viviendas cerca de zonas boscosas) acostumbra a ser el origen de los fuegos, el cambio climático y las olas de calor convierten estos en catástrofes de magnitudes nunca vistas. Días como los vividos en el mes de julio, cuando se desataron los incendios de Ávila, Madrid y Castelló, con temperaturas superiores a los 30ºC, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento (la llamada “regla del 30”) son los más temidos por los servicios de extinción.

La virulencia de los siniestros se explica, además, por las frecuentes sequías, hijas también del cambio climático, por la gran extensión de los monocultivos de pino y eucalipto y por el poco trabajo realizado durante los meses invernales en tareas de prevención de incendios forestales. Este último factor es, obvio, una de las grandes armas arrojadizas en la arena política española.

En las comunidades gobernadas por el PP, necesitan el apoyo de Vox para llevar adelante sus política y se suman a sus discursos negacionistas del cambio climático. El 2018 Alfonso Fernándes Mañuco (PP) sostuvo que mantener un sistema de prevención de incendios todo el años «es absurdo y un despilfarro»

Fuego y política

La comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el derechista Partido Popular (PP) desde 1987, es la que sufrió los peores fuegos de los últimos años, todos bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. En 2018, refiriéndose a las tareas de prevención de incendios forestales manifestó que “mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro”.

En realidad, en opinión de voces autorizadas, como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, la inversión en prevención de incendios forestales es entre 5 y 10 veces más barata que la extinción por hectárea, llegando a generar un ahorro de hasta 100 euros en costes totales y daños por cada euro invertido en limpiar los montes.

Mañueco, sin embargo, no descabalgó. La magnitud del desastre del verano de 2025, que castigó con especial saña la comarca de El Bierzo (y el paraje de Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano, patrimonio de la UNESCO), obligó a que el ejecutivo de Mañueco, la Junta de Castilla y León, aumentara su presupuesto global contra incendios, de 95 a 170 millones de euros, pero estos fondos no se emplearon en la prevención.

Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto de prevención forestal sufrió un recorte superior al 80% con relación al 2009 en Castilla y León gobernada por el PP

Por un lado, la Junta solo llegó a ejecutar el 48 por ciento de sus fondos de prevención justo antes de las campañas de riesgo alto, dejando más de la mitad del dinero sin emplear en la limpieza previa de los montes.

Por otro, analizando la evolución del gasto de unos años a esta parte, este se inclinó de modo claro hacia la extinción (apagar los fuegos una vez activos) en detrimento de la prevención invernal. Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto específico para tareas de prevención forestal en la región sufrió un recorte estructural superior al 80 por ciento si se compara con los fondos destinados en el año 2009. También señalar que gran parte de esos millones de euros de incremento en el presupuesto global contra incendios fueron a parar a ayudas directas a los afectados por los siniestros de 2025. Volveremos a esta cuestión.

La falta de prevención afecta a las personas que se dedican a las tareas de prevención y extinción. Señalar que entre 20 y 25 compañías privadas gestionan el 40 por ciento de la plantilla de este servicio (en línea con la política de privatización de servicios públicos del PP). La situación de los bomberos forestales en Castilla y León durante la campaña de 2026 se encuentra en un estado de colapso operativo y grave conflicto laboral, marcado por huelgas patronales, denuncias de precariedad extrema y el desmantelamiento de infraestructuras críticas. Aunque la Junta aprobó un plan para profesionalizar el servicio a finales del año pasado, los trabajadores sobre el terreno denuncian que la realidad actual es peor que la de años anteriores.

Los bomberos de Castilla y león se encuentran en colapso operativo y conflicto laboral, con huelgas patronales y desmantelamiento de infraestructuras

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, volvió a ganar las elecciones. De hecho, pese a la gravedad de los fuegos y el intenso debate político sobre la gestión ganó las elecciones de forma mayoritaria en los municipios y zonas más castigados por los grandes incendios forestales de 2025. El PP logró imponerse como la fuerza más votada en 101 de los 151 municipios afectados por las llamas en toda la comunidad autónoma. Al analizar específicamente los 23 pueblos de origen de los mayores incendios del verano de 2025, el PP ganó en 16 de ellos. Olé.

Otra de las comunidades autónomas devorada por las llamas durante el verano de 2025 fue Extremadura. La coyuntura y el debate político, similares a los de Castilla y León, también condicionados por la incesante campaña de desgaste del PP contra el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez (PSOE), campaña en la que los incendios forestales son una oportunidad para ahondar en esta.

En Extremadura, el 21 de diciembre de 2025, también fue el PP quien se impuso con un 44 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas. Según diferentes análisis, en las zonas rurales afectadas por desastres forestales, el voto tiende a regirse por la identidad partidista tradicional y la confrontación ideológica estatal antes que por una penalización directa a la gestión local de las emergencias.

