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El silencio de los Caracoles, por Pablo Solana desde Chiapas
San Cristóbal de las Casas, la cabecera municipal que los indígenas de Chiapas tomaron el 1 de enero de 1994, mantiene pocas huellas de aquel hito determinante de la historia contemporánea. Modelada para recibir turistas, la ciudad reserva a la identidad zapatista un puñado de centros sociales y culturales que funcionan como redes de apoyo; allí se venden productos cooperativos y se ofrecen algunas postales que propagandizan la causa insurgente. Los espacios funcionan, además, como lugares de encuentro y autoorganización urbana. Hay que salir del casco histórico para toparse con algún mural o cartel que reivindique al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ese particular ejército irregular que decidió seguir existiendo solo a condición de dejar de lado las armas. No hay mucho más que recuerde la insurrección indígena en una ciudad sostenida por el trabajo de los mismos que, hace casi 30 años, empuñaron los fusiles y los palos y se rebelaron.
Los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata. Dijo el sub Marcos: “Serán como puertas para entrarse a las comunidades y que las comunidades salgan…”
El pasado 8 de agosto se cumplieron 20 años de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. En los próximos meses confluyen otras conmemoraciones significativas: el 17 de noviembre serán 40 años desde que comenzó a organizarse la insurgencia clandestina en el sureste mexicano y el 1 de enero del año entrante se cumplirán 30 años del levantamiento que resquebrajó la hegemonía neoliberal y sacudió conciencias adormecidas a lo largo de todo el mundo. La cultura zapatista es bien propensa a los símbolos y al aprovechamiento de las fechas: los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata; el EZLN se dio a conocer en simultáneo y en resistencia a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (y en sintonía con el aniversario de la Revolución Cubana); cuarenta y tres es la suma de los Caracoles y los municipios autónomos conformados a lo largo de estos 20 años y la cifra, explican, busca reivindicar la memoria de lxs 43 jóvenes normalistas desaparecidxs en Ayotzinapa.
Sin embargo, este año, el cumpleaños de Zapata y la conmemoración redonda de dos décadas de Caracoles pasaron desapercibidos. En Chiapas explican ese silencio con más silencio. En medio de un contexto de violencias contra las comunidades que recrudeció en los últimos meses, nadie arriesga una pista sobre las decisiones futuras del zapatismo.

Un Caracol es una comunidad autoorganizada y autogobernada. En 1996, después de la traición a los acuerdos de paz de San Andrés por parte del Estado mexicano, los pueblos zapatistas decidieron darse su propia organización por medio de las Juntas de Buen Gobierno, en confrontación ideológica con el neoliberalismo y al margen de cualquier injerencia del Estado. Esas instancias resultaron útiles, además, para recibir la solidaridad nacional e internacional y para dar a conocer la voz de las comunidades más allá de las fronteras. En palabras del por entonces subcomandante Marcos, cada Caracol buscó ser «una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos hecho de muchos mundos. Serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está».
En la actualidad los Caracoles están cerrados
«No sé si se conmemoran 20 años, o se hubieran conmemorado», dice, con cierto misterio digno de la enigmática filosofía zapatista, un integrante de las redes de apoyo en San Cristóbal. Solo cuando avance la conversación comprenderemos a qué se refiere. Es que, en la actualidad, los Caracoles están cerrados. Las comunidades ya no hacen pública la existencia de las Juntas de Buen Gobierno, esas instancias delegativas y rotativas donde quien cumple funciones lo hace sin recibir remuneración alguna y, sobre todo, honrando la máxima de gobierno zapatista, el «mandar-obedeciendo».
Hasta hace poco, quien quisiera entrar en contacto con las comunidades —por lo general, integrantes de las redes de apoyo con que cuenta el zapatismo en México o en otros lugares del planeta— podía acercase a San Cristóbal y, tras las gestiones correspondientes, ser recibido en algún Caracol. Pero ahora eso ya no es posible. «Es que hay un proceso de remilitarización a través de las nuevas bandas criminales que nos tienen bajo ataque», explican.
