Luego del fallo de la justicia laboral que derivó el expediente de los despidos estatales presentados por UPCN y ATE a la Contenciosa Administrativa, LCV entrevistó a Hugo Cachorro Godoy, Sec. Gral de la CTA-A Nacional, quien consideró que el problema no es jurídico sino ‘fundamentalmente político’. Reiteró el compromiso de seguir luchando por la reincorporación de todos los despedidos y relativizó la idea de que exista una embestida contra el Estado en su conjunto: ‘Mientras reducen en sectores como la agricultura familiar, seguridad social, economía social y popular, pequeños y medianos empresarios, desarrollo científico, tecnológico o educación; otras áreas como servicios de inteligencia, policía federal o gendarmería, es decir, las áreas represivas del Estado, se están fortaleciendo. Habrá que ver a qué sectores importa que atiendan y a qué sectores no.” También sostuvo que muchos se creen el discurso de que el Estado está lleno de ñoquis pero ‘hablan por boca de ganso’, repiten los que le imponen los grandes grupos económicos que Milei representa. Finalmente, afirmó que es necesario buscar una síntesis como se demostró en la marcha del 23 de abril y evitar que nos fragmenten. A continuación, la entrevista completa.

LCV: En esa demanda conjunta que se presentó por el tema de los despidos a los estatales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Seguimos dando la pelea? ¿Ya la perdimos? ¿Qué pasó?

—No, de ninguna manera vamos a dejar de dar la pelea por la reincorporación de las compañeras y compañeros. El tema es un tema jurídico, pero fundamentalmente político, porque este gobierno lo que está haciendo es gobernando por decreto y reformando por decreto la Constitución. Entonces la lucha por la reincorporación de los compañeros y compañeras, y para evitar nuevos despidos, es la misma lucha en pos de que se derogue el decreto de necesidad y urgencia y que no se siga habilitando al presidente Milei por parte de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema de Justicia a que gobierne por decreto.

LCV: La forma en que se está desangrando el Estado, yo creo que no tengo memoria de que haya sucedido en otro momento. ¿Vos?

—En los años 90 con el menemismo, hubo una situación muy brutal como esta y los efectos que tuvieron fueron nefastos para toda la sociedad. O sea, no es solamente un impacto negativo para los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino que impacta en toda la sociedad. El menemismo hizo mucho daño y este gobierno de Milei, en línea con eso, también está haciendo mucho daño a toda la sociedad.

LCV: El otro día tuve un intercambio de palabras con una señora que decía: “a mí se me está complicando, yo me tengo que ajustar el cinturón, no puedo pagar ni reponer mercadería , pero por lo menos nos estamos sacando los ñoquis estatales”. Entonces yo le pregunté ‘señora, ¿usted a  quién le va a comprar después?‘

—Pero además. ¿Cuáles son los ñoquis que ella conoce? Hablan por boca de ganso, se comen el verso que Clarín, La Nación, Infobae difunden y que el presidente aprovecha para construir un enemigo en el trabajador del Estado. Entonces deja de ser visto aquel trabajador, aquella trabajadora, que es la que se ocupa de acompañar a los pueblos campesinos para el desarrollo de su producción agropecuaria, de acompañar desde los organismos de investigación, de ciencia y técnica para que esto llegue a los pequeños y medianos productores, de acompañar a quienes trabajan en comedores populares o a quienes se jubilan, quienes trabajan en las áreas de seguridad social. O sea, lo que sucede es esta propaganda que se alienta desde esos grupos económicos y esta mentira que expresa el presidente Milei, impacta en algunos sectores que hablan sin saber la verdad.

LCV: ¿En cuánta gente real crees que tiene que quedar el Estado? ¿Se puede bancar un Estado eficiente con esta sangría que se está llevando a cabo?

—A ver, pongamos las cosas en su lugar. Yo te describía el vínculo del trabajador, de la trabajadora estatal con estos sectores de la agricultura familiar, de la seguridad social, de la economía social y popular, de los pequeños y medianos empresarios, del desarrollo científico, tecnológico, porque es ahí donde se está reduciendo la capacidad de intervención del Estado. Ahora, hay otras áreas que directamente se están fortaleciendo, los servicios de inteligencia se están fortaleciendo, la policía federal, gendarmería, todas las áreas represivas del Estado se están fortaleciendo. O sea que no se puede hablar en general de cuál es la estructura del Estado en su tamaño. Habrá que ver a qué sectores importa que atiendan y a qué sectores no.

