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El silencio de los Caracoles, por Pablo Solana desde Chiapas

San Cristóbal de las Casas, la cabecera municipal que los indígenas de Chiapas tomaron el 1 de enero de 1994, mantiene pocas huellas de aquel hito determinante de la historia contemporánea. Modelada para recibir turistas, la ciudad reserva a la identidad zapatista un puñado de centros sociales y culturales que funcionan como redes de apoyo; allí se venden productos cooperativos y se ofrecen algunas postales que propagandizan la causa insurgente. Los espacios funcionan, además, como lugares de encuentro y autoorganización urbana. Hay que salir del casco histórico para toparse con algún mural o cartel que reivindique al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ese particular ejército irregular que decidió seguir existiendo solo a condición de dejar de lado las armas. No hay mucho más que recuerde la insurrección indígena en una ciudad sostenida por el trabajo de los mismos que, hace casi 30 años, empuñaron los fusiles y los palos y se rebelaron.

Los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata. Dijo el sub Marcos: “Serán como puertas para entrarse a las comunidades y que las comunidades salgan…”

El pasado 8 de agosto se cumplieron 20 años de la fundación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. En los próximos meses confluyen otras conmemoraciones significativas: el 17 de noviembre serán 40 años desde que comenzó a organizarse la insurgencia clandestina en el sureste mexicano y el 1 de enero del año entrante se cumplirán 30 años del levantamiento que resquebrajó la hegemonía neoliberal y sacudió conciencias adormecidas a lo largo de todo el mundo. La cultura zapatista es bien propensa a los símbolos y al aprovechamiento de las fechas: los Caracoles nacieron el día del cumpleaños de Emiliano Zapata; el EZLN se dio a conocer en simultáneo y en resistencia a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (y en sintonía con el aniversario de la Revolución Cubana); cuarenta y tres es la suma de los Caracoles y los municipios autónomos conformados a lo largo de estos 20 años y la cifra, explican, busca reivindicar la memoria de lxs 43 jóvenes normalistas desaparecidxs en Ayotzinapa.

Sin embargo, este año, el cumpleaños de Zapata y la conmemoración redonda de dos décadas de Caracoles pasaron desapercibidos. En Chiapas explican ese silencio con más silencio. En medio de un contexto de violencias contra las comunidades que recrudeció en los últimos meses, nadie arriesga una pista sobre las decisiones futuras del zapatismo.

Un Caracol es una comunidad autoorganizada y autogobernada. En 1996, después de la traición a los acuerdos de paz de San Andrés por parte del Estado mexicano, los pueblos zapatistas decidieron darse su propia organización por medio de las Juntas de Buen Gobierno, en confrontación ideológica con el neoliberalismo y al margen de cualquier injerencia del Estado. Esas instancias resultaron útiles, además, para recibir la solidaridad nacional e internacional y para dar a conocer la voz de las comunidades más allá de las fronteras. En palabras del por entonces subcomandante Marcos, cada Caracol buscó ser «una pequeña parte de ese mundo a que aspiramos hecho de muchos mundos. Serán como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está».

En la actualidad los Caracoles están cerrados

«No sé si se conmemoran 20 años, o se hubieran conmemorado», dice, con cierto misterio digno de la enigmática filosofía zapatista, un integrante de las redes de apoyo en San Cristóbal. Solo cuando avance la conversación comprenderemos a qué se refiere. Es que, en la actualidad, los Caracoles están cerrados. Las comunidades ya no hacen pública la existencia de las Juntas de Buen Gobierno, esas instancias delegativas y rotativas donde quien cumple funciones lo hace sin recibir remuneración alguna y, sobre todo, honrando la máxima de gobierno zapatista, el «mandar-obedeciendo».

Hasta hace poco, quien quisiera entrar en contacto con las comunidades —por lo general, integrantes de las redes de apoyo con que cuenta el zapatismo en México o en otros lugares del planeta— podía acercase a San Cristóbal y, tras las gestiones correspondientes, ser recibido en algún Caracol. Pero ahora eso ya no es posible. «Es que hay un proceso de remilitarización a través de las nuevas bandas criminales que nos tienen bajo ataque», explican.

