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Brasil : ¿elecciones sin Lula?, por Ramón García Fernández

Hace un mes que el ex-presidente Lula está preso en Brasil por un proceso escandaloso y arbitrario. Hay quienes evalúan que, dadas las múltiples irregularidades del proceso, Lula saldrá en breve de la cárcel, mientras que a otros les parece que eso es casi imposible, pues todas las artimañas jurídicas tenían esa prisión como su principal objetivo desde el comienzo de las investigaciones fraudulentas.  De cualquier manera, más que la situación personal de Lula, por más injusta que sea, la cuestión crucial es cómo eso va a afectar el futuro de Brasil. Para eso tenemos que volver al golpe parlamentario que depuso a la presidenta Dilma y puso en su lugar al vicepresidente Michel Temer.

En 2014, en una elección tan disputada como la Argentina de 2015, Dilma se impuso por una diferencia de 3,2% (ligeramente mayor que la de Macri sobre Scioli). Sin embargo, el PMDB, partido que integraba la alianza ganadora, y al cual pertenece Temer, consiguió una representación mucho mayor en diputados que el PT y que los partidos de izquierda en general (en Brasil no hay listas; los votos a diputados son individuales, aunque las bancas son distribuidas por coaliciones). Por eso, Dilma empezó su mandato con un congreso donde tenía serias dificultades para conseguir cualquier cosa. Para empeorar la situación, un diputado del PMDB, Eduardo Cunha, un político muy próximo a Temer, consiguió ser elegido presidente de la Cámara de Diputados contra la articulación de Dilma y del PT, pero con total apoyo de la oposición. Cunha nunca le perdonó a Dilma que no lo apoyara, y empezó a hacerle oposición sistemática.

De todos modos, un observador podría preguntarse cómo partidos y políticos de centro o centro derecha, en algunos casos muy conservadores, apoyaban a los gobiernos de Dilma y Lula. Efectivamente, para eso hay que entender un fenómeno que en Brasil se denomina “presidencialismo de coalición”. Eso quiere decir que, por la fragmentación partidaria, generalmente los gobiernos no pueden tener mayoría, y siempre precisan un apoyo de otros partidos. Ese apoyo significa ministerios, cargos, e inclusive dinero, para conseguir votos cruciales en el congreso. De esa manera, Lula consiguió hacer dos mandatos que agradaron a casi todos, sin pelearse mucho ni con los opositores. Dilma nunca tuvo la habilidad de negociación de Lula, y eso complicó una situación económica que ya venía deteriorándose por el panorama internacional desfavorable. Las “jornadas de junio” de 2013 fueron canalizadas por la derecha para crear un clima opositor en las grandes capitales del Sur y del Sudeste de Brasil. Sin embargo, la simpatía por Lula y su heredera política se mantuvo firme en el Nordeste, y fue con los votos de esa región Dilma consiguió reelegirse.

Casi inmediatamente después de la elección, la reacción de los sectores conservadores llevó a que los políticos del PMDB, especialistas en detectar de donde vienen los vientos, pasaran a presionar al gobierno, sumándose a la campaña opositora. Además de las maniobras en el congreso, lo más claro fue la adopción por el PMDB como carta programática de un documento llamado “Un puente para el futuro”, que esencialmente es una réplica del programa del candidato derrotado en la elección de 2014. Ese documento fue publicado en octubre de 2015, y Temer diría más tarde que el rechazo de Dilma a aceptar esas propuestas fue el motivo de que su partido pasara a la oposición.

El juicio político a Dilma, basado en que habría hecho maniobras para que el déficit fiscal pareciese menor de lo que en realidad era (algo que todos los presidentes anteriores también hicieron) estaba decidido antes de empezar; los motivos fueron irrelevantes, y por eso las justificativas orales de los votos por la destitución representaron uno de los episodios más vergonzosos de la historia política de Brasil.