En las ayudas directas de Castilla y León, esas que se comieron gran parte del presupuesto global del plan contra incendios forestales, había una destinada a las “familias desalojadas”: una ayuda directa e inmediata de 500 euros por unidad familiar para aquellas personas empadronadas que sufrieron evacuaciones. Bastantes alcaldes de las zonas afectadas, tanto de PSOE como PP, hablaron de “cachondeo” y “compra de votos”, señalando que recibieron peticiones de habitantes que no residen en casas ya arruinadas o que en absoluto se encontraban en el pueblo los días de humo y fuego.

Pactos, negacionismo y xenofobia

En ambas comunidades autónomas, el PP necesitó de las bancadas de la ultraderecha, de Vox, para revalidar sus mayorías y, a posteriori, formar gobiernos de coalición. Los pactos suponen asumir las posturas negacionistas del cambio climático, xenófobas y antinmigración defendidas por Vox.

Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo. Un eurodiputado de ese partido difundió un documento trucho sobre las máximas registradas entre el 49 y el 51, que ubicaba en el aeropuerto de Córdoba el punto de medición. Aeropuerto que no existía en aquellos años.

Como buen partido de ultraderecha, Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo para ello. El eurodiputado de esta agrupación, Jorge Buxadé, por ejemplo, difundió en redes sociales, estos días una tabla elaborada con datos falsos de temperaturas máximas extremas registradas en España entre 1949 y 1951. El documento trucho señalaba, además, al aeropuerto de Córdoba como punto de medición en 1949, un lugar que no existía entonces, y presentaba fallos de diseño y de uso de IA.

Su política se basa en combatir las políticas verdes, calificándolas de “engaño” y “estafa”. Se oponen a las normativas ecológicas nacionales e internacionales, argumentando que destruyen la economía y persiguen al sector rural.

De los incendios, además de a Pedro Sánchez, obvio, culpan al “ecologismo radical”. En su opinión, la voracidad de los incendios actuales no viene motivada por un para ellos inexistente cambio climático si no por el «fanatismo climático» y las leyes restrictivas de la izquierda que, según el partido, impiden realizar limpiezas correctas en los montes. Añaden también como motivo el abandono estructural del medio rural y de la actividad agrícola y ganadera tradicional.

De todos modos, el socialdemócrata Sánchez, también tiene lo suyo. No coincidimos con el PP, evidente, pero traigamos acá unas líneas del texto que, hace pocos días, publicó Myriam Bregman:

“Mis compañeros de del Estado Español denuncian que «el gasto en lucha contra el fuego y rearme es una comparativa que quema. En los últimos cinco años, el gobierno central ha comprometido la compra de 45 cazas, 100 helicópteros militares, 4 fragatas, 4 submarinos y 348 carros de combate. Mientras tanto, solo ha adquirido 7 hidroaviones y las demandas de los bomberos siguen siendo ninguneadas por los gobiernos autonómicos del PP y el PSOE. Más allá del discurso sobre la emergencia climática, las cuentas públicas dejan claro cuál es la verdadera prioridad nacional del gobierno progresista: el rearme imperialista”.

Volviendo al negacionismo, el PP, no puede quedarse a la zaga. Aunque no es negacionista de modo explícito, no puede desairar al que es su socio en los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Valéncia, y Andalucía. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, fue dejando estas perlas en las últimas semanas: “el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia”, tildando el cambio climático de “perogrullo”. Calificó la afirmación de “el cambio climático genera incendios” como un «mantra que repite la izquierda para no asumir responsabilidades« por la mala gestión de los montes; obviando, una vez más, que las competencias en la materia son autonómicas, de comunidades gobernadas por su partido.

Isabel Díaz Ayuso (PP-Madrid) sostuvo que eso del cambio climático es una verdad de perogrullo, y atacó al gobierno por las «trabas burocráticas y medioambientales que impiden limpiar los montes. Sin embargo la ley de Montes obliga a los propietarios a mantener limpios sus terrenos

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evitó vincular de forma directa los grandes incendios forestales que azotan su comunidad al calentamiento global. Priorizó el debate sobre la gestión del sector agrario, exigiendo escuchar a «las gentes del campo« y criticando las excesivas trabas burocráticas y normativas medioambientales que impiden, a su juicio, limpiar los montes. Muy en la línea de Vox, muy en la línea de obviar sus responsabilidades (como la situación de los bomberos forestales de la Comunidad). Y con el bulo por delante.

No, las leyes en España no prohíben la limpieza ni el desbroce de los montes. Al contrario, la Ley de Montes de 2003 obliga expresamente a los propietarios (tanto públicos como privados) a gestionar y mantener limpios sus terrenos como medida activa de prevención contra incendios. Asimismo, normativas internacionales como la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo promueven la silvicultura y el pastoreo tradicional en el entorno forestal.

Vox Populi: el fascismo abreva en la ignorancia

Los pactos de gobierno entre Vox y PP suponen la adopción de una serie de medidas contra la inmigración. “Prioridad nacional” le dicen. Similares en todas las comunidades autonómicas gobernadas por la diabólica coalición, tomemos el caso castellano-leonés con el que ya vamos familiarizándonos.

Gran parte del programa electoral de Vox sobre inmigración cristalizó en el pacto de gobierno de 324 medidas con el PP. Sus ejes básicos son los siguientes: rechazar los traslados de inmigrantes a Castilla Y León que hayan entrado de forma irregular al Estado dispuestos por el Gobierno central (repartos que se realizan para aliviar la presión sobre los centros de acogida de Canarias o Ceuta, por ejemplo); Cierre de centros y «remigración»: Incluyeron de manera explícita la palabra «remigración» para defender el retorno efectivo de inmigrantes a sus países de origen. Exigen clausurar los centros de acogida que consideren que generan inseguridad. (vinculan inmigración con delincuencia).

Objeto preferente de su persecución son los menores no acompañados. Para estos piden las no homologadas científicamente e invasivas pruebas de edad obligatorias: exigen la aplicación sistemática de pruebas médicas de determinación de edad para comprobar si los migrantes que se declaran menores lo son realmente. Además, defienden la repatriación de estos menores de forma inmediata con sus familias o a sus países de origen. Este asunto provocó la ruptura de los pactos, en 2024, cuando Vox abandonó la Junta tras aceptar el PP el reparto estatal de menores.

Otra medida es el endurecimiento del acceso a la vivienda: Siguiendo el modelo implantado en Extremadura, Vox ha impulsado que los extranjeros tengan que acreditar un mínimo de 10 años de residencia legal en España para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en Castilla y León.

También proponen la retirada total de subvenciones y financiación pública a todas las asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos vecinales que, a su juicio, cooperen, rescaten o «promuevan» las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

Tras el último acuerdo de coalición, Vox asumió competencias directas en materia de Inmigración en la comunidad autónoma para intentar aplicar de forma efectiva estas medidas.

Los beneficios de la inmigración

Privatización de servicios públicos, mala gestión de incendios forestales, despilfarro de fondos públicos, políticas antiinmigración. Esa propuesta cosechó el 54,39 por ciento de los votos emitidos en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo. Representan al 27,78 por ciento de la población castellanoleonesa y al 35 por ciento de la ciudadanía con derecho a voto. Una parte sustancial de la población tiene tendencias autoritarias y xenófobas.

Una parte de la población atenta a los discursos de odio y ajena a la realidad. El fascismo tiene su caldo de cultivo en la ignorancia.

La inmigración proporciona un beneficio demográfico y económico imprescindible para la supervivencia de Castilla y León, siendo el principal motor para frenar la despoblación rural y sostener el mercado laboral y las pensiones en la comunidad autónoma más envejecida del Estado español.

Castilla y León arrastra una crisis demográfica estructural con un saldo vegetativo negativo. Los flujos de población extranjera son el único factor que permite a la comunidad mantener o recuperar habitantes en sus censos provinciales. Además, la llegada de familias migrantes con hijos en edad escolar permite alcanzar el ratio mínimo de alumnos exigido por la ley para evitar el cierre de escuelas rurales y mantener abiertos los centros de salud en comarcas de la «España vaciada».

En cuanto al impacto en el mercado laboral, la patronal de Castilla y León (CEOE) y los sindicatos coinciden en que la mano de obra extranjera es vital para cubrir puestos de trabajo que la población autóctona ya no demanda debido al envejecimiento y la emigración de los jóvenes locales. Así, la agricultura y la ganadería intensiva dependen estructuralmente de los trabajadores inmigrantes para las campañas de recogida, el cuidado de granjas y, atención, los trabajos de silvicultura preventiva en los montes.

Otros sectores que necesitan de la mano de obra llegada de fuera son construcción, hostelería y servicios asistenciales. Construcción y hostelería: Son dos de los sectores con mayor déficit de vacantes en las provincias de la comunidad que se reactivan gracias a la contratación de personal extranjero.Servicios asistenciales: El cuidado de personas mayores (en residencias o ayuda a domicilio) recae mayoritariamente en mujeres inmigrantes, un servicio crítico en una región con una alta tasa de dependencia geriatrizada.

Terminamos con dos efectos económicos positivos más para la economía castellanoleonesa: Altas en la Seguridad Social: los trabajadores extranjeros cotizan activamente, rejuvenecen la pirámide de población activa y aportan los ingresos necesarios para sostener el sistema público de pensiones de los jubilados de la región. Consumo local: Al asentarse en los municipios, reactivan la economía de proximidad (compras en comercios locales, alquiler de viviendas cerradas, reactivación de entornos rurales en declive).

Podríamos seguir con los beneficios de la multiculturalidad, pero nos extenderíamos demasiado ¿verdad?

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