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Síntesis semanal de noticias del 11 al 18 febrero 2019

Córdoba. Despidos en Ecogas y resistencia. Luego del conocer por boca de un escribano público que doce trabajadores de la empresa Ecogas, mayores de 50 años y con antigüedad en la empresa, eran despedidos, se plantaron en la puerta de la fábrica reclamando reincorporación. Gomas quemadas en Juan B. Justo al 300, y denuncias de Lock Out.
Este lunes, cumbre de la CATT para analizar medidas contra reformas previsionales. Mientras se van sumando sectores que exigen respuestas a la CGT ante la dramática situación de los trabajadores, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que reune sectores decisivos como La Fraternidad de Omar Turano y la UTA de Roberto Fernández o el aeronavegante Juan Pablo Brey rechazará las modificaciones que el Gobierno Nacional impulsa para los jubilados y mete presión para una reacción de la Confederación General del Trabajo.
Represión a la UTT. Patéticos momentos se vivieron el viernes por la mañana en Constitución cuando la policía evitó que se realizara la asamblea y el feriazo convocado por la Unión de Trabajadores de la Tierra. A pesar de la prohibición de Larreta los productores intentaron volver a Capital para promover su labor y entregar bolsones de verdura a 10$. Los recibieron con gas pimienta, palos, balas y robaron la mercadería. Convocan a un nuevo Feriazo para el miércoles 27F. Desde Ushuaia a La quiaca, desde la cordillera al mar. En Buenos Aires donarán 50 mil kilos de verdura en Plaza de Mayo a partir de las 16 hs.
Enorme convocatoria de movimientos sociales y sectores gremiales contra el ajuste. Centenares de miles marcharon en todo el país por la ley de emergencia social, contra los tarifazos y el ajuste. Junto al triunvirato de San Cayetano (ctep, CCC, Barrios de Pie), FOL, Frente Darío Santillán y otras organizaciónes, estuvieron la CTA Autónoma y sectores de la Corriente Federal quienes en una conferencia de prensa exigieron una pronta reunión de la CGT y de sus delegados regionales para analizar un plan de acción urgente.
COFCO sigue resistiendo. Los despedidos de la aceitera de Valentín Alsina lograron renovar por cinco días más la conciliación obligatoria. El próximo miércoles habrá nueva reunión en el Ministerio de Trabajo de La Plata. Este domingo, festival en solidaridad en las puertas de la planta.
Continúa la lucha de las comunidades kollas en la Puna. El 8 de febrero, al cumplirse las 72 hs del ultimatum presentado por diversas comunidades indígenas de la puna para que se retiraran las empresas que están explorando litio en sus tierras, optaron por la acción directa y retiraron las maquinarias y los empleados de la empresa EkeKos y Ais Resources de su territori. “Que sepa el Gobierno de Morales que así como hoy expulsamos a la empresa Ekekos SA y AIS RESOURCES Limited, vamos a impedir cualquier otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que es territorio sagrado de los pueblos originarios” , expresaron 25 comunidades unidas del Pueblo Kolla de Jujuy.” Ahora continúa la vigilia en la ruta.
Denuncian que ya son 37 los despedidos en Editorial Atlántida, empresa que publica revistas emblemáticas como Billiken, la cual se quedó sin redactores y cuya continuidad está en duda. Trabajadores de SiPreBa protestaron frente a la puerta de la editorial y denunciaron que se trata de “despidos masivos disfrazados de despidos individuales con causas individuales”. De esa manera, la empresa no le paga indemnización a los trabajadores despedidos, quienes en su mayoría tienen más de 10 años de antigüedad.
Despidos en ANSA. La agencia italiana de noticias, Ansa, informó a sus trabajadores la inminencia de despidos masivos junto a la posibilidad del cierre definitivo de su sede argentina que desde el año 1952 era la corresponsalía principal de Ansa-Latinoamérica. La Utpba expresó su repudio y estudian medidas de fuerza.
Fate, la principal fabricante de neumáticos del país, se ampara en el preventivo de crisis. Tras solicitar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo, la empresa presentó un informe donde evalúa la posibilidad de despedir a 430 trabajadores. Desde la cartera de Trabajo detallaron que el próximo 21 de febrero se realizará una audiencia para intentar llegar a un acuerdo entre representantes de la compañía y el gremio.
