JUJUY: REPRESIÓN, DESALOJO Y NEGOCIOS SOBRE LOS TERRITORIOS ORIGINARIOS

Este lunes hubo balas de goma, personas heridas, al menos siete detenidas y familias enteras expulsadas de sus tierras. Eso hizo la Policía de Jujuy contra la Comunidad Indígena Santa Rosa, en Humahuaca. No fue un conflicto más por una parcela. Fue un operativo de represión y desalojo contra una comunidad originaria que defiende su territorio ancestral. El violento accionar policial fue duramente repudiado por comunidades originarias, organismos de derechos humanos y referentes sociales, quienes denunciaron el uso desmedido de la fuerza pública e irrupciones sin orden judicial clara. Los manifestantes exigían el cese inmediato de las turbias maniobras de despojo territorial e invasión de sus espacios comunitarios por parte de intereses privados y del Estado provincial, reafirmando sus derechos consagrados en la Constitución Nacional. Mientras los detenidos continúan alojados en dependencias policiales a la espera de su liberación, las organizaciones indígenas anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza en las rutas.“Mientras las comunidades defienden sus territorios, los negocios avanzan. Y el Estado, de la mano del gobernador Carlos Sadir, en lugar de garantizar derechos, reprime”, denunciaron.

NEUQUEN EN ALERTA POR IMPACTO AMBIENTAL: TESLA Y OPENAI INSTALARÁN SUS MEGA DATA CENTERS EN VACA MUERTA  Las empresas quieren ubicar data centers en Argentina, en el marco del RIGI. En el país no hay una regulación específica sobre estos emprendimientos, pero las organizaciones socioambientales alertan sobre su impacto.Los data centers son grandes instalaciones que funcionan las 24 horas del día. Según EarthJustice, estos centros consumen una cantidad de energía equivalente a la de una ciudad entera para alimentar los servidores y los sistemas de refrigeración. Fernanda Soto integra la Asamblea Popular del Comahue por el Agua (APCA). Señala que los data center requieren grandes extensiones de tierra y cantidades de energía y de agua. En sintonía, Earth Justice señala que, en Estados Unidos, los impactos más sobresalientes son: gran demanda de electricidad, agotamiento de recursos hídricos, contaminación atmosférica, hídrica y acústica, y residuos electrónicos.

MENDOZA: MINERA CANADIENSE KOBREA AVANZA SOBRE TERRITORIO INDÍGENA Y ESCALA LA TENSIÓN EN LA CORDILLERA

El cuidado ambiental que hacen las comunidades de pueblos originarios en Mendoza incluye el pastoreo alternado de su ganado distribuido entre las praderas de la base de las montañas sobre la cordillera, en la localidad de Malargüe y las partes más altas de los cerros, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Son los movimientos típicos que denominan veraneada e invernada, una práctica que implica el cuidado de la biodiversidad de su comunidad. El trabajo que realizan en comunidad, desde tiempos ancestrales, también recibe el nombre de “puesteros trashumantes”.La Lof Ranquil Ko se encuentra desde enero de este año en tensión permanente con la provincia de Mendoza por la expansión minera. De un día para el otro, la empresa canadiense Kobrea ingresó al territorio de veraneada de la comunidad, instaló sus campamentos, domos y geólogos alterando las labores de verano. Una medida cautelar de por medio obligó a la provincia a la convocatoria del mecanismo de consulta previa a los pueblos originarios, según manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las tensiones continúan.

JUJUY GRAVE DESALOJO Y REPRESIÓN A LA COMUNIDAD INDÍGENA SANTA ROSA EN HUMAHUACA

Familias originarias de la comunidad de Santa Rosa de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, sufrieron un violento desalojo ordenado por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. Desde el territorio denunciaron un procedimiento arbitrario, el uso desmedido de la fuerza pública y la violación de los derechos humanos consagrados para los pueblos ancestrales.Ante el avance del operativo, las comunidades originarias de la región emitieron un llamado urgente dirigido a organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y al público en general.El objetivo principal es romper el cerco informativo, visibilizar la gravedad de la medida adoptada por la justicia jujeña y exigir el cese inmediato de la persecución y criminalización contra los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales.

MISIONES: DEL DESPOJO TERRITORIAL A LA PERSECUCIÓN DE QUIENES LO DENUNCIAN

En un contexto de creciente presión sobre el territorio indígena, y frente a la recuperación pacífica tras el desalojo sufrido semanas atrás en comunidad Mbya GuaraníPuente QuemadoII, desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) denuncian que comenzó a evidenciarse un preocupante proceso de hostigamiento que ya no se limita a los integrantes de la Comunidad, sino que alcanza también a quienes acompañan la defensa de sus derechos territoriales.En 2015, el estado (INAI) reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de Puente Quemado II sobre las parcelas en conflicto.Sin embargo, una reciente presentación judicial realizada por el abogado del empresario forestal Alfredo Ruff solicita la detención de una integrante del EMiPA a quien atribuye encabezar las “tomas de tierras privadas”, además del secuestro de la camioneta en la que se moviliza y de todo vehículo que traslade personas hacia el territorio recuperado bajo el argumento de que serían utilizados para “cometer delitos”. También requiere la intervención de Gendarmería Nacional y la presencia policial permanente en el lugar.

VACA MUERTA: COMUNIDADES MAPUCHES RECLAMAN SUS DERECHOS EN EL CORAZÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA 

El incumplimiento de los acuerdos por los derechos de los pueblos originarios sobre ese territorio será eje de una charla que se realizó este lunes en la Universidad Nacional del Comahue. La discusión por la extranjerización de la tierra puso el tema nuevamente en agenda.“Es una gran mentira que Neuquén es la isla de la fantasía, es un gran relato que oculta la desigualdad tremenda que hay. Nuestra comunidad mapuche, el lof Newen Mapu, está ubicada en la meseta de Neuquén. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, pero no tenemos gas; estamos a pocos metros de un acueducto, pero no tenemos agua y no tenemos electricidad”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino Lefxaru Nawel, abogado y vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén.

CATAMARCA: LA MINERA LIVENT SECÓ UN RÍO Y QUEDÓ IMPUNE MIENTRAS SE MULTIPLICAN PERMISOS PARA EXPLOTAR EN LA ZONA

El auge del litio convirtió al noroeste argentino en un territorio estratégico para la transición energética. Sin embargo, los testimonios de vecinos de Antofagasta de la Sierra muestran la otra cara del boom: degradación ambiental, conflictos por el agua y una riqueza que no se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades. A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A(que a través de los años pasará a llamarse Livent, Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China, según precisaron en Agencia Tierra Viva. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.

ARGENTINA INCUMPLIÓ 9 DE CADA 10 METAS CLIMÁTICAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

Un monitoreo de Sustentabilidad Sin Fronteras, realizado junto a 26 organizaciones, advierte que 9 de cada 10 compromisos ya fueron incumplidos, no registran avances verificables o se implementan a un ritmo insuficiente.Los objetivos analizados incluyeron eficiencia energética, preservación de bosques, de la biodiversidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Por cada dos ítems que mejoraron, casi tres empeoraron. La trayectoria negativa creció de 39 a 49 objetivos en un año. Más allá del impacto ambiental de estos incumplimientos, Argentina deja de acceder a financiamiento internacional, como bonos y créditos verdes, atado a la observancia de metas ambientales y climáticas.

Fragmento del panorama semanal Eppur si Muove de Alberto Nadra. Leer completo: 

https://www.lacolumnavertebral.com.ar/2026/08/15/argentina-en-crecimiento-crecen-los-despidos-desalojos-y-quiebras-crece-la-lucha-por-alberto-nadra-eppur-si-muove/

Exclusivo para LCV de nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco

Al momento de escribir estas líneas, la Península Ibérica sufre la cuarta ola de calor del verano boreal. Los termómetros de gran número de localidades marcan, y hasta superan, los 40ºC. Cuarenta y dos incendios, muchos de ellos en la comunidad autónoma de Castilla y León, permanecen activos. Doce son de gran intensidad.

