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Crónica de coronas, virus y autoritarismo, por Alvaro Hilario desde Bilbao, País Vasco
Lunes, 23 de marzo. Portugalete, localidad obrera de pasado burgués situada en la desembocadura de la ría de Bilbao, capital económica vasca y sita 8 kilómetros aguas arriba.
El sol primaveral acaricia las fachadas desnudas, las calles vacías. Aprovecho la salida a la panadería para, en una carrera, subir hasta la parte más alta del barrio y, desde allí, ver el mar. Los acantilados blancos, metálicos, más solitarios que nunca, se recortan contra las inmóviles grúas del puerto. Nada perturba el azul de la hoy calmada lámina de agua.
Enciendo un pucho. Acá y allá, unas pocas personas, algunas con barbijo, acarrean bolsas con viandas o van al quiosco a por tabaco. De la cama al living. De casa al trabajo.
El mío es un barrio de laburantes. Un barrio acostumbrado a las estrecheces tanto como al festejo y a la calle. Como el resto del país, todo permanece aparcado hasta mejor ocasión. De hecho, las medidas de aislamiento, que comenzaron a aplicarse con la máxima rigidez el pasado domingo, 15 de marzo, se extienden dos semanas más allá de lo inicialmente previsto.
Y el barrio, acostumbrado a las estrecheces, con un carácter reservado, a veces vasco, a veces gallego, continúa resignado con su vida tras esas desnudas fachadas. A veces, pocas, en los balcones. Dichosos balcones.
Desde que la pandemia del corona virus provocara la imposición de las primeras medidas de aislamiento, reforzadas a los dos días (17 de marzo) con la declaración del Estado de Alarma –régimen de excepción de carácter militar- todos los medios de comunicación han actuado de la misma forma: en primer lugar, sobreinformación respecto al covid 19 (entrevistas, tertulias, opinadores, ruedas de prensa oficiales), relegando todo tema ajeno a la emergencia médica, especialmente los más polémicos; por otro lado, todo un despliegue de reportajes costumbristas destinados a provocar una reacción determinada de la ciudadanía, presentando la situación como la de una nación unida y feliz en la desgracia, plena de recursos y ocurrencias para hacer frente a la desgracia; una nación liderada por su rey, sus políticos y protegida por sus fuerzas armadas.
El plato fuerte de esta corriente inducida son los balcones, dichosos balcones, a las ocho de la tarde: el aplauso al personal sanitario.
Comportamiento colectivo –solidario, para unos; producto del miedo, para otras- importado de Italia, anunciado, voceado, inducido por el Estado y los medios que, sin rubor alguno, lo presentan como “espontáneo”.
Es la guinda de la torta: la fiesta balconera, dichosa fiesta, que rubrica la acrítica aceptación de unas medidas de aislamiento que coartan gravemente los derechos civiles, recentralizan el poder del Estado y colocan a las fuerzas armadas españolas a la cabeza del armado.
Unas medidas de urgencia diseñadas por el capital y sus gestores que, sin ningún género de dudas, nos llevarán a la socialización de las pérdidas empresariales (como ya sucedió con el salvataje de la banca, cifrado en 60.000 millones de euros).
Confinamiento, autoritarismo y capital
Lo más destacable de la situación es el inmediato acatamiento de modo acrítico por parte de la población de las medidas de aislamiento, del confinamiento, aún a pesar de que las razones científicas no sean comprendidas y de que no haya unanimidad en la comunidad científica. Medidas de aislamiento físico que se imponen de modo universal obviando las diferencias entre una ciudad de 4 millones de habitantes y localidades de 300 vecinos. Medidas de aislamiento que, sin embargo, desaparecen a la hora de trabajar: ni en call centers ni en fábricas se respeta el metro de diferencia entre personas; menos aún en los subtes que, para colmo, vieron reducidas sus frecuencias (como todo el transporte colectivo) el primer lunes de restricciones, aumentando así las aglomeraciones.
Después de 10 días de encierro, no se ha parado la producción en los sectores no esenciales (alimentación y sanidad, en especial) tal como están pidiendo los sindicatos en su totalidad.
