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Pompeyo y la maldición de Lewuku

Por Graciela Elizabeth Bergallo, para La Columna Vertebral, 27 de marzo de 2018

Llegar a Misión Nueva Pompeya no es fácil, y una vez allí la justicia queda lejos y llega tarde. Es posible intentarlo por la ruta Juana Azurduy, desde J. J. Castelli hacia el noroeste chaqueño, ya chaco seco. Un trayecto casi recto, abierto con filo perfecto y sin titubeos entre palosantales, algarrobales, vinales, cactus, tunas, quimilís, cardos. A mitad de camino está Fuerte Esperanza, creado por decreto en 1978, “con el fin de propiciar el desarrollo de una vasta zona despoblada” (¿?). Lo que no lograron con los soldados, lo lograron con las topadoras, la soja detrás de los antiguos habitantes de la tierra, sean indígenas o criollos. Algunos animalitos cruzan rápidamente la ruta, hasta un oso hormiguero, un tatú mulita, muy de vez en cuando.
Pero si se desea acortar el camino, antes de llegar a Fuerte Esperanza se dobla hacia la derecha. En el km 82 la ruta Juana Azurduy es atravesada por la ruta 82. Esta ruta desde el año 2013 se llama hacia el sur “Madres de Plaza de Mayo” hasta Pampa del Infierno, plena zona sojera. Hacia el norte, plena zona de deforestación, se llama “Abuelas de Plaza de Mayo”. Si es posible sortear kilómetros de pozos, colchones de tierra o barro, empantanarse casi para siempre en días de tormenta, se arriba a lo que fue una antigua Misión Franciscana radicada allí en 1901, a quinientos kilómetros de Resistencia.
La Misión fue promovida por el Gobierno Nacional para posibilitar la evangelización de los indígenas. Hoy es una localidad con considerable población wichi y criolla que está en la zona desde hace mucho, antes de aquél decreto de 1978, algunos desde hace siglos.
Entonces era invisible.
Todavía lo es.
Pero poco antes, justo en la intersección de las mencionadas rutas, frente al Cartel que dice “Abuelas de Plaza de Mayo” al lado de una flecha que apunta hacia arriba, se ubica el Kiosko “Juancito”. El kiosco Juancito es una especie de panóptico de una calesita abierta de camiones transportando cadáveres de algarrobos centenarios en ritmo continuo. Día y noche.
En Nueva Pompeya las catástrofes ambientales no fueron producidas por causas naturales como en Pompeya en el año 79 d.C.
El escenario del kiosco Juancito se repite en todo el noroeste chaqueño. Es una especie de circo romano de la destrucción, no importan si son reservas naturales, territorios indígenas, si con ello se destruyen las memorias, las posibilidades de sobrevivencia de cualquier especie que allí viva. Las consecuencias no son sólo locales. El hambre de lucro es tan colosal como las ganancias. Titubean algunos funcionarios, no importa de qué signo político.
De repente hay una parte del mundo que comienza a ser invisible.

La tierra en carne viva se evapora en remolinos o se abre en grietas como si fuera un gran panal incendiado. También la piel de hombres o mujeres, wichi y criollos, que deambulan como fantasmas envueltos en brumas de polvo. Algunos a caballo, gauchos pequeños ganaderos con sus monturas y vestimentas que permanecen idénticas desde fines del siglo XIX, por tradiciones de elaboración familiar.
En el centro del poblado está el edificio de la antigua misión que se eleva hacia un alto y enorme campanario. Imagino su sonido. Todo empuja al silencio, incluidos mis propios labios resecos.
La evangelización tuvo un significado diferente para los primeros franciscanos, la hermana Guillermina, los hermanos maristas, la pastoral aborigen, para aquellos que se aventuraron en estos territorios del far west chaqueño, y se preocupan por los derechos de los otros, sean animados o inanimados, con una alegría desconcertante, también razonable indignación.
También llegaron otros, algunos funcionarios que se creen patrones por acumulación en años de obsecuencia. Hasta algún político de izquierda que imagina descender en helicóptero con el logo de un megaproyecto para impresionar, con algún fondo. Otros con otras creencias, cosmovisiones, saberes acuñados en siglos de colonización que al imponerlos matan, a su manera. Hay también rufianes de variado color y tamaño que van tras el tesoro de esta tierra: el algarrobo.

Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población se encuentran en territorio tradicional wichi, departamento General Güemes, noroeste del Chaco. Las tres asociaciones comunitarias wichi hace quince años iniciaron una acción de amparo por deforestación ilegal.
Los wichi junto con los nivaclé, chulupi y chorotes pertenecen a la familia lingüística mataguaya. Como todos los pueblos chaquenses han sido tradicionalmente cazadores-recolectores pero el despojo territorial y la inserción en sistemas productivos, como los ingenios azucareros de Salta y Jujuy entre otros, alteraron significativamente la vida de los pueblos indígenas de la región, redujeron sus lugares de caza y pesca, sus ciclos y rituales vitales.
En Nueva Pompeya hay una población aproximada de seis mil wichi que vive en un territorio de veinte mil hectáreas jurídicamente propio. La deforestación ilegal ha llegado al corazón de su territorio, lugares lindantes con fuentes de agua, ríos y lagunas donde no sólo existe mayor biodiversidad, allí están sus espacios culturales e históricos de mayor significación.
“A veces los camiones vienen de noche, no sé cómo, trabajan de noche, se ilumina con los reflectores y bueno se llevan la madera, y al día siguiente vuelven, es un robo… nosotros queremos que se suspenda porque si no el monte se va a terminar y nuestros hijos también, no van a tener el monte, después si morimos van a decir: no, pero mirá los viejos, no… la gente se va desplazando a medida que va aumentando el corte de la madera…”.

El Gran Chaco fue uno de los últimos espacios americanos en iniciar el proceso de destrucción de lo diferente, no sólo en relación a lo étnico. En el binomio malón-expedición fue encerrada la estrategia discursiva de la ocupación del suelo por parte del estado terrateniente moderno. Luego de Amazonía, la región chaqueña es la mayor área boscosa que queda en Abya Yala, tiene el único bosque seco subtropical existente en el planeta y los pueblos cosmológicamente ligados a esa biodiversidad son los únicos que conocen sus secretos.
En los ecosistemas chaqueños ocurren procesos ecológicos, trama misteriosa de la vida, irreemplazables: regulan temperaturas, ciclos de lluvias, reciclan los nutrientes del suelo, liberan oxígeno, previenen inundaciones y otros efectos a escalas mayores. Existe una fauna y una flora única que posee mucho más valor en pié y viva, que extraída. Algunas de sus especies tienen prioridad de conservación internacional (Redford et al. 1990, IUCN, www.redlist.org) o nacional como el caso de monumentos nacionales o provinciales, o especies citadas en libros científicos como el libro rojo de los mamíferos argentinos: el chancho quimilero, el pecarí labiado o maján, el tatú carreta (Camino 2014).

El proceso de colonización, las explotaciones forestal, azucarera, algodonera, ganadera y sojera, la concentración de la tierra paralela a los zarpazos de la soja transgénica y sus paquetes tecnológicos desde fines de los años noventa, su avance luego hacia el oeste chaqueño, provocaron efectos sociales y bioculturales en población indígena, campesina, pequeños y medianos productores.
Entre 1994 y 2007 el Chaco perdió el ochenta por ciento de sus tierras fiscales1, y se produjo el avance de la deforestación sobre el Impenetrable. Desde el año 2007 aparecieron nuevos instrumentos normativos nacionales y provinciales que regularon la situación ambiental. La Ley 26.331 (Ley Bonasso) representó un enorme avance para la protección de los bosques nativos en Argentina, al contemplar todas las dimensiones: ambientales, sociales, culturales, económicas. Sin embargo, los análisis realizados sobre los resultados de los ordenamientos territoriales en el noroeste argentino mostraron, entre otras cuestiones, la diversidad de criterios con los que fueron realizados además de la escasa o nula participación de la población interesada, pueblos originarios, comunidades criollas y campesinas.
La incorporación de estos actores resultó insuficiente y disímil entre las provincias a pesar del énfasis de la Ley en este punto, lo señaló la Red Agroforestal y el Informe 2015 de Auditoría General de Nación. Este informe también destacó la necesidad de trabajar en relación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160), dado que la cuestión de los bosques nativos está vinculada a los conflictos por la tenencia de la tierra. En suma, la pérdida de bosques nativos en los últimos años se dio: por incumplimiento de la ley, deforestación de áreas en riesgo, escasos recursos financieros, falta de adhesión provincial y la contradicción no resuelta entre la ampliación de la frontera agrícola según cierto modelo unilineal y extractivo de desarrollo y el ordenamiento territorial de los bosques nativos con la participación real que exige la Ley.
En junio del año 2017 la organización ambientalista Greenpeace presentó un informe en el que demuestra que durante los primeros seis meses del 2017 fueron desmontadas unas 45 mil hectáreas de bosques en el noroeste argentino: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques. Un año antes esta organización había presentado en el Congreso, junto a una diputada nacional, un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo2. El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos, “también penaliza (con cárcel de 2 a 6 años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.

En Nueva Pompeya, si alguien pregunta a cualquier familia, cuatro o cinco de sus integrantes padecen Chagas. Un 69 por ciento de chagásicos registró el Instituto de Medicina Regional en esa localidad (Lucero et al 2011), es una de las zonas con mayor porcentaje de chagásicos reconocida oficialmente3. Los sistemas naturales controlan el avance de enfermedades y plagas en el Gran Chaco, cuando aquéllos se desequilibran se produce el avance de enfermedades como Chagas y Leishmaniasis. Hay estudios que demuestran la relación entre enfermedades transmitidas por vectores y deforestación (Walsh et al 1993), la urbanización del Chagas es un ejemplo. Especies como el puma y yaguareté controlan la cantidad de otras especies que son portadoras de enfermedades, al desaparecer estos predadores tope aumenta la cantidad de fauna que las carga.

Un hawaye, chaman wichi, que apenas habla castellano y que vive en un asentamiento no muy lejano a Nueva Pompeya, en zona rural, camina por una antigua senda (totuinek). Lo acompaño. Estas sendas conducen hacia lugares de agua, lagunas, esteros, donde habitan las entidades que protegen el agua (chelaj), donde se encuentra la miel y pueden mariscar el alimento, lograr algunos remedios del monte para la cura. Las mujeres, también, caminan kilómetros para buscar la chagua, obtener las tinturas de los frutos de algunos árboles para luego tejer las yicas, con delicadísimos diseños que preservan la memoria de su pueblo, diseños que hablan. Algunas son vendidas, para comprar otras cosas. Piden permiso a los dueños o protectores del monte (tahyi), y del río (tewukw), es decir, a los ayudantes de Lewuku.
De repente comienzo a tener cuidado, de mis propias pisadas, de elevar la voz, mientras un ser invisible le susurra a una semilla “vive”, “vive”.
Tales seres pueden provocar que alguien se pierda en el monte, como etek-sayntaj que también es un dueño del monte dicen, puede seguir a la persona y golpearla con un garrote si corta una rama de más. Se lo reconoce porque tiene siempre avispas rondando su cabeza, es melero. Pero ojo, la maldición de Lewuku es terrible cuando la transgresión a un tabú del monte o del agua es muy grave. Puede afectar a la persona y a sus descendientes, a todo su entorno. Además de la pérdida del alma todo tipo de dolencias aguardan a quienes se atreven a la destrucción.
No habrá hawaye que pueda salvarlos.

No solamente la biodiversidad de un territorio es impactada por la alteración de los bosques nativos, también lo son espacios y saberes, significaciones espirituales y materiales de esos espacios, memorias que los impregnan, los sentidos, los derechos que articulan una comunidad. También la gente se muere de tristeza cuando se desestructura su universo psicobiocultural por el vaciamiento de su territorio, el desplazamiento forzado, cuando voltean sus árboles sagrados, sus alimentos, sus medicinas, sus medios de vida. La aniquilación no es sólo física, se produce también con la ruptura de un orden simbólico pleno de significados con el cual se nombra y ordena el mundo. El ecocidio conlleva un genocidio silencioso y aparentemente invisible, salvo por la voz de las poblaciones que dignamente se atreven a reclamar en todas las instancias institucionales y legales para que alguien pare esto.

Los hawaye son personas que han recibidos dones y cuidan a su comunidad; pueden ponerse en contacto con las entidades que habitan el monte, el aire, el agua; pueden curar, leer los sueños, anticipar el futuro, pueden recuperar las almas perdidas y devolverlas a sus dueños.
“Los hawaye son gente que defiende el monte y ellos tienen contacto con los espíritus que nosotros no vemos, en cambio ellos sí ven. Hawaye es como un doctor que ayuda a su comunidad y cuando hay una enfermedad ellos curan. Si por ejemplo en los montes hay pocas frutas ellos se preocupan, se juntan los curanderos para ver qué problema hay, y después cuando solucionan el problema dentro de dos días, tres días, una semana, ya viene de todo, el monte ya tiene miel, por ejemplo los árboles la algarroba, nos da muchas frutas y encima los frutos son muy sanos, ¿por qué? porque gracias hay abuelos, hay curanderos que defienden a su comunidad y también el monte, defiende su monte, y todo eso es la parte de la espiritualidad, de la cosmovisión. Ellos siempre me contaron”.
Qué pensaría el hawaye mientras mirábamos las antiguas sendas destruidas por las profundas huellas que dejan los camiones y acoplados en los que se llevan los algarrobos centenarios. Caminos de los mapas de la memoria hacia los lugares sagrados, sendas que transitan los niños que van a la escuela. Qué pensaría de los cementerios improvisados, playones en los que se acumulan los troncos de algarrobos para ser transportados. Con ellos se llevan no sólo el principal alimento, la bebida de sus rituales.
Es uno de sus árboles sagrados.
Qué pensaría de las medicinas, de los alimentos y artes que se destruyen con el arrastre de cadenas y troncos. Qué pensaría de los hermanos que traicionan a su pueblo firmando algún papel arrimado por algún empresario o funcionario con la promesa de alguna mejora, pero que termina significando el saqueo y la destrucción del territorio propio. Saqueo que parece imposible controlar o detener. Sobran amenazas. Qué pensaría del empresario o funcionario (¿lo dijo un técnico, un abogado?) que le dijo que ya no se usa más el monte, que hay que explotarlo, que es un recurso, que estamos en la era de la globalización.
Eso se lo dijo a él, a un hawaye antes de avanzar con sus máquinas de muerte sobre la memoria del agua de su tierra.
Nadie le pidió permiso, tampoco a los intermediarios de Lewuku.
Que llueva todo lo que tenga que llover hasta que se agote el agua del cielo, la memoria hoy está escrita en el agua.
Nadie les pidió perdón.
Nadie pide perdón.

(Crónica inspirada en el libro de la misma autora “Bosques, Culturas y Derechos. El impacto sociocultural de la Deforestación en Chaco. Informe antropológico- Social”. Resistencia, Contexto.)

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“Sin controles no hay industria ni seguridad”: Francisco Dolman advierte sobre el impacto del ajuste y recorte de mil líneas de trabajo en el INTI

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Francisco “Pancho” Dolman explicó el rol estratégico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y alertó sobre las consecuencias de los recortes impulsados por el Gobierno nacional. Desde el control de autopartes hasta la verificación del consumo energético y la calidad de combustibles, Dolman remarcó cómo la reducción de funciones del organismo afecta tanto a la industria como a la vida cotidiana de la población.