Con Temer en el gobierno, comenzó la adopción de un programa neoliberal, con intentos de reformas de las relaciones de trabajo, de las jubilaciones, del gasto público, etc. Algunas leyes fueron aprobadas, otras no. Esas leyes fueron aprobadas en el gobierno con mayorías inéditas, lo que contrasta especialmente con un gobierno cuya imagen en las encuestas de opinión siempre fue muy negativa; se puede aceptar que su imagen de “excelente y bueno” nunca pasó del 15%, pero hace mucho está debajo de los 10%, mientras que cada vez más los que lo veían como regular o no tenían opinión (poco menos de la mitad cuando asumió) hoy se reducen vertiginosamente, siendo alrededor del 20%. Contribuye para la falta de apoyo a Temer la vinculación de su nombre y de su partido con hechos de corrupción muchos más sólidos que las supuestas reformas del supuesto departamento de Lula, después de que la lucha contra la corrupción era la bandera que unió a los opositores al gobierno de Dilma. Sin entrar en las delaciones sin pruebas y sin juicio, cuyo uso siempre va contra los principios básicos del derecho, su aliado y expresidente del congreso Eduardo Cunha está hoy preso por poseer millones de dólares en el exterior en cuentas no declaradas; además, se descubrió en un departamento de uno de sus principales aliados, el diputado Geddel Lima, cajas que contenían billetes que sumaban alrededor de 15 millones de dólares en efectivo (más que los famosos “bolsos de López”). Obviamente, la gran mayoría de los ciudadanos que ruidosamente pedían la caída de Dilma por su “corrupción” hoy están callados, y las pocas manifestaciones festejando la prisión de Lula son una pálida sombra de lo que fueron en su auge en 2015 y 2016.

En ese clima complicado, y aplicando políticas recesivas, el gobierno Temer empeoró la crisis recibida de Dilma (cuyo breve segundo mandato fue caótico). El producto siguió cayendo (sólo la agricultura tuvo un buen desempeño), el desempleo aumentó, y talvez el mejor número que Temer pueda presentar es la caída de la inflación provocada por esa misma recesión.

El gran interrogante es qué puede pasar en las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas mostraban un apoyo creciente a Lula, que ganaría contra cualquier opositor en el ballotage. Aunque el PT afirma que mantendrá la candidatura de Lula, parece irrealista apostar en que sea autorizada. La duda es sobre quién podrá ser el heredero de sus votos. ¿Indicará Lula un candidato de su partido, apoyará alguien de centroizquierda, alguien aún más a la izquierda que él, o simplemente pedirá un boicot a las elecciones? El exgobernador y exministro Ciro Gomes se propone como un candidato de centroizquierda, mientras que el piquetero Guilherme Boulos y la diputada Manuela d’Ávila podrían ser los nombres más a la izquierda. El primero tiene un desempeño flojo en las encuestas, el que aún así es mucho mejor que el de los otros dos. El PT también podría elegir otro candidato, pero la insistencia en el nombre de Lula traba cualquier articulación.

Por el lado de la centroderecha, todos quieren despegarse del gobierno Temer, aunque lo apoyan con votos en el congreso y defienden las mismas medidas. Los potenciales candidatos del PMDB (ahora sólo MDB) no mueven el amperímetro en ninguna encuesta. Los del partido de oposición tradicional, el PSDB, que llegó al ballotage y lo perdió en las últimas cuatro elecciones presidenciales, trata de tornar viable algún candidato (talvez sea el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, ya derrotado por Lula en 2006), después de abandonar la idea de postular un popular animador de TV sin ningún antecedente político. El rechazo al partido en el Nordeste se suma al rechazo provocado por la caída del prestigio del último candidato a presidente, el exsenador Aécio Neves, ahora investigado en varias causas de corrupción, aunque otras tantas ya prescribieron. Si la mayoría de los electores del PSDB en las últimas cuatro elecciones parecen dispuestos a abandonar el partido, otros candidatos tratarán de atraerlos, pero sin dudas ese espacio está fragmentado. Entre ellos, el ex juez de la Suprema Corte Joaquim Barbosa y la exministra Marina Silva, tercera colocada en las dos últimas elecciones, luchan para ganar esos votos presentándose como alternativas “puras” ante la corrupción vista como general en los otros partidos. Ambos son negros, de origen humilde, y con seguridad usarán ese argumento en sus campañas.

