La empresa estatal ARSAT, símbolo del desarrollo tecnológico nacional y la soberanía digital, atraviesa una de las peores crisis de su historia. Desde hace más de un año, los salarios están congelados, el capital humano se desintegra y el futuro de la conectividad federal parece incierto. Claudio Marín, secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones FOETRA, dialogó con La Columna Vertebral sobre el vaciamiento que sufre la empresa, la pérdida de trabajadores calificados y las luchas gremiales que buscan frenar una destrucción silenciosa, pero letal.

LCV: “¿Qué está pasando con nuestro satélite? Con nuestros satélites, ¿y qué es lo que pretende hacer este gobierno con ellos? ¿Qué pasa con la Red Federal de Fibra Óptica? ¿Qué pasa con la empresa estatal de comunicaciones ARSAT?”

Claudio Marín: “Si uno habla de ARSAT, habla de una empresa que tiene un fin ideado para un Estado en vías de desarrollo. Pensar en ARSAT es pensar en el desarrollo de todo el territorio, especialmente de las regiones menos favorecidas por la geografía, por donde no necesariamente circula el Producto Bruto Interno. Es pensar en la integración para que todos puedan acceder a la conectividad, sin sufrir una brecha digital injusta entre quienes tienen más posibilidades y quienes tienen menos. Cuando hablamos de comunicación con el mundo, de vigilancia de nuestras fronteras, de desarrollo tecnológico, hablamos también de ARSAT. La ciencia y la tecnología avanzan en función de la necesidad, y en ese sentido, es clave que el desarrollo científico-tecnológico responda a las demandas de nuestra región y de nuestro país. ARSAT fue creada para fines colectivos. En un país sin proyecto de desarrollo, donde estos valores no son fundamentales, la empresa queda reducida a un conjunto de fierros abandonados.”

LCV: “¿Cuál es el proyecto estratégico para una empresa estratégica como ARSAT?”

Claudio Marín: “Si no hay estrategia en lo económico, social y político, ARSAT no tiene destino. Para decirlo claro: una cosa son los fierros que componen la empresa, pero si no hay un proyecto estratégico, esa infraestructura se va a anquilosar y a quedar tecnológicamente obsoleta. Además, ¿qué pasa con quienes crearon ARSAT, con quienes la imaginaron y la dotaron de su capital más importante: el capital humano? Hoy hay una pérdida concreta del 50% del poder adquisitivo del salario. Nosotros, como gremio, venimos logrando paritarias que acompañan la inflación, aunque el índice que marca el INDEC no refleja lo que realmente sufrimos al comprar. Aun cumpliendo con la inflación, una cosa es tener cláusula gatillo como veníamos haciendo, y otra es que desde hace un año los salarios estén congelados. Lo que podías comprar en diciembre de 2023, hoy es la mitad. Esa es la realidad. De 700 trabajadores de ARSAT, alrededor de 150 se fueron porque ya no alcanzan los sueldos.”

LCV: “¿Y a dónde se van esos trabajadores? ¿A empresas privadas o al exterior?”

Claudio Marín: “No me consta que se vayan fuera del país, pero son trabajadores con gran experiencia y conocimiento. Armar un equipo con ese nivel técnico es dificilísimo. Son compañeras y compañeros que se pierden y cuesta mucho volver a reunirlos con la misma sincronía. Además, todos entraron con un proyecto colectivo. No es lo mismo que ir a hacer pizzas, aunque hasta en una pizzería cada uno tiene un rol específico que se coordina con el otro. En ARSAT había un horizonte, un objetivo a futuro. Eso desapareció. Hoy estamos frente a un universo distópico.”

LCV: “¿Qué pueden hacer ustedes, desde el gremio, frente a esta crisis? ¿Qué están haciendo?”