LCV: “Le vamos a explicar a la gente qué es el INTI y para qué sirve.”
Francisco Dolman: “Bueno, mirá, el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y lo que hace es fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, llevándole conocimiento, mejorando su entramado productivo y acercándole tecnología. La verdad es que es un organismo clave para el desarrollo de la industria nacional.”

LCV: “¿Cuáles eran los ámbitos de aplicación? Dame ejemplos concretos del funcionamiento y la sinergia entre el INTI y la industria nacional.”
Francisco Dolman: “Un ejemplo importante, que además nos sacaron, es el control de autopartes que entran del exterior. Antes, cualquier autoparte que venía de afuera era verificada por el INTI para asegurar que cumpliera con normas de seguridad y calidad. Hoy, con solo un certificado de origen, ya puede ingresar y usarse. Antes nosotros controlábamos que ese certificado fuera veraz y que realmente cumpliera con las condiciones. Eso lo hacen casi todos los países del mundo, pero acá se dejó de hacer. Y esto es delicado, porque después ves accidentes y no sabés qué calidad tienen esas piezas.”

LCV: “¿Y qué pasa con otros productos que entran al país?”
Francisco Dolman: “Pasa lo mismo. Por ejemplo, en la fabricación o importación de heladeras, motores o chapas, el INTI verificaba que todo funcionara correctamente, que no fueran tecnologías atrasadas o incompatibles, y que cumplieran normas de seguridad. También controlábamos cuestiones como el consumo energético: que lo que decía el fabricante fuera cierto. Hoy eso ya no se controla, y eso impacta directamente en el bolsillo de la gente, porque podés terminar pagando más luz por un producto que no cumple lo que promete.”

LCV: “O sea que esto afecta directamente la vida cotidiana…”
Francisco Dolman: “Exactamente. No es algo abstracto. Puede afectar la seguridad, la salud —como en el caso de textiles con componentes tóxicos— y también la economía del hogar. Si no hay control, no hay garantía de calidad ni de consumo.”

LCV: “Mencionabas también el área de metrología…”
Francisco Dolman: “Sí, otra de las cosas que nos sacaron es la metrología legal. Eso es lo que controla, por ejemplo, que cuando cargás nafta te den realmente un litro. También verificábamos la calidad del combustible. Sin estos controles pueden pasar cosas graves. En México, por ejemplo, hubo un escándalo porque diluían la nafta con agua y no se detectó hasta que empezaron a romperse autos en masa. Ese es el rol del Estado: controlar. Si eso se pasa a manos privadas, se pierde esa garantía.”

LCV: “Para cerrar, ¿qué está pasando con los recortes en el INTI?”
Francisco Dolman: “Se habla de un recorte de alrededor del 30% de la planta y la baja de mil líneas de trabajo. Cada línea implica equipos enteros de personas. Todavía hay mucha incertidumbre, muchos rumores de más despidos, pero lo que está claro es que en el INTI no sobra nadie. Al contrario, para ser un país desarrollado, el Estado tiene que fortalecerse.”

LCV: “Hay un clima de incertidumbre en distintos sectores…”
Francisco Dolman: “Totalmente. Es una estrategia que genera miedo y dificulta la organización. Por eso es importante buscar certezas y seguir peleando. Nosotros vamos a seguir defendiendo el INTI y lo que representa, esperando que en el futuro el pueblo argentino pueda elegir otro camino.”

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Crisis en la industria de línea blanca: alerta por despidos en Electrolux

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, analizó el impacto de la posible decisión de la empresa Electrolux de dejar de fabricar heladeras en el país. En un contexto de caída del consumo, pérdida de empleo industrial y creciente conflictividad social, advirtió sobre las consecuencias para las familias trabajadoras y el entramado productivo regional.

LCV: “¿Que está pasando en Electrolux?”
Antonio Donello: “Hoy estamos ante rumores —porque oficialmente no notificaron al gremio ni a los delegados— de que dejarían de fabricarlas para pasar a importarlas, lo que genera una enorme tristeza y bronca porque implica reemplazar mano de obra argentina por trabajo del exterior.”

