El 12 de agosto de 1944, el ejército nazi fusiló a 560 habitantes del pequeño pueblo de Sant’ Anna de Stazzema. Familias enteras -hombres, mujeres, niños y ancianos- fueron obligadas a salir de sus casa y colocarse frente al pelotón de fusilamiento. En un nuevo aniversario de esta herida abierta, la alcaldesa de Génova fue la encargada de decir unas palabras mientras la primera ministra, Giorgia Meloni, permanecía en silencio. En su discurso, Silvia Salis, dijo lo que había que decir. “La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando.”

“Me llamo Silvia. Soy una ciudadana de la República de Itala. Soy hija de Génova, una ciudad que dio su vida por la Resistencia, que se liberó de la locura del nazifascismo, una ciudad que dio la vida por la Resistencia. Una ciudad medalla de oro de la Resistencia, como lo es Stazzema. Estoy aquí, en este lugar sagrado, NO para recordar. Estoy aquí para no olvidar, que no es lo mismo.

Recordar es una acción que pertenece a la mente. No olvidar también pertenece al corazón. Y hoy, con el corazón, aunque no nos demos cuenta, hacemos ruido. Quiero que este ruido se escuche hasta el valle. Porque estamos aquí para elegir. Para elegir de qué lado estar. Porque cada vez que honramos la masacre de Sant’Anna di Stazzema no hacemos un gesto formal. Tomamos posición. Miramos a la Historia a la cara y decimos: «No olvido. Resisto. Continúo el camino de quienes fueron arrebatados de sus vidas, para defender las nuestras». La memoria de la Resistencia es nuestra memoria, es la memoria de quienes lucharon para derrotar al fascismo y al nazismo. (…)

La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando. Dicen: «La política de hoy ya no es lo que era. Faltan ideologías». En cambio, yo digo que las ideologías sí están ahí. Y añado, afortunadamente, que no me siento como quienes, incluso hoy, minimizan la Historia. No me siento como ellos, ¿es una cuestión de ideología? Quizás, pero sobre todo, es una cuestión de humanidad. Aquí no había un mañana. Porque los ogros cerraron la puerta del tiempo a 560 seres humanos. Algunos dirán: «Pero era tiempo de guerra». Pero la guerra no justifica el horror.

La historia enseña que cuando se pisotean los derechos fundamentales no se trata de un fenómeno aislado. La barbarie se difunde, nuestro mismo ser humanos se pone en discusión.

Hoy como ayer las víctimas son inocentes, y existe todavía quien justifica la violencia contra quien no tiene ninguna culpa. La barbarie de Stazzema es la misma que está devastando otros lugares del planeta. Hoy, Bianca podría ser una mamá de Gaza o de Kiev.

La guerra les quita la máscara a quienes ya han elegido no ser humanos. Cada época tiene su propia forma de difundir la aparente verdad. Érase una vez, había balcones y plazas. Hoy, encuestas, publicaciones, hashtags, frases populistas gritadas en programas de entrevistas, quizás sin siquiera un interrogatorio. El fascismo no le teme a las armas, le teme a la cultura. Le teme a los libros. (…)

¡Viva Santa Ana! ¡Viva la Resistencia!

Creo no exagerar si escribo que centenares de miles de personas en el mundo nos preguntamos por qué nadie detiene la locura criminal del gobierno de Israel en Gaza y los territorios ocupados, por qué los gobiernos que condenan el genocidio no actúan, por qué la Unión Europea mantiene su acuerdo de cooperación política y económica con Israel cuando una de sus condiciones es el respeto de los derechos humanos (Alemania e Italia siguen vendiéndole armas a Israel).

La respuesta más sólida la brindó el 30 de junio último la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, la italiana Francesca Albanese. Tan sólida, documentada y pragmática (por así decir) es dicha respuesta, que la primera reacción de Estados Unidos fue imponerle sanciones personales el 9 de julio, por “colaborar con la Corte Penal Internacional“. “Albanese ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países”, indicó el secretario de Estado de USA Marco Rubio a través de un comunicado. “Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violaciónde la soberanía de ambos países”, añadió.

¿Y qué dice en esencia el informe de Francesca Albanese? Que la verdadera razón son las ganancias que la guerra está produciendo para centenares de entidades corporativas del mundo entero. Su recopilación de datos incluye casi 1.000 entidades del mundo, englobando bajo ese nombre incluso universidades y fondos de pensión de países tan “insospechados” como Noruega.

Cuarenta y cinco entidades nombradas explícitamente en el informe fueron previamente notificadas de las acusaciones en su contra.

Antes de seguir, lo primero: lo mismo hicieron los judíos después de la Soha, al llevar al banquillo de los acusados en Nuremberg (1947-48) a varias empresas, empezando por la más grande de Europa, IG Farben, 13 de cuyos directivos fueron condenados. La empresa tuvo que ser disuelta en 1952 y sus activos se dividieron: Bayer, BASF, Hoechst (luego Aventis, luego Sanofi). Fue el juicio de Nuremberg, entonces, el que sentó las bases legales para definir la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos corporativos.

Sigamos: “Como principal fuente de financiación del presupuesto del Estado israelí, los bonos del Tesoro han desempeñado un papel fundamental en la financiación del ataque en curso contra Gaza”, dice el informe de Francesca Albanese. Al menos 400 inversionistas de 36 países compraron bonos del Tesoro israelíes “incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y 5.000 millones de dólares en febrero de 2025”. Entre quienes compraron los bonos israelíes figuran los bancos más grandes del mundo y fondos de inversión insospechados: “BNP Paribas y Barclays intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del tesoro nacionales e internacionales, lo que permitió a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de la calificación crediticia”. “La Corporación de Desarrollo para Israel (bonos de Israel) triplicó sus ventas anuales de bonos para canalizar casi 5.000 millones de dólares (al gobierno) desde octubre de 2023, y ofrece a los inversores la opción de enviar el rendimiento de las inversiones a organizaciones benéficas que apoyan al ejército israelí y a las colonias”. El presupuesto militar israelí aumento 65% entre 2023 y 2024, siendo uno de los más altos per capita del mundo.

¿Qué empresas? IBM (bases de datos biométricos de palestinos), Hewlett Packard (servidores para la Coordinación de Actividades en los Territorios, cárceles y policía), Microsoft (ciberseguridad y vigilancia). “En 2021, Israel otorgó a Alphabet Inc. (Google) y Amazon.com, Inc. un contrato de 1.200 millones de dólares (Proyecto Nimbus) –financiado en gran medida a través de gastos del Ministerio de Defensa– para proporcionar infraestructura tecnológica básica”. En octubre de 2023, “cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó, Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio Proyecto Nimbus intervinieron con una infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial. Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos”. Y además, impiden su hackeo.

Cuando el Mossad hace operativos “quirúrgicos” para matar en cualquier lugar del mapa a dirigentes que ellos consideran enemigos, está utilizando inteligencia artificial de esas y otras empresas. Como por ejemplo la compañía norteamericana Palantir Technologies Inc. (minería de datos), uno de cuyos propietarios es ideólogo del “libertarianismo”, y su trabajo sirve tanto para rastrear emigrantes perseguidos por Trump en USA como palestinos en Gaza y los territorios ocupados.

Pero no son solo empresa de nuevas tecnologías (Israel ocupó el primer lugar de nuevas empresas tecnológicas en 2024, con un crecimiento de 143% en las dedicas a tecnología militar), hay hasta empresas de turismo: Booking, Airbnb, por ejemplo, promueven alquileres en los territorios ocupados, para hacer turismo. “En Tekoa, Airbnb permite a los colonos promover una “comunidad cálida y amorosa”, encubriendo la violencia de los colonos contra la vecina aldea palestina de Tuqu‘”. Caterpillar Inc, Leonardo DRS, Inc, HD Hyundai, Doosan, Volvo (“Desde al menos 2007, la maquinaria Volvo se ha utilizado para arrasar áreas palestinas, incluidas Jerusalén Este y Masafer Yatta”), Heidelberg Materials AG, la española-vasca Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, el grupo inmobiliario mundial Keller Williams Realty LLC (en 2024, una de sus franquicias Home in Israel, organizó una gira de bienes raíces en Canadá y USA, para vender aptos en las colonias), Drummond Company, Inc., sede en Estados Unidos, y Glencore PLC, sede en Suiza, (proveedores de carbón de Colombia para electricidad), Chevron Corporation, East Mediterranean Gas (uso del territorio marítimo palestino y explicación de su bloqueo), Tamar y el gasoducto del Mediterráneo Oriental., BP PLC, Petrobras, Paz Retail and Energy Ltd., Tnuva (el conglomerado alimentario más grande de Israel), propiedad mayoritaria de Chinese Bright Food (Group) Co., Netafim (riego por goteo) propiedad en un 80% de la mexicana Orbia Advance Corporation, Maersk A/S, el Fondo de Pensiones del gobierno de Noruega, la Caisse de dépot de Québec. Como hubiese dicho algún publicista de los años 90 “es el dinero, imbécil” Trump y Netanyahu han vilipendiado, embargado y amenazado a Francesca Albanese, mujer de 48 años, abogada y académica, quien en sus dos años de Relatora ha logrado probar que el genocidio en Gaza sigue por intereses económicos de empresas del mundo entero. Y eso incluye universidades que colaboran en investigaciones aparentemente neutras, como la ANII de Uruguay. Su informe se titula “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.

