Ambiente
El emperador tiene quien lo alimente, por Tomás Astelarra
Publicado en La Luna Con Gatillo
Desde que tengo recuerdos hay una metáfora muy recurrente en los análisis económicos de la Argentina: la de la frazada corta. Creo que el gran Zloto solía mencionarla. Si te tapas la cabeza, descuidas los pies. Si apostas a subsidiar los grandes grupos económicos exportadores en busca de dólares para pagarle al FMI, esos mismos dólares que estos grupos se deliraron en la bicicleta financiera, seguramente sea difícil financiar las soluciones desde abajo tanto para la producción como para el consumo. Hay un sector mayoritario de la sociedad que viene hace años perdiendo su salario en términos reales. Otro que viene aumentando sus ganancias. Esa diferencia explica por qué la dichosa distribución del ingreso cada día es más desigual. No es una cuestión de mérito, de trabajo, es una cuestión de renta, distribución. Donde por supuesto hay una posición dominante, oligopólica, que paga medios, jueces, funcionaries y también trabajadores y voluntades. Cuando el precio internacional de petróleo sube la nafta sube, cuando baja no. Cuando las empresas tienen ganancias extraordinarias, rara vez la distribuyen entre sus trabajadores, cuando vienen las vacas flacas siempre piden una colaboración o realizan despidos masivos. Cuando hay pandemia el estado les paga los sueldos, cuando hay guerra que sube los precios internacionales del pan le hablan de retenciones y ponen el grito en el cielo. La frazada es cada vez más corta, pero resulta que la cabeza tiene gorro de lana y manos pa tirar fuerte y los pies están desnudos y cada vez más flacos, pedaleando en el aire.
¿Todos los que tiene plata son malos? Tonto sería caer en esa simplificación en tiempos de pachakuti. Pero ciertamente hay un patrón evidente aunque mayoritariamente invisibilizado, de la misma manera que se invisibiliza que ningún pibe nace pa chorro ni pa vago. No es solo estadística, sino evidente observación de la realidad, que la brecha entre ricos y pobres se agranda. Aún para aquelles seres que deciden apartarse lo más que pueden de esos sectores de abajo tanto en el discurso como en su tránsito cotidiano (ignorando la cada vez más creciente probabilidad de que tengan que ir un día a pedir un plato a una olla popular). Aún para muches privilegiades que se siguen manteniendo en los decrecientes márgenes de población salvada del colapso. A más de treinta años de que Fukuyama declarará el fin de la historia y el triunfo del capitalismo es evidente que la cosa no estaría funcionando. Decía Manfred Max Neef que el problema económico mundial era de “estupidez”, definida como la repetición de un camino infructuoso.
Ponele que dejemos de lado la discusión acerca de una estadística, el PBI, que como dice la ecofeminista Yayo Herrero: “mide la producción de armas y no el cuidado de les niñes”. De todas maneras el crecimiento del PBI del que tanto se vanagloria este gobierno deja de ser buena noticia si ese crecimiento no llega a la mayoría de la población (como dice Cristina, se lo llevan tres o cuatro vivos). Si el estado, como dice la más básica teoría económica, está pa arreglar las imperfecciones del mercado, seguir fomentando los oligopolios rentistas, evadidores de impuestos y fugadores de divisas, sería aumentar estas imperfecciones. Seguir esperando el efecto derrame de la actual estructura empresarial e impositiva de Argentina sería como querer colar fideos con un casco.
Por otro lado aquellos analistas que insisten en recetas neoliberales y antikeynesianas deberían tener en cuenta dos hechos fundamentales de la actual economía Argentina. El primero es que no hay libre mercado posible dentro de estructuras oligopólicas. Si tres o cuatro vivos se juntan a establecer los precios del mercado para obtener ganancias extraordinarias, lejos estamos de la competencia dizque perfecta, que es el principal supuesto para la famosa mano invisible de Adam Smith. El segundo es que las empresas argentinas vienen teniendo impresionantes subsidios y contraprestaciones por parte del estado. Suponiendo que no tengan la más mínima solidaridad por el pueblo hambreado, que no tengan miedo de la revuelta social o piensen que las murallas de sus barrios privados van a ser eternamente seguras (amen de que tarde o temprano sus hijes vengan a reclamarle ebrios y coléricos como decía el nadaista Gonzalo Arango*). Suponiendo que no quieran pagar impuestos y crean en la meritocracia amañada del nacer privilegiado o la competencia individualista del sálvese quien pueda. Aún así, si tuvieran algo de coherencia, deberían al menos dejar de recibir subsidios, exenciones y hacer unas vaquitas para pagar las grande inversiones del estado en infraestructura de exportación (puertos, carreteras, relaciones internacionales…).
Mientras tanto el Tío Alberto sigue fomentando el enfrentamiento utilizando la palabra “guerra” para algo tan cotidiano como la inflación y devaluando su palabra anunciando un fidecomiso, que, al igual que el acuerdo con el FMI, solo sirve para sacarle un poquito de vapor a la olla a presión, pero que no modifica las razones más desiguales del problema que más afecta al dichoso pueblo (la falta de competencia y la mala distribución del ingreso en algo tan fundamental como los alimentos). De un lado (la huestes populares progresistas) lo acusan de “tibio”, del otro (la dizque sociedad rural) de atentar contra la producción. Es curioso que siendo tan poco rentable la producción agropecuaria (según denuncia la “sociedad rural” y asiente el gobierno) su frontera esté creciendo desmesuradamente arrasando con monte nativo y poblaciones originarias (aprovechando o incluso provocando criminales incendios). Las estadísticas hablan de una producción cada vez más concentrada y estrechamente ligada a los mercados financieros, con altos índices de evasión fiscal, vinculaciones al narcotráfico y abuso de los recursos comunes, no solo del estado, sino de la Madre Tierra. El caso Vicentín es un paradigma al respecto. La retenciones o cualquier otro impuesto al agronegocio, con un estado creativo y estratégico, no sólo equilibraría la distribución del ingreso, sino que haría un bien al dichoso medio ambiente.
Genocidio y ecocidio
“Desde el punto de vista de nuestras investigaciones el eje está en cómo la apropiación corporativa de los sistemas alimentarios se está entrelazando con la especulación financiera en distintas áreas: el acaparamiento de tierras y la producción de comodities agrícolas por ejemplo. También en América Latina estamos observando y denunciando como las corporaciones avanzan con las Leyes de Semillas que imponen derechos de propiedad intelectual sobre las mismas con la complicidad de los gobiernos. Y por supuesto, siempre exponiendo cómo a lo largo de toda la historia de la agricultura han sido y siguen siendo los campesinos y campesinas quienes producen la mayor parte de los alimentos que satisfacen las necesidades de nuestros pueblos a pesar de las agresiones que sufren cada día. El avance del agronegocio en nuestro país y en el resto del continente es en estos momentos abrumador. La elección de todos los gobiernos, aún los progresistas, de profundizar este modelo extractivista y ceder la soberanía a las corporaciones del agro o a las mineras está teniendo consecuencias dramáticas y obviamente la única manera de sostener un modelo que arrasa con las comunidades locales es la represión y criminalización de los movimientos. Dentro de 20 o 30 años va a haber que reconocer que se está produciendo un genocidio y un ecocidio dramático en nuestro continente”, me decía el recién fallecido Carlos Vicente en una entrevista de 2005 en el Galpón de Chacarita, donde un grupo de productores se las ingeniaba en un lugar tomado a las veras del tren para ofrecer sus productos.