Diana Iztu Luna nos recibe en Sendas, un espacio cultural en el centro de San Cristóbal «para aquellas personas que caminamos en búsqueda de la justicia y que nos inspiran las luchas de los pueblos originarios». Allí se combina el arte indígena con la comercialización de productos cooperativos de las comunidades. Diana integra distintos espacios organizativos que adhieren a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como la Red de Resistencia y Rebeldía y el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio.

«La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío. Antes nosotros, nosotras, hablábamos de la guerra integral y de desgaste por parte del Estado hacia las comunidades autónomas; ahora lo que estamos viendo es una guerra también propiciada desde grupos de poder, pero ejecutada por personas comunes, eso ya nos mete en una dinámica donde, si antes hablábamos de mal gobierno, ahora hablamos de des-gobierno», explica Diana.

La violencia ya no viene solo del Estado, ahora el crimen organizado nos pone en un nuevo desafío

A pocas cuadras del espacio cultural Sendas se encuentra la oficina del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba, fundado en 1989 por el mítico obispo católico Don Samuel Ruiz, amigo de las comunidades indígenas aún antes de la rebelión. Desde allí parten las Brigadas Civiles de Observación que buscan, con su presencia en los territorios en conflicto, prevenir y documentar las agresiones a las comunidades. «El gobierno federal es cómplice de la violencia», dicen desde el Frayba, y apuntan sin eufemismos al presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es visto desde América Latina como parte de los gobiernos progresistas que se proponen construir alternativas al mismo neoliberalismo que los zapatistas siempre buscaron combatir. Sin embargo, comunidades y gobierno chocan y no se ven puntos de contacto, más bien todo lo contrario. Zapatistas y defensorxs de derechos humanos afirman que «el presidente de la República miente y encumbra la violencia en Chiapas». Acusan a AMLO de difamar a las organizaciones de la sociedad civil en Chiapas «en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años».

A partir de 2019, distintos grupos paramilitares atacaron a las comunidades en más de 110 oportunidades, según documentó el Frayba. Los hechos se extienden a lo largo de todo el sureste mexicano: fueron sus principales víctimas las regiones zapatistas de Moisés y Gandhi, las Juntas de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, el Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, la zona Patria Nueva y el municipio oficial de Ocosingo, en Chiapas. Los ataques incluyeron quema de escuelas y bodegas de café, secuestros, torturas y heridos de armas de fuego.

A esa violencia paramilitar el Estado mexicano sumó la criminalización de las víctimas: en los últimos años fueron encarcelados Manuel Gómez Vázquez y José Díaz, miembros de las bases de apoyo del EZLN, y otras cuatro personas de las comunidades en resistencia cuentan con órdenes de aprehensión por acusaciones que «carecen de sustento y son una forma de intimidación y acoso a nuestra autonomía», denuncian los zapatistas.

“Chiapas está al borde de la guerra civil, con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza”

En el informe «Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado», el Frayba sistematiza sus investigaciones sobre las consecuencias de la remilitarización y el impacto de la contrainsurgencia en Chiapas, el punitivismo y la continuidad de la tortura como práctica sistemática.

«El 21 de mayo de este año entró un grupo paramilitar a una comunidad autónoma zapatista, y entraron disparando. Hirieron casi de muerte a un promotor de salud, el compañero Jorge, un jovencito de 22 años, que recibió una bala que le entró por la espalda y le perforó el pulmón. Están entrando a matar», grafica Diana, que viene acompañando a las comunidades en sus procesos de resistencia. «Por eso ahorita hay un ´hacia adentro´ por parte de los compañeros y compañeras zapatistas; esos grupos usan armas exclusivas del ejército, están uniformados. Ante eso, Andrés Manuel López Obrador se hace el que no ve nada, el que no escucha nada. Recientemente declaró que lo que estaba pasando en Chiapas no era grave, que eran conflictos intercomunitarios… Ese fue el discurso que tuvo el PRI, que tuvo después la ultraderecha. La guerra integral y de desgaste sigue, pero con este desgobierno lo que se viene es una guerra civil», concluye.

En el Consejo Nacional Indígena de México coinciden: «Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas [actual gobernador de Chiapas] y Andrés Manuel López Obrador», declararon en junio de este año.