Docentes. Acuerdo en Neuquén. Paritarias en la Provincia sin conclusiones. Nación llama al diálogo. ATEN, sindicato de maestros neuquino, aceptó la propuesta del gobierno de una actualización trimestral de los salarios acorde a la inflación, un aumento de la ayuda escolar y 5.000 pesos no remunerativos. Después de la primera reunión paritaria en la Provincia de Buenos Aires, el gobierno reconoció que los maestros sufren una situación difícil pero no dieron respuesta concreta. Desde la Nación, el Ministerio de Educación llamó a un diálogo para discutir las condiciones de trabajo e infraestructura, sin entrar en tema salarios.
En Córdoba, la metalúrgica Acerfor anunció el despido de 19 empleados por la baja de contratos de servicio con Arcor. Carlos Guevara, dueño de Acerfor, explicó que los tratos con Arcor generaban “el 99% del trabajo”, y que sin ellos los trabajadores deben ser cesanteados. A pesar de que se espera una audiencia, los representantes empresarios dieron casi por cerrado el tema y el despido de los empleados sería inevitable.
VF Corporation, dueña de marcas como Wrangler y Lee, anunció que deja el país por la caída del consumo en la industria textil. Su nuevo destino será Brasil y Chile, lo que dejará unos doscientos argentinos sin trabajo. En un comunicado, la compañía explicó que buscan “lograr modelos de negocios más eficientes en cada una de las regiones donde operan”.
En Florencio Varela, doscientos empleados de la empresa de seguridad CODECOP quedaron en la calle, denunciaron el vaciamiento de la firma y exigieron la intervención de autoridades nacionales en el caso. Rubén Galupo, apoderado de CODECOP, explicó que la firma tiene las cuentas embargadas y que Diego Zevallos, el dueño de la compañía, se encuentra prófugo de la justicia. Un panorama no muy alentador para los empleados, quienes realizaron una presentación ante el Ministerio de Producción y Trabajo Nación.
La cristalería “El progreso” de Quilmes anunció que cerrará sus puertas debido a los tarifazos de gas que llegan a los 3 millones de pesos mensuales. La medida impacta a 210 empleados. Marcelo Ebert, uno de los trabajadores afectados, declaró que “no sabe qué será de ellos”. “No queremos dejar de pagar la deuda que tenemos, pero no podemos enfrentar el problema”.
Desde la UOM de Tierra del Fuego denunciaron que la empresa de tecnología BGH tiene un plan que podría dejar sin trabajo a unos 1500 trabajadores. En lo inmediato, esta medida afectaría a 435 empleados en Rio Grande, pero desde la UOM advierten que el plan de la compañía es cesantear a un total de 1500. A esto se suma un cese de la producción para marzo y abril, anunciado por la misma empresa.
Siguen cerrando locales comerciales en todo el país. Según Cristian Pastore, director de la Cámara de Comercio de Córdoba, en enero, cerraron 180 locales en el micro y macro centro de la ciudad de Córdoba y aceleraron un proceso que ya preocupaba el año pasado.

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Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

En exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el economista y candidato a diputado por el instrumento electoral de la Unidad Popular, Claudio Lozano, expone su mirada sobre la política argentina, la crisis de representación, la desestructuración social y educativa, y la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus instituciones. A lo largo de la conversación, Lozano combina reflexiones históricas, análisis de la realidad actual y propuestas concretas para intervenir desde el Congreso, siempre con el eje puesto en los derechos de los trabajadores, la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.
LCV: “El economista Claudio Lozano, si no me equivoco, es candidato a diputado. El partido es Unidad Popular, pero la lista se llama instrumento electoral.”
Claudio Lozano: “No, el partido se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. Normalmente decimos Unidad Popular para simplificar.”
LCV: “¿Por qué instrumento electoral?”
