Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Planeta Giussani, emitido el 8 de diciembre de 2025

Muy buenas tardes, mis queridos planetarios. Aquí estoy, en este pueblo que parece fuera de todo tiempo y lugar. En realidad, lugar y tiempo son casi la misma cosa ¿no? La distancia cómo se juzga si no es a través del tiempo, es decir cuánto tiempo tardás para ir de un lugar a otro.

Pensaba en estas cosas porque, como imaginarán, acá en Italia los canales de televisión pasan horas y horas en un debate bastante interesante sobre el rol de Europa en estas guerras, ver qué hacen con Zelensky y Putín, qué pasa con Gaza -que ya casi salió de las primeras planas- y yo estaba preparando un informe sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Tan lejos y tan cerca siento ese bello continente.

Me impactaba mucho que la brutalidad que empezó en septiembre por el gobierno de Estados Unidos que comenzó a bombardear barcazas sin tener ningún dato previo, ni justificativo, ni juicio, ni saber quiénes eran siquiera los muertos. Sostenían que se trataba de narcotraficantes, así lo repetían los medios, hasta que se descubrió que algunas de las víctimas eran simples pescadores. Y ni siquiera venezolanos, hubo ‘daños colaterales’, vidas arrancadas del mar, de Trinidad Tobago y Colombia, tal como lo denunció en su momento el presidente Petro.

En septiembre se lanzó esta campaña contra el supuesto narcoterrorismo venezolano, hasta ahora la guerra no declarada tiene 84 muertos en su lista. Todos civiles. La cosa fue en aumento, alrededor del 10 de septiembre los ataques ya no fueron a botes anónimos, Trump se presentaba ante el mundo con un operativo hollywoodense con soldados que descendían de helicópteros, armados hasta los dientes, y tomaban un petrolero que estaba cerca de la costa venezolana. La tripulación, civil, no opuso resistencia. Se dijo que el buque transportaba petróleo hacia Cuba e Irán, y que no tenían los permisos en regla. También se dijo que Trump lo único que dijo es que ‘fue confiscado por una muy buena razón’. La razón era su carga, porque estamos en esta etapa en la que parecemos jugar a ‘viene un barquito cargado de…”. Bien este barquito venía cargado de toneladas de petróleo, equivalente a una suma de 80 millones de dólares.

Ni lerdo ni perezoso, hombre práctico, al fin, el presidente de Estados Unidos anunció que ese petróleo que, según él no cumplía con los requisitos de exportación necesarios, se los quedaba él. Y a otra cosa.

Yo, que justo estaba haciendo un informe para denunciar las muerte de 84 personas en barcas sin identificar, sin juicio previo, sin detenerlos para obtener información de inteligencia. Indefensos, pescadores o no, caían bajo un bombardeo decidido en otras latitudes, sin que el mundo alzara la voz. Salvo Colombia y México, silencio de estampa para los presidentes latinoamericanos.

Si eso ya me parecía una violación inaudita de la soberanía de un país y de los derechos internacionales, de pronto aparecía esta acción digna de Piratas del Caribe. Estados Unidos abordando petroleros. Y ese fue el primero. Después vinieron otros.

En eso andaba cuando llegar un amigo italiano a casa, que está muy obsesionado con las guerras de Ucrania y Gaza, y con el rol de Europa en estas cuestiones, y se sorprendió cuando le conté que Trump estaba bombardeando barcos y robándose buques petroleros internacionales en aguas que no les pertenecían. Llegó incluso a prohibir los vuelos por cielo venezolano, un delirio, una violación a la soberanía de un país independiente sin precedentes.

Mi amigo quedó sorprendido, no sabía nada de esto -y es un hombre informado-. Su razonamiento fue: “Es que todo eso está muy lejos, así como quizás en latinoamérica no hay tanta conciencia por el genocidio de Gaza, porque queda lejos, acá no nos enteramos de Venezuela.”

Puede la distancia ser un motivo? No creo.

Señoras y señores, la distancia ya no es lo que era. Pueden tirarte un misil desde Irán que explote 10 minutos después en norteamérica dando con una precisión pasmosa en el blanco. Un hacker está en condiciones de dejar sin electricidad a medio continente europeo trabajando en Singapur.

Además, el que anuncia que terminará con la ‘dictadura narcoterrorista de venzuela”, a fuerza de violaciones de todo tipo de derechos internacionales y humanos, no es otro que el mismo personaje amarillento que se presenta a Europa como el pacifista serial, opina sobre los que pasa en cada país, salta de un lugar a otro levantando el dedo, mientras anuncia invasiones que empezarían por Venezuela pero podrían ir también por Cuba

Pueden los europeos no saber lo que hace Trump en su propio continente? Pueden ignorar la oposición interna que tiene es su país?

Es cierto que en Italia la discusión es fuerte sobre qué juego debe jugar, al menos es un continente que discute. Las decisiones, finalmente, terminan siendo peores que los debates, y la marcha armamentística contra una hipotética invasión de Rusia está imponiéndose. Pero, hay un debate en el parlamento, en los estados nacionales, entro los oficialismos y la oposición.

América Latina, en cambio, presenta una indiferencia pasmosa. Un silencio atronador. El único que habla es Trump quien acaba de declarar que ya hicieron el trabajo más difícil, que eran las operaciones navales, y ahora se vienen los ataque por tierra. Lo anuncia, así, a boca de jarro, porque no sólo nadie le está pidiendo explicaciones desde los países que algún poder tienen todavía, sino que además logró que se le diera el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado, líder de la oposición venezolana, que pide a gritos la intervención militar norteamericana para sacar al dictador.

