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Miércoles 13/2: “Gran Jornada Nacional de Protesta” de organizaciones sociales y gremios

En horas de la mañana, las organizaciones sociales nucleadas en Barrios de Pie, la CCC y la Ctep, acompañadas por el secretario general de la CAAT, Juan Carlos Schmid y representantes de la CTA Autónoma, brindaron una conferencia de prensa en la sede de Constitución de la CTEP, para informar el alcance a nivel país y los objetivos de la moviliación que, bajo el lema “Tierra, Techo y Trabajo”, tendrá lugar el próximo 13 de febrero. Algunos de los puntos destacados de las demanda es solicitar la aprobación urgente de las leyes de Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones y exigir que se efectivice el presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares. Los referentes de las organizaciones afirman que el país enfrenta la inflación “más alta desde 1991″, dejando a los sectores humildes por debajo de la canasta de indigencia, que está pautada en 10.907 pesos.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), afirmó que “La movilización del día 13 tiene que ver con una situación muy compleja que está viviendo fundamentalmente el sector que representamos de los trabajadores y trabajadoras más pobres de la Argentina y sus familias, y sus hijos”. Respecto de las demandas del tratamiento y la aprobación de los proyectos de leyes presentados por el sector, Castro sostuvo que “hubo un tiempo prudencial para el tratamiento de las leyes. Eso no ocurrió. Por el contrario, el gobierno nacional ha tomado la decisión de profundizar un proceso de ajuste, de ahorrarse 470 mil millones de pesos que van a pesar sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y nosotros nos vemos en la obligación de manifestar nuestros problemas”.

Por su parte, La Corriente Federal de los Trabajadores se encuentra realizando hoy un plenario de unos 30 secretarios generales de los sindicatos que la componen donde definirá medidas que serán anunciadas en una conferencia de prensa pautada para las 16 horas y quizás anuncie su participación en la jornada del miércoles. El tratamiento del tema figura en la agenda del encuentro, tal como lo adelantara Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa de La Bancaria, enrolados en la Corriente Federal, un sector duro del sindicalismo que mantiene su pertenecía orgánica dentro de la CGT. La semana pasada tuvo lugar una reunión que da oxígeno a la especulación de apoyo y presencia de este sector sindical. Héctor “El Gringo” Amichetti (Gráficos), el secretario de prensa de La Bancaria Eduardo Berrozpe, Walter Correa (Curtidores) y Vanesa Siley (Sitraju) se reunieron con Esteban Castro y Gildo Onorato de la CTEP, Walter Córdoba de Barrios de Pie SOMOS y Fredy Mariño de la Corriente Clasista y Combativa. Por último, está confirmado el apoyo y presencia de la SUTEBA/Baradel.

En tanto el sector de Hugo Yasky y sus aliados aún no tiene una definición. Así publicaba hoy el diario Tiempo Argentino la postura del sector: “Por otro lado, si bien las organizaciones que integran el triunvirato piquetero abrieron la convocatoria a organizaciones sindicales, la CTA de los Trabajadores conducida por Hugo Yasky descartó su participación. Yasky, en diálogo con Tiempo, señaló que “no vamos a participar, no recibimos notificación de los que organizan“. El dirigente explicó que “hicimos marchas multitudinarias contra el tarifazo en Mendoza y Córdoba y ahora seguimos en Paraná y luego en Rosario. En todas se sumaron las regionales de la CGT. Hay dos CGT, la de las provincias y la que duerme una siesta larga con el gobierno“. Al mismo tiempo adelantó que “vamos a hacer un plenario de organizaciones el 21F para organizar un acto a mediados de marzo con todas las organizaciones del Frente Sindical para el Modelo Nacional”.

Trascendió que hay preocupación gubernamental por esta movilización, en particular en la cartera que dirige Carolina Stanley, porque se calcula que puede llegar a tener una participación que ronde las cien mil personas.