La patronal vasca, CEBEK, por boca de su presidente, Iñaki Garcinuño, ha señalado esta mañana que el País Vasco no se puede permitir “un cierre global” de la actividad económica e industrial como consecuencia de la crisis del coronavirus porque la pérdida puede ser “extraordinaria e incluso irreparable”, ya que “muchas empresas no volverán a abrir”. Lo “conveniente y responsable”, ha añadido el empresario vasco, es ir a trabajar para tratar de mantener una “mínima” actividad económica que haga que “la cadena no se rompa” para que, “el día después”, las empresas sigan existiendo y “no sean un cadáver”.
Mientras tanto, las empresas, pensando en sus beneficios, obvio, ya se han lanzado a una frenética escalada de despidos que están tomando la figura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El Expediente Temporal de Regulación de Empleo es una autorización temporal para una empresa mediante la cual puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para que prescinda durante un periodo de tiempo de sus empleados quedando exenta de pagarles. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero, con carácter general, no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo. Además, para hacer esta figura más atractiva para los empresarios, el Gobierno bonificará la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERTE, de modo que limitará al máximo el coste de sus sueldos.
El caso de Inditex, la multinacional del rubro textil propiedad de Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo, es paradigmático en cuanto a la aplicación de ERTEs y la socialización de las pérdidas. Inditex tiene previsto aplicar este tipo de despido a una plantilla, la española, que oscila entre los 34.000 y 37.000 trabajadores, a partir del 15 de abril. No vamos a hablar del medio millón de laburantes que trabajan para Inditex en Bangla Desh por un sueldo de 83 euros mensuales.
Mediante este ERTE, Inditex, la multinacional que cobija a las tiendas de ropa Zara, se ahorraría unos 45 millones de euros en sueldos y aportes por cada mes de parón en la actividad; sueldos y aportes que correrán por parte del Estado, de la ciudadanía.
Mientras tanto, el magnate español, que con su multinacional textil tuvo 3.444 millones de euros en 2018, juega a la filantropía y dona 300.000 barbijos fabricados en China a la sanidad española. Una bagatela, claro.
Más dinero estará gastando en la campaña, espontánea, para que se le conceda el Premio princesa de Asturias a la concordia y que a fecha de hoy ha recibido el apoyo online de 100.000 personas.
¿En qué piensan esas 100.000 almas de cántaro? ¿No aprendieron matemáticas?
Solo los portales web independientes y las redes sociales se hacen eco del malestar que depredadores como Ortega causan en amplios sectores de la población, en esos sectores que ya apagaron la TV.
La preocupación por la situación económica, por la que nos viene, es disimulada por los grandes medios radicados en Madrid que, como decíamos, imponen esa imagen de patria unida e interclasista contra la adversidad.
Balcones, costumbrismo y patria
En este armado tiene gran importancia el hecho colectivo por antonomasia, el aplauso que a las 20.00 horas la ciudadanía tributa al sector sanitario, el más castigado por la enfermedad ya que el 12% del total de los afectados, 3.475 personas, son profesionales del sector. El aplauso, iniciativa nacida en Italia y cuya imitación se ha difundido sin descanso por los mismos medios que osan calificarla de “espontánea”, se está utilizando en los últimos días para que la ciudadanía honre a las fuerzas de seguridad, a la policía: los diferentes cuerpos policiales arriman el ascua a su sardina y con la escusa de ir a apoyar a los sanitarios se colocan con sus vehículos en el centro de la escena, de las cámaras y de los focos. Ahora, la población extiende su reconocimiento a quienes detentan el monopolio de la violencia.
El Estado de Alarma cuenta con un tendal de medidas represivas para quienes incurran en contravenciones, medidas represivas que se están aplicando de forma extensiva y de modo arbitrario, primando los barrios carenciados. No hay cuerpo policial que no esté incurriendo en excesos durante estos días. Será difícil que cambien su actitud si un día esto termina. Multas y detenciones superan los millares en toda la geografía peninsular. Poca broma. ¡Ar!