Surgían incipientes experiencias de comercialización de una economía popular que comenzaba a organizarse después de la debacle neoliberal del Consenso de Washington y la crisis del 2001 (Puente del Sur o Iriarte Verde en Buenos Aires, el Trocadero o el Movimiento Cajonardi en Rosario). Hoy estas experiencias, en base a la autogestión y algunas migajas del Estado, han crecido exponencialmente dando soluciones en diversos territorios a la crisis alimentaria y ecológica, también del trabajo. Los estudios del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) han demostrado que la inflación en estos espacios ha sido inferior a la de los grandes supermercados y sus precios han conseguido, en base a una densa red capilar de intercambio que ve el alimento como derecho y no negocio, ser menores. El detalle de estas posibilidades ya lo hemos retratado en la crónica Inflación y Economía Popular. En su medición del último trimestre de 2021, el CESO ha podido comprobar que la inflación de la canasta básica familiar en las comercializadoras de la economía popular ha sido de 3,40% frente al 4,16% de los grandes supermercados. Durante el año 2021, comprando en estos espacios de comercialización, una familia pudo ahorrarse $8.103. Esto sin contar que en el caso de la economía popular se trata de productos agroecológicos, realizados sin trabajo esclavo y dentro una óptica de cuidado del medio ambiente.
“Los cambios culturales los estamos viendo y en mi opinión son los que vienen posibilitando este nuevo sistema de producción y comercialización. Existe una gran diferencia entre el interior y las grandes urbes. En el interior es donde más se ve este cambio de conciencia porque existe una inmediatez tangible entre los usuarios, los pequeños productores y las redes de comercialización. Esto no sucede en las grandes urbes, donde todo esta atomizado e intermediado por el marketing y los intereses especulativos de los grandes comerciantes, perdiendo tanto el productor los márgenes de ganancia genuinos como el usuario el precio justo. Creo que los más escépticos irán cediendo frente a los beneficios de un sistema virtuoso. Sin embargo falta mucha apropiación y sentido de pertenencia a este nuevo sistema, en parte porque es relativamente nuevo y en parte porque quienes ostentan el monopolio de los privilegios del modelo expansivo contaminante se resistente por todos los medios a perder dichos privilegios”, opina Ignacio Andrés de la organización La Creciente de Paravachasca, Córdoba.
“Hace muchos años que venimos instalando de que hay un sector en la Argentina que produce el alimento para los argentinos y argentinas, de manera agroecológica y defendiendo el derecho a la tierra y el agua, y creando redes de comercialización directa a los consumidores. Tenemos una propuesta de Ley de Acceso a la Tierra, que es el principal problema que tiene nuestro sector. Más del 70% de los pequeños productores alquilamos la tierra. Solo el 8% de la población de la Argentina es rural, más del 40% de la tierra cultivables esta en manos de 1.200 familias. Y eso lo que demuestra es la gran concentración y desigualdad del derecho a la tierra. Venimos teniendo muchas dificultades. Porque vemos que avanza el modelo del agronegocio y el feedlot sobre la tierra de nuestros compañeras y compañeras de pueblos originarios, campesinos y campesinas. Así que estamos desarrollando las estrategias para defender estos territorios. Incluso de acuerdo internacionales como las megagranjas porcinas”, cuenta Lucas Tedesco, de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT), que nuclea 25 mil familias de todo el país y que a través de los verdurazos, sus locales de venta al público, redes de consumo, donaciones a los comedores populares y otras iniciativas, ha demostrado que es posible que la población de abajo acceda a productos sanos y baratos. También han desarrollado experiencias de reciclado, compostaje y producción de mermeladas con la fruta de descarte en el Mercado Central, donde uno de sus referentes Nahuel Levaggi ha sido designado presidente.
“Nosotros venimos trabajando en el Plan de Desarrollo Humano Integral, un plan abarcativo de todas las dimensiones del Estado para fortalecer lo que tiene que ver con las economías regionales, con la construcción de núcleos productivos, con el apoyo a sectores más empobrecidos urbanos y rurales y donde podamos pensar la reconversión productiva de la Argentina. En la idea de una empresa nacional de alimentos hay una disputa de lograr que nuestra producción de alimentos sanos llegue al consumo masivo a un precio popular. Para eso hace falta un estado presente que garantice las condiciones de producción, distribución y venta desde una mirada distinta al agronegocio”, opina Fabricio Puzzio de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR).
“Creo que hoy en día este modelo no está lo suficientemente desarrollado para abastecer a todo el país, es incipiente al menos en los modos masivos que estamos hablando. Si bien existen experiencias muy ricas y con muchos años de trayectoria y desarrollo, no han tenido la masividad que se requiere para pujar hacia una política pública que los contenga. Considero que un sistema se remplaza cuando aparece uno mejor, en ese sentido creo que está apareciendo el sistema virtuoso en términos de calidad, cantidad, precios y cuidados del medio ambiente, pero aun no es capaz de remplazar el esquema de producción extensivo que se encuentra vigente. Creo que el gobierno actual está apoyando este nuevo sistema pero con políticas fraccionadas, sin planificación y con presupuesto insuficiente, no lo ve ni de manera estratégica ni a largo plazo. A mi entender esto sucede porque, independientemente de la buena voluntad, los indicadores macro económicos siguen siendo la brújula de nuestros gobiernos. Eso hace que pierda de vista la posibilidad de ir cimentando los cambios estructurales de largo plazo que permitan ir remplazando un sistema por otro mejor”, agrega Ignacio Andrés.
“Nuestros movimiento de la economía popular son el subsuelo del subsuelo del subsuelo. Ahora, por ejemplo, viene la propuesta de la Empresa Nacional de Alimentos. Nosotras durante el contexto Vicentín salimos a bancar esa propuesta, porque era un momento estratégico para hacerlo. Yo veo con pesimismo que se avance este año en eso. Veo que la inflación en el rubro alimentario va a ser brutal. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones, porque somos una organización que produce alimento. Estamos viendo como fortalecer el rol del campesinado, de las trabajadoras rurales, en medio de una crisis alimentaria que viene profundizándose a pesar de un repunte del crecimiento económico. Quizás eso va a redituar en una mejora de los ánimos, pero no en una mejora significativa en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras. Este va a ser un año de un desafío enorme, de pensar cómo carajo vamos a hacer con el FMI pisándonos los talones para defender con uñas y dientes lo que hemos logrado hasta hoy y además recuperar lo que en términos de la riqueza de este país nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido la lucha por el Salario Básico Universal es un piso de dignidad indiscutible. Y sin embargo está muy lejos de lograrse”, opina Mercedes Ferrero de Trabajadoras Unidas por la Tierra (Traut, también dentro de la UTR).
La propuesta desde abajo
“A un mes de la pandemia, desde Ciudad Futura y el Frente Patria Grande, allá por mayo del 2020, salimos con una idea de una Empresa Pública de Alimentos. La llamamos pública, y no nacional, porque creemos que lo público tiene más alcance que lo estatal. Nosotros creemos que el principal debate que contiene a todos los demás es el de los alimentos. No solo que come y como lo come nuestro pueblo, sino de quién es la tierra, donde, que y como se produce. En que condiciones trabajan aquellos que producen la tierra y cual es el tamaño de las parcelas. Debatir los alimentos en Argentina es debatirlo todo. Nosotros entendimos que la Empresa Pública de Alimento tenia que empezar a poner en el foco este debate. Partimos de la tesis de que comer debería y tiene que ser barato, y nutritivo y ambientalmente sustentable. Pero eso no está pasando. Entonces hay que empezar a preguntarse por qué. Por otro lado somos firmes convencidos que un país verdaderamente federal tiene que apostar a procesos descentralizados, diversificados, a promover las economías regionales. Nuestro proyecto planteaba la creación de plantas fraccionadoras de moliendas provinciales locales a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional. Este año estamos próximos a inaugurar la primer planta en la ciudad de Rosario, que podría reunir a unos 12 productores pequeños y medianos de la provincia de Santa Fe. Es una planta modelo que reúne todas las condiciones para recibir la materia prima, molerla y fraccionarla, envasarla y generar una marca que pueda competir en el mercado traccionando para abajo los precios. Prontamente estaremos sacando los primeros alimentos, sanos, ricos, nutritivos, económicos y producidos de manera justa, con una trazabilidad ambiental y laborar que pueda dar cuenta de un proceso transformador de raíz”, anuncia Antonio Salinas, integrante de Ciudad Futura y a cargo de la Oficina al Consumidor de Rosario, ciudad donde la agrupación política tiene cinco concejales siendo la fuerza con mayor representación.
Se trata de la herramienta política que surgió de la organización Giros que en plena debacle neoliberal resistió el desalojo de las poblaciones del histórico barrio Nuevo Alberdi, uno de los más marginados de la ciudad. Hoy además de frenar estos proyectos inmobiliarios a través de una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados en la ciudad, están desarrollando uno de los proceso de integración sociourbana más grande del país (147 hectáreas donde viven 2.000 familias). Con una mesa intergubernamental, con obras para la instalación de servicios públicos, una sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y un centro comercial popular a cielo abierto, entre otras iniciativas.
En Barrio Alberdi también se encuentra el tambo La Resistencia, una cooperativa de producción de leche y quesos que se comercializan en todo el país a través de las redes de la economía popular. “La tasa de homicidios de nuestra ciudad cuadriplica la media nacional. Entendemos que se trata de una serie de fenómenos convergentes, pero que básicamente se explican por el boom de la soja y el lavado de activos a través de la inversión inmobiliaria, que nos hicieron una ciudad por demás desigual. Entendemos que no se puede construir paz si seguimos exacerbando los grados de desigualdad que tiene Rosario. Con Ciudad Futura estamos trabajando fuertemente, con una expansión territorial muy importante, alcanzando 40 barrios populares dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap, que estableció la ley 27.453 conseguida a través de la movilización popular de la UTEP durante el gobierno de Cambiemos). Con alegría también podemos contar que en los dos barrios donde las tasas de homicidios, sobre todo de nuestros jóvenes, más golpea en la ciudad, hace años que venimos sosteniendo nuestras escuelas de gestión social, donde egresan cientos de pibes y pibas de nuestros barrios, a las cuales muchas, las seguimos apoyando en sus estudios universitarios. Luego de la pandemia, donde tuvimos que abrir más de 25 comedores populares para atender la emergencia y contener toda la angustia y la bronca, que daba toda esa situación de aislamiento en las peores condiciones, hoy estamos trabajando fuertemente con toda la compañerada de los barrios populares para construir organización, tejer puentes y seguir ampliando la participación política protagónica, real y transformadora”, agrega Toni.
Con o sin ayuda del Estado.
“Lo que sucede dentro de la cuestión geopolítica con esto que esta sucediendo con la guerra o las políticas nacionales, como lo del acuerdo con el FMI, no han injerido en el desarrollo de la organización, porque en ningún momento ha habido política del estado en el territorio. No han bajado nada y sinceramente las organizaciones no indígenas han traccionado todos los recursos. No lo digo de mala manera. Sino que han dado la excusa al gobierno nacional y provincial que estaban haciendo cosas de las que en territorios indígenas no han hecho nada, pensando en la región del Chaco Impenetrable. Venimos de dos días de asamblea, decidiendo como íbamos a avanzar, si le íbamos a cortar la ruta a Capitanich o directamente mandarlo a la mierda porque que no necesitamos nada. En el sentido que hemos creado una asociación civil para crear una relativa autonomía con proyectos que han salido del exterior o desde algunos lugares que es mucho más fácil que el Estado. Construir la política social no siempre conlleva construir la política partidaria, o disputar recursos no necesariamente implican arrodillarnos o ser consecuentes con la coyuntura. De alguna manera tenemos permeado el camino, que es mucho mas difícil, pero le andamos, en el sentido que la venta de artesanías en palma o los proyectos de apicultura no están necesitando del apoyo del Estado. Hemos reinventado la política social desde la autonomía”,cuenta desde el Chaco Pablo Gramajo, del Consejo Indígena Nqataxac Nam Chi’Ishe y la Confederación de Pueblos Libres, que basa sus proyectos productivos cooperativos en la reforestación del monte nativo.
El capitalismo no puede evitar disimular su colapso más allá de las pandemias y las guerras. La disputa por bienes tan básicos como el alimento, el agua o el gas, es cada vez es más feroz, como anunció en su momento el Pocho Perón en el mensaje ambiental a los pueblos del mundo (¡Es alimento señores!). La injusticia y la desigualdad en la calidad de vida de las personas aumenta día a día. No sólo la brecha es cada vez mayor entre los que mejor viven y los que rondan términos de subsistencia, sino que los primeros cada vez son menos y los segundos cada vez son más. El desacople de la economía financiera y la real que comenzó con el abandono del patrón oro a mitad del siglo pasado en Breton Woods (cuando se creó el FMI) ha llegado a niveles inusitados de especulación y una cada vez más frecuente explosión de burbujas financieras que dejan el mismo tendal de muerte y hambre que cualquier guerra moderna. El complejo industrial oligopólico funciona como pantalla para este saqueo readaptándose a los tiempos de la industria petrolera o metalúrgica a la farmacéutica o del entretenimiento (a la cual denominan conocimiento). Mientras tanto desde abajo surge la economía verdaderamente real, la comunitaria, del cuidado, feminista, de respeto a los bienes comunes y la Madre Tierra. Cuando algunos teóricos progresistas hablan del ejemplo de Bolivia y su empresa de Alimentos, poco destacan que está política estatal jamás habría sido posible sin los numerosos mercados, redes de intercambio y pequeños productores (la verdadera competencia dizque perfecta) que existen desde tiempos ancestrales en manos de las pueblas andinas y que incluso sirvieron para sortear la crisis neoliberal del Consenso de Washington readaptándose en una economía popular pujante que hoy también importa tecnología China (pueden ver Argentina: las lecciones del milagro económico boliviano).
* “Ustedes en general no saben nada de nada y tienen una falsa idea de lo que es el nadaísmo cuando piensan que somos la amenaza material del orden burgués. Nosotros no vamos a robarle la billetera al capitalista, ni vamos a asaltar a media noche su despensa. Que los burgueses revienten tranquilos en medio de la abundancia. Nosotros no tenemos nada que ver con quienes no tienen problemas, sin dudas, ellos están salvados. Pero queremos confesarle una malvada intención a la burguesía. Señores burgueses: el nadaísmo se fundó para pervertir a vuestros hijos, vamos a interrumpir vuestro sueño y a despertar en vuestras alcobas inquietantes y terribles gérmenes de zozobra. Vuestros hijos regresarán una noche a pediros cuentas, ebrios y poseídos de una terrible cólera. Temedles, yo los conozco, son peligrosos” (Gonzalo Arango, La Malvada Intención)
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+Colonia: El futurismo protofascista del siglo XXI, por Laura Giussani Constenla
Hace ya varios años que se habla del emprendimiento inmobiliario pretende llevar adelante el empresario argentino Eduardo Bastitta en Colonia. Se habló de una nueva Sillicon Valley o una ciudad inteligente pero no había nada concreto. Hasta el momento no pasaba de ser casi una fantasía. Luego de la reunión de Yamandú Orsi con Dryden Brown, CEO de Praxis, empresa vinculada a la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas y el anunció de su inversión de 1.000 millones de dólares en el emprendimiento de Bastitta, el proyecto comenzó a tener forma. Una forma preocupante, en la que se le da via libre a un grupo de emprendedores que no sólo piensan en una ciudad de elite, también en un territorio independiente, un “Estado virtual” con sus propias leyes instalado en una de las riberas más requeridas de Uruguay ¿Quiénes son y qué quieren hacer los nuevos magnates de la IA en Argentina y Uruguay?
¿Quiénes son?
Eduardo Bastitta Harriet, fundador y ex CEO de Plaza Logística -empresa dedicada a la construcción de Parques Industriales- declarado seguidor de La Libertad Avanza en Argentina, formó parte del consejo de asesores del presidente Javier Milei, y fue miembro de su círculo íntimo de consejeros, denominado» círculo rojo».
“Su cercanía con el presidente argentino es tal –dice el diario Perfil- que el mismo Milei recorrió personalmente los terrenos uruguayos en los que se está edificando la ‘ciudad del futuro’, en agosto de 2023, poco antes de ser electo presidente.” Entre los amigos o socios de este emprendedor libertario podemos encontrar a Cristiano Rattazzi o Marcos Galperín. Se recibió de economista en la Universidad Di Tella.
Dryden Brown pasó su infancia en Santa Bárbara, California, no asistió a la escuela y eligió estudiar en su casa para entrenarse en surf de forma profesional. Al terminar el secundario de esta forma aislada, fue rechazado por las principales universidades en las que se presentó –Harvard, Stanford, Oxford y Cambridge- luego de un fugaz pasaje por la Universidad de Nueva York abandonó la idea de recibirse de algo.
Hasta fundar Praxis en 2019 no era una persona conocida en el mundo de las finanzas, su único antecedente laboral fue como analista para un fondo de cobertura de donde fue despedido. Allí conoció a quien sería su socio, Charlie Callinan, quien luego de ganar un torneo de golf invirtió su dinero en un sueño común, Praxis, y la búsqueda de la ciudad feliz. El New York Times publicó que Brown es «grande en promesas y ligero en detalles», en el 2022 le confesó a un redactor de esa publicación que la idea de fundar una ciudad inteligente con una comunidad con valores en común se reforzó al ver los saqueos durante las protestas por el asesinato de George Floyd.
Brown y Callinan exploraron en 2019 la posibilidad de levantar un centro financiero en África, llegaron a entrevistarse con el presidente de Ghana Mahamudu Bawumia pero sin éxito. El plan luego se concentró en la costa del Mediterráneo e incluso en Groenlandia. Por entonces dijeron que pensaban fundar una comunidad ‘tecnológica y libertaria’, con una estética monumental y futurista. Algo así como el afiche de la película Metropoli. Ellos la definen como una estética “hero futurism”: ‘una arquitectura grandiosa que se conectara con la épica de las civilizaciones antiguas de occidente’. Futurismo. Idéntica definición elegida por aquel movimiento artístico que anticipó al fascismo nacido al son del progreso, las máquinas y la velocidad, símbolos de un mundo nuevo que venía de la mano de otro gran invento: la electricidad. En el siglo XXI, la Inteligencia Artificial era la herramienta que revolucionaba a los jóvenes soñadores del futuro.
¿Qué quieren?
“Si las máquinas llegaran a realizar buena parte del trabajo que hoy hacen las personas, cambiarían las razones para vivir en las grandes ciudades.” sostiene Praxis entre sus fundamentos. Más allá de un posible parque tecnológico o barrio de oficinas su discurso apunta a inventar un lugar en donde se viva en comunidad con una identidad compartida. Una identidad digital. Virtual. Una ciudad soñada. Sin conflictos, es decir, casi casi sin trabajadores –que son tan conflictivos-. Un oasis de la Inteligencia Artificial. Que, además, aspira a ser un Estado con sus propias reglas. El gran invento del siglo XXI o una burbuja espectacular, al estilo “The Truman Show”, habitado por Barbies. Algo raro, que evoca también esa serie de los sesenta en la que una pareja va a vivir a una comunidad ideal de la que es imposible escapar porque aparece una bola gigante que los persigue.
Si bien esta idea puede sonar irrisoria para quienes estamos fuera del mundo virtual, entre los informáticos hace rato se habla de la posibilidad de fundar un “Estado red”, o “network state”. Un estado red que se define así: “Un network state es una comunidad online altamente alineada con capacidad para la acción colectiva que recauda fondos para territorio alrededor del mundo y eventualmente obtiene reconocimiento diplomático de estados preexistentes.” Nótese este primer momento, por ahora se trata de recaudar fondos.
Y vaya si lo lograron. En septiembre de 2023, Mother Jones –portal dedicado a la temática- publicó una investigación en la que presentó Praxis como un proyecto de ciudad cripto y libertaria, y explicó que ya estaban organizando fiestas y eventos para atraer a posibles miembros, inversores y figuras de la cultura digital de Nueva York. Ya en ese año, declaró que uno de sus financistas era Peter Thiel a través de fondos y redes de inversión como Pronomos; se desconoce por el momento hasta dónde llegará la influencia de Thiel en la ciudad de Barbie pero está invirtiendo en ese proyecto millones de dólares desde 2021.
Peter Thiel parece ser quien está detrás de estos muchachos luego de que se gastaran el dinero ganado en el golf. Figura enigmática, convertido en protagonista de la política argentina, al que le dedicaremos una investigación especial.
¿Qué es un ‘network state”?
Recapitulando, se trata primero de crear una comunidad digital, un espacio virtual en donde un grupo de personas decida compartir identidad y objetivos para luego buscar un territorio (la tierra prometida, ay! Justo ahora!) y convertir esa virtualidad en una realidad: una ciudad, un territorio, en donde vivir con sus propias reglas. Así fue que luego de soñar con Africa o el Mediterráneo o Groenlandia, finalmente encontraron su lugar en el mundo virtual: +Colonia. Nunca un nombre más explícito, algo así como convertirnos en más colonia.
Hasta aquí tenemos varios vendedores de buzones, entre ellos un argentino, como no podía ser de otra forma, y un financista, Thiel, quien ya probó suerte con un Estado Virtual en Honduras, con sus propias leyes que ahora anda en litigio por ser catalogada como inconstitucional.
Veamos cómo definen el funcionamiento de estas ciudades del futuro en la red:
La energía, la basura, el tráfico, todo manejado por la eficiencia de la IA. En materia de seguridad pública también la IA estará allí para protegernos. Según dicen los modelos predictivos basados en inteligencia artificial ayudan a las ciudades a anticipar delitos. Un softward de vigilancia que ya se aplica, por ejemplo en el Departamento de Policía de Los Ángeles llamado software de vigilancia policial predictiva (PredPol) para pronosticar los lugares donde se cometerán delitos a partir del análisis de patrones históricos de delincuencia. Además, no harán falta consultas populares, quizás ni siquiera elecciones porque la IA tendrá la facultad de analizar las opiniones de los ciudadanos en un periquete. Y siempre habrá un bot a disposición 24 sobre 24. Aseguran que sin molestos humanos tomando decisiones estratégicas será un gobierno municipal ‘más recesptivo e inclusivo’.
Bastitta ya anunció que unas 2.700 personas de la comunidad expresaron interés y compromiso de mudarse e invertir en la futura sede y comenzarían a instalarse en el 2027.. +Colonia, estará ubicada a diez kilómetros de Colonia del Sacramento en un paraje llamado El Calabrés
Los costos
Dijo Penélope Cruz en el Festival de Venezia: “Nos dicen que gracias a la Inteligencia Artificial tendremos mucho más tiempo libre ¿Libre para hacer qué?” Quién sabe a qué dedicarán sus horas los ciudadanos de +Colonia. A cuestiones artísticas, quizás. Sí, hechos con las maravillas de la Inteligencia Artificial. Será tan fácil componer una sinfonía que ya nadie tendrá ganas de dedicarse a algo tan mecánico. O no. Quién sabe.
Más allá del profundo aburrimiento de llevar una vida artificial, se presenta otro problema, el agua que necesitan las instalaciones dedicadas a procesar los datos. La cifra que encontré es ciertamente escalofriante: «Para una ciudad inteligente, que incluya una infraestructura de IA, se estima que el consumo de agua podría ser equivalente a las necesidades básicas de vida de 1.300 millones de personas al año para 2030. Esto implica un uso significativo de agua para enfriar los servidores y generar la electricidad que los alimenta.» Ignoro la certeza de esta información ya que le pregunté a la IA. No parece posible imaginar que para que 2700 personas vivan en un mundo virtual se ponga en juego la vida de millones de personas. Es posible que la IA esté equivocada pero cabe imaginar que tanto Orsi como Milei estarán estudiando el asunto.
¿No hay otra opción?
Sin computadoras a mano, y solo con un poco de sentido común, son las comunidades de pueblos originarios las que están resistiendo con mayor fuerza la instalación de estas plantas en sus territorios. Obviamente, saben que los que estarán entre esos millones de personas que sucumbirán de sed estarán ellos y no los pocos miles de habitantes de la ciudad barbie.
Mientras leía estas noticias, se me dio por ver una película coreana: “No hay otra opción”. Casualidad, o no, allí mostraban con un humor tan ácido como descacharrante los resultados de aplicar el nuevo modelo de un mundo sin trabajadores. Su título dice lo que todos piensan: es el progreso, no hay otra opción. Razón por la cual es lícito hacer cualquier cosa para vivir en la burbuja. No les cuento más, recomendadísima.
Por si fuera poco para ver similitudes con Uruguay, “No hay otra opción” cuenta qué pasa con trabajadores de una papelera que hicieron del papel toda una vida hasta que llegó el progreso.
Más allá de la clave cómica que elige el film, refleja a la perfección todo lo que un ser humano puede hacer para quedar de parte de los ganadores, ya que el juego está hechado y, como bien dice el título: No hay otra opción.
La pregunta es ¿no hay otra opción? ¿Ya todo está perdido? Entramos en la guerra individual de quién se salva de esta catástrofe? Como bien dice el maestro Tato Iglesias, un romántico de la universidad trashumante, “está en nosotros”.
Estamos dispuestos a aniquilar millones de personas, de puestos de trabajo, de paisajes y naturaleza, para que pocos miles de personas se inventen una realidad artificial?
Ambiente
«Ecocidio en Entre Ríos. La justicia confirma daño ambiental en los humedales.. Síntesis semanal ambiental
EPPUR SI MUOVE! POR ALBERTO NADRA
AMBIENTE – PUEBLOS ORIGINARIOS
CATAMARCA: LA COMUNIDAD PEÑAS NEGRAS SUFRE EL ACOSO Y LA REPRESIÓN
Peñas Negras, ubicada en el norte del Departamento de Belén, Catamarca, está atravesando una nueva escalada en el conflicto que mantiene desde hace años con la empresa, Elevado Gold, operadora de la concesionaria Millaray S, en un fuerte avance de proyectos extractivistas sobre su territorio ancestral.En esa región existían ocho comunidades indígenas autoproclamadas: Laguna Blanca, Corral Blanco, Peñas Negras, Aguas Calientes, Carachi, La Angostura, LlasrayÑam y Vicuña Huasi. Peñas Negras comparte parte de su territorio con Jasimaná, comunidad cuyas bases se localizan entre Catamarca y Salta, donde se pretende llevar adelante tareas de prospección geológica para extraer muestras de mineral en el marco del proyecto “Alto El Mulato”.