Se está poniendo de moda la idea de que si querés la paz, tenés que jugar a la guerra. Armarte más y más. Mostrar los dientes. Provocan tanto que el perro del vecino algún día va a saltar finalmente el cerco y te va a clavar los dientes en la yugular sin soltarla, porque es un perro bravo. Y entonces sí, tendremos una noción más cabal de qué significa esta puesta en el tapete de los riesgos de catástrofes, que empezaron con un kit de sobrevivencia hace un año y ahora ya se perfila como un regreso al servicio militar.

Claro que uno suele mencionar a los líderes de las diversas potencias, Trump, Putin, Netanyahu, Zelensky, etc. Pero está claro que no se trata de hombres, más bien de intereses económicos y una cosmovisión que está acompañada por millones de personas. Ellos son los hacedores de los actos que el presidente apenas imagina.

Uno de ellos es Peter Brian Hegseth, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Hacia él apuntó LCV para su próximo informe. Clara muestra del mundo en que vivimos: Veterano de guerra, conductor de televisión, comentarista político, frustrado candidato republicano, y autor de cinco libros en los que expresa con claridad su pensamiento. Tanta claridad que provoca escalofríos. Consideramos que debemos conocer en profundidad a quienes se presentan como salvadores de la tierra. Será tema de nuestro próximo informe.

Sección de Laura Giussani Constenla, en el programa La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, que se emite los lunes de 18 a 20 por larz.com.ar Conduce: Nora Anchart

En un contexto de caída del consumo, cambios en los hábitos infantiles y preocupación por la seguridad de los juguetes, la industria juguetera atraviesa un año complejo. Sin embargo, iniciativas como la Noche de las Jugueterías buscan fortalecer al comercio de cercanía y sostener la actividad. En diálogo con LCV, Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, analizó los resultados de la jornada, la situación del sector y los desafíos que enfrenta la industria nacional.

LCV: Hace muy pocos días, el 11, se realizó la Noche de las Jugueterías. Contame qué resultados tuvieron, cómo fue la jornada.

Julián Benítez: “Fue una muy buena jornada, con una gran adhesión por parte de los comercios. La gente se acercó para conocer novedades y realizar reservas, lo que muestra una de las fortalezas de las jugueterías de barrio: el comerciante de cercanía puede reservar un juguete a un cliente de toda la vida y guardarlo hasta el momento de una promoción bancaria. Ahora estamos complementando esta iniciativa con los días clave que definen el desempeño de la temporada de fin de año, especialmente Navidad.”

LCV: ¿Cuántos barrios abarcó la Noche de las Jugueterías?

Julián Benítez: “Fue una jornada federal, con participación de jugueterías de todo el país.”

LCV: ¿En qué lugares tuvo más impacto? Pienso en Córdoba, Jujuy.

Julián Benítez: “Siempre de acuerdo a la densidad poblacional, pero el impacto se notó en todo el país. Lo más importante es remarcar que existe una manera diferente de comerciar cuando hablamos de un comercio de proximidad.”

LCV: Recién hablábamos del valor del comercio de cercanía.

Julián Benítez: “El objetivo es invitar a la gente a volver al comercio pyme y a la juguetería tradicional para encontrar el juguete indicado. Ese es el valor agregado: la recomendación del juguetero, que orienta según la edad y los intereses de los chicos, y pone la cara por la calidad de lo que está vendiendo.”

LCV: ¿Cómo convive esto con el crecimiento del comercio online?

Julián Benítez: “Hoy hay una reconfiguración de los canales de comercialización, con un fuerte crecimiento del e-commerce, que es muy útil cuando ya se sabe exactamente qué comprar. Pero no siempre es así, y ahí el comercio de cercanía sigue siendo fundamental. Además, el comercio online explica entre el 25 y el 30% de las ventas totales, mientras que el comercio de proximidad continúa siendo mayoritario.”

LCV: Paso del minorista al fabricante. ¿Cómo está la industria hoy?

Julián Benítez: “El nivel de actividad de las pymes es bajo en comparación con años anteriores. Se trabaja a un solo turno y seis de cada diez máquinas no están funcionando plenamente, lo que implica una capacidad ociosa del 50 al 60%. La principal problemática del año fue la caída del consumo general, que afecta no solo a la industria del juguete sino a todos los sectores.”

LCV: Además hay cambios en los hábitos de los chicos.

Julián Benítez: “Sí, cada vez pasan más tiempo frente a pantallas y menos tiempo jugando con juguetes. Esto no solo preocupa a la industria, sino también a la educación y al desarrollo infantil. Junto a pediatras y especialistas vemos problemas de sedentarismo, obesidad, falta de atención y dificultades para tolerar la frustración, algo que antes se aprendía jugando juegos de mesa en familia.”

LCV: Justamente, los juegos de mesa cumplen un rol educativo.

Julián Benítez: “Exactamente, ayudan a aprender a ganar, perder y respetar reglas, que es la vida misma. Por eso insistimos en volver a poner el juego en agenda, incluso el juego sin consignas, el aburrirse, que es fundamental para estimular la creatividad.”

LCV: También expresaron preocupación por los juguetes importados sin controles sanitarios. ¿Qué están reclamando?

Julián Benítez: “Es un problema multivariable. El contrabando elude los controles oficiales y hace ingresar juguetes que no cumplen con la norma técnica de seguridad ni con los procesos de certificación. Desde agosto cambió el esquema de fiscalización y ahora se controla en el mercado, lo que es un gran desafío en un país tan extenso. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: ya se retiraron productos peligrosos, se eliminaron publicaciones online y se avanzará con multas. Además del riesgo para los chicos, estos productos generan competencia desleal porque se venden a precios irrisorios al no cumplir ningún control.”