Claudio Lozano: “Es una pregunta que obliga a una reflexión bastante profunda. Nosotros no creemos en la idea tradicional de los partidos, como estructuras con cuadros que sostienen una concepción de izquierda, derecha o centro y que la proponen a la sociedad. Creemos que esas concepciones están puestas en debate y hay que construir otras cosas, recogiendo lo que la propia sociedad va produciendo. Por eso, nuestro partido se asume como un instrumento de la sociedad, especialmente en el campo de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Nuestra lista está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintas organizaciones con compromiso, trayectoria y vínculo con trabajadores, cooperativistas y temas como derechos urbanos y ambientales. Es un paso más allá del movimientismo, una herramienta de construcción que respeta la iniciativa social.”
LCV: “¿La diferencia con el PJ sería que el PJ tiene una concepción más estatalista?”
Claudio Lozano: “Exactamente. Creemos que hay que darle más entidad a las organizaciones de la comunidad. El PJ tiene tradición en esto, pero no compartimos la vieja concepción de partidos del siglo XIX y XX, donde las decisiones estaban estructuradas por cuadros que le decían a la sociedad qué hacer. Para nosotros, la sociedad tiene que ser parte de lo que decide sobre su propia organización.”
LCV: “Y las últimas decisiones de la sociedad, ¿te preocupan?”
Claudio Lozano: “Sí, en tanto elecciones mayoritarias. La sociedad ha optado en un contexto de debacle. Desde el fin de la dictadura en 1983-84 hasta hoy, hemos pasado de un 30% a alrededor del 40% de pobreza. La idea de que con la democracia se come, se educa y se cura no se cumplió. Las últimas experiencias de gobierno, tanto Macri como el Frente de Todos, aunque confrontadas, mantienen la continuidad del deterioro de la vida social. Hay un emergente de crisis monumental de representación política. Para mí, el problema central a lo largo de 41 años de democracia ha sido la educación, la falta de aspiraciones formativas y sociales, lo que genera un fenómeno donde la generación actual teme que sus hijos estén peor que ellos. Esto mata cualquier aspiración y lleva a la búsqueda de soluciones inmediatas, como las criptomonedas o la inmediatez tecnológica, en ausencia de bases educativas sólidas y un tejido social fuerte.”
LCV: “¿Creés que la desestructuración social se vincula a la transformación regresiva del país?”
Claudio Lozano: “Sí. La destrucción del sistema público educativo y sanitario se enmarca en una reestructuración capitalista que empieza en la dictadura, con la deuda, la fuga de capitales, la desindustrialización y ajustes sistemáticos del Estado. Esto impacta en la sociedad, en las aspiraciones de las nuevas generaciones y en la percepción de comunidad. Antes, los niños tenían la obligación de estudiar y participar de la vida comunitaria; hoy, esa estructura desapareció, y la competencia reemplaza a la cooperación. La comunidad y el tejido social que existían en barrios como Liniers se ha debilitado, y con ello la capacidad de la sociedad para organizarse y reivindicar derechos.”
LCV: “Vos mencionás la responsabilidad de transmitir esos valores, ¿no?”
Claudio Lozano: “Sí. Esa responsabilidad explica mi trayectoria: la fundación de la CTA, la recuperación de ATE, el trabajo con Adolfo Pérez Esquivel en Servicio Paz y Justicia durante la dictadura, el acompañamiento a Gustavo Conte en derechos humanos en 1984 y ahora la candidatura a diputado. Hay una salida más fácil que competir electoralmente: ser el ‘sabio del pueblo’, dar charlas y organizar estudiantes, lo cual también forma parte de mi rutina y me da placer. Pero considero que hay que intervenir institucionalmente, desde el Congreso, para defender derechos y modificar la sociedad.”
LCV: “¿Cuál sería tu propuesta concreta al llegar al Congreso?”
Claudio Lozano: “Primero, rechazar los decretos inconstitucionales de este gobierno, como el 7023, que derogó y modificó leyes afectando a inquilinos, tarjetas de crédito, prepagas y empresas estatales. Segundo, recuperar la capacidad del Parlamento de auditar la deuda y la fuga de capitales, y cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, trabajar para que este gobierno se vaya, porque ha hecho mucho daño social, cultural y político. Presentamos siete causales de juicio político para visibilizar la violación constante de la Constitución y abrir una salida institucional acompañada por la movilización popular. Con estas medidas, nuestra presencia en el Congreso busca defender derechos, recuperar institucionalidad y construir alternativas para el futuro del país.”