Además, desde el 17 de marzo el ejército español se está desplegando por las calles con la justificación de la emergencia y cobijados por la Alarma. El País Vasco ha sido la última comunidad autónoma donde han tomado posiciones … Vemos atónitos improvisados desfiles, proclamas de guerra, el himno español atronando desde los vehículos militares, desde los tanques. Combatir un virus a cañonazos es una idea muy española.
Un twitter de 21 de marzo, firmado por Jainko barik (sin dios), resume lo que muchos pensamos de esta intolerable presencia de los milicos en nuestras calles:
“Es curioso como cada vez que quieren enaltecer a los militares nos los presentan realizando actividades que no son propias de militares, sino de bomberos, limpiadores, personal humanitario o de rescate. Y lo más curioso es que parece que funciona”.
Los recelos de las autoridades catalanas y vascas ante el despliegue militar se han combatido desde Madrid con el habitual menosprecio y subrayando el tremendo trabajo que la unidad militar de emergencia realiza. Cataluña y País Vasco, por supuesto, no entienden lo primordial que es la “unidad nacional” en la lucha contra el covid 19. Ya decimos que el Estado está planteando el asunto como una lucha patriótica en la que, obvio, incluyen a toda esa periferia que no se siente española. Recordar que el Estado de Alarma centraliza todo el poder en Madrid dejando en suspenso las competencias que las comunidades autónomas tienen. Madrid está dando una vuelta de tuerca a la recentralización del Estado, se mire como se mire.
La rueda de prensa del Comité de Dirección del Coronavirus, hoy también, es dirigida por militares. Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, anuncia que la guardia real también se incorpora a las tareas. Una muestra de que el rey de España “es el primer soldado”. Sí, estamos en 2020.
El Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto (2019) de 8.537 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, 4.253 millones de euros. Señalar que en el presupuesto de Defensa no entran las partidas destinadas a los cuerpos policiales ni a la industria armamentística.
El Ejército español nunca tuvo más papel que reprimir a su población y, por otra parte, no fue depurado tras la dictadura del genocida general Franco (1939-1975). Si los presupuestos del Reino de España se diseñaran pensando en las necesidades de la gente y no del capital, hoy en día contaríamos con el número de profesionales suficiente para hacer innecesaria la inútil presencia militar que, reiteramos, no tiene otro objetivo que reforzar la idea de unidad española y lavar la cara de las fuerzas armadas. Y parece que funciona.
A pesar de todo, solo el diputado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya) ha pedido reducir el presupuesto militar para que sea dedicado a fines sanitarios y sociales.
Sanidad, borbones y cacerolas
A fecha de hoy, aún 23 de marzo, en el Estado español hay 33.105 casos diagnosticados y 2.192 defunciones registradas. De estos, 10.575 contagios y 1.263 muertes se dan en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP), fuerza heredera del franquismo, desde 1995. Madrid ha sido durante todos estos años laboratorio predilecto del neoliberalismo español que, entre otros dislates, ha arrasado la sanidad pública, sanidad colapsada en estos días, sanidad reforzada -¡Cómo no!- por los esfuerzos de los militares. El circulo vicioso del capital.
El PP ha privatizado la sanidad pública madrileña. El PP ha saqueado la sanidad pública madrileña, como también lo hizo con la valenciana, por ejemplo. Todo en un contexto de recortes en todo tipo de gasto social efectuados por todas las instituciones a raíz de la crisis de 2008.
Desde 2009, Madrid ha perdido 53.000 sanitarios. Un año después, comenzó la privatización del sector sanitario: Madrid tiene 33 hospitales públicos y 50 privados. De los 33 públicos, 5 tienen gestión privada, haciendo que sus tratamientos sean hasta seis veces más caros para el erario público.
Es más, el PP, envuelto en infinidad de casos de corrupción, llegó a desviar 3 millones de euros destinados a la sanidad madrileña a financiar el partido.
El PP, en estos días, crítica al Gobierno y le reprocha la falta de medios de una sanidad que ellos hicieron bosta. Dichosos balcones.
La semana pasada, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, una de las personas que más ha hecho por privatizar el sector público, fue ingresada junto a su marido, ambos aquejados de covid 19, en un hospital público. Los dos juntitos en la misma pieza medicalizada.
