Publicado en La Luna Con Gatillo

Desde que tengo recuerdos hay una metáfora muy recurrente en los análisis económicos de la Argentina: la de la frazada corta. Creo que el gran Zloto solía mencionarla. Si te tapas la cabeza, descuidas los pies. Si apostas a subsidiar los grandes grupos económicos exportadores en busca de dólares para pagarle al FMI, esos mismos dólares que estos grupos se deliraron en la bicicleta financiera, seguramente sea difícil financiar las soluciones desde abajo tanto para la producción como para el consumo. Hay un sector mayoritario de la sociedad que viene hace años perdiendo su salario en términos reales. Otro que viene aumentando sus ganancias. Esa diferencia explica por qué la dichosa distribución del ingreso cada día es más desigual. No es una cuestión de mérito, de trabajo, es una cuestión de renta, distribución. Donde por supuesto hay una posición dominante, oligopólica, que paga medios, jueces, funcionaries y también trabajadores y voluntades. Cuando el precio internacional de petróleo sube la nafta sube, cuando baja no. Cuando las empresas tienen ganancias extraordinarias, rara vez la distribuyen entre sus trabajadores, cuando vienen las vacas flacas siempre piden una colaboración o realizan despidos masivos. Cuando hay pandemia el estado les paga los sueldos, cuando hay guerra que sube los precios internacionales del pan le hablan de retenciones y ponen el grito en el cielo. La frazada es cada vez más corta, pero resulta que la cabeza tiene gorro de lana y manos pa tirar fuerte y los pies están desnudos y cada vez más flacos, pedaleando en el aire.

¿Todos los que tiene plata son malos? Tonto sería caer en esa simplificación en tiempos de pachakuti. Pero ciertamente hay un patrón evidente aunque mayoritariamente invisibilizado, de la misma manera que se invisibiliza que ningún pibe nace pa chorro ni pa vago. No es solo estadística, sino evidente observación de la realidad, que la brecha entre ricos y pobres se agranda. Aún para aquelles seres que deciden apartarse lo más que pueden de esos sectores de abajo tanto en el discurso como en su tránsito cotidiano (ignorando la cada vez más creciente probabilidad de que tengan que ir un día a pedir un plato a una olla popular). Aún para muches privilegiades que se siguen manteniendo en los decrecientes márgenes de población salvada del colapso. A más de treinta años de que Fukuyama declarará el fin de la historia y el triunfo del capitalismo es evidente que la cosa no estaría funcionando. Decía Manfred Max Neef que el problema económico mundial era de “estupidez”, definida como la repetición de un camino infructuoso.

Ponele que dejemos de lado la discusión acerca de una estadística, el PBI, que como dice la ecofeminista Yayo Herrero: “mide la producción de armas y no el cuidado de les niñes”. De todas maneras el crecimiento del PBI del que tanto se vanagloria este gobierno deja de ser buena noticia si ese crecimiento no llega a la mayoría de la población (como dice Cristina, se lo llevan tres o cuatro vivos). Si el estado, como dice la más básica teoría económica, está pa arreglar las imperfecciones del mercado, seguir fomentando los oligopolios rentistas, evadidores de impuestos y fugadores de divisas, sería aumentar estas imperfecciones. Seguir esperando el efecto derrame de la actual estructura empresarial e impositiva de Argentina sería como querer colar fideos con un casco.

Por otro lado aquellos analistas que insisten en recetas neoliberales y antikeynesianas deberían tener en cuenta dos hechos fundamentales de la actual economía Argentina. El primero es que no hay libre mercado posible dentro de estructuras oligopólicas. Si tres o cuatro vivos se juntan a establecer los precios del mercado para obtener ganancias extraordinarias, lejos estamos de la competencia dizque perfecta, que es el principal supuesto para la famosa mano invisible de Adam Smith. El segundo es que las empresas argentinas vienen teniendo impresionantes subsidios y contraprestaciones por parte del estado. Suponiendo que no tengan la más mínima solidaridad por el pueblo hambreado, que no tengan miedo de la revuelta social o piensen que las murallas de sus barrios privados van a ser eternamente seguras (amen de que tarde o temprano sus hijes vengan a reclamarle ebrios y coléricos como decía el nadaista Gonzalo Arango*). Suponiendo que no quieran pagar impuestos y crean en la meritocracia amañada del nacer privilegiado o la competencia individualista del sálvese quien pueda. Aún así, si tuvieran algo de coherencia, deberían al menos dejar de recibir subsidios, exenciones y hacer unas vaquitas para pagar las grande inversiones del estado en infraestructura de exportación (puertos, carreteras, relaciones internacionales…).