¿Quién protege a Francesca Albanese, que habla en nombre de la ciudadanía mundial?

Publicamos completo el post que la escritora nicaragüense Gioconda Belli compartió en su facebook ayer: 4 de agosto de 2025. Lleva casi tres años de exilio luego de haber luchado por la revolución sandinista, hoy traicionada por Ortega.

Sabía lo que era el exilio, pero nada me preparó para vivirlo otra vez después de cumplir los 70.Tenía 26 años la primera vez que tuve que exiliarme. Era 1975, y salí de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Anastasio Somoza Debayle, el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo. En ese entonces, era una revolucionaria comprometida, dispuesta a morir por mi país en la lucha contra la tiranía.

El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador.

En 2023, junto con otros cientos de intelectuales y disidentes nicaragüenses, fui despojada de mi ciudadanía por el presidente Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua durante casi dos décadas. Aun quienes encontramos refugio en el extranjero ya no nos sentimos seguros. Roberto Samcam Ruiz, mayor retirado del ejército y crítico declarado de Ortega, fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica, el 19 de junio. Nadie ha sido detenido, a pesar de que se trata de al menos el sexto disidente nicaragüense atacado, secuestrado o asesinado en Costa Rica desde 2018.

Este hecho revela que nada queda del Ortega que luchó por la libertad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía. Él ha demostrado ser, sin duda, un dictador. Igual que otros autócratas en el pasado ha usado el despojo de la ciudadanía y la inmovilidad como armas para castigar a sus oponentes políticos. Para colmo, ahora, parece que Nicaragua está entre los Estados que van más allá de sus fronteras para silenciar las voces que perciben como amenazas a su poder.Ha sido muy doloroso ver caer a mi país de nuevo en la violencia y la represión. La primera vez que salí de Nicaragua para eludir la represión de los Somozas, también viví en Costa Rica. Cuatro años más tarde, después de que los sandinistas, el movimiento de izquierda del que Ortega y yo éramos parte, derrocó a la dictadura en 1979, pude regresar. Fue un momento de grandes esperanzas, y yo me dispuse a trabajar para construir el sueño de un país libre y democrático.La guerra de guerrillas de la Contra, milicias de derecha respaldadas por Estados Unidos para deponer a los sandinistas, dejó claro muy pronto que ese sueño era una fantasía. El conflicto, que Ortega presidió durante su primer gobierno, de 1985 a 1990, dejó a los nicaragüenses exhaustos por la muerte y la escasez, y por las tendencias cada vez más autoritarias de Ortega, que vi de primera mano como parte de su gobierno.

Cuando Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la oposición, lo derrotó de manera contundente en las elecciones de 1990, muchos sintieron alivio. Para sorpresa de sus críticos, Chamorro se empeñó en lograr una transición pacífica del poder y promovió la reconciliación de una sociedad profundamente polarizada. Pero Ortega nunca superó su derrota, y sus ataques al nuevo gobierno alejaron a muchos sandinistas del movimiento, yo incluida.Ortega regresó al poder en 2007, en apariencia más moderado. Pero al poco tiempo puso manos a la obra para desmantelar la democracia que con tanto esfuerzo habíamos construido. Él y su esposa, Rosario Murillo, quien fue nombrada vicepresidenta en 2017, centralizaron el poder, eliminaron los límites a los mandatos presidenciales y llenaron el gabinete, los tribunales y el ejército de personas leales mientras mantenían una fachada democrática. Los acuerdos beneficiosos con la Venezuela de Hugo Chávez sirvieron para sostener la frágil economía.

El espejismo de una Nicaragua próspera y democrática se hizo trizas en la primavera de 2018. Cuando el régimen intentó modificar el sistema de seguridad social, hubo protestas pacíficas que fueron reprimidas por la fuerza y manifestantes recibieron disparos. Hubo muertos. Lo que siguió fue un estallido nacional y espontáneo impulsado por la represión y por el descontento acumulado en silencio por largo tiempo. Miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega y Murillo. La pareja respondió con sangre y fuego. Las protestas, declararon, eran un intento de golpe de Estado orquestado por el imperialismo y los cómplices traidores, de la oposición.

Grupos de paramilitares sembraron el miedo en los barrios, dispararon a civiles desarmados y derribaron barricadas que la gente había construido para protegerse. Médicos y otros trabajadores de la salud en los hospitales públicos que habían atendido manifestantes heridos fueron despedidos. La imagen de hombres armados y encapuchados en camionetas y de cuerpos sin vida tendidos en las calles evocó recuerdos del terror de la dictadura de los Somoza. Para julio, la bandera nicaragüense se había convertido en un símbolo de la resistencia. El miedo invadió los hogares. Miles de personas, entre ellas Samcam, se exiliaron en Costa Rica, como habían hecho antes generaciones de nicaragüenses.

Yo permanecí en Nicaragua. Aunque había roto con el sandinismo desde 1993, nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza.Cuando en mayo de 2021 dejé mi casa en Managua para visitar a mis hijas en Oregón, Estados Unidos, no sabía que me marchaba para siempre. Mi marido y yo empacamos poca ropa porque esperábamos regresar en julio. Pero conforme se acercaban las elecciones previstas para noviembre de ese año, Ortega y Murillo empezaron una redada y encarcelaron a posibles candidatos de la oposición, además de a periodistas independientes, empresarios y defensores de los derechos humanos.

Mis amigos me alertaron del peligro y aconsejaron que no regresara, así que no lo hicimos. Darme cuenta de que no tenía donde vivir me sacudió. No olvido cuan desorientada me sentí. Casi un año después, nos trasladamos a Madrid con una oferta de trabajo. Alquilamos nuestra casa en Managua. Mis amigos y lectores españoles me hicieron sentir bienvenida. No estaba exiliada de mi lengua, y eso era una bendición. Durante un tiempo, me sentí segura.

Pero, en febrero de 2023, recibí la llamada de un amigo de Nicaragua. Lo que me dijo me dejó anonadada: el régimen de Ortega nos despojaba de nuestra ciudadanía a mí y a decenas de nicaragüenses, entre ellos mi hijo. Sin derecho a la defensa nos declararon traidores. Además, confiscaron nuestros bienes, anularon nuestras pensiones y más tarde borraron también nuestros nombres de muchos registros públicos.

Al día de hoy, el nicaragüense que viaja corre el riesgo de que se le prohíba regresar a su país sin ninguna explicación. En el aeropuerto para retornar a Managua, las compañías aéreas les impiden abordar y les informan que “no están autorizados” para volver. Los funcionarios de migración están legalmente facultados para denegar la entrada a cualquiera que se considere una amenaza para la paz y la seguridad. Incluso una publicación crítica en las redes sociales puede desencadenar una prohibición.

Temerosos de su propio pueblo, Ortega y Murillo han dado rienda suelta a su paranoia. Agentes de policía patrullan las calles. Las reuniones públicas, incluso las procesiones religiosas, están sujetas a restricciones. Una reforma constitucional reciente convirtió a la pareja en copresidentes y oficializó la existencia de una fuerza paramilitar. En medio de rumores sobre el deterioro de la salud de Ortega, Murillo parece tener prisa para asegurarse de que nadie desafíe su sucesión. La semana pasada, se dio a conocer que el excomandante sandinista Bayardo Arce, un rico y poderoso aliado de Ortega, había sido detenido, una medida que muchos entienden como una purga de la élite dirigente del país.

Para impedir la resistencia de la sociedad civil, el régimen ha cerrado miles de organizaciones no gubernamentales. Decenas de sacerdotes y misioneros católicos han sido detenidos o expulsados del país. Las universidades han sido tomadas. La Prensa, el periódico nicaragüense que tiene casi una centena de años y ha sido un faro de la libertad de expresión, se vio obligado a trasladarse al extranjero después de que sus oficinas fueran allanadas y gran parte de su personal tuviera que salir del país.Ahora, el régimen de Ortega está extendiendo su largo brazo más allá. Lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados. Es el mismo mensaje de los más sangrientos dictadores del mundo de que nadie está fuera de su alcance.