Ni Esperanza ni Amancio son capaces de romper la felicidad de los balcones. Esta solo se quebró el 18 de marzo con motivo del discurso televisado del rey Felipe VI.
Desaparecido durante toda la crisis, hace 5 días, Felipe de Borbón hizo una alocución a la nación, todo esto después de haber hecho pública, pocos días antes, su renuncia a la herencia que le correspondería por parte paterna, por parte del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. También le retiraba la asignación; esta, sin gastos de vivienda, transporte y demás, suma casi 200.000 euros anuales… A cargo de los presupuestos del Estado. La renuncia, una medida de cara a la galería en un intento de salvar su figura abjurando de su padre, viene después de conocerse una más de las trapacerías del anterior rey: el pago de 65 millones de euros a una amante, plata proveniente del cobro de mordidas en Arabia Saudí.
Los negocios de Juan Carlos de Borbón, turbios, con cuentas multimillonarias suizas, están tapados por la inviolabilidad de la que goza por haber sido jefe del estado, pero parte de la opinión pública no aguanta más abusos de la Monarquía. Parece que ni su misma presencia.
Así, el discurso de Felipe de Borbón fue acompañado de una tremenda cacerolada, hecho este que no pareció simpático y espontáneo a los grandes medios. Pero todos pudimos oírlo.
Con tanto tiempo e información, quien no se quiere enterar es porque no le da la gana. Así, se perfilan los dos grupos de siempre: uno de buenos ciudadanos, dispuestos a participar en la impostura patriótico festiva e interclasista, y otro que ve preocupado la deriva autoritaria del Estado, deriva acompañada de la sombra de la miseria y la exclusión.
Si la arbitrariedad de las fuerzas policiales a la hora de aplicar contravenciones y la presencia de tanques en las calles no fueran suficientes, no son pocas las individualidades de balcón que, animadas por el cotarro represivo, se dedican a increpar a quienes circulan por las veredas, ajenos a si esas personas laburan en la sanidad o van a atender familiares de avanzada edad (como es mi caso). El buchoneo colectivo y promocionado por los medios. El enano fascista que todos llevamos dentro.
Terminaremos con otro meme, con otro twitter: “De la droga se sale. De jalear desde el balcón a la policía para que multe y detenga a personas que van solas por la calle tengo mis dudas”.
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Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu
Desde un principio estuvo clara la postura de la CTA: rechazo total a la reforma laboral con plan de lucha, paro y movilización. Dentro de la CGT las diferencias entre distintos gremios tienen matices que no llegan a ser antagónicos, más bien complementarios. La cúpula cegetista apuesta al diálogo con los distintos bloques que lograr su voto en contra. Tanto Jorge Sola como Cristian Jerónimo, han declarado su oposición total a la reforma que pretende poner en un supuesto pie de igualdad en las negociaciones a los trabajadores de manera individual y a las empresas, dejando de lado el diálogo con los sindicatos. La soledad de un empleado solo aumenta su debilidad a la hora de llegar a un acuerdo. Al igual que el supuesto ‘banco de horas extras’ que no sería acordado de manera bilateral sino impuesto por el empleador. Sin embargo, aún no han definido un plan de lucha. Fieles a su estilo, piden prudencia y una respuesta orgánica en unidad. Causó bastante disgusto entre los dirigentes de la Central Obrera el anuncio unilateral del Secretario General de la UOM de una convocatoria a paro general y movilización sin consulta previa al Consejo Directivo.
De los gremios fuertes dentro de la CGT, se diferenció por su combatividad el sindicato de aceiteros, liderado por Daniel Yofra para quien no basta con parar sólo un día, habría que ir a un paro por tiempo indefinido: “Un día de paro no sirve para nada”. En los últimos tiempos, Yofra, quien tenía una política muy combativa dentro de su propio sindicato pero un bajo perfil en lo que se refiriera a cuestiones internas de la CGT, ha levantado la cabeza y se está transformando en en dirigente a nivel nacional que es escuchado y respetado por su coherencia.
Así las cosas, el miércoles 28 de enero hubo una reunión en la sede de la UOM en la que se reunieron 86 sindicatos pertenecientes a la CGT y las dos CTA que lanzaron el Frente por la Unidad Sindical (FreSu), forman parte del nuevo espacio la Federación de Aceiteros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), El Sindicato Gráfico y La Fraternidad, entre otros.
