Marta Graña, dirigente de UATRE y representante de la Comisión Asesora Regional (CAR) N.º 2, en representación de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En diálogo con La Columna Vertebral, habló sobre el rol del sindicato rural, la defensa del Estatuto del Peón Rural, la reforma laboral y las paritarias del sector.

LCV: ¿Qué significa UATRE? ¿Cómo nace y qué representa el reglamento para el peón rural?

Marta Graña: “En realidad, UATRE es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Es el sindicato que rige a todos los trabajadores rurales y sus familias en todo el país. Si bien tiene ya 70 años, antiguamente era FATRE, después UATRE; primero fue federación y ahora es unión. Hace muchísimos años que trabaja muchísimo por la gente de campo y ahí es cuando nacen estas paritarias y las peleas que damos con los productores y representantes de las entidades agropecuarias. El país está dividido en distintos sectores llamados CAR por número y yo represento la CAR número 2, que abarca la provincia de Buenos Aires y La Pampa, representando todas las actividades y producciones que se llevan adelante en esas provincias.”

LCV: Dice el Gobierno nacional que la derogación del Estatuto del Peón de Campo tenía que ver con que era una Argentina vieja, obsoleta e imposible. ¿Qué le respondés?

Marta Graña: “Yo le respondería que tendría que tomar algunas cafiaspirinas para ver si puede ubicarse un poquito en sus ideas, porque las leyes laborales y el Estatuto del Peón Rural, realizados y llevados adelante por el compañero general Perón, son los derechos que tenemos los trabajadores y lo que hoy este gobierno nos ha quitado. Les ha quitado derechos a todos los sectores y actividades. Los trabajadores estamos perdiendo nuestros derechos y es una burla realmente decir que esto es obsoleto o antiguo. Le llaman modernismo y lamentablemente estamos perdiendo derechos adquiridos que no se pueden perder de esta manera. No nos están respetando como trabajadores. Yo represento a la institución, a UATRE, que también tiene conexión con la CGT y con organizaciones de todo el país. Creemos que este presidente, impresentable presidente, me hago cargo de lo que digo, realmente no tiene vergüenza de querer modernizar quitándole derechos a los trabajadores. La modernización debería ser una aspiración positiva, no una vuelta al esclavismo. Esto es medieval.”

LCV: Cuando escuchás que dicen que el Estatuto del Peón Rural es obsoleto porque todas las tareas del campo van a ser reemplazadas por máquinas, ¿qué pensás?

Marta Graña: “Siempre las máquinas están conducidas, visualizadas, reparadas o ideadas por trabajadores, por personas, por seres humanos. Hoy la lucha es por preservar los puestos de trabajo, pelear para que nuestros trabajadores estén cada día mejor y para tener salarios dignos. Si ese es el futuro del modernismo, dejamos mucho que desear. No es que no estemos de acuerdo con modificar cosas o con actualizar leyes, pero no todas las leyes son obsoletas. Y si me decís que la mano de obra va a ser reemplazada totalmente por máquinas, no sé qué nos espera como país.”

LCV: El proceso de paritarias estuvo muy amenazado por la reforma laboral y por el recurso de amparo que había presentado la CGT. Ustedes son la primera paritaria homologada después de eso. ¿Cómo fue el proceso y cuál fue la pérdida para los trabajadores?

Marta Graña: “Nosotros estuvimos prácticamente tres meses esperando poder avanzar con esta paritaria, que abarca al personal permanente y a trabajadores rurales con prestación continua y discontinua. Estuvimos más de tres meses esperando la homologación. Cuando se levanta el recurso de amparo que había pedido la CGT, y donde UATRE también estuvo presente pidiendo recursos y visualizando la necesidad de avanzar, volvimos a una situación muy complicada. Veníamos con la Ley 14.250, donde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario homologaba los acuerdos realizados entre las entidades agropecuarias y las gremiales. Cada gremio defendía el salario de los trabajadores. Al modificar esa ley y modernizarla, nos están quitando muchos derechos. Más allá de eso, cada vez que vamos a paritarias entramos en una penumbra, porque con esta nueva ley, la 27.802, se modificó totalmente el mecanismo de regulación. Lo que antes hacía la Comisión Nacional de Trabajo Agrario ahora se implementa por resolución entre las partes.”

LCV: ¿Eso significa menor representatividad para los trabajadores?