LCV: “¿Qué implica esta situación en términos económicos y sociales?”
Antonio Donello: “Esto responde a un modelo económico donde no importa nada más que importar porque es más barato, con salarios planchados y paritarias pisadas que hacen que la gente no tenga poder adquisitivo, no pueda consumir y eso provoca la caída de la producción; las consecuencias son suspensiones, despidos o cierres, afectando directamente a las familias trabajadoras.”

LCV: “¿A cuántas familias afectaría la reducción de la producción?”
Antonio Donello: “Hoy la línea de heladeras está funcionando con unos 110 compañeros y compañeras, pero además ya se han perdido muchos puestos porque a trabajadores contratados no se les renovó, no solo en Electrolux sino en toda la línea blanca, un sector que venía creciendo fuertemente hace dos años y medio y que hoy está en retroceso.”

LCV: “¿Cuál es la situación general del sector en Rosario?”
Antonio Donello: “Rosario es el polo de producción de línea blanca, con el 70% de esos productos fabricados en la región, pero pasamos de tener entre 5000 y 6000 trabajadores a haber perdido más de 1000 puestos, y lo más preocupante es que esta caída puede continuar porque no hay una política industrial clara por parte del gobierno.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en otros sectores?”
Antonio Donello: “Esto termina afectando a todos los gremios porque cuando cae el consumo impacta en comercio, transporte, construcción y en toda la economía, generando un efecto en cadena que deteriora el conjunto del tejido social y productivo.”

LCV: “¿Cómo describís el momento actual del trabajo industrial en Santa Fe?”
Antonio Donello: “Santa Fe era una de las provincias que más crecía en empleo industrial hace pocos años, siempre por encima del promedio nacional, pero hoy estamos entre las que más puestos de trabajo pierden, lo que marca un cambio muy fuerte en la situación económica.”

LCV: “En esta caída, ¿cuál es el impacto más inmediato en la vida cotidiana?”
Antonio Donello: “Hoy incluso los trabajadores con empleo son pobres porque se endeudan con tarjetas para poder comer, algo que antes solo se veía en quienes no tenían trabajo; si no tomamos conciencia, vamos a encontrarnos con un país devastado, sin empresas y sin futuro para nuestros hijos y nietos.”

LCV: “¿Esto puede derivar en mayor conflictividad social?”
Antonio Donello: “Sí, porque cuando hay grandes desigualdades se genera un clima social peligroso, y además hay una violencia política creciente que se naturaliza desde los discursos, lo que después se traslada a la sociedad y puede derivar en más violencia generalizada.”

LCV: “¿Qué rol juega la sociedad frente a este escenario?”
Antonio Donello: “Los argentinos tenemos que reflexionar qué país queremos, porque se está perdiendo esa sociedad solidaria de antes, donde los vecinos se ayudaban; hoy crecen los comedores pero cada vez hay menos recursos, lo que muestra un deterioro profundo del tejido social.”

LCV: “¿Qué medidas están tomando desde el sector sindical?”
Antonio Donello: “El 30 vamos a marchar en la provincia y el primero vamos a participar de una reunión con el Frente de Sindicatos Unidos y un congreso nacional, porque entendemos que es necesario organizarnos para enfrentar este modelo y defender el trabajo.”

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Paro nacional semanal universitario

En el marco de una nueva semana de paro en las universidades nacionales, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, analiza el estado del conflicto, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y las distintas medidas de fuerza que se están llevando adelante. También reflexiona sobre el impacto en la formación, el rol del Estado y la necesidad de articulación entre sectores en lucha.

LCV: ¿Contanos un poco qué está pasando en esta primera jornada de paro y durante toda esta semana?