Acusan al gobierno de AMLO por hacer la vista gorda ante la violencia que padecen las comunidades, pero no se quedan solo en eso. El zapatismo cuestionó desde el primer momento lo que considera que está detrás de esa complicidad con los ataques a sus comunidades: los megaproyectos en los que se sustenta el plan de gobierno de López Obrador, la «cuarta transformación» que tiene como uno de sus emblemas la construcción del Tren Maya. Cuando se hizo el anuncio, el subcomandante Moisés cruzó al presidente mexicano con dureza: «no dijo de todas las desgracias que traen esos megaproyectos para la gente y para la naturaleza», «desprecia a los pueblos originarios», y alertó que los zapatistas defenderán a la Madre Tierra «hasta morir si es preciso».

Un Caracol refugiado en su caparazón

A 20 minutos de San Cristóbal, en la Colonia Nueva Maravilla, se encuentra uno de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. Allí funciona la Universidad de la Tierra y el Cideci, Centro Indígena de Capacitación Integral. En 2019, este complejo comunitario y educativo se asumió como parte de los Caracoles zapatistas: en ese año fueron 11 las nuevas comunidades que se integraron a la red de autoorganización y autogobierno que propuso el EZLN en 2003. Aunque hoy mantiene el cartel en la entrada que lo identifica como «Caracol 7- Jacinto Canek», la comunidad en este caso adoptó las mismas medidas de seguridad que todas las demás: la Junta de Buen Gobierno ya no está accesible. Nadie en la comunidad habla del tema. Las respuestas son respetuosas pero esquivas. El silencio zapatista, ese digno y efectivo recurso de autodefensa y muestra de humildad, acompaña las miradas compasivas que nos dirigen cuando preguntamos.

El Cideci que allí funciona es un espacio educativo fundado en 1989. Al igual que el Frayba, se trata de proyectos que nacieron antes que el EZLN se diera a conocer por medio de la insurrección de 1994. El creador de esta apuesta formativa integral dirigida a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas es Raymundo Sánchez Barraza, a quienes todos se refieren como «el doctor Raymundo» o simplemente «el doc». Un hombre de unos sesenta y tantos años, tal vez setenta, a quien envuelve cierto halo de misterio y reverencia por parte de quienes lo tratan.

Raymundo nos recibió en la sede del Cideci. El encuentro cumplió con la expectativa que genera su leyenda. El lugar que rodea a la modesta morada donde el doctor recibe a quienes van a su encuentro está cuidadosamente decorado con plantas, flores, pinturas y murales. La espera es matizada con música clásica, que selecciona el doc y se propaga por distintos sectores del predio a través de un sistema de parlantes al aire libre.

La sala donde nos recibe es luminosa y, entre los objetos que la decoran, sobresalen otras plantas, libros y banderas de movimientos indígenas o de liberación de distintos lugares del planeta, desde Colombia a Kurdistán. Nos saluda con amabilidad, conversa con voz pausada. La música clásica, a un volumen que compite con su propia voz, exige una mayor concentración para escucharlo; nos pregunta sobre nuestro interés en la visita, demuestra estar informado sobre quienes lo visitamos y, finalmente, nos ofrece un recorrido por todo el predio donde funcionan los talleres, las salas de estudio y los espacios comunitarios. Preguntamos sobre la situación de violencia que padecen las comunidades y el futuro de los Caracoles. Nos contesta con la amabilidad y la parsimonia que mantiene durante todo el encuentro, aunque se muestra concluyente en la respuesta: «No, eso no es aquí, no somos nosotros quienes debamos tomar la palabra… menos yo». Sabíamos que Raymundo no brinda entrevistas ni expresa las posiciones del zapatismo, pero de todos modos debíamos intentarlo.

“En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos”

Santiago es el joven que nos acompaña en la recorrida por el único Caracol que, aunque no esté «abierto» en la actualidad, puede ser visitado. Él llegó al Cideci a los 12 años, se formó en diversos oficios, aprendió música y ahora es uno de los profesores en esa materia. Combina el español fluido que habla con nosotrxs con las frases en la lengua originaria con las que se dirige a los otros jóvenes de la comunidad. También con él intentamos el diálogo sobre la actualidad de los Caracoles, pero su silencio es inconmovible: con unas simples evasivas nos deja en claro que de eso no puede decirnos nada.