Diana Iztu Luna nos recibe en Sendas, un espacio cultural en el centro de San Cristóbal «para aquellas personas que caminamos en búsqueda de la justicia y que nos inspiran las luchas de los pueblos originarios». Allí se combina el arte indígena con la comercialización de productos cooperativos de las comunidades. Diana integra distintos espacios organizativos que adhieren a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como la Red de Resistencia y Rebeldía y el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.
«La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío. Antes nosotros, nosotras, hablábamos de la guerra integral y de desgaste por parte del Estado hacia las comunidades autónomas; ahora lo que estamos viendo es una guerra también propiciada desde grupos de poder, pero ejecutada por personas comunes, eso ya nos mete en una dinámica donde, si antes hablábamos de mal gobierno, ahora hablamos de des-gobierno», explica Diana.
La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío
A pocas cuadras del espacio cultural Sendas se encuentra la oficina del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, fundado en 1989 por el mítico obispo católico Don Samuel Ruiz, amigo de las comunidades indígenas aún antes de la rebelión. Desde allí parten las Brigadas Civiles de Observación que buscan, con su presencia en los territorios en conflicto, prevenir y documentar las agresiones a las comunidades. «El gobierno federal es cómplice de la violencia», dicen desde el Frayba, y apuntan sin eufemismos al presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es visto desde América Latina como parte de los gobiernos progresistas que se proponen construir alternativas al mismo neoliberalismo que los zapatistas siempre buscaron combatir. Sin embargo, comunidades y gobierno chocan y no se ven puntos de contacto, más bien todo lo contrario. Zapatistas y defensorxs de derechos humanos afirman que «el presidente de la República miente y encumbra la violencia en Chiapas». Acusan a AMLO de difamar a las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas «en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años».

A partir de 2019, distintos grupos paramilitares atacaron a las comunidades en más de 110 oportunidades, según documentó el Frayba. Los hechos se extienden a lo largo de todo el sureste mexicano: fueron sus principales víctimas las regiones zapatistas de Moisés y Gandhi, las Juntas de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, el Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, la zona Patria Nueva y el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. Los ataques incluyeron quema de escuelas y bodegas de café, secuestros, torturas y heridos de armas de fuego.
A esa violencia paramilitar el Estado mexicano sumó la criminalización de las víctimas: en los últimos años fueron encarcelados Manuel Gómez Vázquez y José Díaz, miembros de las bases de apoyo del EZLN, y otras cuatro personas de las comunidades en resistencia cuentan con órdenes de aprehensión por acusaciones que «carecen de sustento y son una forma de intimidación y acoso a nuestra autonomía», denuncian los zapatistas.
“Chiapas está al borde de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza”
En el informe «Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado», el Frayba sistematiza sus investigaciones sobre las consecuencias de la remilitarización y el impacto de la contrainsurgencia en Chiapas, el punitivismo y la continuidad de la tortura como práctica sistemática.
«El 21 de mayo de este año entró un grupo paramilitar a una comunidad autónoma zapatista, y entraron disparando. Hirieron casi de muerte a un promotor de salud, el compañero Jorge, un jovencito de 22 años, que recibió una bala que le entró por la espalda y le perforó el pulmón. Están entrando a matar», grafica Diana, que viene acompañando a las comunidades en sus procesos de resistencia. «Por eso ahorita hay un ´hacia adentro´ por parte de los compañeros y compañeras zapatistas; esos grupos usan armas exclusivas del ejército, están uniformados. Ante eso, Andrés Manuel López Obrador se hace el que no ve nada, el que no escucha nada. Recientemente declaró que lo que estaba pasando en Chiapas no era grave, que eran conflictos intercomunitarios… Ese fue el discurso que tuvo el PRI, que tuvo después la ultraderecha. La guerra integral y de desgaste sigue, pero con este desgobierno lo que se viene es una guerra civil», concluye.