El 2019 arrancó con un endurecimiento de las medidas económicas de parte del gobierno macrista, los despidos y cierres de fuentes de trabajo a granel y  tarifazos. Ante la falta de reacción dela CGT, el 25 de enero los movimientos populares pusieron fecha para marchar en febrero y dieron a conocer su análisis de situación en el siguiente comunicado:

LOS MOVIMIENTOS POPULARES MARCHAN EN FEBRERO

Los Movimientos Populares marcharán al Ministerio de Desarrollo Social el próximo miércoles 13 de febrero para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. La inflación que viven los sectores más pobres y humildes significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días. Se vive una grave situación social y laboral que debe ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado.

La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, reclamarán una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares en un año que no promete mejoras y en el que los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte.

También se pide la implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y para los beneficiarios de los distintos programas de trabajo que se encuentren domiciliados en las zonas de catástrofe afectadas por las inundaciones.

La combinación de diversos factores hacen que las familias afectadas vivan una situación de extrema vulnerabilidad, sumando a los problemas que ya tienen habitualmente las calamidades que implica una inundación de esta magnitud, como perder todo lo que tienen bajo el agua, no tener donde vivir, sin ropa ni alimentos para los más chicos, con riesgos para la salud y la integridad física de todos los afectados. Asimismo, se suma la imposibilidad de desarrollar las tareas cotidianas que permiten ganar el sustento diario.

También se exigirá al Estado que interceda en la complicación de las familias de la economía popular para mantener la escolarización de sus hijos e hijas. Para esto se pedirán kits escolares y elementos de estudio para que no avance la deserción en las escuelas y garantizar mayor acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes de los barrios populares.

Este año se insistirá con la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones. Y el presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares, que fue aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma”. 

 

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Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu

Desde un principio estuvo clara la postura de la CTA: rechazo total a la reforma laboral con plan de lucha, paro y movilización. Dentro de la CGT las diferencias entre distintos gremios tienen matices que no llegan a ser antagónicos, más bien complementarios. La cúpula cegetista apuesta al diálogo con los distintos bloques que lograr su voto en contra. Tanto Jorge Sola como Cristian Jerónimo, han declarado su oposición total a la reforma que pretende poner en un supuesto pie de igualdad en las negociaciones a los trabajadores de manera individual y a las empresas, dejando de lado el diálogo con los sindicatos. La soledad de un empleado solo aumenta su debilidad a la hora de llegar a un acuerdo. Al igual que el supuesto ‘banco de horas extras’ que no sería acordado de manera bilateral sino impuesto por el empleador. Sin embargo, aún no han definido un plan de lucha. Fieles a su estilo, piden prudencia y una respuesta orgánica en unidad. Causó bastante disgusto entre los dirigentes de la Central Obrera el anuncio unilateral del Secretario General de la UOM de una convocatoria a paro general y movilización sin consulta previa al Consejo Directivo.

De los gremios fuertes dentro de la CGT, se diferenció por su combatividad el sindicato de aceiteros, liderado por Daniel Yofra para quien no basta con parar sólo un día, habría que ir a un paro por tiempo indefinido: “Un día de paro no sirve para nada”. En los últimos tiempos, Yofra, quien tenía una política muy combativa dentro de su propio sindicato pero un bajo perfil en lo que se refiriera a cuestiones internas de la CGT, ha levantado la cabeza y se está transformando en en dirigente a nivel nacional que es escuchado y respetado por su coherencia.

Así las cosas, el miércoles 28 de enero hubo una reunión en la sede de la UOM en la que se reunieron 86 sindicatos pertenecientes a la CGT y las dos CTA que lanzaron el Frente por la Unidad Sindical (FreSu), forman parte del nuevo espacio la Federación de Aceiteros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), El Sindicato Gráfico y La Fraternidad, entre otros. 