Hasta el pasado 26 de julio, la superficie afectada por el fuego ascendía a 152.658 hectáreas (equivalente al Parque Nacional Sierra de las Quijadas, de San Luis), seis veces más que las calcinadas en el mismo periodo durante 2025.

Aunque el factor humano (negligencias, incendios intencionados, aumento de la construcción de viviendas cerca de zonas boscosas) acostumbra a ser el origen de los fuegos, el cambio climático y las olas de calor convierten estos en catástrofes de magnitudes nunca vistas. Días como los vividos en el mes de julio, cuando se desataron los incendios de Ávila, Madrid y Castelló, con temperaturas superiores a los 30ºC, vientos superiores a los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa inferior al 30 por ciento (la llamada “regla del 30”) son los más temidos por los servicios de extinción.

La virulencia de los siniestros se explica, además, por las frecuentes sequías, hijas también del cambio climático, por la gran extensión de los monocultivos de pino y eucalipto y por el poco trabajo realizado durante los meses invernales en tareas de prevención de incendios forestales. Este último factor es, obvio, una de las grandes armas arrojadizas en la arena política española.

En las comunidades gobernadas por el PP, necesitan el apoyo de Vox para llevar adelante sus política y se suman a sus discursos negacionistas del cambio climático. El 2018 Alfonso Fernándes Mañuco (PP) sostuvo que mantener un sistema de prevención de incendios todo el años «es absurdo y un despilfarro»

Fuego y política

La comunidad autónoma de Castilla y León, gobernada por el derechista Partido Popular (PP) desde 1987, es la que sufrió los peores fuegos de los últimos años, todos bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. En 2018, refiriéndose a las tareas de prevención de incendios forestales manifestó que “mantener el operativo todo el año es absurdo y un despilfarro”.

En realidad, en opinión de voces autorizadas, como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, la inversión en prevención de incendios forestales es entre 5 y 10 veces más barata que la extinción por hectárea, llegando a generar un ahorro de hasta 100 euros en costes totales y daños por cada euro invertido en limpiar los montes.

Mañueco, sin embargo, no descabalgó. La magnitud del desastre del verano de 2025, que castigó con especial saña la comarca de El Bierzo (y el paraje de Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano, patrimonio de la UNESCO), obligó a que el ejecutivo de Mañueco, la Junta de Castilla y León, aumentara su presupuesto global contra incendios, de 95 a 170 millones de euros, pero estos fondos no se emplearon en la prevención.

Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto de prevención forestal sufrió un recorte superior al 80% con relación al 2009 en Castilla y León gobernada por el PP

Por un lado, la Junta solo llegó a ejecutar el 48 por ciento de sus fondos de prevención justo antes de las campañas de riesgo alto, dejando más de la mitad del dinero sin emplear en la limpieza previa de los montes.

Por otro, analizando la evolución del gasto de unos años a esta parte, este se inclinó de modo claro hacia la extinción (apagar los fuegos una vez activos) en detrimento de la prevención invernal. Organizaciones sociales y sindicatos denuncian que el presupuesto específico para tareas de prevención forestal en la región sufrió un recorte estructural superior al 80 por ciento si se compara con los fondos destinados en el año 2009. También señalar que gran parte de esos millones de euros de incremento en el presupuesto global contra incendios fueron a parar a ayudas directas a los afectados por los siniestros de 2025. Volveremos a esta cuestión.

La falta de prevención afecta a las personas que se dedican a las tareas de prevención y extinción. Señalar que entre 20 y 25 compañías privadas gestionan el 40 por ciento de la plantilla de este servicio (en línea con la política de privatización de servicios públicos del PP). La situación de los bomberos forestales en Castilla y León durante la campaña de 2026 se encuentra en un estado de colapso operativo y grave conflicto laboral, marcado por huelgas patronales, denuncias de precariedad extrema y el desmantelamiento de infraestructuras críticas. Aunque la Junta aprobó un plan para profesionalizar el servicio a finales del año pasado, los trabajadores sobre el terreno denuncian que la realidad actual es peor que la de años anteriores.

