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Hoy: “La Argentina que nos merecemos”, documento completo de la CGT.

1º DE MAYO- DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA
LA ARGENTINA QUE NOS MERECEMOS, ESTAMOS A TIEMPO
En ocasión de cumplirse 40 años de la recuperación democrática, la situación económica y social y el año electoral obligan a la reflexión de toda la clase dirigente para recuperar el rumbo definitivo hacia EL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO. Lo hacemos
convencidos de que estos ejes son los únicos que pueden garantizar la justicia y la inclusión social de manera sostenida.

Es con políticas de desarrollo de mediano y largo plazo que podremos salir de la mirada cortoplacista que nos sumerge en la trampa de la emergencia para no pensar el futuro. Es preciso, ciertamente, atender las necesidades del hoy y ahora, que sumergen a amplios sectores de nuestra sociedad en los flagelos de la exclusión y la pobreza. Y las soluciones, tanto para el presente como para el futuro tienen un denominador común: poner en marcha un GRAN ACUERDO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL que promueva y fortalezca una verdadera y permanente alianza entre la producción y el trabajo, única fórmula sustentable para garantizar un crecimiento inclusivo con justicia social.

Necesitamos recuperar los anhelos que la verdadera democracia debe representar: LA FELICIDAD DEL PUEBLO Y LA GRANDEZA DE LA NACIÓN. Solamente a través de una clase dirigente que comprenda que la política es la única herramienta de transformación de una sociedad injusta y desigual y no la búsqueda de intereses personales, podremos recuperar la esperanza que termine con el desencanto y el descreimiento en las instituciones y en la clase política, terreno fértil para el surgimiento de emergentes que con mensajes antisistema pretenden capitalizar el descontento social, poniendo en serio riesgo la vigencia de un sistema democrático pleno que represente y contenga a todos los sectores de la sociedad por igual.

Con mucha responsabilidad nuestra CGT ha dado un paso muy importante cuidando la unidad mas allá de los matices propios de la diversidad. Lo hacemos convencidos de que nadie tiene una verdad absoluta. Esta es nuestra contribución a la realidad actual del movimiento nacional, deponer posiciones individuales en favor del bien común.

No somos convidados de piedra. Somos la resultante de un proceso histórico que nació en 1945 donde, mas allá de los derechos sociales laborales y económicos que las y los trabajadores incorporáramos a la memoria colectiva, adquirimos para siempre la participación política y el derecho a ser artífices de nuestro propio destino. Parte de esa evolución nos hizo transitar la recuperación democrática aportando gobernabilidad, aún en contextos particularmente adversos. Esto nos da derecho a participar de las decisiones políticas que nuestro movimiento debe expresar.

El actual contexto económico y social es lo suficientemente complejo como para perdernos en mezquindades y tácticas canceladoras. Es preciso, como invoca nuestro Papa Francisco, promover la CULTURA DEL ENCUENTRO. El país necesita de más encuentro, más diálogo, aún en el disenso, especialmente para encarar las políticas que nos permitan alcanzar el rumbo con el que todos, sin exclusiones, podamos identificarnos.

Necesitamos recrear el diálogo para confluir en una plataforma de consenso sobre DIEZ POLÍTICAS DE ESTADO DESTINADAS A DINAMIZAR LOS POTENCIALES ECONÓMICOS PRODUCTIVOS QUE TIENE LA ARGENTINA. Todos sabemos que la foto de la situación actual es bien distinta de la radiografía de nuestro país.

Nadie puede resignarse a creer que las condiciones materiales de Argentina sean el 40% de pobreza y niveles de desigualdad que conspiran contra la necesaria cohesión social. Diseñar un modelo de desarrollo sostenible y llevarlo a cabo, requiere hoy de una condición de primer orden. La verdad histórica es inapelable respecto a la irresponsabilidad con la que se contrajo el endeudamiento, cuyas consecuencias se hacen cada día más condicionantes. Es urgente una rediscusión de plazos y pautas de las condiciones sobre los servicios de la deuda comprometidos con el FMI. Variables económicas fundamentales, exógenas a la actual administración, sufrieron cambios que alteraron las condiciones que inspiraran las negociaciones originales.

Coherentes con la necesidad de dialogo para encontrar soluciones de largo plazo, debemos aprender de las lecciones del pasado reciente. La iniciativa del Consejo Económico y Social su falta de institucionalidad por Ley marca la diferencia entre acuerdos en torno a políticas de Estado y simples expresiones de deseos.

Debemos detener esta escalada del “sálvese quien pueda” que se traduce en desprotección social, pérdida de poder adquisitivo, distorsión de precios relativos por efecto de la inflación y apropiación de rentas extraordinarias. Tenemos que construir UN PACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DONDE LA POLÍTICA CON MAYÚSCULAS, ASUMA UN PROTAGONISMO A LA ALTURA DE LOS PROBLEMAS QUE ATRAVESAMOS, transformándola en una oportunidad histórica que nos interpele a adoptar posturas alejadas de la mezquindad política coyuntural y los personalismos sectarios, por la vocación de servicio en la búsqueda y puesta en práctica de amplios consensos políticos superadores, que sean la plataforma de lanzamiento de un proyecto de país transformador del presente y el futuro de las argentinas y argentinos.