En el encuentro acordaron un plan de lucha que prevé movilizaciones regionales el 5 de febrero en Córdoba y el 10 del mismo mes en Rosario, rumbo a una movilización para el 11 de febrero frente al Congreso, cuando se debata la polémica Ley. Aceiteros y las CTAs ya convocaron para ese día a un paro general. Abel Furlán, luego del traspié sufrido por un anuncio prematuro, espera que la CGT sea también parte de la medida para hacer su convocatoria.

Héctor Amichetti, representate de la Federación Gráfica Bonaerense, no anduvo con medias tintas y haciendo referencia a la actuación de la CGT en busca de apoyo legislativo sostuvo que “la reforma laboral no se discute con los gobernadores sino con los trabajadores“. En el mismo sentido, Yofra advirtió: “Tenemos que hacerle pagar el costo a aquellos gobernadores que acepten esta ley así tal cual está

Comunicado de prensa

Miercoles 28 de enero de 2026, Buenos Aires

NO AL PACTO CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES


Las organizaciones sindicales firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976.


Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.


Se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los aspectos más graves del proyecto se destacan la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, entre otros.

No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.


Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral.

Estas discusiones tienen que tener a las y los trabajadores en el centro y, a contramano de este proyecto, deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina. Por todo ello, rechazamos íntegramente el proyecto de “Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo” que impulsa el Gobierno Nacional, y convocamos:

A dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales:
● 5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
● 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO.

Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva.


El FUTURO DEL TRABAJO SE DECIDE CON NOSOTROS
NADA DE LOS TRABAJADORES
SIN LOS TRABAJADORES
AOMA – Federación Gráfica Bonaerense – APA – FOCRA – Federación de Trabajadores
Aceiteros – CTA Autónoma – CTA de los Trabajadores – UOM – ATE – APLA – ASIJEMIN
– AAPM – FESPROSA – SADEM – APJ Gas – Molineros – Luz y Fuerza Mar del Plata –
FOEIPCYQ – FETIA – UPSA – ATEPSA – SOMU – Centro de Capitanes y Oficiales de la
Marina Mercante – FEDUN – Jerárquicos Banco Nación – FEPEVINA – AMM – CEPETEL
– AMAP – CEA – AJTPSIP – CICOP – SOEPU – UTICRA – CEP – APJTV – APSAE – ASURA –
APOPS – Patrones de Cabotaje – Federación de Remiseros – Guincheros – Fotógrafos –
FATERIH – La Fraternidad – APINTA – Fleteros – Trabajadores Viales – FATICA – APSEE –
FATIQUIP – STIMPRA – Jerárquicos de la Marina Mercante – Electronicistas Navales –
FETERA – FETRADE – Actores – CONADU Histórica – FAPREM – Federación Judicial
Argentina – FAAPROME – CISPREN – SECEIC – SAMC – SUTAP – UCRA – SITRAIC –
UETTEL – FeNaT – MAP – MTL – FETARA – ATRES – SUOR – SRUPP – SOEAIL – SOEA –
STA – SOEASI – ABP – AECPRA – SITOSPLAD – SIUNFLETRA – UOTPGNC – OTECH – Luz y
Fuerza – ATEM – SITAPOS – APCNEAN – SOESGYPE – UTRACOS – APJBO – SITEBA –
SOMPRA – SATaDTyA – SATIVA – GOA – ATSNR – SUTRAS – SIVISA – SITRAVIP – SSCCAyP
– OSTV – SiPeSeDo – SECFER – APECAF – AEDA – AATDa – SiTraMuS – SITMMA-CABA –
SITMMA-Prov. Bs. As. – SUPCTRA – SOEALFFFM –UTPE – FAG – SUTAICCA – SITraLab –
UNTRA – SURAR – UTI PAMI… siguen las firmas.

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Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar

En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.

LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.
Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”

LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.
Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”

LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?
Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”

LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?
Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”

LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?
Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”

LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?
Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”

LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?
Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”

LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?
Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”

LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?
Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”

LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.
Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”

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Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”

En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.

LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.”
Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”


LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?”
Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”


LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?”
Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”


LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?”
Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”


LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?”
Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”


LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?”
Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”


LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.”
Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”

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