Los bomberos de Castilla y león se encuentran en colapso operativo y conflicto laboral, con huelgas patronales y desmantelamiento de infraestructuras

En las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo, el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, volvió a ganar las elecciones. De hecho, pese a la gravedad de los fuegos y el intenso debate político sobre la gestión ganó las elecciones de forma mayoritaria en los municipios y zonas más castigados por los grandes incendios forestales de 2025. El PP logró imponerse como la fuerza más votada en 101 de los 151 municipios afectados por las llamas en toda la comunidad autónoma. Al analizar específicamente los 23 pueblos de origen de los mayores incendios del verano de 2025, el PP ganó en 16 de ellos. Olé.

Otra de las comunidades autónomas devorada por las llamas durante el verano de 2025 fue Extremadura. La coyuntura y el debate político, similares a los de Castilla y León, también condicionados por la incesante campaña de desgaste del PP contra el Gobierno español presidido por Pedro Sánchez (PSOE), campaña en la que los incendios forestales son una oportunidad para ahondar en esta.

En Extremadura, el 21 de diciembre de 2025, también fue el PP quien se impuso con un 44 por ciento de los votos en las elecciones autonómicas. Según diferentes análisis, en las zonas rurales afectadas por desastres forestales, el voto tiende a regirse por la identidad partidista tradicional y la confrontación ideológica estatal antes que por una penalización directa a la gestión local de las emergencias.

En las ayudas directas de Castilla y León, esas que se comieron gran parte del presupuesto global del plan contra incendios forestales, había una destinada a las “familias desalojadas”: una ayuda directa e inmediata de 500 euros por unidad familiar para aquellas personas empadronadas que sufrieron evacuaciones. Bastantes alcaldes de las zonas afectadas, tanto de PSOE como PP, hablaron de “cachondeo” y “compra de votos”, señalando que recibieron peticiones de habitantes que no residen en casas ya arruinadas o que en absoluto se encontraban en el pueblo los días de humo y fuego.

Pactos, negacionismo y xenofobia

En ambas comunidades autónomas, el PP necesitó de las bancadas de la ultraderecha, de Vox, para revalidar sus mayorías y, a posteriori, formar gobiernos de coalición. Los pactos suponen asumir las posturas negacionistas del cambio climático, xenófobas y antinmigración defendidas por Vox.

Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo. Un eurodiputado de ese partido difundió un documento trucho sobre las máximas registradas entre el 49 y el 51, que ubicaba en el aeropuerto de Córdoba el punto de medición. Aeropuerto que no existía en aquellos años.

Como buen partido de ultraderecha, Vox niega el cambio climático y la evidencia científica recurriendo a la mentira y al bulo para ello. El eurodiputado de esta agrupación, Jorge Buxadé, por ejemplo, difundió en redes sociales, estos días una tabla elaborada con datos falsos de temperaturas máximas extremas registradas en España entre 1949 y 1951. El documento trucho señalaba, además, al aeropuerto de Córdoba como punto de medición en 1949, un lugar que no existía entonces, y presentaba fallos de diseño y de uso de IA.

Su política se basa en combatir las políticas verdes, calificándolas de “engaño” y “estafa”. Se oponen a las normativas ecológicas nacionales e internacionales, argumentando que destruyen la economía y persiguen al sector rural.

De los incendios, además de a Pedro Sánchez, obvio, culpan al “ecologismo radical”. En su opinión, la voracidad de los incendios actuales no viene motivada por un para ellos inexistente cambio climático si no por el «fanatismo climático» y las leyes restrictivas de la izquierda que, según el partido, impiden realizar limpiezas correctas en los montes. Añaden también como motivo el abandono estructural del medio rural y de la actividad agrícola y ganadera tradicional.

De todos modos, el socialdemócrata Sánchez, también tiene lo suyo. No coincidimos con el PP, evidente, pero traigamos acá unas líneas del texto que, hace pocos días, publicó Myriam Bregman:

“Mis compañeros de del Estado Español denuncian que «el gasto en lucha contra el fuego y rearme es una comparativa que quema. En los últimos cinco años, el gobierno central ha comprometido la compra de 45 cazas, 100 helicópteros militares, 4 fragatas, 4 submarinos y 348 carros de combate. Mientras tanto, solo ha adquirido 7 hidroaviones y las demandas de los bomberos siguen siendo ninguneadas por los gobiernos autonómicos del PP y el PSOE. Más allá del discurso sobre la emergencia climática, las cuentas públicas dejan claro cuál es la verdadera prioridad nacional del gobierno progresista: el rearme imperialista”.

