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Ambiente

“El gobierno de Arcioni está debilitado por su propia torpeza y debilidad política”

La Columna Vertebral charló con el periodista chubutense Gustavo de Vera sobre la victoria popular contra la ley de megaminería, qué sucederá en el futuro y de qué manera reaccionaron los trabajadores y sindicatos.

LCV: ¿Cómo está la situación en Chubut?

-Comenzamos un año tranquilo después de los últimos días que tuvimos. Sin embargo hay muchas expectativas por lo que va a ser el 2022. No porque se vislumbre algún hecho puntual, no es un año de elecciones o que vaya a pasar algo pero hay como una tensión muy latente respecto a lo que deja como consecuencia todos los trasfondos que concluyeron en el mes de diciembre pero se arrastran de los últimos 3 años. Hay una tensa calma. Deberíamos hacer un cuadro de situación de lo que ha pasado y yo te lo resumiría de la siguiente manera, haciendo un control de daños: El gobierno de Mariano Arcioni está absolutamente debilitado por  múltiples razones pero fundamentalmente por sus propias torpezas o por una visión política o antipolítica que lo dejó fuera de juego sin poder tener capacidad de maniobra frente al conflicto que ellos mismos crearon en principio con el tema de la megaminería en Chubut.

Chubut está desde el 2003 oponiéndose muy fuertemente desde las asambleas ciudadanas a todo lo que sean los proyectos megamineros en la provincia. Pese a los diversos intentos que ha tenido, no el gobierno sino precisamente el lobby minero, es decir las grandes empresas mundiales que se dedican a la megaminería, a través de sus agentes políticos de uno u otro partido. Los tienen dentro de los partidos y los hacen jugar oportunamente cuando creen que las condiciones son propicias. Así fue que en el año 2020 en plena pandemia la ciudadanía logró una iniciativa popular, que es una de las alternativas que ofrece la democracia, para que se creara una ley ya que no la proponía el ejecutivo ni la proponía ninguno de los partidos políticos integrantes de la legislatura, que prohibiera decididamente la megaminería a cielo abierto. Se lograron en tiempo récord, en plena pandemia, en plena cuarentena, juntar más de 32 mil firmas, el doble de lo que se había realizado hace ya varios años atrás en una primera iniciativa popular. Se logró esto, se tuvo respaldo judicial, se ingresó a la legislatura. En el mismo día que se le dio ingreso a la legislatura el gobierno presenta lo que se llama el proyecto de zonificación minera. Se trató de una comisión de ambiente que estaba presidida por mayoría del oficialismo. La iniciativa popular fue descartada y se le dio ingreso y estado parlamentario a la zonificación minera. A todo esto hay que decir que Mariano Arcioni, cuando hablamos de la propia torpeza, fue un hombre que era vicegobernador de Mario Das Neves, muere Das Neves y asume él como gobernador y luego se postula nuevamente a elecciones y gana. Gana haciendo campaña contra la megaminería y firmando en el mayo del 2019 acuerdos salariales con los estatales que realmente superaban las propias expectativas de los estatales. A noviembre de 2019 después de las elecciones y ya cuando estaba por asumir, aquellos acuerdos salariales fueron incumplidos. A lo largo de todo el 2020 empieza esta carrera por presentar la zonificación minera, por lo cual también de desdecía de su eslogan de campaña. Esto obviamente deterioró la imagen del gobierno, encima puso dos ministros como candidatos para estas últimas elecciones legislativas; a Federico Massoni, ministro de seguridad y hombre de la doctrina Bullrich, fue como candidato a senador, y Fabián Puratich, ministro de salud que había hecho una buena gestión durante la cuarentena como diputado nacional. Sacaron menos votos que las firmas de la iniciativa popular para que se den una idea.

Hay un gobierno muy debilitado por una parte. Hay una sociedad muy  fortalecida en cuanto a las asambleas ciudadanas. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) chubutenses que viene sosteniendo el tema de la megaminería pero también el tema de la violencia institucional, viene sosteniendo una serie de cuestiones que ponen al gobierno y a la gestión de la política tradicional contra las cuerdas, porque ese es el tema: la política tradicional, los referentes tradicionales de la política, han quedado debilitados, descolocados por la ciudadanía. Por ejemplo Juan Pablo Luque, uno de los aspirantes a la gobernación para el 2023, hombre del Partido Justicialista, hombre que responde además al gobierno nacional, quedó sumamente descolocado porque mandó a votar a sus legisladores a favor de la zonificación minera. Ricardo Sastre, vicegobernador de este gobierno pero que hizo campaña para el PJ -es algo que no se entiende, va y viene con el PJ, está y no está dentro del PJ- también quedó debilitado porque fue el hombre que convocó a fuerzas de choque sindicales como la UOCRA, Camioneros, petroleros a movilizarse y usarse como fuerza de choque contra la movilización ciudadana, que eso también abre interrogantes sobre estos líderes políticos. Ahora lo que queda en pie es una ciudadanía que tiene un gran poder de convocatoria, más de 5 mil personas movilizadas en Comodoro Rivadavia, otras tantas en Trelew, obviamente en Esquel que es la cuna de la no a la mina. Desde la aprobación de la ley de zonificación minera hasta su derogación por presión de la gente en la calle una semana después hubo movilizaciones diarias con miles de personas en cada una de las ciudades.

“La política tradicional ha quedado debilitada y descolocada por la ciudadanía”

LCV: En el contexto de lo que es el gobierno nacional y su apoyo en lo que tiene que ver generar puestos de trabajo, y el modelo que contraponen al modelo de Chubut es el modelo de San Juan que es un modelo donde la gente no se ha alzado contra la megaminería sino que tienen una cosa más relativizada. ¿Cómo me analizas estas dos cuestiones en función del gobierno nacional además?

-La primera de ella es que no es una cuestión de la actividad en sí porque nadie se va a oponer a la agricultura o al cultivo de soja y nadie se va a oponer a criar cerdos o reproducir salmones, el tema son las escalas en las que se producen estas cosas y las consecuencias que tienen estas escalas. Las escalas que produce la deforestación en el norte y que hoy estamos pagando. La escala de la producción porcina que no las hemos experimentado porque todavía no se han puesto en funcionamiento pero hay testimonios en otras partes. La escala de la producción de salmonicultura que se quiso instalar en Ushuaia y los pobladores de Ushuaia no quisieron porque estaba el antecedente, y lo conozco personalmente, de Chile. Fue tal la contaminación que debieron trasladarla más al sur y allí también ocurrió. Esto en el lapso de menos de 20 años. Tuvieron que trasladarla más al sur porque ya en esos lugares donde habían estado es tal la contaminación que produce que ya ni siquiera le sirve para la producción de salmones y no dejan en el fondo del mar nada positivo para poder producir otras cosas. No es una cuestión de la actividad. Nadie está en contra de la industria, porque además en Chubut hay muchas formas de minería funcionando, desde la minería de Porticos hasta otros minerales, el punto es el tema de la escala que lleva a la tecnología al uso de sustancia y modos de extracción que realmente son muy conflictivos con el ambiente. 

LCV: Diríamos que hay una ausencia de controles a nivel nacional.

-Los recursos son provinciales y quien debe controlar es la provincia y no tiene la provincia la fuerza ni para las cosas más mínimas que hoy se producen: derrames petroleros en Comodoro, no tienen forma de controlar la pesca.

LCV: ¿La contraposición con el modelo de San Juan?

-Ellos dicen que no va a ser como el modelo de San Juan. Aquí lo dijo Lilita Carrió cuando vino en el 2003 previo al plebiscito de Esquel. Ella explicaba cómo se había logrado la reforma del actual código minero que beneficia en un 100% a las empresas mineras, que además había un despojo tal que ni siquiera aún cuando pensáramos en la recaudación de divisas, ni siquiera con agua bendita sería un negocio explotar, porque el modelo de negocio, el modelo extractivista deja sin nada a las arcas del gobierno provincial. Estamos hablando de un tope del 3% de lo que se extrae a boca de mina. Esas son las regalías que le deja a la provincia. Pero además lo que se extrae a boca de mina es un barro en el que van mezclado oro, plata, plomo y otros minerales de gran valor que se llevan al exterior, generalmente a Inglaterra, a las refinerías. Eso deja el 3% del valor bocamina, del valor de ese barro, no del oro, pero además según declaración jurada de las empresas. O sea, tampoco es que uno tiene la certeza de que se va a quebrar las regalías por aquello que se extrae. De ahí un ejemplo muy concreto que pasó en Comodoro Rivadavia con el petróleo. También se liquidan las regalías por declaración jurada. Pero una vez hubo un derrame de petróleo importante en las costas de Comodoro y el fiscal tuvo la excelente idea de decir “pásenme todos los barcos que sacaron petróleo de Comodoro Rivadavia y cuanto descargaron para saber aquel que tenía una diferencia entre lo que cargó y descargó, ese fue el que tuvo el derrame y le vamos a cobrar la multa a la empresa”. Habían descargado mucho más de lo que habían cargado en Comodoro Rivadavia. Reveló que había una irregularidad tremenda entre lo que declaraban cargar los barcos y lo que descargaban.