«En lugar de invertir nuestro esfuerzo en la guerra, lo hemos puesto en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos», explican las bases zapatistas. Pero ahora se saben acechados. Hasta que el EZLN y las comunidades decidan que es el momento para dar a conocer los pasos a seguir, los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno seguirán replegadas.

El 1 de enero de este año las comunidades zapatistas se convocaron a deliberar en cada Caracol, aunque ya por ese entonces los encuentros se realizaron a puertas cerradas. Solo dejaron trascender un mensaje: «Aquí seguimos, aquí estamos». Allí, en las comunidades del sureste mexicano, seguirán estando. En silencio, por ahora. Pero sería un error confundir el repliegue con la pasividad. Recordemos, en estas fechas, que la rebelión armada que está por cumplir 30 años fue resultado de una larga década previa de acumulación de fuerzas en la más estricta clandestinidad. Es de esperar que, como entonces, de estos silencios surjan nuevas rebeldías.

(Publicado en Revista Jacobin, 30 de agosto de 2023)

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España: Vox embarra la cancha en medio de la catástrofe, por Alvaro Hilario

Alvaro Hilario (Bilbao, País Vasco)

La noche del pasado 18 de enero, domingo, la colisión entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, sur de España, dejó el saldo de 45 personas fallecidas y cientos de heridos de los que dos decenas aún permanecen hospitalizados. A la par que se descartan hipótesis como el fallo humano o el sabotaje, dos comisiones, una de carácter técnico y otra judicial, trabajan para esclarecer las causas del suceso, tarea que necesitará de muchos meses. A pesar de ello, la extrema derecha, Vox, apoyándose en una campaña de bulos en redes sociales, responsabiliza al Gobierno y la “corrupción” de forma directa. Son la única formación política que no ha respetado el luto nacional de tres días.

En el mágico 1992, se inauguró la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, bajomonopolio de la estatal RENFE, no siendo hasta el 14 de diciembre de 2020, siguiendo las directrices de la Unión Europea, cuando el sector, el mercado español, se abrió a operadores privados como Ouigo (francés) e Iryo (italiano), aunque los primeros servicios comerciales de estas nuevas empresas no comenzaron hasta mayo de 2021, compitiendo con el AVE de Renfe, marcando un cambio histórico en el sector ferroviario español de alta velocidad tras décadas de monopolio. 

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde la liberalización del sector ferroviario, el volumen de pasajeros de alta velocidad en España ha crecido exponencialmente, alcanzando casi 40 millones de viajeros en 2024, lo que supone un aumento del 77% respecto a 2019 (pre-liberalización), captando millones de usuarios del avión y la carretera gracias a la competencia y la bajada de precios. Los corredores con competencia, como Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla o Madrid-Alicante, han batido récords de viajeros, con incrementos notables en todas las rutas. El tren ha atraído 4.8 millones de viajeros que antes usaban avión o carretera. Los datos del corredor donde se dio el choque, Madrid-Sevilla/Málaga/Granada, es de 5 millones de pasajeros encada uno (+28%).

La fuerte subida se atribuye directamente a la liberalización, que ha fomentado la competencia entre operadores (Renfe, Ouigo, Iryo), resultando en precios más bajos y una oferta más amplia, captando una gran cuota modal frente a otros transportes. 

Sin embargo, la inversión en mantenimiento de la alta velocidad en España no se ha correspondido adecuadamente con el aumento de actividad tras la liberalización, existiendo un déficit histórico de inversión que genera preocupación por el deterioro de la red a pesar del tráfico récord. Las inversiones se han reducido en una década, resultando insuficientes para las necesidades de una red con más trenes y mayor uso. 

La evolución presupuestaria para el mantenimiento de la alta velocidad en España muestra un aumento significativo y récord en los últimos años, especialmente desde 2023, con cifras que superan los 900 millones de euros anuales en conservación, contrastando con años anteriores donde la inversión pudo ser menor o más centrada en construcción, destacando la tendencia actual de priorizar la conservación de la extensa red existente tras años de fuerte expansión, según datos de Adif.

Parece, sin embargo, que el esfuerzo de estos últimos años no llega para compensar el abandono de décadas anteriores, desde la crisis de 2008 y los gobiernos del conservador Partido Popular (PP), caracterizados por sus recortes en gasto público.