Volviendo al negacionismo, el PP, no puede quedarse a la zaga. Aunque no es negacionista de modo explícito, no puede desairar al que es su socio en los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Valéncia, y Andalucía. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, fue dejando estas perlas en las últimas semanas: “el clima cambia es algo que ha ocurrido durante la historia”, tildando el cambio climático de “perogrullo”. Calificó la afirmación de “el cambio climático genera incendios” como un «mantra que repite la izquierda para no asumir responsabilidades« por la mala gestión de los montes; obviando, una vez más, que las competencias en la materia son autonómicas, de comunidades gobernadas por su partido.

Isabel Díaz Ayuso (PP-Madrid) sostuvo que eso del cambio climático es una verdad de perogrullo, y atacó al gobierno por las «trabas burocráticas y medioambientales que impiden limpiar los montes. Sin embargo la ley de Montes obliga a los propietarios a mantener limpios sus terrenos

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evitó vincular de forma directa los grandes incendios forestales que azotan su comunidad al calentamiento global. Priorizó el debate sobre la gestión del sector agrario, exigiendo escuchar a «las gentes del campo« y criticando las excesivas trabas burocráticas y normativas medioambientales que impiden, a su juicio, limpiar los montes. Muy en la línea de Vox, muy en la línea de obviar sus responsabilidades (como la situación de los bomberos forestales de la Comunidad). Y con el bulo por delante.

No, las leyes en España no prohíben la limpieza ni el desbroce de los montes. Al contrario, la Ley de Montes de 2003 obliga expresamente a los propietarios (tanto públicos como privados) a gestionar y mantener limpios sus terrenos como medida activa de prevención contra incendios. Asimismo, normativas internacionales como la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo promueven la silvicultura y el pastoreo tradicional en el entorno forestal.

Vox Populi: el fascismo abreva en la ignorancia

Los pactos de gobierno entre Vox y PP suponen la adopción de una serie de medidas contra la inmigración. “Prioridad nacional” le dicen. Similares en todas las comunidades autonómicas gobernadas por la diabólica coalición, tomemos el caso castellano-leonés con el que ya vamos familiarizándonos.

Gran parte del programa electoral de Vox sobre inmigración cristalizó en el pacto de gobierno de 324 medidas con el PP. Sus ejes básicos son los siguientes: rechazar los traslados de inmigrantes a Castilla Y León que hayan entrado de forma irregular al Estado dispuestos por el Gobierno central (repartos que se realizan para aliviar la presión sobre los centros de acogida de Canarias o Ceuta, por ejemplo); Cierre de centros y «remigración»: Incluyeron de manera explícita la palabra «remigración» para defender el retorno efectivo de inmigrantes a sus países de origen. Exigen clausurar los centros de acogida que consideren que generan inseguridad. (vinculan inmigración con delincuencia).

Objeto preferente de su persecución son los menores no acompañados. Para estos piden las no homologadas científicamente e invasivas pruebas de edad obligatorias: exigen la aplicación sistemática de pruebas médicas de determinación de edad para comprobar si los migrantes que se declaran menores lo son realmente. Además, defienden la repatriación de estos menores de forma inmediata con sus familias o a sus países de origen. Este asunto provocó la ruptura de los pactos, en 2024, cuando Vox abandonó la Junta tras aceptar el PP el reparto estatal de menores.

Otra medida es el endurecimiento del acceso a la vivienda: Siguiendo el modelo implantado en Extremadura, Vox ha impulsado que los extranjeros tengan que acreditar un mínimo de 10 años de residencia legal en España para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en Castilla y León.

También proponen la retirada total de subvenciones y financiación pública a todas las asociaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y colectivos vecinales que, a su juicio, cooperen, rescaten o «promuevan» las mafias del tráfico de personas y la inmigración ilegal.

Tras el último acuerdo de coalición, Vox asumió competencias directas en materia de Inmigración en la comunidad autónoma para intentar aplicar de forma efectiva estas medidas.

Los beneficios de la inmigración

Privatización de servicios públicos, mala gestión de incendios forestales, despilfarro de fondos públicos, políticas antiinmigración. Esa propuesta cosechó el 54,39 por ciento de los votos emitidos en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo. Representan al 27,78 por ciento de la población castellanoleonesa y al 35 por ciento de la ciudadanía con derecho a voto. Una parte sustancial de la población tiene tendencias autoritarias y xenófobas.

Una parte de la población atenta a los discursos de odio y ajena a la realidad. El fascismo tiene su caldo de cultivo en la ignorancia.

La inmigración proporciona un beneficio demográfico y económico imprescindible para la supervivencia de Castilla y León, siendo el principal motor para frenar la despoblación rural y sostener el mercado laboral y las pensiones en la comunidad autónoma más envejecida del Estado español.

Castilla y León arrastra una crisis demográfica estructural con un saldo vegetativo negativo. Los flujos de población extranjera son el único factor que permite a la comunidad mantener o recuperar habitantes en sus censos provinciales. Además, la llegada de familias migrantes con hijos en edad escolar permite alcanzar el ratio mínimo de alumnos exigido por la ley para evitar el cierre de escuelas rurales y mantener abiertos los centros de salud en comarcas de la «España vaciada».

En cuanto al impacto en el mercado laboral, la patronal de Castilla y León (CEOE) y los sindicatos coinciden en que la mano de obra extranjera es vital para cubrir puestos de trabajo que la población autóctona ya no demanda debido al envejecimiento y la emigración de los jóvenes locales. Así, la agricultura y la ganadería intensiva dependen estructuralmente de los trabajadores inmigrantes para las campañas de recogida, el cuidado de granjas y, atención, los trabajos de silvicultura preventiva en los montes.

Otros sectores que necesitan de la mano de obra llegada de fuera son construcción, hostelería y servicios asistenciales. Construcción y hostelería: Son dos de los sectores con mayor déficit de vacantes en las provincias de la comunidad que se reactivan gracias a la contratación de personal extranjero.Servicios asistenciales: El cuidado de personas mayores (en residencias o ayuda a domicilio) recae mayoritariamente en mujeres inmigrantes, un servicio crítico en una región con una alta tasa de dependencia geriatrizada.

Terminamos con dos efectos económicos positivos más para la economía castellanoleonesa: Altas en la Seguridad Social: los trabajadores extranjeros cotizan activamente, rejuvenecen la pirámide de población activa y aportan los ingresos necesarios para sostener el sistema público de pensiones de los jubilados de la región. Consumo local: Al asentarse en los municipios, reactivan la economía de proximidad (compras en comercios locales, alquiler de viviendas cerradas, reactivación de entornos rurales en declive).

Podríamos seguir con los beneficios de la multiculturalidad, pero nos extenderíamos demasiado ¿verdad?

.

Después de más de veinte años de lucha, los vecinos de Traslasierra lograron que la justicia reconociera sus argumentos sobre el daño ambiental que provocaba la mina de litio de Los Tapiales y la cerrara definitivamente.

En una decisión que resonó en todo el valle la justicia de Córdoba ordenó la clausura definitiva y el retiro de la empresa Integración Minera SRL, que venía desarrollando actividades extractivas en zonas serranas cercanas a Las Tapias. La explotación se encuentra muy cerca de una zona urbana, contigua a un arroyo y a cientos de metros del embalse Boca del Río, de cuya agua beben decenas de miles de habitantes de Villa Dolores y otras localidades cercanas.

En tiempos en que Mendoza continúa peleando por el agua, mientras Chubut se quema por razones ambientales, vale la pena destacar esta victoria de las organizaciones cordobesas y de otras provincias que ya en el año 2007 se movilizaron para exigir una legislación que resguardara la salud de los habitantes de esa región de Córdoba, junto a los vecinos del Valle de Punilla en San Luis, y al apoyo de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) que lleva décadas realizando Asambleas en distintas provincias para alertar y luchar contra la contaminación. Sin repercusión en los medios, lo vecinos de Traslasierra estaban haciendo historia.