EL MODELO ARAUCO EN MISIONES: AMENAZAS, DETENCIONES Y CASAS QUEMADAS CON COMPLICIDAD ESTATAL
Entre la media sanción del Senado a los desalojos exprés y el avance del debate sobre la regularización de los mercados de carbono, cerca de 200 familias campesinas del municipio de San Pedro denuncian a la forestal Arauco y a la Policía de Misiones por un violento y sistemático avance sobre las tierras en las que cultivan sus alimentos. “El gobierno provincial no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro”, denuncia Diego Antúnez, productor y presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras. Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco son parajes rurales del municipio de San Pedro, en el nordeste de Misiones. Desde hace años sufren una persecución sistemática de violencia institucional y un hostigamiento permanente por parte de la empresa. En las últimas semanas, la violencia escaló con una represión cuyo objetivo fue sembrar el terror y forzar a las familias a abandonar sus chacras. “Ni Arauco, ni el gobierno municipal ni el provincial nos mostraron un título de propiedad”, sostiene Diego Antúnez, productor y presidente de la comisión de vecinos a quien le incendiaron su casa a fines de agosto.
NEUQUÉN: LA PROVINCIA LE DIO LA PERSONERÍA JURÍDICA A LA COMUNIDAD MELO PERO SIGUE LA AMENAZA DE DESALOJO
En Neuquén el gobierno provincial acaba de reconocer la personería jurídica a la Lof Melo. Julieta Melo, werquen de la Lof Melo, declaró a la prensa que: “El gobierno nos otorgó la personería jurídica y con este acto se cerró la discusión. Este conflicto no es un conflicto entre privados” y agregó que “la personería jurídica es el DNI colectivo de una comunidad mapuche, algo que viene negando sistemáticamente el juez Bonorino y la terrateniente Cristina Broers a través de su abogado Guillermo Hensel”.Los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche en Neuquén presentaron una nota a Rolando Figueroa, gobernador de la provincia, solicitando la personería jurídica no sólo a la comunidad Melo sino también a otras comunidades que la vienen reclamando hace bastante tiempo: “Instamos al gobierno de la provincia de Neuquén el otorgamiento inmediato de personerías jurídicas a todas las comunidades mapuche que la están demandando”.
ENTRE RIOS: LA JUSTICIA RECHAZÓ DOS AMPAROS Y VOLVIÓ A PERMITIR FUMIGACIONES A 100 METROS DE VIVIENDAS Y ESCUELAS
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó dos amparos ambientales y dejó sin efecto una protección judicial que había llevado las distancias de fumigación hasta 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas. Con la decisión, vuelve a regir el esquema de la Ley 11.178, que en determinados casos permite aplicaciones fitosanitarias a distancias mucho menores de viviendas y, en el caso de las escuelas rurales, incluso contempla aplicaciones con mochila o drones desde apenas 15 metros del establecimiento educativo. Inexplicable: en 2024 el mismo tribunal había considerado que 1.095 metros y 3.000 metros eran necesarios para proteger a la población; en 2026, cuatro de sus integrantes decidieron dejar esa protección sin efecto y volver al régimen de la nueva ley.
SALTA: UN POZO PETROLERO ABANDONADO SIGUE CONTAMINANDO Y LA FUGA LLEVA TRES AÑOS SIN SOLUCIÓN
El pozo petrolero L.O. X-10 continúa siendo uno de los pasivos ambientales más graves del norte argentino.La perforación se encuentra en el área hidrocarburíferaPuesto Guardián, en Lomas de Olmedo, jurisdicción de Pichanal, departamento Orán, al norte de Salta. Fue perforada en 1983 por YPF y posteriormente quedó bajo distintas concesiones privadas. La última operadora fue President Petroleum S.A., cuya quiebra fue declarada en 2025. En septiembre, una nueva recorrida por la zona constató que la fuga continúa. Los líquidos que salen de la perforación formaron acumulaciones que ya se extienden a cientos de metros, mientras el fuerte olor a hidrocarburos vuelve prácticamente imposible permanecer cerca del pozo sin elementos de protección respiratoria.
ENTRE RÍOS: CONFIRMAN DAÑO AMBIENTAL EN 5.300 HECTÁREAS DEL DELTA POR OBRAS PARA PRODUCIR EN UN HUMEDAL
Una inspección ordenada por la Justicia Federal confirmó la existencia de extensos terraplenes, cursos de agua alterados y pérdida de las condiciones naturales del humedal en las Islas Lechiguanas, frente a Ramallo. Los organismos ambientales de Entre Ríos advirtieron que las obras modificaron el régimen hidrológico y afectaron el hábitat y los servicios ecosistémicos de unas 5.300 hectáreas. Además, el proyecto productivo nunca obtuvo el decreto definitivo que debía autorizar las obras.Lo que durante años fue denunciado por organizaciones ambientales ahora suma nuevas constataciones oficiales. Las Islas Lechiguanas, en pleno Delta del Paraná, fueron intervenidas con obras destinadas a modificar el comportamiento natural del agua y permitir el desarrollo de actividades productivas sobre un territorio que funciona naturalmente como humedal.La transformación del territorio permitió avanzar con actividades agrícolas y ganaderas dentro del área intervenida.En las actuaciones judiciales aparecen registros de maquinaria agrícola, fumigadoras y envases de agroquímicos. Además, imágenes obtenidas mediante drones permitieron documentar cultivos de maíz dentro del sector. El propio demandado reconoció en su contestación judicial la utilización terrestre de agroquímicos.El caso de las Islas Lechiguanas vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa al Delta del Paraná desde hace años: qué ocurre cuando un ecosistema inundable es intervenido para transformarlo en una superficie apta para producir.En un humedal, el agua no es un obstáculo que deba ser eliminado para producir. Es parte del propio ecosistema.Y eso es justamente lo que las pericias y los informes oficiales señalan que fue alterado, advierte el sitio La Política Ambiental.
EL GRAN CHACO BAJO PRESIÓN: EL DESMONTE AVANZA Y EL BOSQUE NATIVO PIERDE TERRENO
La expansión de la frontera agropecuaria, los cambios en el uso del suelo y las dificultades para controlar desmontes ilegales mantienen en estado crítico a uno de los ecosistemas forestales más importantes de Sudamérica. El Gran Chaco argentino continúa perdiendo bosque nativo. Topadoras, incendios, apertura de caminos y transformación de tierras para actividades productivas avanzan sobre una región que cumple un papel fundamental para la biodiversidad, la regulación del agua y el equilibrio climático del norte del país.Los últimos datos, compilados en el sitio La Política Ambiental, permiten dimensionar el problema. Durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, de acuerdo con un relevamiento realizado mediante imágenes satelitales.Santiago del Estero encabezó la pérdida con 20.727 hectáreas, seguida por Salta con 11.960, Formosa con 4.375 y Chaco con 3.800 hectáreas. La superficie destruida en apenas medio año equivale aproximadamente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires.El caso de Salta genera particular preocupación. Según Greenpeace, la provincia duplicó durante el primer semestre de 2026 la deforestación registrada en el mismo período del año anterior, mientras continúan las discusiones sobre nuevas autorizaciones para intervenir áreas de bosque.