Miguel Montenegro, miembro del sindicato de ferroviarios de la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT) recuerda que desde su central “venimos desde muchos años advirtiendo de a dónde nos está llevando esta política de desmantelamiento del servicio público ferroviario en cuanto al mantenimiento” que, en su opinión, se traduce en el empleo por parte de las grandes constructoras ya citadas del empleo de contratas y subcontratas, de la precarización del empleo, para acometer todas las obras en las infraestructuras ferroviarias sin que el Estado fiscalice estas.

Que entre las hipótesis se plantee fallos en las soldaduras de los raíles, confirmaría los riesgos derivados de las subcontrataciones que el sindicalista Montenegro denuncia. Falta de profesionalidad y/o experiencia contrastada en tareas de exigencia máxima al estar relacionadas con infraestructuras y seguridad.

Solo un puñado de constructoras tienen capacidad de acometer la gran obra pública española y es por ello que se reparten toda adjudicación ministerial, realidad que favorece una corrupción perpetua cuyo último capítulo es el procesamiento de José Luis Ábalos, ex Ministro de Transportes y ex número tres del partido socialista, en la actualidad, en prisión, a espera de juicio.

Embarrando la cancha

Haciendo un alto en la bronca que envuelve la escena política desde que el socialista Pedro Sánchez fuese investido como presidente del Gobierno por el Parlamento español en noviembre de 2023, las diferentes instituciones públicas, aún gobernadas por partidos de diferente signo, unieron sus fuerzas en hacer frente a la catástrofe y sus dirigencias se abstuvieron de hacer declaraciones estridentes. La situación, las víctimas lo requerían.

Vox, la extrema derecha, fue la excepción. Con la población estremecida y sus referentes mostrando una tremenda cautela respecto a las causas de la tragedia, sin mencionar siquiera responsabilidades, el líder del partido, el ex militante del PP, Santiago Abascal ya lo tenía claro; en redes sociales, proclamó: “Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”. Quince horas después, ufano, añadía: “Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto.”

Todas las formaciones políticas suspendieron de inmediato su agenda política, sus actos de campaña electoral en Aragón, con sus elecciones fijadas para el 8 de febrero, excepto Vox, que no iba a participar del silencio impuesto para ayudar al Gobierno a esconder sus responsabilidades e iba a continuar trabajando.

Al mismo tiempo, impulsaron, como es habitual, una campaña de desinformación y bulos en las redes sociales para instrumentalizar el desastre, como ya hicieran con la DANA de Valencia. El bulo principal fue marcado ante los medios por el portavoz del partido, José Antonio Fuster, quien sugirió que el accidente “coincide con la decisión del Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles a financiar redes ferroviarias en otros países”.

Ese mensaje ha sido amplificado en redes sociales por perfiles de la ultraderecha y por medios afines, que difunden la mentira de que, tras el descarrilamiento de los trenes en España, Pedro Sánchez “regaló” 247 millones de euros a Marruecos para mejorar su red ferroviaria.

Ocultan, sin embargo, que no es ni una inversión ni un regalo, sino créditos reembolsables concedidos tanto a Marruecos como a Uzbekistán. Estos préstamos deben devolverse, estando condicionados a que el dinero se gaste en la contratación de empresas españolas. Así, la compañía CAF anunció recientemente un importante contrato con Marruecos vinculado a este tipo de financiación.

A pesar de ello, el discurso de la ultraderecha insiste en vincular la tragedia con una supuesta falta de inversión en el sistema ferroviario español y con la idea de que viajar en tren en España ya no es seguro. Así, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha manifestado que los españoles tienen miedo de subirse a un tren.

La extrema derecha, vendiendo miedo.

Vox, hace pocos años una organización residual, consiguió la financiación de destacados miembros de la oligarquía española como David Álvarez Díez, propietario del Grupo Eulen, Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL)a través de la organización ultra-católica Hazte Oír y, hoy en día, maneja una intención de voto cercana al 20%, restando base electoral al PP.

Así, a cuatro días del accidente de Andalucía, el PP ya rompió su tregua política por boca de personajes de su ala más dura, como Cayetana Álvarez de Toledo o la gran amiga de Milei, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los hechos

Andalucía, municipalidad de Adamuz, a 66 kilómetros de Córdoba; 367 de Madrid. Eran las 19.40, noche cerrada, cuando los tres últimos vagones del tren de alta velocidad Iryo 6189 que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron e invadieron la vía contraria por la que, procedente de Madrid y con destino Huelva, circulaba el Alvia 2384. El violento choque provocó que parte de este cayera por una barranca de cuatro metros de profundidad. El impacto fue tal que los trenes, que circulaban a 200 kilómetros por hora, quedaron separados por una distancia de 800 metros.