Claudio Marín: “Desde nuestra dimensión sindical, sabemos que se necesita resolver el presente: los huevos hoy, no la gallina para mañana. Por eso estamos ejerciendo presión con medidas de acción sindical, paros y movilizaciones. Llevamos ya 14 paros totales en ARSAT. Además, llevamos la lucha al plano judicial: la semana pasada movilizamos frente al tribunal del trabajo que tenía una audiencia conciliatoria. La actitud del juzgado fue positiva; busca reunir a las partes para encontrar una salida. No todos los tribunales tienen esa postura. También denunciamos en la OIT, en la Secretaría de Trabajo, presentamos notas y buscamos dialogar con las autoridades. Intentamos todas las fórmulas para recomponer el salario, pero no hemos tenido éxito. La política actual es el no-diálogo. Desde ese lugar, hay un trabajo que compartimos todos los sindicalistas: sostener el ánimo del compañero que sigue sosteniendo su puesto de trabajo. Eso no es menor. La crisis genera un estrés enorme. Salir cada mañana a cumplir un horario, pero sin el proyecto que te movilizaba, te quiebra. Por eso, hoy el sostén anímico y la moral combativa de quienes van todos los días a trabajar es una de las tareas más importantes. Y no es una tarea menor recordar que los logros tienen carácter colectivo y solidario.”

En un contexto nacional complejo, con una fuerte caída del empleo y una crisis estructural que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas tecnológicas enfrentan nuevos desafíos. Leandro Monk, referente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), conversó con La Columna Vertebral sobre el impacto del contexto económico actual en el sector cooperativo, las dificultades para exportar servicios, la migración de talentos, y el valor de pertenecer a una federación. Un testimonio que combina diagnóstico, crítica y compromiso con un modelo de trabajo solidario.

LCV: “¿Cuál es la situación actual de las cooperativas tecnológicas?”
Leandro Monk: “La situación de las cooperativas tecnológicas no escapa a la de cualquier pyme en Argentina. Las cooperativas que generaban divisas y exportaban servicios hoy ya no pueden hacerlo, porque lo que se produce en el país dejó de ser exportable. El gobierno dice que acomodó la macroeconomía, pero en realidad la desorganizó. Tampoco se puede trabajar en el mercado interno, donde hay un proceso que podría llamarse ‘pymesidio’. El sector tecnológico, que era uno de los más pujantes y exportadores, ha sido muy golpeado y pauperizado.”

LCV: “¿Ustedes pertenecen a lo que se llama la economía del conocimiento?”
Leandro Monk: “Sí. La mayoría de las cooperativas que integran la federación se dedican al desarrollo de software. Somos cooperativas integradas por personas que programan.”

LCV: “¿Cuáles eran sus exportaciones? Leímos que han desaparecido 30.000 pymes recientemente, afectando a 70.000 puestos de trabajo.”
Leandro Monk: “Hasta hace poco, había más trabajo que personas disponibles. Ahora la situación cambió: se trabaja en proyectos de menor calidad y hay más oferta que demanda. En diciembre de 2023 quienes exportaban ganaban lo mismo que ahora. Exportábamos de dos formas: equipos completos que desarrollaban un proyecto de software, o personas que se sumaban temporalmente a proyectos de terceros, siempre trabajando desde Argentina.”

LCV: “¿Qué implica eso en términos de organización frente a la deslocalización?”
Leandro Monk: “A diferencia de las empresas tradicionales, las cooperativas no podemos deslocalizarnos. Si una persona de una cooperativa se va a vivir a otro país, lo que gana como parte de la cooperativa termina invirtiéndose allá, no en Argentina. Esa migración de personas implica que el dinero generado en el país se gasta afuera: el litro de leche se compra en Madrid, no en Buenos Aires.”

LCV: “¿Están surgiendo nuevas dificultades con esta globalización del trabajo?”
Leandro Monk: “Sí. Hay cooperativas que no pudieron constituirse porque sus asociados estaban en distintas provincias o países, y no podían fijar un domicilio legal. Hoy, con la hiperconexión, podés tener una cooperativa con diez años de trayectoria cuyos integrantes ya no viven en Argentina, salvo uno. Participamos de un espacio internacional llamado PATIO, donde compartimos experiencias con cooperativas de 25 países. Esto demuestra que el fenómeno no es exclusivo de Argentina. Muchos asociados son nómades digitales.”

LCV: “Desde una mirada de política pública, ¿cuál es el sentido de no fortalecer este sector?”
Leandro Monk: “Es una contradicción. En lugar de fortalecer las cooperativas para que las divisas queden en el país, se permite su desmantelamiento. Si yo trabajo desde el extranjero para una cooperativa argentina, los impuestos y el consumo quedan en el país donde resido. Es un éxodo no solo de cerebros, sino también de recursos.”