En el año 2019 las asambleas de Las Tapias, Villa de Las Rosas, Villa Dolores, Las Chacras Norte y Mina Clavero, junto al intendente de Villa de Las Rosas, concejales e integrantes del Foro Ambiental Traslasierra que colaboran con la parte técnica, anunciaron que habían reunido 11.757 firmas de vecinos de todo el valle (y algunos turistas) y más de 35 mil adhesiones de personas de todo el país vía internet, para pedir el cierre definitivo de la que, por entonces, era la minera australiana Dark Horse que intentaba extraer litio de una mina en Las Tapias.

Los dueños de las mineras pueden cambiar pero quienes habitan esas tierras no. Suele fomentarse una contradicción entre trabajo, ganancias macroeconómicas y comunidades que ven cómo se destruye su entorno. Bajo el espejismo de más empleo, se destruye una red social, cultural y económica. Así le decía, sin ponerse colorado, Martín Pérez Solvay, el CEO de la minera que más tiempo lleva extrayendo litio en la Argentina, la australiana Allkem, al Diario.com.ar en el 2023: la oportunidad de negocio del oro blanco sólo durará 20 años. En las próximas dos décadas se supone que el mundo se lanzará a buscar litio para producir baterías y reemplazar los contaminantes autos a nafta y gasoil por los eléctricos.

Un negocio de veinte años por el cual están dispuestos a destruir comunidades, emprendimientos agrarios, turísticos, artesanales, culturales. Veinte años para ellos, el fin para los habitantes de la región.

El 25 de noviembre de 2025, La Voz del Interior publicaba: «Una mañana de octubre pasado, vecinos del sector conocido como El Valle, entre Las Tapias y Villa de las Rosas, observaron que lo que definieron como “una harina de piedra” había caído sobre la vegetación y las viviendas .Miembros del Foro Ambiental de Traslasierra afirmaron que analizaron la sustancia y se trataba de “un polvillo que contiene cristales de sílice muy finos, que pueden ingresar a los pulmones y producir un daño irreparable conocido como “silicosis” o mal de minas; si se vuelve frecuente, es peligroso”, puede leerse de un documento emitido por el organismo.»

Ante la denuncia de violación de la legislación vigente y el riesgo ambiental, las actividades fueran suspendidas de manera provisoria. No fue suficiente para los miembros del Foro Ambiental regional que continuó reclamando un cierre definitivo y advirtiendo que se planifican otros emprendimientos extractivos en distintos puntos de las sierras de Córdoba.

En la llamada “Mina de las Tapias”, un territorio en donde en realidad hay varias minas, se venían realizando prospecciones destinadas a la extracción de litio por parte de una empresa de capitales chinos, que en principio contaba con la autorización de la Provincia. No obstante, la fiscal de Villa Dolores, Lucrecia Zambrana, ordenó en noviembre la clausura preventiva de las actividades. Los vecinos denunciaron que la empresa continuaba operando ilegalmente.

El 10 de enero de este año, 2026, desde el Cabildo Abierto Traslasierra (CAT) exigieron la clausura definitiva de la empresa Integración Minera SRL, ubicada sin licencia social en la zona gris del Valle Traslasierra, entre los límites de las localidades Las Tapias y Villa de las Rosas, en Córdoba. Las máquinas seguían funcionando, ahora sin control ambiental alguno.

La intervención judicial llegó después de que comunidades locales, asambleas y organizaciones ciudadanas presentaran denuncias y exigieran la intervención de las autoridades ambientales. La Fiscalía de Villa Dolores y la Secretaría de Ambiente verificaron irregularidades que justificaron la clausura preventiva inicial, que terminó transformándose en orden definitiva de retiro.

El alerta en la comunidad continúa vigente. Después de tantas trampas y con tanto poder, imposible bajar los brazos. Por el momento, una victoria significativa para las asambleas ciudadanas. La destrucción de nuestros territorios exceden una provincia o una localidad. Las empresas pueden cambiar de nombre y de nacionalidad, ser de Canadá o Chinas, pero a su alrededor viven personas con la identidad bien puesta.