Laura Carboni: «Bueno, el reclamo tiene que ver con que no pagaron y apelaron a la Corte Suprema. Nosotros el 31 de marzo tomamos nota de que el contencioso administrativo federal le había respondido al gobierno que tenía que aplicar la ley de financiamiento universitario. Transcurrió el tiempo, el gobierno tenía un plazo para apelar o presentar algún recurso y finalmente lo hizo, creo que hace unos diez días, justo cuando estaba por vencerse ese plazo. Una vez presentado, el contencioso la semana pasada suspendió la cautelar que había sido emitida el 31 de marzo a la espera de que se resuelva ese recurso. Por lo tanto, hoy la ley no se está aplicando. Lejos de eso, nos llegó el instructivo de liquidación de salarios de abril con un 1,7% de aumento, lo que consideramos una burla, una falta de respeto y una situación de crisis para las familias trabajadoras docentes y no docentes. En esta semana hay paro desde el lunes hasta el sábado 2. En la Universidad de Buenos Aires hay facultades con distintas medidas: por ejemplo, en Exactas están de paro desde el 16 de marzo, con clases públicas cerca del espacio de la memoria y cortes en accesos; en Sociales habrá clases públicas martes y miércoles; y en Filosofía optaron por paro sin actividad. En cada lugar hay acciones diversas porque buscamos sostener la lucha y visibilizar el conflicto frente a un gobierno que se niega a cumplir la ley bajo el argumento de un supuesto desequilibrio fiscal. La ley, además, establece de dónde salen los recursos, por lo que está plenamente justificada y debería estar en vigencia. Es muy notorio que un gobierno que se presenta como el más moral incumpla una ley votada por el Congreso. En este momento estamos a la espera de definiciones del Consejo Interuniversitario Nacional, que es quien inició el amparo, porque son ellos quienes deben impulsar la ejecución de la cautelar.»

LCV: ¿Existe algún tipo de apelación jurídica además del paro por parte de ustedes?

Laura Carboni: «Nuestra federación también presentó el año pasado un amparo, pero todavía no fue legitimada como parte de la misma causa que lleva adelante el Consejo Interuniversitario Nacional. Por lo tanto, no hemos recibido respuesta, porque ni siquiera nos consideran parte del expediente. Es increíble que a los trabajadores no se los reconozca en una causa que los afecta directamente. En cuanto a estudiantes y familias, pueden presentar amparos, pero el juez debe admitirlos dentro del expediente para que tengan efecto. Desde lo jurídico, la causa principal es la del CIN, y todo se mueve a partir de esa presentación, aunque políticamente sumar actores podría fortalecer el reclamo.»

LCV: ¿Cómo se sostiene la formación y la transmisión de conocimiento en este contexto de conflicto?

Laura Carboni: «Nosotros no estamos desconectados de los estudiantes ni de las aulas, porque realizamos muchas actividades en conjunto, como clases públicas, incluso en espacios como Plaza de Mayo, donde compartimos con estudiantes. Sin embargo, lo que no hay hoy es normalidad en las facultades, ni en la Universidad de Buenos Aires ni en el resto del sistema. Para que haya formación, también tienen que existir condiciones materiales: presupuesto, salarios dignos y funcionamiento institucional. Si eso no está, se dificulta todo el proceso educativo. Aun así, buscamos sostener el vínculo pedagógico y la transmisión de conocimiento por otras vías, entendiendo la preocupación de estudiantes y familias, pero también señalando que sin financiamiento no hay posibilidad de garantizar educación de calidad.»

LCV: ¿Cómo ves el escenario general y qué salida imaginan?

Laura Carboni: «Nosotros creemos que la clave es que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario. Hay una decisión política de ajuste que afecta a todo el sistema educativo, no solo a la universidad, y eso genera una situación de asfixia. Al mismo tiempo, vemos que hubo resistencia: no pudieron avanzar con el arancelamiento ni con la privatización porque estudiantes, docentes y no docentes pusimos un límite. Frente a eso, la estrategia del gobierno es recortar presupuesto o dar aumentos mínimos. Por eso es fundamental la organización y la articulación con otros sectores en lucha. Una señal muy importante sería la marcha federal universitaria del día 12, donde esperamos que participe toda la sociedad. También creemos en la coordinación con otros conflictos, como los de jubilados, trabajadores y sectores afectados por el ajuste. Solo con unidad y movilización se puede frenar esta situación y defender la universidad pública.»

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