Mientras tanto el Tío Alberto sigue fomentando el enfrentamiento utilizando la palabra “guerra” para algo tan cotidiano como la inflación y devaluando su palabra anunciando un fidecomiso, que, al igual que el acuerdo con el FMI, solo sirve para sacarle un poquito de vapor a la olla a presión, pero que no modifica las razones más desiguales del problema que más afecta al dichoso pueblo (la falta de competencia y la mala distribución del ingreso en algo tan fundamental como los alimentos). De un lado (la huestes populares progresistas) lo acusan de “tibio”, del otro (la dizque sociedad rural) de atentar contra la producción. Es curioso que siendo tan poco rentable la producción agropecuaria (según denuncia la “sociedad rural” y asiente el gobierno) su frontera esté creciendo desmesuradamente arrasando con monte nativo y poblaciones originarias (aprovechando o incluso provocando criminales incendios). Las estadísticas hablan de una producción cada vez más concentrada y estrechamente ligada a los mercados financieros, con altos índices de evasión fiscal, vinculaciones al narcotráfico y abuso de los recursos comunes, no solo del estado, sino de la Madre Tierra. El caso Vicentín es un paradigma al respecto. La retenciones o cualquier otro impuesto al agronegocio, con un estado creativo y estratégico, no sólo equilibraría la distribución del ingreso, sino que haría un bien al dichoso medio ambiente.

Genocidio y ecocidio

“Desde el punto de vista de nuestras investigaciones el eje está en cómo la apropiación corporativa de los sistemas alimentarios se está entrelazando con la especulación financiera en distintas áreas: el acaparamiento de tierras y la producción de comodities agrícolas por ejemplo. También en América Latina estamos observando y denunciando como las corporaciones avanzan con las Leyes de Semillas que imponen derechos de propiedad intelectual sobre las mismas con la complicidad de los gobiernos. Y por supuesto, siempre exponiendo cómo a lo largo de toda la historia de la agricultura han sido y siguen siendo los campesinos y campesinas quienes producen la mayor parte de los alimentos que satisfacen las necesidades de nuestros pueblos a pesar de las agresiones que sufren cada día. El avance del agronegocio en nuestro país y en el resto del continente es en estos momentos abrumador. La elección de todos los gobiernos, aún los progresistas, de profundizar este modelo extractivista y ceder la soberanía a las corporaciones del agro o a las mineras está teniendo consecuencias dramáticas y obviamente la única manera de sostener un modelo que arrasa con las comunidades locales es la represión y criminalización de los movimientos. Dentro de 20 o 30 años va a haber que reconocer que se está produciendo un genocidio y un ecocidio dramático en nuestro continente”, me decía el recién fallecido Carlos Vicente en una entrevista de 2005 en el Galpón de Chacarita, donde un grupo de productores se las ingeniaba en un lugar tomado a las veras del tren para ofrecer sus productos.

Surgían incipientes experiencias de comercialización de una economía popular que comenzaba a organizarse después de la debacle neoliberal del Consenso de Washington y la crisis del 2001 (Puente del Sur o Iriarte Verde en Buenos Aires, el Trocadero o el Movimiento Cajonardi en Rosario). Hoy estas experiencias, en base a la autogestión y algunas migajas del Estado, han crecido exponencialmente dando soluciones en diversos territorios a la crisis alimentaria y ecológica, también del trabajo. Los estudios del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) han demostrado que la inflación en estos espacios ha sido inferior a la de los grandes supermercados y sus precios han conseguido, en base a una densa red capilar de intercambio que ve el alimento como derecho y no negocio, ser menores. El detalle de estas posibilidades ya lo hemos retratado en la crónica Inflación y Economía Popular. En su medición del último trimestre de 2021, el CESO ha podido comprobar que la inflación de la canasta básica familiar en las comercializadoras de la economía popular ha sido de 3,40% frente al 4,16% de los grandes supermercados. Durante el año 2021, comprando en estos espacios de comercialización, una familia pudo ahorrarse $8.103. Esto sin contar que en el caso de la economía popular se trata de productos agroecológicos, realizados sin trabajo esclavo y dentro una óptica de cuidado del medio ambiente.

“Los cambios culturales los estamos viendo y en mi opinión son los que vienen posibilitando este nuevo sistema de producción y comercialización. Existe una gran diferencia entre el interior y las grandes urbes. En el interior es donde más se ve este cambio de conciencia porque existe una inmediatez tangible entre los usuarios, los pequeños productores y las redes de comercialización. Esto no sucede en las grandes urbes, donde todo esta atomizado e intermediado por el marketing y los intereses especulativos de los grandes comerciantes, perdiendo tanto el productor los márgenes de ganancia genuinos como el usuario el precio justo. Creo que los más escépticos irán cediendo frente a los beneficios de un sistema virtuoso. Sin embargo falta mucha apropiación y sentido de pertenencia a este nuevo sistema, en parte porque es relativamente nuevo y en parte porque quienes ostentan el monopolio de los privilegios del modelo expansivo contaminante se resistente por todos los medios a perder dichos privilegios”, opina Ignacio Andrés de la organización La Creciente de Paravachasca, Córdoba.

“Hace muchos años que venimos instalando de que hay un sector en la Argentina que produce el alimento para los argentinos y argentinas, de manera agroecológica y defendiendo el derecho a la tierra y el agua, y creando redes de comercialización directa a los consumidores. Tenemos una propuesta de Ley de Acceso a la Tierra, que es el principal problema que tiene nuestro sector. Más del 70% de los pequeños productores alquilamos la tierra. Solo el 8% de la población de la Argentina es rural, más del 40% de la tierra cultivables esta en manos de 1.200 familias. Y eso lo que demuestra es la gran concentración y desigualdad del derecho a la tierra. Venimos teniendo muchas dificultades. Porque vemos que avanza el modelo del agronegocio y el feedlot sobre la tierra de nuestros compañeras y compañeras de pueblos originarios, campesinos y campesinas. Así que estamos desarrollando las estrategias para defender estos territorios. Incluso de acuerdo internacionales como las megagranjas porcinas”, cuenta Lucas Tedesco, de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT), que nuclea 25 mil familias de todo el país y que a través de los verdurazos, sus locales de venta al público, redes de consumo, donaciones a los comedores populares y otras iniciativas, ha demostrado que es posible que la población de abajo acceda a productos sanos y baratos. También han desarrollado experiencias de reciclado, compostaje y producción de mermeladas con la fruta de descarte en el Mercado Central, donde uno de sus referentes Nahuel Levaggi ha sido designado presidente.

“Nosotros venimos trabajando en el Plan de Desarrollo Humano Integral, un plan abarcativo de todas las dimensiones del Estado para fortalecer lo que tiene que ver con las economías regionales, con la construcción de núcleos productivos, con el apoyo a sectores más empobrecidos urbanos y rurales y donde podamos pensar la reconversión productiva de la Argentina. En la idea de una empresa nacional de alimentos hay una disputa de lograr que nuestra producción de alimentos sanos llegue al consumo masivo a un precio popular. Para eso hace falta un estado presente que garantice las condiciones de producción, distribución y venta desde una mirada distinta al agronegocio”, opina Fabricio Puzzio de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR).

“Creo que hoy en día este modelo no está lo suficientemente desarrollado para abastecer a todo el país, es incipiente al menos en los modos masivos que estamos hablando. Si bien existen experiencias muy ricas y con muchos años de trayectoria y desarrollo, no han tenido la masividad que se requiere para pujar hacia una política pública que los contenga. Considero que un sistema se remplaza cuando aparece uno mejor, en ese sentido creo que está apareciendo el sistema virtuoso en términos de calidad, cantidad, precios y cuidados del medio ambiente, pero aun no es capaz de remplazar el esquema de producción extensivo que se encuentra vigente. Creo que el gobierno actual está apoyando este nuevo sistema pero con políticas fraccionadas, sin planificación y con presupuesto insuficiente, no lo ve ni de manera estratégica ni a largo plazo. A mi entender esto sucede porque, independientemente de la buena voluntad, los indicadores macro económicos siguen siendo la brújula de nuestros gobiernos. Eso hace que pierda de vista la posibilidad de ir cimentando los cambios estructurales de largo plazo que permitan ir remplazando un sistema por otro mejor”, agrega Ignacio Andrés.