El fantasma de la elección es el diputado y capitán retirado Jair Bolsonaro; en términos argentinos, podría ser comparado con Aldo Rico, Patti o Bussi . Sus posiciones de extrema derecha, defendiendo torturadores de la dictadura, sus comentarios homofóbicos, su defensa del porte de armas y de la pena de muerte, etc., provocan rechazo de la mayoría, pero aún así es el candidato con mayores intenciones de voto después de Lula.

Muchos entienden que Bolsonaro ya está en el ballotage. Entonces, el haría un papel semejante al de los Le Pen, padre e hija, en Francia, uniendo contra sí todos los otros candidatos de centroderecha a extrema izquierda en un frente antifascista. En ese caso, la cuestión clave es saber quién va a ser ese candidato.

Sea quien fuere el próximo presidente o presidenta, encontrará un país más pobre, dividido, y con problemas sociales que se agravaron en los últimos años, después de la significativa mejoría que se había visto en los gobiernos de Lula. Pero difícilmente el político que condujo al país en su mejor período de los últimos cincuenta años pueda ser candidato.

Especial para La Columna Vertebral de Ramón García Fernández, Profesor titular de Economia de la UFABC (Universidade Federal do ABC) en San Pablo, Brasil.

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España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.

Veinte minutos fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dejase clara la postura española frente a los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán: “La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y de bombas. Y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

Añadió, además, que esta apuesta por el derecho internacional, enarbolada también por España en los conflictos de Ucrania, Groenlandia, Palestina o Venezuela no supone defensa alguna del régimen iraní: “Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España” -afirmación que relacionó con la sangrienta invasión de Irak, dirigida hace 23 años por George W. Bush con el apoyo y aplauso de los líderes británico y español, Tony Blair y José María Aznar-“La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver”.

Una respuesta que, más allá de las palabras, se complementa con la negativa a que Estados Unidos utilice dos de las tres bases militares (Rota y Morón, sitas en Andalucía desde 1953 en virtud a los pactos alcanzados con Franco) de titularidad hispano-estadounidense para la materialización de los ataques contra Irán, negativa que ha contrariado al presidente estadounidense Donald Trump hasta el punto de anunciar la ruptura de relaciones comerciales con España (algo imposible de materializar tanto en base al derecho privado -los tratos entre empresas- como al hecho de que España pertenece a la Unión Europea que pacta como bloque con Estados Unidos).

Interpretación en clave electoral

España vive una seguidilla, un carrusel, de elecciones autonómicas (equiparables a las provinciales argentinas) provocado por el derechista Partido Popular (PP) con la intención última de debilitar al Partido Socialista (PSOE) y forzar a su líder y presidente del Gobierno, Sánchez, a llamar a elecciones generales. De hecho, desde que Sánchez asumió la presidencia toda la estrategia del PP ha estado dirigida a desalojar a este del ejecutivo embarrando la cancha sea cual sea la polémica que se planteé y valiéndose para ello, por lo general, de una asombrosa pobreza de argumentos.

Así las cosas, no hay interpretación del discurso de veinte minutos que no tenga la carrera electoral como punto de salida y final del análisis, sea este realizado desde la izquierda o la derecha.

El progresismo subraya la autonomía y dignidad españolas a la hora de tomar decisiones, cuyos opuestos se personifican en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejos del servilismo europeo, obviando que durante los gobiernos presididos por Sánchez España ha batido todo récord en gasto armamentístico e implicación en las labores de la OTAN, y que en estos días España está enviando buques de guerra al Mediterráneo oriental con el pretexto de defender Chipre (miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN).

Por otra parte, hay un punto en común en casi todos los análisis, vengan por izquierda o derecha: el paralelismo establecido por Sánchez entre la situación actual y la guerra de Irak de hace 23 años, el rescate del “no a la guerra” que entonces movilizó de forma mayoritaria a la sociedad española, más allá de reafirmar la vocación por el diálogo del ejecutivo español tendría también la intención de encolumnar a los votantes de izquierda tras el PSOE; como sucediera con la guerra de Irak, el rechazo a la guerra (según las encuestas más de la mitad de la población española comparte la posición de Sánchez) movilizaría este sector del electorado en plena coyuntura adversa (la izquierda tuvo un muy mal desempeño en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, diciembre de 2025 y febrero de 2026) y en puertas de las autonómicas de Castilla-León y Andalucía

Las derechas, por su parte, tirando de una lógica tan elemental como torticera e infantil defendieron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ´régimen odioso¨. Siguiendo en el desprecio al derecho internacional ya manifestado durante la crisis venezolana, Feijóo añadió que “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay”. Aseguró, por otro lado, que apoyar el belicismo y el desprecio por la ley es estar junto a las democracias liberales, junto a Occidente y, siguiendo esta lógica primariay de tintes electorales, lo contrario es participar del eje del mal: “No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados”, insistió, mientras acusaba al presidente Sánchez de no defender “los intereses generales de España, sino a sus necesidades políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”.

Todo el PP, consciente del apoyo de la sociedad civil al “no a la guerra” ha salido a repetir los argumentos de su líder aunque sin aportar ni originalidad ni brillantez a los argumentos de este. De este modo, su portavoz parlamentaria Ester Muñoz manifestó que la complejidad del derecho internacional impide caer en el simplismo de eslóganes sobre la guerra, defendiendo que, aunque todos están en contra de los conflictos armados, la situación actual es mucho más profunda, sin explicar ninguna de estas afirmaciones y para, a continuación, evitando una vez más pronunciarse sobre la cuestión de la violación del derecho internacional por parte de Israel y Estados Unidos, señalar que Irán “no respeta el derecho internacional” puesto que se dedica a lapidar mujeres, colgar a homosexuales y alentar el terrorismo internacional. Retrucando, que es gerundio.

La extrema derecha, Vox, capitaneada por Santiago Abascal, aliado de Milei, y que disputa al PP el liderazgo del bloque de derechas, también se abraza al agresor norteamericano a pesar de las amenazas contra la España que tanto dicen amar y defender valiéndose de los mismos argumentos del PP, partido al que perteneció durante 19 años. Obviando el derecho internacional, igual que Núñez Feijóo, Abascal dijo que si el régimen «tiránico» de los ayatolás cae, “el mundo será más libre”, y enmarcó la agresión en lo que definió como “la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás”.

Al hilo, criticó la política exterior del Gobierno español, asegurando estar preocupado porque Pedro Sánchez, acerque a España a «la oscuridad antioccidental» con posiciones contrarias a los intereses occidentales, que reciba los aplausos de Hamás o de los talibanes y pretenda “enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán”.

Vox, financiada en 2014 con cerca de un millón de euros procedentes de oscuros grupos del exilio iraní, ha propuesto al PP por boca de su presidente Santiago Abascal presentar una moción de censura parlamentaria contra el presidente Sánchez. Un paso más en la competición por los votos. Abascal, antiguo ñoqui del PP, asegura que Sánchez se disfraza “de pacifista” y utiliza su política exterior contra el genocidio en Palestina y ahora contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para su propio beneficio. “Miente porque quiere la guerra. Quiere todas las guerras porque eso le permite ocultar sus crímenes y sus corrupciones. Es el personaje más miserable porque es el carroñero que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles”, ha dicho. Y ha añadido: “Sánchez celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones”.

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“La Ley de Glaciares no se toca”: la campaña que advierte que están “rifando el agua del presente y del futuro”

En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, la activista socioambiental Paula Kaeser explicó en qué consiste la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, cuestionó la media sanción obtenida en el Senado y alertó sobre los riesgos de la megaminería, la privatización del agua y el uso intensivo de recursos por parte de la inteligencia artificial. “No están discutiendo un cubito de hielo: están discutiendo la reserva estratégica de agua dulce de la Argentina”, afirmó.

LCV: ¿En qué consiste esta campaña plurinacional por la Ley de Glaciares?

Paula Kaeser: “La campaña se llama ‘La Ley de Glaciares no se toca’. Lo que ocurrió fue que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados. Algunos lo presentan como un logro, pero es apenas un paso en una disputa muy compleja. Lo que estamos pidiendo es que no se modifique la ley para habilitar actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglaciar, porque eso implica poner en riesgo la principal reserva de agua dulce que tenemos.”

LCV: ¿Cómo se le explica a un ciudadano común —o a un diputado que minimiza el tema— por qué esto es tan grave?

Paula Kaeser: “Cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo del agua, nos explicaban cómo el agua baja de las montañas, alimenta los ríos y permite la vida en todo el territorio. Si destruís glaciares o descuidás el ambiente periglaciar, alterás ese sistema. No es un pedacito de hielo aislado: es un ecosistema conectado. Si se habilitan proyectos megamineros en esas zonas, la consecuencia es que la reserva de agua dulce puede quedar contaminada o directamente agotada.”

LCV: ¿Tenés ejemplos concretos de lo que puede pasar?

Paula Kaeser: “En la provincia de San Juan, en el departamento de Jáchal, la actividad minera generó derrames que afectaron una cuenca completa. Ese pueblo vivía de dos ríos; tras la contaminación, tuvieron que modificar su sistema de abastecimiento porque uno ya no podía utilizarse para consumo ni riego. A partir de ahí empezaron a registrarse más enfermedades, incluso casos de cáncer, algo que los vecinos remarcan que no era habitual décadas atrás.”

LCV: También mencionaste el tema del acceso al agua potable.

Paula Kaeser: “En Argentina todavía hay un porcentaje muy alto de población sin acceso pleno a agua potable. Y mientras no terminamos de garantizar ese derecho básico, se pretende avanzar sobre las reservas estratégicas. Es un contrasentido: no llegamos a potabilizar el agua para todos y al mismo tiempo queremos habilitar actividades que pueden deteriorar la fuente.”

LCV: ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial y los proyectos que se mencionan para la Patagonia?

Paula Kaeser: “Los grandes centros de datos que sostienen la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía y agua para refrigeración. Son servidores que funcionan de manera permanente y generan mucho calor. Para enfriarlos se usan sistemas que demandan millones de litros de agua dulce. Entonces, cuando se habla de instalar polos tecnológicos en zonas frías con abundancia de agua, estamos hablando también de presión sobre un recurso finito.”

LCV: También mencionaste la presencia de empresas extranjeras en la gestión del agua.

Paula Kaeser: “Hace años que denunciamos el avance de Mekorot en convenios vinculados al manejo del agua. Por eso impulsamos también la campaña ‘Afuera Mekorot’. Creemos que el agua es un bien común y no puede quedar sujeta a lógicas de negocio. Lo mismo advertimos sobre procesos de privatización en áreas metropolitanas.”

LCV: ¿Cuál es tu perfil y desde dónde impulsás esta militancia?

Paula Kaeser: “Soy maestra jardinera y licenciada en administración hotelera, pero hoy me defino sobre todo como activista socioambiental. Formo parte de la campaña ‘La Ley de Glaciares no se toca’, de ‘Afuera Mekorot’ y de la coordinadora ‘Basta de Falsas Soluciones’, que articula asambleas y espacios territoriales de todo el país.”

LCV: Si alguien quiere sumarse o informarse, ¿cómo puede hacerlo?

Paula Kaeser: “En Instagram pueden encontrarnos en @bastafalsasoluciones y @fueramecorot. Y para información específica sobre glaciares está el blog ‘laleydeglaciaresnose toca.blogspot.com’, donde hay materiales, videos y documentos para descargar y trabajar en escuelas o espacios comunitarios.”