LCV: “¿Cómo funciona el vínculo con los asociados que viven fuera?”
Leandro Monk: “Las cooperativas no funcionan como bolsas de trabajo. El contrato lo toma la cooperativa, y algunos compañeros lo ejecutan, no importa dónde estén. La mayoría —un 99%— de los asociados de las cooperativas de la federación vive en Argentina y trabaja desde distintas localidades del país.”

LCV: “¿Cuál es el promedio de edad en el sector cooperativo tecnológico?”
Leandro Monk: “Las cooperativas más antiguas ya tienen 20 años. En mi caso, trabajo en una con 18 años de existencia. La mayoría de los cooperativistas tienen entre 30 y 50 años. Los más jóvenes que se suman aportan una mirada diferente, más individualista quizás, reflejo de relaciones sociales mediadas por la tecnología. Pero quienes se acercan a las cooperativas lo hacen con alguna sensibilidad hacia lo colectivo y lo social.”

LCV: “¿Qué beneficios tienen las cooperativas tecnológicas al integrarse a Factic?”
Leandro Monk: “El principal beneficio es el acompañamiento desde el nacimiento de cada cooperativa. Ayudamos a fortalecerse en lo comercial, en lo organizativo, y en lo legal. Para nosotros es fundamental que todos puedan vivir dignamente de su trabajo, con todos los derechos laborales. Las cooperativas más antiguas apoyan a las más nuevas. Nos ayudamos a mantener trabajo estable y cumplir con toda la normativa vigente, a pesar de que el INAES y el Estado muchas veces adoptan una postura hostil hacia las cooperativas. Cumplir la ley es esencial para trabajar con libertad e independencia.”

LCV: “¿Qué otros espacios de trabajo existen dentro de la federación?”
Leandro Monk: “Tenemos grupos temáticos como la Mesa de Géneros y la Mesa de Deconstrucción. Nuestro sector está altamente masculinizado, por lo que consideramos fundamental trabajar con los varones sobre estos temas. Hay estereotipos culturales que aún hoy influyen, como la idea de que los varones están más interesados en lo técnico. Por eso trabajamos también desde lo simbólico, lo educativo y lo cultural.”

Creo no exagerar si escribo que centenares de miles de personas en el mundo nos preguntamos por qué nadie detiene la locura criminal del gobierno de Israel en Gaza y los territorios ocupados, por qué los gobiernos que condenan el genocidio no actúan, por qué la Unión Europea mantiene su acuerdo de cooperación política y económica con Israel cuando una de sus condiciones es el respeto de los derechos humanos (Alemania e Italia siguen vendiéndole armas a Israel).

La respuesta más sólida la brindó el 30 de junio último la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, la italiana Francesca Albanese. Tan sólida, documentada y pragmática (por así decir) es dicha respuesta, que la primera reacción de Estados Unidos fue imponerle sanciones personales el 9 de julio, por “colaborar con la Corte Penal Internacional“. “Albanese ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países”, indicó el secretario de Estado de USA Marco Rubio a través de un comunicado. “Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violaciónde la soberanía de ambos países”, añadió.

¿Y qué dice en esencia el informe de Francesca Albanese? Que la verdadera razón son las ganancias que la guerra está produciendo para centenares de entidades corporativas del mundo entero. Su recopilación de datos incluye casi 1.000 entidades del mundo, englobando bajo ese nombre incluso universidades y fondos de pensión de países tan “insospechados” como Noruega.

Cuarenta y cinco entidades nombradas explícitamente en el informe fueron previamente notificadas de las acusaciones en su contra.

Antes de seguir, lo primero: lo mismo hicieron los judíos después de la Soha, al llevar al banquillo de los acusados en Nuremberg (1947-48) a varias empresas, empezando por la más grande de Europa, IG Farben, 13 de cuyos directivos fueron condenados. La empresa tuvo que ser disuelta en 1952 y sus activos se dividieron: Bayer, BASF, Hoechst (luego Aventis, luego Sanofi). Fue el juicio de Nuremberg, entonces, el que sentó las bases legales para definir la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos corporativos.

