Ya que el racismo parece haberse ‘puesto de moda’, recibimos en el Planeta Giussani, a Miguel Mellino, Profesor de Estudios post coloniales y relaciones interétnicas en la Universidad L’Orientale de Napoli, para intentar comprender el significado de un término que desde su propio origen es equivocado. «El concepto de raza nació junto a la Conquista de América para denominar a los nativos. Su falta de justificativo científico ya ha sido comprobado». Según Mellino, la conquista de América fue el verdadero envión inicial del Capitalismo moderno.

Como no podía se de otro modo, la conversación estuvo atravesada por la tragedia de Ceuta. La encrucijada europea frente a la migración, la estampida de marroquíes, el discurso ambivalente del presidente Sánchez frente al aprovechamiento de la ultraderecha más rancia de Europa. El falaz debate sobre el racismo argentino luego del mundial.

La crisis social de Ceuta, en la que ya se cuentan más de ochenta muertos al intentar abandonar Marruecos para saltar la frontera española que queda como resabio colonial en el norte de África se está convirtiendo en un ejemplo de cómo se manejan los países poderosos con el tema migración. Un artículo de Osservatorio Repressione expresa sin ambigüedades las lecciones de Ceuta:

«Ochenta y cuatro muertos deberían ser suficientes para poner en discusión cualquier sistema político. Debería abrir un debate sobre la legitimidad de las políticas que produjeron esta tragedia, interpelar las conciencias, obligar a gobiernos e instituciones a preguntarse si el precio pagado en vidas humanas sea compatible con los principios que declaran defender. Sin embargo, después de las jornadas de Ceuta, el enfrentamiento público europeo siguió un camino completamente distinto. Los cueros sin vida recuperados en ese fragmento de mar que separa Marruecos del enclave español desaparecieron rápidamente del horizonte de la discusión, y fueron substituidos por un lenguaje ya familiar: invasión, defensa de los confines, traficantes, seguridad, control de las fronteras, integridad territorial. Una vez más, las víctimas salieron de escena, mientras  el lenguaje del miedo se convirtió en protagonista absoluto.»

Aquí, la entrevista completa con el Prof. Miguel Melillo para quien el racismo no es una cuestión personal, ni subjetiva, corresponde a las necesidades del sistema, es estructural y ningún país que haya tenido un origen colonial y un desenlace capitalista puede sustraerse de sus consecuencias. Ni Argentina, ni España.

https://www.youtube.com/watch?v=nCLZm-UhWfc

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Exclusivo para LCV de nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco

Al momento de escribir estas líneas, la Península Ibérica sufre la cuarta ola de calor del verano boreal. Los termómetros de gran número de localidades marcan, y hasta superan, los 40ºC. Cuarenta y dos incendios, muchos de ellos en la comunidad autónoma de Castilla y León, permanecen activos. Doce son de gran intensidad.

Hasta el pasado 26 de julio, la superficie afectada por el fuego ascendía a 152.658 hectáreas (equivalente al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, de San Luis), seis veces más que las calcinadas en el mismo periodo durante 2025.

Aunque el factor humano (negligencias, incendios intencionados, aumento de la construcción de viviendas cerca de zonas boscosas) acostumbra a ser el origen de los fuegos, el cambio climático y las olas de calor convierten estos en catástrofes de magnitudes nunca vistas. Días como los vividos en el mes de julio, cuando se desataron los incendios de Ávila, Madrid y Castelló, con temperaturas superiores a los 30ºC, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento (la llamada “regla del 30”) son los más temidos por los servicios de extinción.

La virulencia de los siniestros se explica, además, por las frecuentes sequías, hijas también del cambio climático, por la gran extensión de los monocultivos de pino y eucalipto y por el poco trabajo realizado durante los meses invernales en tareas de prevención de incendios forestales. Este último factor es, obvio, una de las grandes armas arrojadizas en la arena política española.

En las comunidades gobernadas por el PP, necesitan el apoyo de Vox para llevar adelante sus política y se suman a sus discursos negacionistas del cambio climático. El 2018 Alfonso Fernándes Mañuco (PP) sostuvo que mantener un sistema de prevención de incendios todo el años «es absurdo y un despilfarro»

Fuego y política

La comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el derechista Partido Popular (PP) desde 1987, es la que sufrió los peores fuegos de los últimos años, todos bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. En 2018, refiriéndose a las tareas de prevención de incendios forestales manifestó que “mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro”.

En realidad, en opinión de voces autorizadas, como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, la inversión en prevención de incendios forestales es entre 5 y 10 veces más barata que la extinción por hectárea, llegando a generar un ahorro de hasta 100 euros en costes totales y daños por cada euro invertido en limpiar los montes.

Mañueco, sin embargo, no descabalgó. La magnitud del desastre del verano de 2025, que castigó con especial saña la comarca de El Bierzo (y el paraje de Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano, patrimonio de la UNESCO), obligó a que el ejecutivo de Mañueco, la Junta de Castilla y León, aumentara su presupuesto global contra incendios, de 95 a 170 millones de euros, pero estos fondos no se emplearon en la prevención.

Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto de prevención forestal sufrió un recorte superior al 80% con relación al 2009 en Castilla y León gobernada por el PP

Por un lado, la Junta solo llegó a ejecutar el 48 por ciento de sus fondos de prevención justo antes de las campañas de riesgo alto, dejando más de la mitad del dinero sin emplear en la limpieza previa de los montes.

Por otro, analizando la evolución del gasto de unos años a esta parte, este se inclinó de modo claro hacia la extinción (apagar los fuegos una vez activos) en detrimento de la prevención invernal. Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto específico para tareas de prevención forestal en la región sufrió un recorte estructural superior al 80 por ciento si se compara con los fondos destinados en el año 2009. También señalar que gran parte de esos millones de euros de incremento en el presupuesto global contra incendios fueron a parar a ayudas directas a los afectados por los siniestros de 2025. Volveremos a esta cuestión.

La falta de prevención afecta a las personas que se dedican a las tareas de prevención y extinción. Señalar que entre 20 y 25 compañías privadas gestionan el 40 por ciento de la plantilla de este servicio (en línea con la política de privatización de servicios públicos del PP). La situación de los bomberos forestales en Castilla y León durante la campaña de 2026 se encuentra en un estado de colapso operativo y grave conflicto laboral, marcado por huelgas patronales, denuncias de precariedad extrema y el desmantelamiento de infraestructuras críticas. Aunque la Junta aprobó un plan para profesionalizar el servicio a finales del año pasado, los trabajadores sobre el terreno denuncian que la realidad actual es peor que la de años anteriores.

Los bomberos de Castilla y león se encuentran en colapso operativo y conflicto laboral, con huelgas patronales y desmantelamiento de infraestructuras

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, volvió a ganar las elecciones. De hecho, pese a la gravedad de los fuegos y el intenso debate político sobre la gestión ganó las elecciones de forma mayoritaria en los municipios y zonas más castigados por los grandes incendios forestales de 2025. El PP logró imponerse como la fuerza más votada en 101 de los 151 municipios afectados por las llamas en toda la comunidad autónoma. Al analizar específicamente los 23 pueblos de origen de los mayores incendios del verano de 2025, el PP ganó en 16 de ellos. Olé.

Otra de las comunidades autónomas devorada por las llamas durante el verano de 2025 fue Extremadura. La coyuntura y el debate político, similares a los de Castilla y León, también condicionados por la incesante campaña de desgaste del PP contra el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez (PSOE), campaña en la que los incendios forestales son una oportunidad para ahondar en esta.

En Extremadura, el 21 de diciembre de 2025, también fue el PP quien se impuso con un 44 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas. Según diferentes análisis, en las zonas rurales afectadas por desastres forestales, el voto tiende a regirse por la identidad partidista tradicional y la confrontación ideológica estatal antes que por una penalización directa a la gestión local de las emergencias.

En las ayudas directas de Castilla y León, esas que se comieron gran parte del presupuesto global del plan contra incendios forestales, había una destinada a las “familias desalojadas”: una ayuda directa e inmediata de 500 euros por unidad familiar para aquellas personas empadronadas que sufrieron evacuaciones. Bastantes alcaldes de las zonas afectadas, tanto de PSOE como PP, hablaron de “cachondeo” y “compra de votos”, señalando que recibieron peticiones de habitantes que no residen en casas ya arruinadas o que en absoluto se encontraban en el pueblo los días de humo y fuego.