El suceso arrojó el trágico balance de 45 personas fallecidas y 123 heridas, de las que 21 aún permanecen hospitalizadas. Las víctimas se encontraron tanto en el Alvia, operado por la compañía estatal RENFE, como en el de la italiana Iryo.

Dos comisiones, una de naturaleza técnica, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), formada por profesionales independientes de reconocida valía y adscrita al Ministerio de Transportes, y otra judicial, dirigida por la Guardia Civil (similar a la Gendarmería), trabajan desde el primer momento para conocer las causas que provocaron un accidente que expertos, profesionales del mundo ferroviario y la ingeniería e incluso el Ministro de Transportes, Oscar Puente, han calificado de “extraño”. Extraño porque es inusual que un descarrilamiento se produzca en una recta cuya infraestructura ferroviaria fue renovada en mayo de 2025, invirtiéndose 14,1 millones de euros, amén de 43,3 millones en las mismas labores tres años antes. Plata que fue a parar mediante adjudicación ministerial a las grandes constructoras privadas Ferrovial, OHL, FCC y Azvi.

 También sale de lo habitual que fuesen los vagones de cola los que descarrilasen.

Por otra parte, tanto el ETR 1000 de Iryo como elAlvia S-120 de Renfe, son modelos tecnológicamente avanzados, siendo de reciente fabricación. El Iryo, por ejemplo, entró en servicio en 2022, habiendo pasado su última inspección de seguridad solo tres días antes del accidente.

Aunque la CIAF tiene un plazo de doce meses para hacer públicas sus conclusiones, mucho antes, en dos o tres meses, difundirá un informe preliminar descartando hipótesis y eliminando así especulaciones sobre las razones de la catástrofe. De hecho, algunas, como el fallo humano, el sabotaje o el exceso de velocidad ya lo han sido.

Así las cosas, las investigaciones se dirigen al estado de la vía, de los railes y al tren que descarriló, al Iryo.

Liberalización de la Alta Velocidad en España

Una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que circulaba el tren siniestrado centra gran parte de la atención de los grupos que investigan la tragedia. Se desconoce si esta falla es causa o consecuencia del suceso. Las ruedas del Iryo, desde el primer al sexto coche (que descarriló) muestran unas muescas o mordidas, un poco más chicas que una moneda de peso, coincidentes con esa rotura de la vía, achacable a un fallo de soldadura en la misma. Estas marcas indicarían, en opinión de los técnicos, que el Iryo 6189 pasó sus ruedas sobre ese fallo de soldadura en la vía que se ensanchó a medida que pasaba cada rueda. Los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora provocaron la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal.

Además, siguiendo la línea abierta por esta hipótesis, técnicos contratistas desplazados al lugar del descarrilamiento observaron “varias traviesas de hormigón (concreto) completamente destrozadas”, algo que solo puede haber sucedido por el impacto muy fuerte de un elemento contundente, como el desprendimiento del bogie (bogie es un conjunto mecánico articulado de pares de ruedas montado sobre un bastidor para adaptar la movilidad de los vagones a las vías).

La infraestructura, un fallo en los trenes, una combinación fatal de fallos en ambos elementos, las hipótesis que barajan los grupos de especialistas e investigación pudieran moverse en estos parámetros, siempre, claro está, con todas las cautelas debidas, excepto, como decíamos más arriba, para la extrema derecha, que siempre tiene claro quiénes son los culpables y cuáles las causas.

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Hugo Paredero: “El arte no necesita críticos: necesita gente que sienta”

En una charla exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Hugo Paredero recorre su vida atravesada por el arte, el periodismo, el teatro y la cultura. Con anécdotas entrañables, memoria afectiva y una mirada crítica sobre el presente, la entrevista se convierte en un testimonio sensible sobre la potencia del encuentro, la resistencia cultural y el valor del oficio.