LCV: “Es un enfoque integral: derechos, comunidad y control institucional.”
Claudio Lozano: “Exactamente. Además, hay que frenar la penetración del narcotráfico en los barrios populares y fortalecer la comunidad a través de organizaciones, iglesias y movimientos sociales. Nuestra fuerza, con presencia en 16 provincias y más de diez años de existencia, busca confrontar al gobierno y crear un bloque político sólido, democrático y comprometido con los derechos del pueblo argentino. Esto significa garantizar coaliciones sin proyectos contradictorios y con procedimientos internos democráticos, excluyendo la influencia de actores destructivos como los narcos.”
LCV: “En el contexto histórico, también señalaste vínculos con la dictadura y la herencia educativa de ese período.”
Claudio Lozano: “Sí. Por ejemplo, Juan José Catalán, ministro de educación durante la dictadura, aplicó métodos perversos de adoctrinamiento y retraso educativo. Hoy, algunos descendientes de esos actores reproducen estrategias similares. Esto refleja cómo la memoria histórica, la represión y la desigualdad educativa se entrelazan con la política contemporánea. La lucha actual incluye frenar la criminalización de la protesta, defender los derechos sindicales y la organización comunitaria, y enfrentar una fase de revancha oligárquica que amenaza los derechos adquiridos.”
LCV: “Para cerrar, ¿cómo resumirías tu misión en el Congreso?”
Claudio Lozano: “Mi objetivo es claro: desmontar decretos que vulneran derechos, auditar la deuda y la fuga de capitales, suspender pagos abusivos, garantizar la institucionalidad y trabajar para una transición hacia un gobierno que respete la Constitución. Todo esto se hará en diálogo con la movilización popular y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Con estas acciones, buscamos que la sociedad vuelva a ser protagonista y que se reconstruya el lazo social que hoy se ha debilitado.”
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Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra

Uno de los sindicatos más combativos dentro de la CGT, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), fue atacada entre 4 y 5 de octubre, un par de días antes de que se iniciara un anunciado paro nacional por negociación paritaria. Huelga que quedó en suspenso por el rápido pedido de las cámaras empresarias de una conciliación obligatoria.
El fin de semana aterior al paro, cuando las negociaciones estaban estancadas por la exigencia de un salario digno que cumpla con el mandato constitucional que de acuerdo a cifras oficiales sería de más de 2.000.000 de pesos como primer sueldo, un grupo de desconocidos desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.
No se trató de un robo ‘al voleo’, no sólo estaba planificado sino que el operativo demostró un conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.
Después de analizar lo sucedido, con prudencia, el sindicato difundió éste domingo un comunicado en el que sostienen:
“El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones. Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera. Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.”
El atentado a la sede sindical aceitera se produjo, también, luego de una postura activa de su dirigencia en pos de la unidad sindical en la que convocaron a un plenario de 200 delegados de diversos gremios, entre ellos UOM, SiPreBA y ATE. Mientras en la CGT se debate la futura conducción a definir dentro de un mes.
De inmediato comenzaron a llegar los comunicados de repudio, primero el de la CTA:
“Se trata de un ataque a una organización sindical que ha dado pruebas de su compromiso en la defensa de los trabajadores. Cualquier agresión o atentado contra una organización sindical o sus dirigentes implica un ataque a la democracia y a toda la clase trabajadora. Desde nuestra CTA exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho y que el poder judicial determine quienes son sus responsables materiales e intelectuales. Por último, solicitamos a los gobiernos provincial y municipal que garanticen la seguridad de la organización afectada y sus dirigentes, como así también el ejercicio de la libertad sindical.”
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Conflicto por paritarias de Aceiteros: nueva conciliación obligatoria. Van por un mínimo de 2 millones

Una vez más, el gobierno tuvo que recurrir a la conciliación obligatoria por 15 días. Queda en suspenso el paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.
El reclamo paritario de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.
En un comunicado difundido en el día de hoy, advierten: “Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones. Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo.”
Luego de considerar que no están dispuesto a acompañar una política salarial que pretende condenar a la pobreza a la clase trabajadora favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos, concluyen: “Por ello, reafirmando nuestra defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país.”


Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra
