A diez días del vencimiento de las concesiones de los puertos de la Hidrovía (privatización realizada en los noventa y renovada por todos los gobiernos sucesivos), distintos dirigentes de Unidad Popular, Grupo Bolivar y CTA-A, entre los que se encuentran Claudio Lozano, Fernando Vaca Narvaja , Ricardo Peidro, Leticia Quagliaro, Hugo Godoy y Víctor de Gennaro, difundieron un documento en el que denuncian el acuerdo de cooperación firmado por el Ministro de Transporte, Mario Meoni, y la Organización Mundial de Comercio para llevar adelante la licitación del proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay. “Queremos poner de manifiesto, que los intereses de la Organización Mundial de Comercio son contrarios a los intereses nacionales“, sostuvieron.

La Organización Mundial del Comercio es el único organismo internacional que se arroga el derecho de establecer las normas que rigen el comercio entre los países. Según sus fundamentos, su objetivo es ‘garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible’ y tiene el aval de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. ‘La finalidad primordial de la OMC es abrir el comercio en beneficio de todos.’ Creada en 1995 -casi en simultáneo con la misma Hidrovía- la organización sufrió un duro golpe cuando Estados Unidos en 2017 decidió vetarla en post de un proteccionismo nacional, razón por la cual el diario El País sostenía en el 2019 que la Organización Mundial de Comercio había quedado ‘inoperativa’. Sin embargo, dos años después, y al tiempo de una nueva renovación de las licitaciones de los puertos en Argentina, reaparece con fuerza.

Los citados dirigentes creen que el vencimiento de las concesiones en la Hidrovía es una “oportunidad de reeditar la Batalla de Obligado, defendiendo los intereses nacionales y recuperando la soberanía de nuestros puertos y vías navegables para así integrar nuestro litoral marítimo y fluvial.”

Asimismo diferencian distintos aspectos de la licitación: peaje y dragado.

El documento sostiene que “el llamado a licitación del dragado debe contemplar la construcción de la dragas en astilleros nacionales, ya que los mismos están en condiciones de integrar más del 50% de componentes nacionales. Se deberán importar los motores y otros elementos. Mientras las dragas nacionales se construyen, otras se pueden alquilar en el mercado internacional. Miles de puestos de trabajo dependerán de esta decisión. Insistimos en esto: el sistema a licitar es sólo el de dragado, pagándose por material extraído. Pero, el control y cobro del peaje debe estar a cargo del estado Nacional.

El peaje ha sido cobrado durante más de dos décadas por capitales extranjeros a pesar de que las obras en buena parte fueron realizadas por el Estado. Cifras multimillonarias, en donde se cobra 3 dólares por tonelada que terminan pagando los productores argentinos. Según los firmantes, se trata del ‘peaje más caro del mundo, además lo utilizan para disimular ganancias y pagar menos impuestos.’

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