LCV: A veces una se da los gustos en vida, ¿no? Hoy estoy particularmente contenta. Señoras y señores, con ustedes el periodista, escritor y humorista Hugo Paredero. ¿Cómo estás, Hugo?

Hugo Paredero: “Bien, muy contento de estar acá. De verdad. Estoy con buen ánimo, y eso que no siempre es fácil, pero hoy sí puedo decir que estoy bien. Me hicieron muy bien veinte días de vacaciones.”

LCV: ¿Dónde estuviste?

Hugo Paredero: “En América, el pueblo donde vive mi hermano. No es donde nací —yo nací en Carlos Tejedor—, pero es donde vivieron mis padres durante más de cuarenta años. Estuve en la casa familiar veinte días maravillosos: comer, caminar, cantar, compartir afectos. Eso te reordena el alma.”

LCV: Trabajamos muchos años juntos y hay una anécdota inolvidable: la malla de lana que te tejió tu mamá para ir al río. Contala, por favor.

Hugo Paredero: “Mi mamá era tejedora compulsiva. Un día vamos a Punta Lara y ella, convencida de que íbamos al mar, me teje una malla de lana con pecherita, roja, con un conejito azul. Yo tenía cinco años. Entro al agua y la lana empieza a pesar… me hundía. Mi papá me rescata. Para mí fue un héroe absoluto. Hoy cumpliría 103 años.”

LCV: ¿Cómo se hace humor y periodismo crítico en este contexto tan hostil?

Hugo Paredero: “Primero, teniendo una disposición vital: yo tiendo al vaso más de tres cuartos lleno. Me gusta la vida. Me enojo, claro, pero mi base es esa. Empecé en la revista Humor en el 79, ahí me autopercibí periodista. Nunca estudié periodismo formalmente, pero ese espacio me empujó a serlo.”

LCV: No hablás del arte desde la distancia, sino desde el amor por el oficio.

Hugo Paredero: “Claro. Yo estudié teatro, dramaturgia, actué. Dejé abogacía a los veinte porque mi vocación era el arte. Por eso no creo en el crítico como figura necesaria. El arte existe con el artista y con quien lo recibe. Cada espectador tiene una cita íntima con la obra.”

LCV: ¿Cómo te llevás con los nuevos géneros, el trap, el rap?

Hugo Paredero: “Cuando hay pensamiento, poesía, discurso, me interesa. Escuché a Willy Bronca y me gustó. No suena a arenga vacía, hay cansancio, hay verdad. Ese estilo nace del hartazgo social. Eso lo vuelve respetable.”

LCV: ¿Qué opinás de la política cultural del gobierno actual?

Hugo Paredero: “Es devastadora. Es un gobierno destructivo, profundamente inculto, que ostenta la violencia. El daño que genera en la vida cultural es enorme. Hay miles de actores y actrices sin trabajo. La única salida es juntarse, organizarse, crear en colectivo.”

LCV: Escuchamos recién a Mariquena Monti interpretando “La loba”. ¿Qué te genera?

Hugo Paredero: “Una emoción inmensa. La entrevisté varias veces, la vi en escena, la conocí personalmente. Tenía una mirada que te abrazaba. Cuando cantaba ‘La loba’, no interpretaba un poema: lo habitaba. Era ella. Ese es el arte verdadero.”

LCV: También conociste a figuras como Egle Martin.

Hugo Paredero: “Sí. Íbamos a su casa en Barracas, vermut con papas fritas, música, conversación. Tenía una energía arrolladora. Te convocaba a crear sin imponerte nada. Esa polenta hoy cuesta encontrarla, pero todavía existe en muchos actores y actrices.”

LCV: ¿Qué recomendás hoy para ver en teatro?

Hugo Paredero: “B Company, en el Nacional. Un espectáculo brillante, con talento argentino del más alto nivel. El teatro está lleno porque la gente necesita reír, emocionarse, encontrarse. Eso sigue vivo.”

LCV: Gracias, Hugo. Nos hacía falta jugar un rato con la palabra, con el arte, con la memoria.

Hugo Paredero: “Gracias a vos. Me encanta el programa, me encanta el título. Y me encanta este espacio.”