ECOCIDIO EN RÍO NEGRO: DENUNCIAN QUE AGROTÓXICOS MATARON A 9 MILLONES DE ABEJAS EN EL ALTO VALLE
La enorme mortandad ocurrió en la zona de Mainqué y afectó al menos a 440 colmenas. Los apicultores denuncian el uso de agrotóxicos en las chacras cercanas y advierten por las consecuencias ambientales y productivas de la desaparición masiva de polinizadores.El episodio encendió la alarma entre los apicultores, que comenzaron a relevar las pérdidas y preparan una denuncia ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.La mortandad se concentra en un área de aproximadamente dos kilómetros de radio y cuatro kilómetros lineales sobre la costa del río Negro, una zona donde conviven desde hace décadas la producción frutícola y la actividad apícola.Para los productores, lo ocurrido no puede ser entendido como una pérdida aislada: millones de polinizadores desaparecieron en cuestión de días.Las abejas cumplen una función fundamental en los ecosistemas y son indispensables para la reproducción de numerosas especies vegetales. En una región agrícola como el Alto Valle, además, tienen una importancia económica directa porque son utilizadas para polinizar los cultivos de frutas.Por eso, cada colmena perdida representa mucho más que la desaparición de una producción de miel.
LA PLATA: VECINOS DENUNCIAN RIESGOS AMBIENTALES POR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE SAAVEDRA Y EXIGEN SER ESCUCHADOS
Vecinos autoconvocados cuestionan el proyecto de remodelación del histórico espacio verde y advierten por la posible extracción de árboles, cambios en la circulación, el impacto sobre el sistema de desagües y la pérdida de parte de su identidad ambiental y patrimonial. Reclaman acceder a los estudios técnicos y participar de las decisiones. Entre las principales preocupaciones aparecen la extracción de árboles, las modificaciones en la circulación vehicular, el impacto de las obras sobre el sistema de desagües y la utilización de determinados materiales en un sector que, además de ser un lugar de recreación, forma parte de la identidad histórica de la ciudad. Otro de los puntos que genera preocupación es el riesgo hídrico. Debajo y alrededor del Parque Saavedra existen redes de desagües pluviales de distintas épocas. Los vecinos advierten que algunas estructuras tienen décadas de antigüedad y reclaman conocer en qué estado se encuentran antes de avanzar con trabajos que impliquen movimiento de suelo, maquinaria pesada o modificaciones de las superficies. La preocupación no aparece en cualquier ciudad. La Plata fue escenario de una de las peores tragedias por inundaciones de su historia en 2013, y desde entonces el sistema de drenaje y la capacidad de absorber las lluvias intensas son cuestiones especialmente sensibles para quienes viven en la región.
“AYSA NO SE PRIVATIZA, EL AGUA NO ES UNA MERCANCÍA”
Este martes, organizaciones socioambientales y territoriales nucleadas en el Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamorase movilizaron frente al Ministerio de Economía (Hipólito Yrigoyen 250, CABA) contra la privatización de AySA. Con las consignas «No a la privatización de AYSA», «No a la reducción de controles de la calidad del agua» y «No a las tarifas abusivas ni al corte de agua por falta de pago», las organizaciones vuelven a poner en el centro la defensa del acceso al agua potable y el saneamiento como derechos, mientras cuestionan las condiciones del proceso privatizador y la participación de la empresa israelí Mekorot como asesora.Además, pese a la medida cautelar dictada por la Defensoría del Pueblo bonaerense que ordenaba no innovar, se abrieron los sobres electrónicos de la primera etapa de la licitación y quedaron confirmados dos consorcios, Rowing-Arcos-Transclor-PHX, y Roggio.Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, el proveedor del insumo más importante que consume AySA, el cloro, es, además, socio de José Luis Manzano y de Daniel Vila accionistas de Edenor. Por lo tanto, Aysa, principal cliente de Edenor constituiríacon ambas empresas un monopolio que manejaría la electricidad y el agua del Amba.
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Ambiente
Van por los territorios, por Alberto Nadra. Eppur si muove!
Panorama semanal LCV sobre ambiente y pueblos originarios.
CATAMARCA: LA POLICÍA PROVINCIAL AVANZA A ROSTRO TAPADO SOBRE EL LÍMITE DIAGUITA EN PEÑAS NEGRAS
En las altas cumbres de Catamarca, la Reserva de Biosfera Laguna Blanca se tiñe de conflicto: mientras el gobierno provincial remata los cerros a cambio de regalías y la firma Elevado Gold S.A. denuncia “ataques con hondas”, treinta familias resisten a más de 3.500 metros de altura en defensa del agua que sostiene su vida ancestral. Sus habitantes denuncian una violenta represión policial y hostigamiento continuo para favorecer la expansión de la actividad minera en sus tierras ancestrales. La población señala que el despliegue policial busca garantizar el ingreso y circulación de personal minero en tierras sobre las que reclaman derechos preexistentes.
A DOS AÑOS DEL RIGI, UN ESTUDIO MUESTRA SU VERDADERO COSTO AMBIENTAL
Un informe del Observatorio del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) muestra que sólo beneficia a actividades extractivas que aumentan su rentabilidad gracias a la desprotección de los glaciares, el agua y los ecosistemas.“A dos años de su implementación, este régimen de privilegios sólo logró concentrar la renta económica en proyectos que ya se iban a realizar o estaban en marcha, sin un correlato en materia de empleo ni diversificación productiva”, destaca. “Al flexibilizar normas ambientales y laborales, ceder soberanía tributaria, cambiaria y aduanera por tres décadas, y al subordinar el derecho humano al agua y la protección ambiental a los “derechos adquiridos” corporativos, el RIGI profundizó el carácter periférico del capitalismo argentino”, concluyeel informe del Observatorio.
MISIONES I: PRODUCTORES YERBATEROS RECIBIERON A JAVIER MILEI CON UN TRACTORAZO
Desde el sector se movilizaron con maquinaria agrícola, camiones y carteles a en San Vicente para para reclamarle al mandatario por medidas como precios justos, mayor transparencia y políticas proteccionistas. A pesar de la medida, la visita de Milei, centrada en actividades oficiales y reuniones con autoridades provinciales, no incluyó un encuentro con los productores yerbateros. Frente a la falta de diálogo y la incapacidad de presentarle sus reclamos directamente al presidente, los dirigentes del sector advirtieron que mantendrán las medidas de protesta en caso de no recibir respuesta y evalúan realizar nuevas manifestaciones en distintos puntos de la provincia.