Marta Graña: “No, no tiene menor representatividad; al contrario, le da más fuerza y más representatividad. Lo que pasa es que la mayoría de las paritarias se basan en la inflación interanual, que no se respeta. Hoy las paritarias llevan mucho más tiempo. Hay una resolución en la que se trabaja muchísimo en registración y demás, pero pasó a ser un régimen de negociación política.”

LCV: El hecho de que hayan homologado la paritaria de ustedes primero, ¿es auspicioso para los demás gremios?

Marta Graña: “Sí, seguramente también van a ser homologadas las demás. Hay muchas actividades esperando homologación y nosotros también tenemos varias pendientes. Esta se homologó porque fue una de las primeras que presentamos y porque llevamos toda la problemática del trabajador rural. Lo hacemos pensando en todas las actividades agropecuarias, sabiendo que las economías regionales están devastadas y que la situación económica es malísima.”

LCV: Nos contaban que fue un gran logro porque prácticamente empataron con la homologación que tuvo Camioneros. ¿Es así?

Marta Graña: “Sí, el número es similar al de Camioneros, pero de todos modos no es suficiente. Porque cuando homologan, homologan un acuerdo que tiene tres meses de antigüedad y si vemos que la inflación en este país es 2,7; 3; 2,8; 2,1, ese porcentaje no llega al sueldo del trabajador. Se diluye completamente.”

LCV: ¿Cuántas mujeres trabajan en el campo?

Marta Graña: “No tengo el número exacto ahora, pero son muchísimas compañeras. Hay un caudal muy importante de afiliados, tanto varones como mujeres, compañeros y compañeras. Mujeres trabajando en el campo hay muchísimas.”

LCV: Te agradecemos muchísimo este tiempo y esperamos poder entrevistarte en piso cuando estés en Buenos Aires.

Marta Graña: “Tienen las puertas abiertas de UATRE. Me encanta que me hayan llamado. Por ahí estoy cansada y se me escapan algunas cosas, pero la nota refleja realmente lo que ustedes querían saber y lo que el pueblo y el trabajador quieren saber. Uno está para darle difusión a esto. Y además, tu programa se llama La Columna Vertebral, nada más y nada menos, un nombre muy fuerte. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Y a los trabajadores rurales les digo que confíen, porque vamos a seguir peleando y trabajando para dignificar al trabajador y para que pueda llevar el alimento a su mesa de una manera más digna.”

El secretario general de SUTEPA, Hernán Correidora, analizó la situación crítica que atraviesa el sistema de atención de los adultos mayores y denunció un “plan organizado” del Gobierno nacional para desfinanciar el PAMI y avanzar hacia un esquema de seguros privados de salud. Además, se refirió a la movilización federal convocada por trabajadores, organizaciones sociales y sectores sanitarios en defensa del sistema público y solidario.

LCV: ¿Cómo están ustedes en este momento con el tema de la salud de los adultos mayores? ¿Cuál es la información que nos puede dar?

Hernán Correidora: “Estos primeros cuatro meses PAMI enfrentó una reducción de su presupuesto del 55%. Eso obviamente ha aparejado un sinnúmero de problemas y recortes de prestaciones. Hoy nos acabamos de enterar de que los odontólogos de PAMI suspendieron la atención porque les adeudan dos períodos de los meses anteriores. Están iniciando un paro y probablemente se les sumen los médicos de cabecera por esta situación. Nosotros vemos esto como un plan organizado por el Gobierno nacional, que no es solamente un plan de ajuste, sino un cambio en el sistema de salud argentino. Planean desarmar el sistema solidario de salud como lo conocemos para implementar seguros de salud en la vejez, avanzar hacia un negocio financiero de la salud donde la salud se convierte en una mercancía. Y la verdad es que la sociedad argentina hace muchos años eligió otro camino, el del sistema solidario.”

LCV: ¿Cuánto tiempo tiene de existencia el sistema solidario de salud en la Argentina?

Hernán Correidora: “El sistema solidario de salud existe en la Argentina desde 1945. El sistema público de salud argentino tiene raíces en modelos europeos, como el alemán, del que derivan las obras sociales. También hay sistemas públicos fuertes en Inglaterra y España que continúan hasta el día de hoy. Argentina eligió hace décadas este modelo y demostró su funcionalidad, incluso durante una crisis como la pandemia. Con todas las deficiencias que tuvo el gobierno anterior, se pudo asistir a la población y tuvimos menos muertos que otros lugares de la región. El caso más cercano fue Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, donde la política implementada por la derecha fue un fracaso porque entregó a la población a su propia suerte.”

