Esta semana se cumplieron 6 años del incendio del depósito de documentación de la empresa Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, del barrio de Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual murieron 10 personas. El Poder Judicial embargó y procesó sin prisión preventiva a los funcionarios y miembros de Iron Mountain por “incendio culposo seguido de muerte”.
La citada empresa se dedica fundamentalmente al servicio de guarda de documentación de empresas privadas, habiendo acumulado un considerable prestigio y capital en el mundo de los negocios a nivel internacional. Sin embargo, a lo largo de su prolongada trayectoria ha tenido varios incidentes similares en distintos depósitos en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Italia, además de figurar como partícipe de redes vinculadas a oscuros movimientos financieros. En relación a esto último, actualmente se encuentra en investigación la posible intencionalidad de estos incidentes, lo que se replica en el caso argentino.
Las repercusiones del caso llevaron a la misma Comisión Nacional de Valores a dictar la Resolución General 629/2014, que establece para las sociedades bajo su regulación la obligación de que determinadas series documentales de carácter contable se encuentren en el domicilio legal, sede inscripta y sede de la administración, debiendo ser estos espacios adecuados para su conservación e inalterabilidad. En el supuesto de encomendar el depósito a terceros de documentación no comprendida por las disposiciones anteriores, las empresas deben hacer constar en nota a los estados contables el lugar donde se encuentra alojada la misma, con precisión del sujeto encargado del depósito y domicilio de ubicación.
Esta medida no solo revela la falta de control estatal sobre la documentación de las empresas privadas, sino también alerta sobre las implicancias de la tercerización de los servicios de archivo en el propio sector público ya que no existen normas que regulen el funcionamiento de los mismos. La tragedia de Iron Mountan debería interpelarnos también con respecto a la situación anómica de los archivos de la administración pública que actualmente se encuentran en servicios privados de guarda de elevado costo.
Desde AFPA sostenemos que los archivos estatales con documentos de cualquier fecha y soporte, incluído el almacenamiento digital no deberían resguardarse en manos privadas porque de esta manera se pone en juego la soberanía informacional del Estado. Por otra parte, el “seguro” que las empresas suelen ofrecer por los documentos que resguardan no contempla que los documentos que preservan son posible garantía de derechos con un valor que no se puede medir en términos monetarios. Creemos que debe promoverse un debate sobre la política del Estado en relación a la custodia de la documentación que produce, lo que incide en las condiciones de guarda. Independientemente del desarrollo y decisión final al que lleve este debate, las empresas privadas que ofrecen servicios de archivo deben estar reguladas por el Estado y éste a su vez debe darse una normativa que garantice la conservación de su documentación en condiciones de autenticidad, fiabilidad, integridad y accesibilidad durante todo el tiempo que la legislación disponga que debe guardarse para servir a las necesidades de la misma administración, los organismos de control y la ciudadanía.
Pedimos justicia para las victimas de la tragedia y una revisión de las políticas públicas en materia de archivo. Sin archivos no hay derechos.
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