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Paula Arkerfeld, docente y miembro de SUTEBA: “El modelo educativo de Milei es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Paula Arkerfeld, docente de educación especial en la provincia de Buenos Aires, analizó el inicio del ciclo lectivo atravesado por paros nacionales, rechazo paritario y una profunda crisis salarial. Cuestionó tanto las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como la administración provincial de Axel Kicillof, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza, el impacto social en las escuelas y el debate pendiente sobre el modelo educativo.

LCV: ¿Cómo viene el tema en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases y demás?

Paula Arkerfeld: “Hoy estuvimos iniciando una jornada de paro nacional que fue muy fuerte en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana continuamos con una medida de fuerza porque se rechazó la oferta paritaria del gobierno de Kicillof. El miércoles va a haber una nueva reunión, pero estamos hablando de salarios que realmente nos dejan por debajo de la línea de pobreza. Estamos entre los cuatro peores salarios a nivel nacional, siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica. Con 750.000 pesos una maestra no puede vivir, y eso nos obliga a tener otros trabajos o hacer Uber, lo que va en detrimento de la calidad educativa de los chicos.”

LCV: ¿Cómo te cayó el fragmento del discurso del presidente hablando de la importancia de la educación como un baluarte?

Paula Arkerfeld: “Yo creo que el gobierno de Milei desde el primer momento se declaró enemigo de los trabajadores y de la educación pública. Nos recortaron el salario mínimo docente nacional, que hoy está en 500.000 pesos, y convocaron a Paritaria Nacional obligados por una medida cautelar ofreciendo 0% de aumento. Es una burla y un destrato. Es un modelo donde lo que quieren es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera.”

LCV: También hay familias que no pueden sostener la escuela privada y vuelven a la pública. ¿Cómo impacta eso?

Paula Arkerfeld: “Se ve cada vez más reducida la población que puede acceder a la escuela privada, pero para las grandes mayorías lo que ofrece este modelo con reforma laboral es precarización y pérdida de derechos. Nosotras nos movilizamos contra la reforma laboral porque también es una defensa de nuestros estudiantes. Damos todo para que egresen de la secundaria y no tengan ni siquiera acceso a un trabajo con derechos. Ese es el futuro que están proponiendo.”

LCV: ¿Sos maestra de grado?

Paula Arkerfeld: “Soy docente de educación especial. Todo el ajuste y el recorte en políticas de discapacidad nos atraviesa directamente. Acompañamos la lucha de los colectivos de discapacidad porque la escuela vive la crisis social de conjunto. Por eso también planteamos que las familias apoyen esta pelea, que es por los derechos de sus hijos e hijas. Muchas veces se intenta enfrentar a las familias con la docencia, pero hoy se ve más claramente que es una pelea común.”

LCV: ¿Qué pensás de los debates sobre repetición, frustración y el estado actual del sistema educativo?

Paula Arkerfeld: “Son debates muy complejos y necesitaríamos un gran congreso pedagógico para discutir qué escuela necesitamos y cómo salen hoy los pibes. La tarea pedagógica está cada vez más desdibujada porque tenemos que garantizar cuestiones básicas: juntar zapatillas, comprar útiles, ayudar a las familias. Lo hacemos porque tenemos un vínculo con la comunidad, pero en ese contexto es muy difícil abordar la tarea pedagógica como corresponde. Además, muchos chicos no acceden a una lectoescritura comprensiva, y eso también tiene que ver con condiciones materiales, alimentarias y sociales. Los recursos no están.”

LCV: ¿Es solo un problema nacional o también provincial?

Paula Arkerfeld: “Hay fondos nacionales que fueron recortados, pero también hay responsabilidad de la provincia. Hay plata y no hay decisión de ponerla donde corresponde. Estamos teniendo cierre de grados en la provincia de Buenos Aires, no es solo un tema salarial. Podríamos trabajar con grupos más reducidos para atender la complejidad actual, pero se aplican lógicas mercantiles de cantidad de alumnos por maestra. El financiamiento de infraestructura y comedores es muy escaso. En lugar de pagar deudas que benefician a grandes empresarios, necesitamos impuestos a las grandes empresas de la provincia y que esos recursos vayan a educación.”

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