LCV: ¿Cuáles son los países que hoy tienen el sistema al que quiere llevarnos el Gobierno?

Hernán Correidora: “Estados Unidos, por ejemplo, donde un jubilado de 80 años sigue trabajando para poder pagar un seguro de salud. Acá ni siquiera alcanzan a comprar leche, pero además hay un dato muy claro: el 95% de los mayores de 80 años tienen PAMI y el organismo atiende aproximadamente al 83% de todos los adultos mayores de 60 años. Cuando el Gobierno decide romper el PAMI sacándole financiamiento, está condenando el funcionamiento del sistema. No existe funcionario capaz de administrar algo con la mitad del presupuesto y con la misma cantidad de personas afiliadas. La gente no se reduce a la mitad; la gente se resiste a morirse para ajustarse al Excel. Este año es el primero del gobierno de Javier Milei con un presupuesto votado por el Congreso. Los años anteriores fueron prórrogas del último presupuesto de Alberto Fernández y Sergio Massa. Sin embargo, antes de la Marcha Federal de Salud del 20 de mayo decidieron sacar una disposición reduciendo aún más los fondos y asignando 63 mil millones de pesos menos. Lo hacen deliberadamente para seguir desfinanciando el sistema y luego decir que no funciona. Es el propio Estado el que se encarga de quebrar el sistema para después vendernos que hay otra alternativa mejor, que son los seguros de salud, donde cada persona tendría un fondo individual para atenderse. Es una lógica parecida a las AFJP: una especie de AFJP de la salud. La misma filosofía aparece en otras reformas que impulsa el Gobierno, como el fondo de cese laboral. Dicen que el sistema estatal no sirve, pero quieren financiar mecanismos privados con fondos públicos y con aportes de los trabajadores. Todo sale del bolsillo de la gente. No podemos analizar esto de manera aislada. Forma parte de un proyecto ideológico. La economía y la ideología van de la mano en este modelo.”

LCV: ¿Cómo va a ser la convocatoria al paro nacional y a la movilización?

Hernán Correidora: “Va a haber paro en algunos sectores y una movilización muy importante. Tenemos confirmación de sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de pacientes, colectivos de discapacidad y ministros de Salud de alrededor de 14 provincias. También participarán sectores de la provincia de Buenos Aires, trabajadores de Sanidad y las tres centrales obreras. La principal preocupación que tenemos quienes organizamos esta marcha es poner sobre la agenda el avance del Gobierno nacional sobre el sistema de salud. Empezaron con discapacidad, siguieron con la niñez atacando al Garrahan y ahora van contra el PAMI. Pero en realidad no son ataques consecutivos, sino simultáneos: están avanzando sobre todos los frentes al mismo tiempo. Lamentablemente, más allá de las protestas y movilizaciones, no encontramos todavía una respuesta política capaz de cubrir todos esos frentes que hoy están siendo atacados en simultáneo.”

En diálogo con LCV, Mariano Vilar analizó la crisis que atraviesan las obras sociales sindicales, denunció el desfinanciamiento del sistema de salud y cuestionó el proyecto del Gobierno que habilita una mayor participación de buques extranjeros en el transporte fluvial y marítimo argentino. El dirigente advirtió sobre el impacto económico y laboral de las medidas impulsadas por la administración nacional y sostuvo que se trata de “una política de entrega de soberanía”.

LCV: “¿Cómo la están pasando con el tema de la salud y las prestaciones?”

Mariano Vilar: “Muy mal. Las obras sociales venimos con fuertes impactos desde que asumió este gobierno, ya desde el Decreto 70/23, que incluyó a las empresas de medicina privada dentro de la Ley 23.660 de obras sociales e inclinó la cancha. Esto sirvió para desfinanciar todo el sistema de seguridad social y hacer una transferencia fenomenal de fondos desde las obras sociales hacia las instituciones privadas. En el caso de la obra social que presido, la Obra Social de Conductores Navales, Osconara, sufrimos la quita del 50% de nuestro padrón, que fue transferido a empresas de medicina prepaga mediante la resolución 1/25, que consideramos anticonstitucional y por eso presentamos un amparo. Como muchas otras obras sociales, estamos atravesando problemas económicos y financieros terribles porque se sustrajo a los afiliados sin aval de la gente para derivarlos a las empresas de medicina privada.”