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Preocupación en el Hospital El Cruce: salarios bajos, financiamiento incierto y alerta ante posibles intentos de privatización

El Hospital Nacional El Cruce, ubicado en Florencio Varela, es una institución pública estratégica para la salud de miles de personas en el conurbano bonaerense y en todo el país. En diálogo con LCV, Diego Garrobo, trabajador administrativo con 16 años de trayectoria en el hospital, describe la situación actual: el esfuerzo cotidiano del personal para sostener la atención, los bajos salarios, el aumento de la demanda producto de la crisis social y la preocupación que generaron versiones periodísticas sobre una eventual privatización.


LCV: “Contanos un poco cuál es la situación actual del Hospital Nacional El Cruce y dónde queda, para la gente de todo el país.”

Diego Garrobo: “El Hospital El Cruce queda en Florencio Varela. Hoy está funcionando y atendiendo gracias al enorme esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, existe una preocupación real por los salarios bajos, los contratos que no se efectivizan y una situación que termina impactando tanto en la calidad del trabajo como en la atención a los pacientes.

La semana pasada circuló una versión en un diario de alcance nacional sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Esto generó una enorme preocupación en la comunidad hospitalaria y en los pacientes, porque no se trata de un hospital más: es un hospital público de alta complejidad, estratégico para la región y para el sistema de salud provincial y nacional. Garantiza atención integral y gratuita y resuelve casos muy complejos que otros hospitales no pueden abordar.”


LCV: “¿Qué tipo de población asiste al hospital? ¿Cuál es su nivel socioeconómico?”

Diego Garrobo: “Es un hospital público que atiende principalmente a población vulnerable, a personas que no tienen obra social. También atiende a pacientes que sí tienen cobertura, pero que requieren prestaciones que las clínicas privadas no pueden realizar, y en esos casos el hospital recupera costos a través del cobro a las obras sociales.

En Florencio Varela se vive una situación social muy difícil: cierran empresas, cierran comercios y muchas personas pierden su cobertura de salud. Eso hace que aumente la demanda en los hospitales públicos, incluido El Cruce.”


LCV: “¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador de la salud y de un médico en el hospital?”

Diego Garrobo: “Depende de la categoría, pero los profesionales rondan entre 800.000 y 1.300.000 pesos. Es un sueldo muy bajo, y eso es parte central de nuestro reclamo.”


LCV: “¿Cuál es tu rol dentro del hospital?”

Diego Garrobo: “Soy personal administrativo. Llevo 16 años trabajando en el hospital, desde sus inicios. Es un hospital que conozco profundamente: atiende pacientes sin distinción, tengan o no obra social. Es un hospital relativamente nuevo, inaugurado en 2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner, con tecnología de alta complejidad y diagnóstico de última generación.”


LCV: “Se habló de privatización. ¿De qué estamos hablando exactamente?”

Diego Garrobo: “El diario La Nación publicó una versión sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Eso generó muchísima preocupación porque este tipo de medidas suelen derivar en arancelamiento. Nosotros sostenemos que ni la salud ni la educación pueden regirse por una lógica de mercado ni por criterios de rentabilidad.

Tras el repudio rápido del sindicato y de distintos sectores, la dirección del hospital difundió un comunicado aclarando que no existe ningún proyecto de privatización ni de gerenciamiento privado. Eso es importante decirlo. Sin embargo, en ese mismo comunicado se reconoce que hay problemas de financiamiento que afectan la previsibilidad y el desarrollo del hospital.

Desde APEC, el sindicato que representa a los trabajadores, valoramos que se haya aclarado públicamente que no hay un proyecto de privatización, pero también decimos que la preocupación sigue siendo legítima. La historia de la salud pública muestra que muchas privatizaciones avanzan de manera gradual, bajo discursos de eficiencia o modernización. Por eso creemos que no alcanza con un comunicado: necesitamos garantías políticas claras y sostenidas.”


LCV: “¿Cuáles son las próximas medidas?”

Diego Garrobo: “La semana pasada, el jueves 15, realizamos una jornada de protesta de 24 horas con actividades a las 14, a las 18 y a las 24, para que todos los compañeros y compañeras pudieran participar. Hubo una gran convocatoria. Vamos a seguir con el plan de lucha hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.”


LCV: “¿La comunidad acompaña?”

Diego Garrobo: “Sí, la comunidad acompaña mucho. Agradecemos profundamente a la comunidad y a los medios que nos acompañan y defienden la salud pública y al Hospital El Cruce.”

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