“Nuestros movimiento de la economía popular son el subsuelo del subsuelo del subsuelo. Ahora, por ejemplo, viene la propuesta de la Empresa Nacional de Alimentos. Nosotras durante el contexto Vicentín salimos a bancar esa propuesta, porque era un momento estratégico para hacerlo. Yo veo con pesimismo que se avance este año en eso. Veo que la inflación en el rubro alimentario va a ser brutal. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones, porque somos una organización que produce alimento. Estamos viendo como fortalecer el rol del campesinado, de las trabajadoras rurales, en medio de una crisis alimentaria que viene profundizándose a pesar de un repunte del crecimiento económico. Quizás eso va a redituar en una mejora de los ánimos, pero no en una mejora significativa en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras. Este va a ser un año de un desafío enorme, de pensar cómo carajo vamos a hacer con el FMI pisándonos los talones para defender con uñas y dientes lo que hemos logrado hasta hoy y además recuperar lo que en términos de la riqueza de este país nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido la lucha por el Salario Básico Universal es un piso de dignidad indiscutible. Y sin embargo está muy lejos de lograrse”, opina Mercedes Ferrero de Trabajadoras Unidas por la Tierra (Traut, también dentro de la UTR).

La propuesta desde abajo

“A un mes de la pandemia, desde Ciudad Futura y el Frente Patria Grande, allá por mayo del 2020, salimos con una idea de una Empresa Pública de Alimentos. La llamamos pública, y no nacional, porque creemos que lo público tiene más alcance que lo estatal. Nosotros creemos que el principal debate que contiene a todos los demás es el de los alimentos. No solo que come y como lo come nuestro pueblo, sino de quién es la tierra, donde, que y como se produce. En que condiciones trabajan aquellos que producen la tierra y cual es el tamaño de las parcelas. Debatir los alimentos en Argentina es debatirlo todo. Nosotros entendimos que la Empresa Pública de Alimento tenia que empezar a poner en el foco este debate. Partimos de la tesis de que comer debería y tiene que ser barato, y nutritivo y ambientalmente sustentable. Pero eso no está pasando. Entonces hay que empezar a preguntarse por qué. Por otro lado somos firmes convencidos que un país verdaderamente federal tiene que apostar a procesos descentralizados, diversificados, a promover las economías regionales. Nuestro proyecto planteaba la creación de plantas fraccionadoras de moliendas provinciales locales a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional. Este año estamos próximos a inaugurar la primer planta en la ciudad de Rosario, que podría reunir a unos 12 productores pequeños y medianos de la provincia de Santa Fe. Es una planta modelo que reúne todas las condiciones para recibir la materia prima, molerla y fraccionarla, envasarla y generar una marca que pueda competir en el mercado traccionando para abajo los precios. Prontamente estaremos sacando los primeros alimentos, sanos, ricos, nutritivos, económicos y producidos de manera justa, con una trazabilidad ambiental y laborar que pueda dar cuenta de un proceso transformador de raíz”, anuncia Antonio Salinas, integrante de Ciudad Futura y a cargo de la Oficina al Consumidor de Rosario, ciudad donde la agrupación política tiene cinco concejales siendo la fuerza con mayor representación.

Se trata de la herramienta política que surgió de la organización Giros que en plena debacle neoliberal resistió el desalojo de las poblaciones del histórico barrio Nuevo Alberdi, uno de los más marginados de la ciudad. Hoy además de frenar estos proyectos inmobiliarios a través de una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados en la ciudad, están desarrollando uno de los proceso de integración sociourbana más grande del país (147 hectáreas donde viven 2.000 familias). Con una mesa intergubernamental, con obras para la instalación de servicios públicos, una sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y un centro comercial popular a cielo abierto, entre otras iniciativas.

En Barrio Alberdi también se encuentra el tambo La Resistencia, una cooperativa de producción de leche y quesos que se comercializan en todo el país a través de las redes de la economía popular. “La tasa de homicidios de nuestra ciudad cuadriplica la media nacional. Entendemos que se trata de una serie de fenómenos convergentes, pero que básicamente se explican por el boom de la soja y el lavado de activos a través de la inversión inmobiliaria, que nos hicieron una ciudad por demás desigual. Entendemos que no se puede construir paz si seguimos exacerbando los grados de desigualdad que tiene Rosario. Con Ciudad Futura estamos trabajando fuertemente, con una expansión territorial muy importante, alcanzando 40 barrios populares dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap, que estableció la ley 27.453 conseguida a través de la movilización popular de la UTEP durante el gobierno de Cambiemos). Con alegría también podemos contar que en los dos barrios donde las tasas de homicidios, sobre todo de nuestros jóvenes, más golpea en la ciudad, hace años que venimos sosteniendo nuestras escuelas de gestión social, donde egresan cientos de pibes y pibas de nuestros barrios, a las cuales muchas, las seguimos apoyando en sus estudios universitarios. Luego de la pandemia, donde tuvimos que abrir más de 25 comedores populares para atender la emergencia y contener toda la angustia y la bronca, que daba toda esa situación de aislamiento en las peores condiciones, hoy estamos trabajando fuertemente con toda la compañerada de los barrios populares para construir organización, tejer puentes y seguir ampliando la participación política protagónica, real y transformadora”, agrega Toni.