LCV: “El pasaje a la medicina prepaga implica copagos y un cambio importante en el bolsillo. ¿Qué pasa con pacientes oncológicos o con enfermedades complejas?”

Mariano Vilar: “Nosotros tenemos jubilados dentro de la obra social, por eso vivimos muy de cerca todo lo relacionado con tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y diabetes. El problema no es solamente el aumento impresionante en el costo de los medicamentos, sino también la quita de reintegros por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia hoy está transfiriendo muy poco dinero a las obras sociales y hay que aclarar algo importante: ese dinero no es del Estado, es plata de los trabajadores. El Fondo Solidario de Redistribución se financia con el 15% de aportes y contribuciones de los trabajadores y lo administra la Superintendencia, pero no le pertenece al Estado. Sin embargo, este gobierno está utilizando esos fondos principalmente para subsidiar programas que terminan beneficiando a las empresas de medicina prepaga, mientras las obras sociales debemos absorber directamente tratamientos de alto costo y baja incidencia sin los reintegros que antes existían.”

LCV: “Vayamos al otro tema que nos ocupa. ¿De qué se trata el proyecto impulsado por los diputados González Agüero y Schneider?”

Mariano Vilar: “Todo tiene relación con todo. Uno de los problemas que atraviesan las obras sociales tiene que ver con los despidos, la caída del empleo privado y la menor cantidad de trabajadores registrados, lo que genera menos recaudación. Y en consonancia con eso aparece este proyecto, que significa entregar la Marina Mercante Nacional o lo poco que queda de ella, permitiendo que buques extranjeros con tripulaciones extranjeras naveguen nuestros mares y ríos como si fueran propios. Se olvidan completamente de los trabajadores embarcados y también de quienes dependen de esas actividades para tener cobertura de salud y jubilación.”

LCV: “¿Cuál es la fundamentación del gobierno para impulsar esto?”

Mariano Vilar: “Federico Sturzenegger dijo hace poco, en un encuentro con sectores agroexportadores, que esto equivaldría a bajar ocho puntos las retenciones porque el ingreso irrestricto de buques extranjeros abarataría los fletes. Pero eso es una mentira. La Marina Mercante tiene dos ejes estratégicos fundamentales: la soberanía nacional y la independencia económica. Vos tenés que navegar tu propio territorio porque sos dueño de él y necesitás desarrollar una flota nacional para fortalecer el país. Además, tenés que poder controlar tus propios fletes y el transporte de cargas dentro de tu territorio. Porque si destruís la Marina Mercante y dejás todo en manos extranjeras, después esos mismos operadores van a cobrar lo que quieran. Se genera un monopolio.”

LCV: “El problema entonces viene de hace mucho tiempo.”

Mariano Vilar: “Claro. No es un problema que empezó con este gobierno, viene desde los años 90. Cuando yo salí de la escuela había 200 remolcadores de empuje trabajando en el Paraná; hoy quedan solamente dos. Todo migró hacia bandera paraguaya porque las condiciones son más favorables. Lo que nosotros proponemos no es entregar la bandera argentina, sino ponerla en igualdad de condiciones tributarias con las extranjeras. Porque hoy una empresa naviera argentina paga 35% de impuesto a las ganancias, mientras una empresa paraguaya paga 10%. Además, un armador argentino paga el combustible con 21% de IVA, exactamente igual que cualquier ciudadano cuando carga combustible en su vehículo, mientras que con bandera paraguaya el IVA baja al 10% y prácticamente no pagan impuestos argentinos. Solamente con eso ya tienen una reducción enorme de costos.”

LCV: “Entonces el problema no son los trabajadores ni los convenios.”

Mariano Vilar: “Exactamente. Nos quieren hacer creer que el problema son los sindicatos o los convenios colectivos de trabajo, pero eso es absolutamente falso. El problema es que no hay voluntad política para desarrollar la Marina Mercante y el cabotaje marítimo. Hoy, de los millones de toneladas que salen desde el polo agroexportador de Rosario hacia el mundo, no sale ni un kilo transportado por barcos de bandera argentina. Los argentinos pagamos entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en fletes. Ese dinero podría quedar en una Marina Mercante Nacional.”

LCV: “Esperemos que este proyecto encuentre una fuerte oposición.”

Mariano Vilar: “Eso esperamos. Que en Diputados, en el Senado y en toda la sociedad aparezca una oposición capaz de discutir con argumentos sólidos para frenar esta nueva entrega de soberanía y la destrucción de la Marina Mercante Argentina.”