En el encuentro acordaron un plan de lucha que prevé movilizaciones regionales el 5 de febrero en Córdoba y el 10 del mismo mes en Rosario, rumbo a una movilización para el 11 de febrero frente al Congreso, cuando se debata la polémica Ley. Aceiteros y las CTAs ya convocaron para ese día a un paro general. Abel Furlán, luego del traspié sufrido por un anuncio prematuro, espera que la CGT sea también parte de la medida para hacer su convocatoria.
Héctor Amichetti, representate de la Federación Gráfica Bonaerense, no anduvo con medias tintas y haciendo referencia a la actuación de la CGT en busca de apoyo legislativo sostuvo que “la reforma laboral no se discute con los gobernadores sino con los trabajadores“. En el mismo sentido, Yofra advirtió: “Tenemos que hacerle pagar el costo a aquellos gobernadores que acepten esta ley así tal cual está”
Comunicado de prensa
Miercoles 28 de enero de 2026, Buenos Aires
NO AL PACTO CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES
Las organizaciones sindicales firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.
Se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los aspectos más graves del proyecto se destacan la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, entre otros.
No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.
Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral.
Estas discusiones tienen que tener a las y los trabajadores en el centro y, a contramano de este proyecto, deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina. Por todo ello, rechazamos íntegramente el proyecto de “Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo” que impulsa el Gobierno Nacional, y convocamos:
A dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales:
● 5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
● 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva.
El FUTURO DEL TRABAJO SE DECIDE CON NOSOTROS
NADA DE LOS TRABAJADORES
SIN LOS TRABAJADORES
AOMA – Federación Gráfica Bonaerense – APA – FOCRA – Federación de Trabajadores
Aceiteros – CTA Autónoma – CTA de los Trabajadores – UOM – ATE – APLA – ASIJEMIN
– AAPM – FESPROSA – SADEM – APJ Gas – Molineros – Luz y Fuerza Mar del Plata –
FOEIPCYQ – FETIA – UPSA – ATEPSA – SOMU – Centro de Capitanes y Oficiales de la
Marina Mercante – FEDUN – Jerárquicos Banco Nación – FEPEVINA – AMM – CEPETEL
– AMAP – CEA – AJTPSIP – CICOP – SOEPU – UTICRA – CEP – APJTV – APSAE – ASURA –
APOPS – Patrones de Cabotaje – Federación de Remiseros – Guincheros – Fotógrafos –
FATERIH – La Fraternidad – APINTA – Fleteros – Trabajadores Viales – FATICA – APSEE –
FATIQUIP – STIMPRA – Jerárquicos de la Marina Mercante – Electronicistas Navales –
FETERA – FETRADE – Actores – CONADU Histórica – FAPREM – Federación Judicial
Argentina – FAAPROME – CISPREN – SECEIC – SAMC – SUTAP – UCRA – SITRAIC –
UETTEL – FeNaT – MAP – MTL – FETARA – ATRES – SUOR – SRUPP – SOEAIL – SOEA –
STA – SOEASI – ABP – AECPRA – SITOSPLAD – SIUNFLETRA – UOTPGNC – OTECH – Luz y
Fuerza – ATEM – SITAPOS – APCNEAN – SOESGYPE – UTRACOS – APJBO – SITEBA –
SOMPRA – SATaDTyA – SATIVA – GOA – ATSNR – SUTRAS – SIVISA – SITRAVIP – SSCCAyP
– OSTV – SiPeSeDo – SECFER – APECAF – AEDA – AATDa – SiTraMuS – SITMMA-CABA –
SITMMA-Prov. Bs. As. – SUPCTRA – SOEALFFFM –UTPE – FAG – SUTAICCA – SITraLab –
UNTRA – SURAR – UTI PAMI… siguen las firmas.
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Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.
Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.
Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?
Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?
Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?
Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?
Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?
Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?
Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?
Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.
Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
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Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.
LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.”
Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”
LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?”
Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”
LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?”
Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”
LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?”
Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”
LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?”
Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”
LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?”
Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”
LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.”
Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”
Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu
Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