Ese modelo económico social al que aspiramos debe estar basado en la producción que impulse a la economía real, que genere el entorno favorable para que el crecimiento de la inversión no se enfoque en la especulación financiera sino a la generación de trabajo
con derechos. Una política productiva inclusiva supone, en el actual contexto globalizado, que nuestro país enfoque sus esfuerzos en generar valor agregado, favoreciendo la exportación de productos intermedios y finales, exportando trabajo argentino.

Esto implica recuperar la CULTURA DEL TRABAJO como eje transformador y efectivamente democratizante de la sociedad. Las y los argentinos que viven de trabajos precarios, los jóvenes que acceden a un mercado de trabajo cada vez más excluyente y segmentado merecen oportunidades de realización que vayan más allá de la mera subsistencia que les imponen los planes sociales. Los niveles de pobreza e indigencia nos deben llevar a pensar una alternativa superadora donde el trabajo y la producción sean ejes que promuevan el progreso y las oportunidades para todos y todas.

Argentina debe integrarse a un mundo que debate el futuro del trabajo de manera moderna e inteligente. Así como el peronismo representó en sus orígenes un cambio de paradigma político social, hoy esa realidad se expresa en discutir los medios de producción y las formas de un capitalismo predatorio, transformándolo hacia una matriz de producción que ponga énfasis en los recursos estratégicos puestos al servicio del trabajo y el desarrollo económico y social.

La actual revolución tecnológica debe perseguir el curso histórico de proveer el progreso a las personas e integrar a la sociedad y no ser el patrimonio de elites que buscan marginar a vastos sectores de la cultura del trabajo. No nos oponemos a los avances tecnológicos, pero estos deben estar al servicio de las grandes mayorías y servir a los pueblos.

El mundo discute un nuevo contrato social como contracara de modelos de negocio rentísticos que pretenden que sea la calidad del trabajo y las y los trabajadores quienes dediquen sus esfuerzos en involucionar hacia modelos precapitalistas. Nuestra vocación de discusión y acuerdos no se agotan en sostener el status quo. El progreso es sinónimo de evolución social y tenemos que animarnos a poner sobre la mesa la fundamentación social del trabajo. No es cuestión de repartir la escasez que ordena un modelo de producción basado exclusivamente en métodos concentradores de riqueza.

Un modelo económico incluyente debe privilegiar el valor del trabajo, distribuir más equitativamente los frutos de la productividad y entender que los derechos de las y los trabajadores no son privilegios sino la necesidad de participar de una sociedad menos desigual. EL MOVIMIENTO SINDICAL ES LA EXPRESIÓN MÁS GENUINA Y APTA PARA REPRESENTAR E INTERPELAR ESTE CONFLICTO DE INTERESES.

El sindicalismo en general y el argentino en particular se pone al frente de discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debate la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital. Argentina, desde la irrupción del PERONISMO en la vida política y social del país, encontró en las organizaciones de trabajadores la única herramienta duradera y efectiva de concertación sectorial a través de las negociaciones colectivas.

Es falso e intencional decir que los convenios colectivos de trabajo son anacrónicos y estáticos. Gracias a la dinámica de la negociación colectiva, trabajadores y empresarios tenemos un espacio de concertación sectorial que ha dado muestras de razonabilidad y evolución de las condiciones de trabajo, pero también de producción.

Tenemos ante nosotros, una oportunidad singular desde donde edificar las condiciones que nos permitan salir de la postergación permanente y mirar hacia un futuro que, sin pocos esfuerzos, nos encuentre en un proyecto común de país donde todos somos necesarios y tenemos un rol definido en un proceso de recuperación sostenida en el tiempo. Protagonistas de un modelo inclusivo, de crecimiento productivo, económico y social para poner definitivamente de pie a un país y a una sociedad que no se resigna a las desigualdades sociales y a la postración económica. Un país donde el trabajo digno, la producción, el
desarrollo y la justicia social sean los pilares de una realidad efectiva, consistente y duradera.
La realidad de una nueva Argentina.
LA ARGENTINA QUE LAS Y LOS ARGENTINOS NOS MERECEMOS.
Buenos Aires, 1º de Mayo de 2023
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

(Ilustración Daniel Santoro)

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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.

LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”

Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”

LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”

Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”

LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”

Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”

LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”

Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”

LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”

Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”

LCV: “Eso ya lo vivimos.”

Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”

LCV: “También preocupa el rol de los medios.”

Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”

LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”

Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”

LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”

Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”

Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”

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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.

LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”

Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”

LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”

Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”

Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”

LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”

Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”

LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”

Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”

LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”

Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”

LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”

Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”

LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”

Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”