Con o sin ayuda del Estado.

“Lo que sucede dentro de la cuestión geopolítica con esto que esta sucediendo con la guerra o las políticas nacionales, como lo del acuerdo con el FMI, no han injerido en el desarrollo de la organización, porque en ningún momento ha habido política del estado en el territorio. No han bajado nada y sinceramente las organizaciones no indígenas han traccionado todos los recursos. No lo digo de mala manera. Sino que han dado la excusa al gobierno nacional y provincial que estaban haciendo cosas de las que en territorios indígenas no han hecho nada, pensando en la región del Chaco Impenetrable. Venimos de dos días de asamblea, decidiendo como íbamos a avanzar, si le íbamos a cortar la ruta a Capitanich o directamente mandarlo a la mierda porque que no necesitamos nada. En el sentido que hemos creado una asociación civil para crear una relativa autonomía con proyectos que han salido del exterior o desde algunos lugares que es mucho más fácil que el Estado. Construir la política social no siempre conlleva construir la política partidaria, o disputar recursos no necesariamente implican arrodillarnos o ser consecuentes con la coyuntura. De alguna manera tenemos permeado el camino, que es mucho mas difícil, pero le andamos, en el sentido que la venta de artesanías en palma o los proyectos de apicultura no están necesitando del apoyo del Estado. Hemos reinventado la política social desde la autonomía”,cuenta desde el Chaco Pablo Gramajo, del Consejo Indígena Nqataxac Nam Chi’Ishe y la Confederación de Pueblos Libres, que basa sus proyectos productivos cooperativos en la reforestación del monte nativo.

El capitalismo no puede evitar disimular su colapso más allá de las pandemias y las guerras. La disputa por bienes tan básicos como el alimento, el agua o el gas, es cada vez es más feroz, como anunció en su momento el Pocho Perón en el mensaje ambiental a los pueblos del mundo (¡Es alimento señores!). La injusticia y la desigualdad en la calidad de vida de las personas aumenta día a día. No sólo la brecha es cada vez mayor entre los que mejor viven y los que rondan términos de subsistencia, sino que los primeros cada vez son menos y los segundos cada vez son más. El desacople de la economía financiera y la real que comenzó con el abandono del patrón oro a mitad del siglo pasado en Breton Woods (cuando se creó el FMI) ha llegado a niveles inusitados de especulación y una cada vez más frecuente explosión de burbujas financieras que dejan el mismo tendal de muerte y hambre que cualquier guerra moderna. El complejo industrial oligopólico funciona como pantalla para este saqueo readaptándose a los tiempos de la industria petrolera o metalúrgica a la farmacéutica o del entretenimiento (a la cual denominan conocimiento). Mientras tanto desde abajo surge la economía verdaderamente real, la comunitaria, del cuidado, feminista, de respeto a los bienes comunes y la Madre Tierra. Cuando algunos teóricos progresistas hablan del ejemplo de Bolivia y su empresa de Alimentos, poco destacan que está política estatal jamás habría sido posible sin los numerosos mercados, redes de intercambio y pequeños productores (la verdadera competencia dizque perfecta) que existen desde tiempos ancestrales en manos de las pueblas andinas y que incluso sirvieron para sortear la crisis neoliberal del Consenso de Washington readaptándose en una economía popular pujante que hoy también importa tecnología China (pueden ver Argentina: las lecciones del milagro económico boliviano).

* “Ustedes en general no saben nada de nada y tienen una falsa idea de lo que es el nadaísmo cuando piensan que somos la amenaza material del orden burgués. Nosotros no vamos a robarle la billetera al capitalista, ni vamos a asaltar a media noche su despensa. Que los burgueses revienten tranquilos en medio de la abundancia. Nosotros no tenemos nada que ver con quienes no tienen problemas, sin dudas, ellos están salvados. Pero queremos confesarle una malvada intención a la burguesía. Señores burgueses: el nadaísmo se fundó para pervertir a vuestros hijos, vamos a interrumpir vuestro sueño y a despertar en vuestras alcobas inquietantes y terribles gérmenes de zozobra. Vuestros hijos regresarán una noche a pediros cuentas, ebrios y poseídos de una terrible cólera. Temedles, yo los conozco, son peligrosos” (Gonzalo Arango, La Malvada Intención)