LCV: Esto vos decís, por ejemplo, reducir la salud, la educación, reducir todo lo que ellos consideran que no tenemos derecho a tenerlo de asistencia gratuita.

—Sí, cuando cortan el FONID, el Fondo Nacional de Educación, lo que hay ahí es una reducción del salario de los docentes. Que me expliquen quienes hablan de reducir el Estado, cómo no se necesitan en nuestro país escuelas de doble turno, mañana y tarde, cómo no se necesitan escuelas técnicas para la formación laboral, cómo no se necesitan cuidadoras y promotoras de la salud para la atención de la niñez y para la atención de la tercera edad y los adultos mayores. Esas son áreas del Estado que se tienen que fortalecer. Falta gente allí. Nosotros necesitamos un sistema de educación más fuerte aún de lo que es. El otro día leía que los trabajadores docentes en Salta cruzan ríos a pie y tienen que cruzar la frontera con Bolivia porque no hay transporte y van caminando, o van a caballo o van en burro. Entonces, ¿Hay que dejar a esos pueblos sin escuelas? Pensar que la sociedad es el metro cuadrado en el que uno vive en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, es no entender lo que es un país.

LCV: En el marco de las historias sindicales y estudiantiles, ¿Cómo analizas esta coyuntura en particular en donde el trabajador va a estar mañana con sus hijos, estudiantes universitarios, en la calle?

—Me ayudaste a dar la respuesta porque el día de mañana va a ser un hito en ese sentido, porque ahí vamos a estar los que tenemos hijos en la universidad y los que no tenemos hijos en la universidad, van a estar los jóvenes universitarios y van a estar los jóvenes secundarios que quieren acceder a la universidad pública. Van a estar los trabajadores docentes y los trabajadores y trabajadoras no docentes, vamos a estar los trabajadores y las trabajadoras que estamos convencidos que la universidad pública no solamente es una fuente de formación extraordinaria, sino también un ámbito de investigación y desarrollo científico tecnológico fundamental para la soberanía de una sociedad. Mucho más en este tiempo donde el desarrollo tecnológico adquiere niveles de envergadura extraordinaria y del cual, por otro lado, nuestro país tiene porciones, y la universidad pública es una de ellas, la que aporta enormemente a través del CONICET, de la industria  de producción de satélites.

LCV: Cuando escuchaba el otro día en la conferencia que dieron para decir que iban a estar en la calle las centrales obreras, decir que los obreros habían logrado llevar a sus hijos a las universidades y que nadie los iba a sacar de ahí, por eso salían a apoyar, a mí me supo a síntesis, me supo a  principio de una síntesis política. ¿Lo podemos ver así o me estoy apurando?

—No, creo que es así. Cuesta entender cómo un pequeño grupo de sectores ligados a las finanzas, a los sectores más enriquecidos de una sociedad, que son la minoría, pueden controlar y dominar a una mayoría que son trabajadores y trabajadoras, que es una población que vive de su trabajo. Eso se explica por la posibilidad de dividir a la población, de fragmentarla, de crear estas falsas dicotomías como las que hablábamos, que una vecina de un barrio popular se ponga contenta porque echan a un trabajador estatal afirmando que es un ñoqui sin siquiera conocer la persona, las condiciones que trabaja, reproduciendo un relato como loro. El conocimiento y el trabajo se han puesto como si fueran dos cuestiones que se contraponen y en realidad el trabajo es una fuente de construcción de conocimiento y el conocimiento es una fuente de multiplicación del trabajo para el desarrollo de una sociedad. Esto por un lado. Por otro lado, el estudiante y el trabajador, nosotros que somos parte de una central de trabajadores de nuevo tipo, decimos el estudiante es un trabajador, aunque no tenga una tarea con un empleo formal, primero porque ocupa su tiempo en una tarea que redunda en beneficio de la sociedad, porque su conocimiento personal redunda en el desarrollo, en el beneficio de la sociedad. Y por otro lado, porque también a veces, aunque sea de manera precarizada, tiene que ganarse el mango para poder sostenerse el estudio. Entonces, trabajador, trabajadora, estudiantes, somos parte de una misma clase popular que tenemos intereses muy en común y que tenemos que evitar que nos divida.

(Entrevista realizada por Nora Anchar para La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores en larz.com.ar el 22 de abril de 2024. Escuchala en directo los lunes de 18 a 20)

Si bien en el Ministerio de Defensa no hubo centenares de despidos como en otros organismos, las listas de cesanteados tuvieron un tinte más ideológico que de ajuste. Desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Archivo histórico, en el que no solo se puede encontrar documentación militar de hace 200 años sino que preservaba los documentos correspondientes al período de la dictadura. Muchos de ellos fueron utilizados por la justicia para establecer resonsabilidades en delitos de lesa humanidad. De los trece archivistas y profesionales especializados quedaron solo tres, prácticamente sin funciones.

Hace un mes y medio, Petri nombró a Lucas Miles Erves como Director Nacional de Derechos Humanos del ministerio. Abogado y ex comendiante, tiene un curriculum en el que se destaca como asistente del Departamento de Estado de EEUU. Se define a sí mismo como especialista en Defensa y Derechos Humanos, aunque recién en enero de este año logró su diplomatura en DDHH en la Universidad Austral. En su twitter destaca como sus intereses:  “Amor por el tenis. Disfruto de viajar y hacer reír. Comprometido con todo aquello que nos haga mejores personas”.

Se ignora cuáles fueron los motivos que impulsaron a Petri a nombrar en un cargo tan especial a alguien que por sobre todas las cosas le gusta hacer reir. Claro que no es el único nombramiento inquietante también asumió como asesor del ministerio el contador Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, según el diario La Nación cobrará un sueldo de dos millones doscientos mil pesos.

Entrevistado por Canal Abierto, Alan Rüst, uno de los despedidos del Archivo destacó: “Los paracaidistas que están cayendo en el Estado dan bronca y desazón, es más fácil destruir que construir, llevamos años especializándonos en el tema y ya no sabemos qué va a pasar con esos documentos’ y agregó que con el sueldo del hermano de Adorni se podría pagar a todo el equipo del ERyA, cuyos profesionales cobran un promedio de 600.000 pesos.

Está claro que las cesantías nada tienen que ver con aumentar el superávit fiscal, de hecho Petri denunció a los archivistas como un grupo ‘parajudicial de persecusión a las Fuerzas Armadas’. Consultado por el diario Clarín, el ministro sostuvo que“los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”.

Reclamo del International Council on Archives

El Consejo Internacional de Archivos (ICA en su sigla en inglés) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas. 

En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983.

A través de un comunicado difundido en la comunidad internacional afirman:

Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino: 

1. El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial 
2. El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa 
3. La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos. 

Luego de la cadena nacional en donde el presidente Javier Milei destacó como un logro histórico el superavit logrado por su gobierno en apenas tres meses, la Confederación General del Trabajo difundió un comunicado replicando sus afirmaciones. De esta forma puntualiza el ‘mecanismo oculto’ de cómo se logró ese ‘éxito’:

1. Licuándole los ingresos a las y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en
   términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros
   históricamente más bajos, peores que los del año 2001.
2. Deudas con las provincias: la Nación paró las transferencias a las provincias (un
   recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como
   educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados
   provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales.
3. Deudas con empresas de energía y gas: el Tesoro no cumple los contratos y
   puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD
   2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas
   podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal
   abastecimiento de electricidad.
4. Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades: no
   se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal
   desarrollo de la actividad. Sin incrementos presupuestarios las universidades no
   podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
5. Interrupción de la obra pública: atrasando o discontinuando proyectos
   estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía,
   considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta
   el momento— de 100.000 puestos de trabajo.
6. El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el
   desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no
   pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año
   se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009.
7. Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. El Banco
   Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el
   primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos
   restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial
   totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA
   compró efectivamente solo un 30% de lo que dice.
   En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más
   de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la
   caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios
   energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica
   el 70% de la caída del gasto primario.
   “Desde la CGT seguimos reclamando, más allá de medidas coyunturales y muchas veces
   arbitrarias, la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo
   social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión
   productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado
   laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule
   la especulación financiera. Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que
   comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra
   comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de la CGT firmado el 23 de abril, horas antes de la marcha en favor de la educación pública que convoca a gran parte de la ciudadanía.