En el Consejo Nacional Indígena de México coinciden: «Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [actual gobernador de Chiapas] y Andrés Manuel López Obrador», declararon en junio de este año.
Acusan al gobierno de AMLO por hacer la vista gorda ante la violencia que padecen las comunidades, pero no se quedan solo en eso. El zapatismo cuestionó desde el primer momento lo que considera que está detrás de esa complicidad con los ataques a sus comunidades: los megaproyectos en los que se sustenta el plan de gobierno de López Obrador, la «cuarta transformación» que tiene como uno de sus emblemas la construcción del Tren Maya. Cuando se hizo el anuncio, el subcomandante Moisés cruzó al presidente mexicano con dureza: «no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza», «desprecia a los pueblos originarios», y alertó que los zapatistas defenderán a la Madre Tierra «hasta morir si es preciso».
Un Caracol refugiado en su caparazón
A 20 minutos de San Cristóbal, en la Colonia Nueva Maravilla, se encuentra uno de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. Allí funciona la Universidad de la Tierra y el Cideci, Centro Indígena de Capacitación Integral. En 2019, este complejo comunitario y educativo se asumió como parte de los Caracoles zapatistas: en ese año fueron 11 las nuevas comunidades que se integraron a la red de autoorganización y autogobierno que propuso el EZLN en 2003. Aunque hoy mantiene el cartel en la entrada que lo identifica como «Caracol 7- Jacinto Canek», la comunidad en este caso adoptó las mismas medidas de seguridad que todas las demás: la Junta de Buen Gobierno ya no está accesible. Nadie en la comunidad habla del tema. Las respuestas son respetuosas pero esquivas. El silencio zapatista, ese digno y efectivo recurso de autodefensa y muestra de humildad, acompaña las miradas compasivas que nos dirigen cuando preguntamos.
El Cideci que allí funciona es un espacio educativo fundado en 1989. Al igual que el Frayba, se trata de proyectos que nacieron antes que el EZLN se diera a conocer por medio de la insurrección de 1994. El creador de esta apuesta formativa integral dirigida a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas es Raymundo Sánchez Barraza, a quienes todos se refieren como «el doctor Raymundo» o simplemente «el doc». Un hombre de unos sesenta y tantos años, tal vez setenta, a quien envuelve cierto halo de misterio y reverencia por parte de quienes lo tratan.
Raymundo nos recibió en la sede del Cideci. El encuentro cumplió con la expectativa que genera su leyenda. El lugar que rodea a la modesta morada donde el doctor recibe a quienes van a su encuentro está cuidadosamente decorado con plantas, flores, pinturas y murales. La espera es matizada con música clásica, que selecciona el doc y se propaga por distintos sectores del predio a través de un sistema de parlantes al aire libre.
La sala donde nos recibe es luminosa y, entre los objetos que la decoran, sobresalen otras plantas, libros y banderas de movimientos indígenas o de liberación de distintos lugares del planeta, desde Colombia a Kurdistán. Nos saluda con amabilidad, conversa con voz pausada. La música clásica, a un volumen que compite con su propia voz, exige una mayor concentración para escucharlo; nos pregunta sobre nuestro interés en la visita, demuestra estar informado sobre quienes lo visitamos y, finalmente, nos ofrece un recorrido por todo el predio donde funcionan los talleres, las salas de estudio y los espacios comunitarios. Preguntamos sobre la situación de violencia que padecen las comunidades y el futuro de los Caracoles. Nos contesta con la amabilidad y la parsimonia que mantiene durante todo el encuentro, aunque se muestra concluyente en la respuesta: «No, eso no es aquí, no somos nosotros quienes debamos tomar la palabra… menos yo». Sabíamos que Raymundo no brinda entrevistas ni expresa las posiciones del zapatismo, pero de todos modos debíamos intentarlo.