Sigamos: “Como principal fuente de financiación del presupuesto del Estado israelí, los bonos del Tesoro han desempeñado un papel fundamental en la financiación del ataque en curso contra Gaza”, dice el informe de Francesca Albanese. Al menos 400 inversionistas de 36 países compraron bonos del Tesoro israelíes “incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y 5.000 millones de dólares en febrero de 2025”. Entre quienes compraron los bonos israelíes figuran los bancos más grandes del mundo y fondos de inversión insospechados: “BNP Paribas y Barclays intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del tesoro nacionales e internacionales, lo que permitió a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de la calificación crediticia”. “La Corporación de Desarrollo para Israel (bonos de Israel) triplicó sus ventas anuales de bonos para canalizar casi 5.000 millones de dólares (al gobierno) desde octubre de 2023, y ofrece a los inversores la opción de enviar el rendimiento de las inversiones a organizaciones benéficas que apoyan al ejército israelí y a las colonias”. El presupuesto militar israelí aumento 65% entre 2023 y 2024, siendo uno de los más altos per capita del mundo.

¿Qué empresas? IBM (bases de datos biométricos de palestinos), Hewlett Packard (servidores para la Coordinación de Actividades en los Territorios, cárceles y policía), Microsoft (ciberseguridad y vigilancia). “En 2021, Israel otorgó a Alphabet Inc. (Google) y Amazon.com, Inc. un contrato de 1.200 millones de dólares (Proyecto Nimbus) –financiado en gran medida a través de gastos del Ministerio de Defensa– para proporcionar infraestructura tecnológica básica”. En octubre de 2023, “cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó, Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio Proyecto Nimbus intervinieron con una infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial. Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos”. Y además, impiden su hackeo.

Cuando el Mossad hace operativos “quirúrgicos” para matar en cualquier lugar del mapa a dirigentes que ellos consideran enemigos, está utilizando inteligencia artificial de esas y otras empresas. Como por ejemplo la compañía norteamericana Palantir Technologies Inc. (minería de datos), uno de cuyos propietarios es ideólogo del “libertarianismo”, y su trabajo sirve tanto para rastrear emigrantes perseguidos por Trump en USA como palestinos en Gaza y los territorios ocupados.

Pero no son solo empresa de nuevas tecnologías (Israel ocupó el primer lugar de nuevas empresas tecnológicas en 2024, con un crecimiento de 143% en las dedicas a tecnología militar), hay hasta empresas de turismo: Booking, Airbnb, por ejemplo, promueven alquileres en los territorios ocupados, para hacer turismo. “En Tekoa, Airbnb permite a los colonos promover una “comunidad cálida y amorosa”, encubriendo la violencia de los colonos contra la vecina aldea palestina de Tuqu‘”. Caterpillar Inc, Leonardo DRS, Inc, HD Hyundai, Doosan, Volvo (“Desde al menos 2007, la maquinaria Volvo se ha utilizado para arrasar áreas palestinas, incluidas Jerusalén Este y Masafer Yatta”), Heidelberg Materials AG, la española-vasca Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, el grupo inmobiliario mundial Keller Williams Realty LLC (en 2024, una de sus franquicias Home in Israel, organizó una gira de bienes raíces en Canadá y USA, para vender aptos en las colonias), Drummond Company, Inc., sede en Estados Unidos, y Glencore PLC, sede en Suiza, (proveedores de carbón de Colombia para electricidad), Chevron Corporation, East Mediterranean Gas (uso del territorio marítimo palestino y explicación de su bloqueo), Tamar y el gasoducto del Mediterráneo Oriental., BP PLC, Petrobras, Paz Retail and Energy Ltd., Tnuva (el conglomerado alimentario más grande de Israel), propiedad mayoritaria de Chinese Bright Food (Group) Co., Netafim (riego por goteo) propiedad en un 80% de la mexicana Orbia Advance Corporation, Maersk A/S, el Fondo de Pensiones del gobierno de Noruega, la Caisse de dépot de Québec. Como hubiese dicho algún publicista de los años 90 “es el dinero, imbécil” Trump y Netanyahu han vilipendiado, embargado y amenazado a Francesca Albanese, mujer de 48 años, abogada y académica, quien en sus dos años de Relatora ha logrado probar que el genocidio en Gaza sigue por intereses económicos de empresas del mundo entero. Y eso incluye universidades que colaboran en investigaciones aparentemente neutras, como la ANII de Uruguay. Su informe se titula “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.

¿Quién protege a Francesca Albanese, que habla en nombre de la ciudadanía mundial?