Pactos, negacionismo y xenofobia

En ambas comunidades autónomas, el PP necesitó de las bancadas de la ultraderecha, de Vox, para revalidar sus mayorías y, a posteriori, formar gobiernos de coalición. Los pactos suponen asumir las posturas negacionistas del cambio climático, xenófobas y antinmigración defendidas por Vox.

Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo. Un eurodiputado de ese partido difundió un documento trucho sobre las máximas registradas entre el 49 y el 51, que ubicaba en el aeropuerto de Córdoba el punto de medición. Aeropuerto que no existía en aquellos años.

Como buen partido de ultraderecha, Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo para ello. El eurodiputado de esta agrupación, Jorge Buxadé, por ejemplo, difundió en redes sociales, estos días una tabla elaborada con datos falsos de temperaturas máximas extremas registradas en España entre 1949 y 1951. El documento trucho señalaba, además, al aeropuerto de Córdoba como punto de medición en 1949, un lugar que no existía entonces, y presentaba fallos de diseño y de uso de IA.

Su política se basa en combatir las políticas verdes, calificándolas de “engaño” y “estafa”. Se oponen a las normativas ecológicas nacionales e internacionales, argumentando que destruyen la economía y persiguen al sector rural.

De los incendios, además de a Pedro Sánchez, obvio, culpan al “ecologismo radical”. En su opinión, la voracidad de los incendios actuales no viene motivada por un para ellos inexistente cambio climático si no por el «fanatismo climático» y las leyes restrictivas de la izquierda que, según el partido, impiden realizar limpiezas correctas en los montes. Añaden también como motivo el abandono estructural del medio rural y de la actividad agrícola y ganadera tradicional.

De todos modos, el socialdemócrata Sánchez, también tiene lo suyo. No coincidimos con el PP, evidente, pero traigamos acá unas líneas del texto que, hace pocos días, publicó Myriam Bregman:

“Mis compañeros de del Estado Español denuncian que «el gasto en lucha contra el fuego y rearme es una comparativa que quema. En los últimos cinco años, el gobierno central ha comprometido la compra de 45 cazas, 100 helicópteros militares, 4 fragatas, 4 submarinos y 348 carros de combate. Mientras tanto, solo ha adquirido 7 hidroaviones y las demandas de los bomberos siguen siendo ninguneadas por los gobiernos autonómicos del PP y el PSOE. Más allá del discurso sobre la emergencia climática, las cuentas públicas dejan claro cuál es la verdadera prioridad nacional del gobierno progresista: el rearme imperialista”.

Volviendo al negacionismo, el PP, no puede quedarse a la zaga. Aunque no es negacionista de modo explícito, no puede desairar al que es su socio en los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Valéncia, y Andalucía. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, fue dejando estas perlas en las últimas semanas: “el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia”, tildando el cambio climático de “perogrullo”. Calificó la afirmación de “el cambio climático genera incendios” como un «mantra que repite la izquierda para no asumir responsabilidades« por la mala gestión de los montes; obviando, una vez más, que las competencias en la materia son autonómicas, de comunidades gobernadas por su partido.

Isabel Díaz Ayuso (PP-Madrid) sostuvo que eso del cambio climático es una verdad de perogrullo, y atacó al gobierno por las «trabas burocráticas y medioambientales que impiden limpiar los montes. Sin embargo la ley de Montes obliga a los propietarios a mantener limpios sus terrenos

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evitó vincular de forma directa los grandes incendios forestales que azotan su comunidad al calentamiento global. Priorizó el debate sobre la gestión del sector agrario, exigiendo escuchar a «las gentes del campo« y criticando las excesivas trabas burocráticas y normativas medioambientales que impiden, a su juicio, limpiar los montes. Muy en la línea de Vox, muy en la línea de obviar sus responsabilidades (como la situación de los bomberos forestales de la Comunidad). Y con el bulo por delante.

No, las leyes en España no prohíben la limpieza ni el desbroce de los montes. Al contrario, la Ley de Montes de 2003 obliga expresamente a los propietarios (tanto públicos como privados) a gestionar y mantener limpios sus terrenos como medida activa de prevención contra incendios. Asimismo, normativas internacionales como la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo promueven la silvicultura y el pastoreo tradicional en el entorno forestal.

Vox Populi: el fascismo abreva en la ignorancia

Los pactos de gobierno entre Vox y PP suponen la adopción de una serie de medidas contra la inmigración. “Prioridad nacional” le dicen. Similares en todas las comunidades autonómicas gobernadas por la diabólica coalición, tomemos el caso castellano-leonés con el que ya vamos familiarizándonos.

Gran parte del programa electoral de Vox sobre inmigración cristalizó en el pacto de gobierno de 324 medidas con el PP. Sus ejes básicos son los siguientes: rechazar los traslados de inmigrantes a Castilla Y León que hayan entrado de forma irregular al Estado dispuestos por el Gobierno central (repartos que se realizan para aliviar la presión sobre los centros de acogida de Canarias o Ceuta, por ejemplo); Cierre de centros y «remigración»: Incluyeron de manera explícita la palabra «remigración» para defender el retorno efectivo de inmigrantes a sus países de origen. Exigen clausurar los centros de acogida que consideren que generan inseguridad. (vinculan inmigración con delincuencia).

Objeto preferente de su persecución son los menores no acompañados. Para estos piden las no homologadas científicamente e invasivas pruebas de edad obligatorias: exigen la aplicación sistemática de pruebas médicas de determinación de edad para comprobar si los migrantes que se declaran menores lo son realmente. Además, defienden la repatriación de estos menores de forma inmediata con sus familias o a sus países de origen. Este asunto provocó la ruptura de los pactos, en 2024, cuando Vox abandonó la Junta tras aceptar el PP el reparto estatal de menores.

Otra medida es el endurecimiento del acceso a la vivienda: Siguiendo el modelo implantado en Extremadura, Vox ha impulsado que los extranjeros tengan que acreditar un mínimo de 10 años de residencia legal en España para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en Castilla y León.

También proponen la retirada total de subvenciones y financiación pública a todas las asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos vecinales que, a su juicio, cooperen, rescaten o «promuevan» las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

Tras el último acuerdo de coalición, Vox asumió competencias directas en materia de Inmigración en la comunidad autónoma para intentar aplicar de forma efectiva estas medidas.

Los beneficios de la inmigración

Privatización de servicios públicos, mala gestión de incendios forestales, despilfarro de fondos públicos, políticas antiinmigración. Esa propuesta cosechó el 54,39 por ciento de los votos emitidos en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo. Representan al 27,78 por ciento de la población castellanoleonesa y al 35 por ciento de la ciudadanía con derecho a voto. Una parte sustancial de la población tiene tendencias autoritarias y xenófobas.

Una parte de la población atenta a los discursos de odio y ajena a la realidad. El fascismo tiene su caldo de cultivo en la ignorancia.

La inmigración proporciona un beneficio demográfico y económico imprescindible para la supervivencia de Castilla y León, siendo el principal motor para frenar la despoblación rural y sostener el mercado laboral y las pensiones en la comunidad autónoma más envejecida del Estado español.

Castilla y León arrastra una crisis demográfica estructural con un saldo vegetativo negativo. Los flujos de población extranjera son el único factor que permite a la comunidad mantener o recuperar habitantes en sus censos provinciales. Además, la llegada de familias migrantes con hijos en edad escolar permite alcanzar el ratio mínimo de alumnos exigido por la ley para evitar el cierre de escuelas rurales y mantener abiertos los centros de salud en comarcas de la «España vaciada».

En cuanto al impacto en el mercado laboral, la patronal de Castilla y León (CEOE) y los sindicatos coinciden en que la mano de obra extranjera es vital para cubrir puestos de trabajo que la población autóctona ya no demanda debido al envejecimiento y la emigración de los jóvenes locales. Así, la agricultura y la ganadería intensiva dependen estructuralmente de los trabajadores inmigrantes para las campañas de recogida, el cuidado de granjas y, atención, los trabajos de silvicultura preventiva en los montes.

Otros sectores que necesitan de la mano de obra llegada de fuera son construcción, hostelería y servicios asistenciales. Construcción y hostelería: Son dos de los sectores con mayor déficit de vacantes en las provincias de la comunidad que se reactivan gracias a la contratación de personal extranjero.Servicios asistenciales: El cuidado de personas mayores (en residencias o ayuda a domicilio) recae mayoritariamente en mujeres inmigrantes, un servicio crítico en una región con una alta tasa de dependencia geriatrizada.

Terminamos con dos efectos económicos positivos más para la economía castellanoleonesa: Altas en la Seguridad Social: los trabajadores extranjeros cotizan activamente, rejuvenecen la pirámide de población activa y aportan los ingresos necesarios para sostener el sistema público de pensiones de los jubilados de la región. Consumo local: Al asentarse en los municipios, reactivan la economía de proximidad (compras en comercios locales, alquiler de viviendas cerradas, reactivación de entornos rurales en declive).

Podríamos seguir con los beneficios de la multiculturalidad, pero nos extenderíamos demasiado ¿verdad?

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En diálogo con La Columna Vertebral, el militante e investigador Pablo Solana analizó el reciente balotaje en Colombia, donde la derecha recuperó la presidencia tras una ajustada derrota del oficialismo de Gustavo Petro. A partir de su presencia en el país durante ambas vueltas electorales, repasó las razones del resultado, las dificultades del progresismo para responder a la demanda de seguridad, el agotamiento de algunos modelos de izquierda en la región y las perspectivas para los movimientos populares latinoamericanos.

LCV: ¿Cómo se llega a este resultado en Colombia?

Pablo Solana: «Bueno, es interesante. Yo estuve allá tanto en la primera vuelta, hace tres semanas largas, como en el balotaje del domingo anterior. Allí hay un proceso que, por un lado, es asimilable a lo que pasa en América Latina: un gobierno de tintes progresistas, como el de Gustavo Petro, que buscó avanzar en derechos sociales postergados, y una oposición de derecha que cuestiona eso, enfatiza los puntos débiles del programa de gobierno que no se pudo concretar. En esa polarización se divide prácticamente al medio la sociedad. Pero Colombia tiene una particularidad que viene de décadas de conflicto armado, de una situación política marcada por esa historia, por las guerrillas y por una derecha que hizo del combate a esa insurgencia un rasgo de identidad que caló en buena parte de la sociedad. Ese es un trasfondo que complejiza mucho más la lectura de lo que ocurre allí.»

LCV: Los años de guerrilla jugaron en contra. La gente tenía necesidad de paz y, por lo que entiendo, los gobiernos progresistas no supieron interpretar cómo darle forma a esa paz o, al menos, resolver ese problema. ¿Cuáles fueron los principales errores de gestión que derivaron en este regreso de la derecha?

Pablo Solana: «Precisamente el gran punto débil fue la inseguridad y la falta de un programa eficaz en materia de orden público. El candidato de la derecha expresó eso con mucha claridad. Mientras la campaña progresista se resumía en el lema ‘Votamos por la vida’, la derecha levantó la consigna ‘Firmes por la patria’, una voz de mando con fuerte impronta militar que busca restaurar un orden. El gobierno de Petro fue plenamente democrático, respetuoso de las instituciones y con una agenda progresista en materia de derechos, pero no logró resolver los restos del conflicto armado, que hoy ya no se expresa como guerrillas tradicionales sino a través de bandas, grupos paramilitares, organizaciones vinculadas al narcotráfico y algunas expresiones residuales de la insurgencia. Esa incapacidad fue aprovechada por la derecha. Ahí encuentro un paralelo más con lo que ocurrió en El Salvador con Nayib Bukele que con la realidad argentina: una derecha que se vuelve prácticamente imbatible cuando logra apropiarse del discurso de la seguridad frente a una izquierda que no pudo dar respuestas.»

LCV: Si a eso le sumamos el deterioro del proceso encabezado por Daniel Ortega en Nicaragua y otros casos similares, ¿qué balance hacés de aquellas experiencias revolucionarias que terminaron asociadas a autoritarismo, corrupción o incluso al narcotráfico?

Pablo Solana: «En este viaje estuve también en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si hay que hacer una lectura desde las izquierdas, creo que esos modelos hoy están claramente agotados. Fueron procesos que despertaron enormes expectativas, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista o el primer chavismo, pero que no lograron sostener en el tiempo sociedades con bienestar. Hay diferencias importantes. La primera etapa de la Revolución Cubana produjo avances extraordinarios en educación y salud. En Venezuela también se observa un alto nivel educativo de la población. Pero después se dejaron de lado otros aspectos fundamentales para el desarrollo humano y económico. En Nicaragua todavía quedan algunos ecos de lo que fue la revolución sandinista, pero es, a mi entender, el caso de mayor claudicación. El régimen encabezado por los Ortega expulsó incluso a compañeros de aquella historia heroica y derivó en un sistema hiperpersonalizado y autoritario que no tiene nada que ver con los ideales emancipadores que le dieron origen. En Venezuela también hubo una deriva muy distinta al chavismo inicial. Cuba, en cambio, tiene la particularidad del bloqueo y del aislamiento internacional, que condicionan enormemente su realidad. Cada proceso tiene su especificidad, pero creo que esos paradigmas ya no representan hoy un horizonte para las nuevas generaciones.»

LCV: La derecha parece interpretar mejor el clima de época. Hoy, cuando se habla de justicia social y se menciona a Venezuela, muchos asocian esas ideas con pobreza, emigración o incluso corrupción.

Pablo Solana: «Sí, y en algunos casos también con corrupción. Pero, volviendo a Colombia, ahí encuentro una diferencia importante. Petro llegó al gobierno después de muchos años de construcción política completamente dentro de la legalidad. Si bien provenía del M-19, toda su carrera posterior fue institucional. Desde la presidencia defendió una agenda favorable a los trabajadores, denunció la injerencia de Estados Unidos en América Latina y sostuvo una posición muy firme en defensa de Palestina. Colombia mostró las dos caras del proceso: por un lado, el agotamiento definitivo de la vía insurgente y, por otro, la reconstrucción de una izquierda democrática, adaptada a los tiempos actuales. Aun así, no le alcanzó para renovar el mandato.»

LCV: ¿El país quedó tan dividido como Perú?

Pablo Solana: «Exactamente. El resultado fue de 49,6% contra 48,7%, menos de un punto de diferencia. Hubo además una cantidad importante de votos en blanco que impidieron que alguno superara el 50%, aunque en un balotaje alcanza con tener un voto más. Después aparecieron denuncias sobre actas observadas y algunas sospechas de fraude, pero el sistema colombiano ya había reconocido una diferencia igualmente ajustada cuando ganó Petro hace cuatro años. Lo cierto es que la distancia fue mínima y eso demuestra que, aun en un contexto favorable para las derechas, Colombia sigue siendo un país profundamente dividido.»

LCV: ¿Cómo se distribuyó el voto?

Pablo Solana: «En Colombia el voto muestra tres cortes muy claros: social, territorial y generacional. Desde el punto de vista de las clases sociales, Petro impulsó políticas concretas para los sectores populares: entrega de tierras al campesinado, reconocimiento de los pueblos indígenas, creación de universidades en regiones postergadas, gratuidad de la educación superior y una reforma laboral para recuperar derechos perdidos durante el uribismo. Todo eso fortaleció el apoyo popular, pero también reforzó el rechazo de sectores medios y altos, que identifican cualquier política redistributiva con el chavismo o el castrismo. También hay una diferencia regional muy marcada. En las grandes ciudades ganó la derecha, mientras que en las zonas campesinas, periféricas y de frontera se impuso el oficialismo. Finalmente está el factor generacional: si hubieran votado solamente los menores de 25 años, el candidato de izquierda habría ganado con más del 60%. El voto se equilibra entre los 30 y los 40 años, mientras que entre los mayores de 50 y 60 años la derecha supera ampliamente el 70%. Es una generación marcada por el conflicto armado y por una fuerte identificación entre izquierda y violencia, algo que entre los jóvenes ya no pesa de la misma manera.»

LCV: Para cerrar, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. Vos fuiste uno de los fundadores del MTD de Lanús junto a Darío Santillán. ¿Qué reflexión te deja aquel proceso visto desde el presente?

Pablo Solana: «Llegué de Colombia justamente el 26 de junio y pude participar nuevamente de la movilización. Cada vez que vuelvo me encuentro con el mismo pueblo, los mismos barrios y las mismas necesidades. La agenda sigue siendo la misma: mejorar las condiciones de vida, enfrentar la marginalidad y construir políticas públicas que den respuestas concretas. Es cierto que hoy las derechas parecen comprender mejor los mecanismos actuales de disputa ideológica y el funcionamiento de las redes sociales, pero la injusticia sigue siendo la misma o incluso peor que hace más de veinte años. Las organizaciones populares continúan dando esa pelea y el desafío es lograr que las mayorías vuelvan a expresarse detrás de un proyecto de transformación social. Lo que no cambió es la urgencia de esas demandas.»

LCV: Es más abarcativa. Se está desparramando como una mancha de aceite hacia sectores que antes creían estar protegidos, especialmente las clases medias.