“En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos”
Santiago es el joven que nos acompaña en la recorrida por el único Caracol que, aunque no esté «abierto» en la actualidad, puede ser visitado. Él llegó al Cideci a los 12 años, se formó en diversos oficios, aprendió música y ahora es uno de los profesores en esa materia. Combina el español fluido que habla con nosotrxs con las frases en la lengua originaria con las que se dirige a los otros jóvenes de la comunidad. También con él intentamos el diálogo sobre la actualidad de los Caracoles, pero su silencio es inconmovible: con unas simples evasivas nos deja en claro que de eso no puede decirnos nada.

«En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos», explican las bases zapatistas. Pero ahora se saben acechados. Hasta que el EZLN y las comunidades decidan que es el momento para dar a conocer los pasos a seguir, los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno seguirán replegadas.
El 1 de enero de este año las comunidades zapatistas se convocaron a deliberar en cada Caracol, aunque ya por ese entonces los encuentros se realizaron a puertas cerradas. Solo dejaron trascender un mensaje: «Aquí seguimos, aquí estamos». Allí, en las comunidades del sureste mexicano, seguirán estando. En silencio, por ahora. Pero sería un error confundir el repliegue con la pasividad. Recordemos, en estas fechas, que la rebelión armada que está por cumplir 30 años fue resultado de una larga década previa de acumulación de fuerzas en la más estricta clandestinidad. Es de esperar que, como entonces, de estos silencios surjan nuevas rebeldías.
(Publicado en Revista Jacobin, 30 de agosto de 2023)
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Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu
Desde un principio estuvo clara la postura de la CTA: rechazo total a la reforma laboral con plan de lucha, paro y movilización. Dentro de la CGT las diferencias entre distintos gremios tienen matices que no llegan a ser antagónicos, más bien complementarios. La cúpula cegetista apuesta al diálogo con los distintos bloques que lograr su voto en contra. Tanto Jorge Sola como Cristian Jerónimo, han declarado su oposición total a la reforma que pretende poner en un supuesto pie de igualdad en las negociaciones a los trabajadores de manera individual y a las empresas, dejando de lado el diálogo con los sindicatos. La soledad de un empleado solo aumenta su debilidad a la hora de llegar a un acuerdo. Al igual que el supuesto ‘banco de horas extras’ que no sería acordado de manera bilateral sino impuesto por el empleador. Sin embargo, aún no han definido un plan de lucha. Fieles a su estilo, piden prudencia y una respuesta orgánica en unidad. Causó bastante disgusto entre los dirigentes de la Central Obrera el anuncio unilateral del Secretario General de la UOM de una convocatoria a paro general y movilización sin consulta previa al Consejo Directivo.
De los gremios fuertes dentro de la CGT, se diferenció por su combatividad el sindicato de aceiteros, liderado por Daniel Yofra para quien no basta con parar sólo un día, habría que ir a un paro por tiempo indefinido: “Un día de paro no sirve para nada”. En los últimos tiempos, Yofra, quien tenía una política muy combativa dentro de su propio sindicato pero un bajo perfil en lo que se refiriera a cuestiones internas de la CGT, ha levantado la cabeza y se está transformando en en dirigente a nivel nacional que es escuchado y respetado por su coherencia.
Así las cosas, el miércoles 28 de enero hubo una reunión en la sede de la UOM en la que se reunieron 86 sindicatos pertenecientes a la CGT y las dos CTA que lanzaron el Frente por la Unidad Sindical (FreSu), forman parte del nuevo espacio la Federación de Aceiteros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), El Sindicato Gráfico y La Fraternidad, entre otros.