LCV: Vos crees  que estas luchas ambientalistas están escuchadas o cual es el rapport que se encuentra, porque la mirada es el conjunto y no las partes.

-Es una pregunta interesante porque en principio debería bastar la simple voluntad popular para decir que es soberano. Aquella idea de la Patagonia como patio trasero ha sido histórica y se ha sostenido a lo largo de muchos gobiernos con esta idea, es decir, extraigamos los recursos de ese sector pero a esa región de la provincia el país no le deja nada. Por ejemplo, nosotros tenemos la presa hidroeléctrica que eliminó de un plomazo en la época de la dictadura entre el 73 y el 78 algunos recursos como los rápidos más grandes, las aguas más blancas que había en el país, un atractivo turístico muy relevante. Supuestamente iba a producir energía muy barata, casi gratis para los pueblos de Esquel y Trelew. Bueno, la empresa se construyó para Aluar, que iba a ser Aluminio Argentina donde se iba a producir para la fábrica de aviones en Córdoba. Se privatizó eso: hoy Aluar es una empresa privada que es una de las principales exportadoras de aluminio en el mundo pero en la zona nuestra, en Madryn que es donde está Aluar, creció de 7mil habitantes a 80 mil habitantes de un plomazo y nosotros seguimos teniendo los 20 o 30 mil habitantes que tenemos desde la década del 70′ con las mismas actividades que había en aquel momento. Entonces la sensación en general es que se extrae el producto sin que signifique un beneficio para las regiones. Ese es el primer término de la visión cuando decís necesitamos recursos, necesitamos divisas para las deudas, bueno, ¿de dónde lo sacamos?. El tema es el costo y el segundo tema es quién se beneficia. Porque una vez que entran empiezan a ocupar espacios de gobierno.

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Megaminería: vecinos de Choya denuncian un “estado de sitio” de la Policía provincial para que avance el proyecto MARA

Los vecinos y vecinas de Choya que resisten hace casi dos meses el avance del proyecto MARA, que abre las puertas a tres megaempresas mineras a que destruyan la montaña, denuncian que a la ola de detenciones sufridas en las últimas semanas se suma un “estado de sitio” por parte de la Policía provincial para facilitar el avance de las compañías.

Desde el inicio, los vecinos de Choya protestan señalando tres leyes que debieran imposibilitar la realización del proyecto: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.

Amparados en dichas normas, los protestantes detuvieron hace semanas varios vehículos que se preparaban para subir a la montaña y comenzar los trabajos de explotación. Por dicha razón, denuncian que desde la Policía provincial se está llevando a cabo un estado de sitio en la comunidad.

El último hecho se dio el martes, cuando el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, según afirman desde la asamblea.

“En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”, narró Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, acerca de la represión estatal. “Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”

Rosa Farías, integrante de la asamblea desde 2010, aseguró que la policía “no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.

“El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”, puntualizó Sergio.

Este sábado, como todos los sábados hace 12 años, el pueblo de Andalgalá realizará una nueva caminata contra la mina y por “nuestra vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bienes comunes”. Será la número 643. Lamentablemente, a medida que aumenta el número de protestantes, también aumenta el número de detenidos.

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Ambiente

Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”

Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.

Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.

“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.

La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región.  “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.

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Ambiente

Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera

En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.

De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándose en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.

El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo. 

La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.

Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.

Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.

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