MISONES II: DENUNCIAN LA DETENCIÓN CAMPESINOS EN MEDIO DEL AVANCE FORESTAL DE ARAUCO
El sábado 5 de septiembre en una operación conjunta la Policía del Comando Regional XIV de San Pedro, Misiones junto a la seguridad de la forestal Arauco, secuestraron a 4 campesinos que estaban trabajando en sus chacras. El procedimiento realizado en el paraje San Juan Bosco, fue denunciado por organizaciones sociales y campesinas como un secuestro o detención ilegal. Según señalan, hace semanas que Arauco entra a las chacras a quemar las casas, matar los animales, destruir cultivos y detener a los campesinos ilegalmente. Esta es la cara de la violencia del extractivismo forestal en Misiones que cuenta con la complicidad del Gobierno de Misiones encabezado por Hugo Passalacqua, quien acaba de recibir efusivamente la visita de Javier Milei. La forestal de origen chileno, Arauco, posee en Misiones 260.000 hectáreas, el 8% de la superficie de provincia.
SALTA: COMUNIDADES INDÍGENAS DENUNCIAN A LA AGROPECUARIA DESDELSUR POR DESMONTES
Comunidades indígenas de la zona de Tartagal denuncian el avance de topadoras en territorios ancestrales, presentaron una denuncia penal contra la empresa agropecuaria Desdelsur S.A. y reclaman respuestas de la Secretaría de Ambiente de Salta sobre las autorizaciones para realizar tareas en la zona. Desde principios de agosto, comunidades wichí denuncian el avance de topadoras en territorios ancestrales al igual que sucedió en Catamarca. Los pobladores señalan dos focos de desmonte en las fincas Puesto Alcoba y Tonono, ubicadas a unos 13 kilómetros de distancia entre sí. En esta última, avanza el desmonte que ya afectó a la comunidad de Pozo Nuevo y a su cementerio. Allí, los referentes indígenas señalan al empresario Martín Morales como responsable.
AGRONEGOCIO Y ENFERMEDADES LABORALES EN EL ÁMBITO ESCOLAR
“Desde distintos sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) y el Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir (EPF), exigimos al Estado provincial el reconocimiento de las enfermedades laborales de trabajadores/as de la educación vinculadas a la exposición a fumigaciones con agrotóxicos y al consumo de agua contaminada en las escuelas”, reza un comunicado emitido por las organizaciones reclamantes. Esta problemática afecta desde hace años a numerosas comunidades educativas. Los casos de las maestras Ana Zabaloy, de San Antonio de Areco, y Estela Lemes, de Entre Ríos, evidencian el impacto de los agrotóxicos sobre la salud de quienes trabajan en escuelas rurales. Tumores, pérdidas de embarazos y de fertilidad, alteraciones neurológicas y hormonales, afecciones respiratorias, intoxicaciones, entre otras.A ello se suma la investigación realizada por AMSAFE Rosario en 2024, que denunció daño génico en docentes y auxiliares expuestos a agrotóxicos en sus lugares de trabajo.
VECINOS DE CIUDAD JARDÍN RECHAZAN NUEVAS TORRES Y ADVIERTEN QUE ESTÁ EN JUEGO LA ZONA PROTEGIDA
Vecinos y vecinas de Ciudad Jardín, en Tres de Febrero, volvieron a movilizarse contra distintos proyectos inmobiliarios que, aseguran, son incompatibles con la escala urbana, arquitectónica y ambiental de la localidad, emblema de casas bajas, espacios verdes y una relación particular entre lo construido y el paisaje. Uno de los argumentos centrales de los vecinos es que que estos cambios ponen en riesgo la identidad del lugar.Para los vecinos, ese reconocimiento debería funcionar como una herramienta concreta para orientar qué tipo de construcciones pueden realizarse en el territorio.
«AYSA NO SE VENDE»: ORGANIZACIONES DE LOMAS DE ZAMORA MOVILIZAN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
Con las consignas «AySA no se vende», «El agua se defiende» y «Agua para la vida», organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, partidos políticos y espacios territoriales de Lomas de Zamora nucleados en el Foro Hídrico y Ambiental de Lomas de Zamora se movilizan este viernes 11 de septiembre contra el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La concentración es a las 16 en la Plaza Grigera, desde donde reclaman la continuidad del servicio público de agua y saneamiento y defenderán el acceso al agua segura como un derecho humano fundamental. La convocatoria se produce mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con la venta del 90% de las acciones de AySA, que aún permanecen en manos del Estado nacional. En mayo, el Ministerio de Economía autorizó una licitación pública nacional e internacional para transferir ese paquete accionario a un operador estratégico. La discusión no es menor: la empresa presta el servicio de agua y saneamiento a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
MAS NEGOCIO, MENOS VERDE: MACRI AVANZA CON LA CONSTRUCCIÓN DE BARES Y ESTACIONAMIENTOS EN PLAZAS
Pese al cierre de locales, algunas zonas están abarrotadas de estos comercios. En abril pasado el GCBA lanzó un concurso masivo para privatizar espacios en 16 parques y plazas. Las licitaciones incluyen desde la construcción de locales gastronómicos hasta estacionamientos subterráneos en varios espacios verdes. La iniciativa provocó el rechazo inmediato de agrupaciones vecinales y de especialistas, pero el gobierno de Jorge Macri ignoró los argumentos de esos sectores y decidió avanzar.En las últimas horas, el Ejecutivo local adjudicó por 20 años la construcción y explotación de estacionamientos privados subterráneos bajo espacios verdes de Barracas, Parque Patricios, Núñez y Belgrano. De manera provisoria, la única exceptuada de la lista original fue la Plaza Inmigrantes de Armenia.
MOCASE DENUNCIA: EN SANTIAGO DEL ESTERO SIGUEN LOS ATROPELLOS DEL AGRONEGOCIO
El empresario del agronegocio Ricardo Abel Parra, oriundo de Charata – Chaco viene acaparando tierras en la zona de Roversi, departamento Moreno, Santiago del Estero, a escasos 30 kilómetros del límite provincial con Chaco. “Patrón de estancia con larga lista de impunidad, quedarse con tierras de poseedores, explotación de tierras públicas (banquina) para monocultivo de soja, trigo transgénico” denuncia un comunicado del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), para advertir: “El pueblo campesino indígena estamos de pie, sosteniendo la producción en la tierra, con la familia, criando animales, cuidando el monte nativo y sus criaturas, el agua y la vida.No aceptamos que una familia campesina sea desalojada para favorecer el avance de quienes explotan, mercantilizan la tierra”.
«CHERNOBYL SALTEÑO»: DENUNCIAN DESASTRE QUÍMICO Y MUERTE MASIVA DE ANIMALES
La crisis ambiental en el paraje Lomas de Olmedo, situado en el Departamento de Orán, Salta, representa una falla sistémica en los mecanismos de control y fiscalización estatal, tras la gestión negligente del pozo produjo una emanación tóxica que ya destruyó 20 hectáreas de monte nativo y provocó la muerte de más de 350 animales por contaminación. De acuerdo conGreenpeace, la degradación ambiental se manifiesta a través de una «lluvia aceitosa» y la formación de lagunas tóxicas de colores cambiantes que, al evaporarse, generan una resina espesa similar a la grasa. Este fenómeno produce una asfixia vegetal sistemática al bloquear la fotosíntesis y el intercambio gaseoso, dejando a los árboles cubiertos de sedimentos que mueren de pie.
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