En el encuentro acordaron un plan de lucha que prevé movilizaciones regionales el 5 de febrero en Córdoba y el 10 del mismo mes en Rosario, rumbo a una movilización para el 11 de febrero frente al Congreso, cuando se debata la polémica Ley. Aceiteros y las CTAs ya convocaron para ese día a un paro general. Abel Furlán, luego del traspié sufrido por un anuncio prematuro, espera que la CGT sea también parte de la medida para hacer su convocatoria.
Héctor Amichetti, representate de la Federación Gráfica Bonaerense, no anduvo con medias tintas y haciendo referencia a la actuación de la CGT en busca de apoyo legislativo sostuvo que “la reforma laboral no se discute con los gobernadores sino con los trabajadores“. En el mismo sentido, Yofra advirtió: “Tenemos que hacerle pagar el costo a aquellos gobernadores que acepten esta ley así tal cual está”
Comunicado de prensa
Miercoles 28 de enero de 2026, Buenos Aires
NO AL PACTO CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES
Las organizaciones sindicales firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.
Se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los aspectos más graves del proyecto se destacan la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, entre otros.
No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.
Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral.
Estas discusiones tienen que tener a las y los trabajadores en el centro y, a contramano de este proyecto, deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina. Por todo ello, rechazamos íntegramente el proyecto de “Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo” que impulsa el Gobierno Nacional, y convocamos:
A dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales:
● 5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
● 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva.
El FUTURO DEL TRABAJO SE DECIDE CON NOSOTROS
NADA DE LOS TRABAJADORES
SIN LOS TRABAJADORES
AOMA – Federación Gráfica Bonaerense – APA – FOCRA – Federación de Trabajadores
Aceiteros – CTA Autónoma – CTA de los Trabajadores – UOM – ATE – APLA – ASIJEMIN
– AAPM – FESPROSA – SADEM – APJ Gas – Molineros – Luz y Fuerza Mar del Plata –
FOEIPCYQ – FETIA – UPSA – ATEPSA – SOMU – Centro de Capitanes y Oficiales de la
Marina Mercante – FEDUN – Jerárquicos Banco Nación – FEPEVINA – AMM – CEPETEL
– AMAP – CEA – AJTPSIP – CICOP – SOEPU – UTICRA – CEP – APJTV – APSAE – ASURA –
APOPS – Patrones de Cabotaje – Federación de Remiseros – Guincheros – Fotógrafos –
FATERIH – La Fraternidad – APINTA – Fleteros – Trabajadores Viales – FATICA – APSEE –
FATIQUIP – STIMPRA – Jerárquicos de la Marina Mercante – Electronicistas Navales –
FETERA – FETRADE – Actores – CONADU Histórica – FAPREM – Federación Judicial
Argentina – FAAPROME – CISPREN – SECEIC – SAMC – SUTAP – UCRA – SITRAIC –
UETTEL – FeNaT – MAP – MTL – FETARA – ATRES – SUOR – SRUPP – SOEAIL – SOEA –
STA – SOEASI – ABP – AECPRA – SITOSPLAD – SIUNFLETRA – UOTPGNC – OTECH – Luz y
Fuerza – ATEM – SITAPOS – APCNEAN – SOESGYPE – UTRACOS – APJBO – SITEBA –
SOMPRA – SATaDTyA – SATIVA – GOA – ATSNR – SUTRAS – SIVISA – SITRAVIP – SSCCAyP
– OSTV – SiPeSeDo – SECFER – APECAF – AEDA – AATDa – SiTraMuS – SITMMA-CABA –
SITMMA-Prov. Bs. As. – SUPCTRA – SOEALFFFM –UTPE – FAG – SUTAICCA – SITraLab –
UNTRA – SURAR – UTI PAMI… siguen las firmas.
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Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.
Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.
Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?
Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?
Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?
Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?
Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?
Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?
Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?
Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.
Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
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Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.
LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.”
Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”
LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?”
Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”
LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?”
Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”
LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?”
Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”
LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?”
Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”
LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?”
Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”
LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.”
Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”
Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu
Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar

