Lunes, 23 de marzo. Portugalete, localidad obrera de pasado burgués situada en la desembocadura de la ría de Bilbao, capital económica vasca y sita 8 kilómetros aguas arriba.
El sol primaveral acaricia las fachadas desnudas, las calles vacías. Aprovecho la salida a la panadería para, en una carrera, subir hasta la parte más alta del barrio y, desde allí, ver el mar. Los acantilados blancos, metálicos, más solitarios que nunca, se recortan contra las inmóviles grúas del puerto. Nada perturba el azul de la hoy calmada lámina de agua.
Enciendo un pucho. Acá y allá, unas pocas personas, algunas con barbijo, acarrean bolsas con viandas o van al quiosco a por tabaco. De la cama al living. De casa al trabajo.
El mío es un barrio de laburantes. Un barrio acostumbrado a las estrecheces tanto como al festejo y a la calle. Como el resto del país, todo permanece aparcado hasta mejor ocasión. De hecho, las medidas de aislamiento, que comenzaron a aplicarse con la máxima rigidez el pasado domingo, 15 de marzo, se extienden dos semanas más allá de lo inicialmente previsto.
Y el barrio, acostumbrado a las estrecheces, con un carácter reservado, a veces vasco, a veces gallego, continúa resignado con su vida tras esas desnudas fachadas. A veces, pocas, en los balcones. Dichosos balcones.
Desde que la pandemia del corona virus provocara la imposición de las primeras medidas de aislamiento, reforzadas a los dos días (17 de marzo) con la declaración del Estado de Alarma –régimen de excepción de carácter militar- todos los medios de comunicación han actuado de la misma forma: en primer lugar, sobreinformación respecto al covid 19 (entrevistas, tertulias, opinadores, ruedas de prensa oficiales), relegando todo tema ajeno a la emergencia médica, especialmente los más polémicos; por otro lado, todo un despliegue de reportajes costumbristas destinados a provocar una reacción determinada de la ciudadanía, presentando la situación como la de una nación unida y feliz en la desgracia, plena de recursos y ocurrencias para hacer frente a la desgracia; una nación liderada por su rey, sus políticos y protegida por sus fuerzas armadas.
El plato fuerte de esta corriente inducida son los balcones, dichosos balcones, a las ocho de la tarde: el aplauso al personal sanitario.
Comportamiento colectivo –solidario, para unos; producto del miedo, para otras- importado de Italia, anunciado, voceado, inducido por el Estado y los medios que, sin rubor alguno, lo presentan como “espontáneo”.
Es la guinda de la torta: la fiesta balconera, dichosa fiesta, que rubrica la acrítica aceptación de unas medidas de aislamiento que coartan gravemente los derechos civiles, recentralizan el poder del Estado y colocan a las fuerzas armadas españolas a la cabeza del armado.
Unas medidas de urgencia diseñadas por el capital y sus gestores que, sin ningún género de dudas, nos llevarán a la socialización de las pérdidas empresariales (como ya sucedió con el salvataje de la banca, cifrado en 60.000 millones de euros).
Confinamiento, autoritarismo y capital
Lo más destacable de la situación es el inmediato acatamiento de modo acrítico por parte de la población de las medidas de aislamiento, del confinamiento, aún a pesar de que las razones científicas no sean comprendidas y de que no haya unanimidad en la comunidad científica. Medidas de aislamiento físico que se imponen de modo universal obviando las diferencias entre una ciudad de 4 millones de habitantes y localidades de 300 vecinos. Medidas de aislamiento que, sin embargo, desaparecen a la hora de trabajar: ni en call centers ni en fábricas se respeta el metro de diferencia entre personas; menos aún en los subtes que, para colmo, vieron reducidas sus frecuencias (como todo el transporte colectivo) el primer lunes de restricciones, aumentando así las aglomeraciones.
Después de 10 días de encierro, no se ha parado la producción en los sectores no esenciales (alimentación y sanidad, en especial) tal como están pidiendo los sindicatos en su totalidad.
La patronal vasca, CEBEK, por boca de su presidente, Iñaki Garcinuño, ha señalado esta mañana que el País Vasco no se puede permitir “un cierre global” de la actividad económica e industrial como consecuencia de la crisis del coronavirus porque la pérdida puede ser “extraordinaria e incluso irreparable”, ya que “muchas empresas no volverán a abrir”. Lo «conveniente y responsable», ha añadido el empresario vasco, es ir a trabajar para tratar de mantener una “mínima” actividad económica que haga que “la cadena no se rompa” para que, “el día después”, las empresas sigan existiendo y “no sean un cadáver”.
Mientras tanto, las empresas, pensando en sus beneficios, obvio, ya se han lanzado a una frenética escalada de despidos que están tomando la figura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El Expediente Temporal de Regulación de Empleo es una autorización temporal para una empresa mediante la cual puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para que prescinda durante un periodo de tiempo de sus empleados quedando exenta de pagarles. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero, con carácter general, no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo. Además, para hacer esta figura más atractiva para los empresarios, el Gobierno bonificará la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERTE, de modo que limitará al máximo el coste de sus sueldos.
El caso de Inditex, la multinacional del rubro textil propiedad de Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo, es paradigmático en cuanto a la aplicación de ERTEs y la socialización de las pérdidas. Inditex tiene previsto aplicar este tipo de despido a una plantilla, la española, que oscila entre los 34.000 y 37.000 trabajadores, a partir del 15 de abril. No vamos a hablar del medio millón de laburantes que trabajan para Inditex en Bangla Desh por un sueldo de 83 euros mensuales.
Mediante este ERTE, Inditex, la multinacional que cobija a las tiendas de ropa Zara, se ahorraría unos 45 millones de euros en sueldos y aportes por cada mes de parón en la actividad; sueldos y aportes que correrán por parte del Estado, de la ciudadanía.
Mientras tanto, el magnate español, que con su multinacional textil tuvo 3.444 millones de euros en 2018, juega a la filantropía y dona 300.000 barbijos fabricados en China a la sanidad española. Una bagatela, claro.
Más dinero estará gastando en la campaña, espontánea, para que se le conceda el Premio princesa de Asturias a la concordia y que a fecha de hoy ha recibido el apoyo online de 100.000 personas.
¿En qué piensan esas 100.000 almas de cántaro? ¿No aprendieron matemáticas?
Solo los portales web independientes y las redes sociales se hacen eco del malestar que depredadores como Ortega causan en amplios sectores de la población, en esos sectores que ya apagaron la TV.
La preocupación por la situación económica, por la que nos viene, es disimulada por los grandes medios radicados en Madrid que, como decíamos, imponen esa imagen de patria unida e interclasista contra la adversidad.
Balcones, costumbrismo y patria
En este armado tiene gran importancia el hecho colectivo por antonomasia, el aplauso que a las 20.00 horas la ciudadanía tributa al sector sanitario, el más castigado por la enfermedad ya que el 12% del total de los afectados, 3.475 personas, son profesionales del sector. El aplauso, iniciativa nacida en Italia y cuya imitación se ha difundido sin descanso por los mismos medios que osan calificarla de “espontánea”, se está utilizando en los últimos días para que la ciudadanía honre a las fuerzas de seguridad, a la policía: los diferentes cuerpos policiales arriman el ascua a su sardina y con la escusa de ir a apoyar a los sanitarios se colocan con sus vehículos en el centro de la escena, de las cámaras y de los focos. Ahora, la población extiende su reconocimiento a quienes detentan el monopolio de la violencia.
El Estado de Alarma cuenta con un tendal de medidas represivas para quienes incurran en contravenciones, medidas represivas que se están aplicando de forma extensiva y de modo arbitrario, primando los barrios carenciados. No hay cuerpo policial que no esté incurriendo en excesos durante estos días. Será difícil que cambien su actitud si un día esto termina. Multas y detenciones superan los millares en toda la geografía peninsular. Poca broma. ¡Ar!
Además, desde el 17 de marzo el ejército español se está desplegando por las calles con la justificación de la emergencia y cobijados por la Alarma. El País Vasco ha sido la última comunidad autónoma donde han tomado posiciones … Vemos atónitos improvisados desfiles, proclamas de guerra, el himno español atronando desde los vehículos militares, desde los tanques. Combatir un virus a cañonazos es una idea muy española.
Un twitter de 21 de marzo, firmado por Jainko barik (sin dios), resume lo que muchos pensamos de esta intolerable presencia de los milicos en nuestras calles:
“Es curioso como cada vez que quieren enaltecer a los militares nos los presentan realizando actividades que no son propias de militares, sino de bomberos, limpiadores, personal humanitario o de rescate. Y lo más curioso es que parece que funciona”.
Los recelos de las autoridades catalanas y vascas ante el despliegue militar se han combatido desde Madrid con el habitual menosprecio y subrayando el tremendo trabajo que la unidad militar de emergencia realiza. Cataluña y País Vasco, por supuesto, no entienden lo primordial que es la “unidad nacional” en la lucha contra el covid 19. Ya decimos que el Estado está planteando el asunto como una lucha patriótica en la que, obvio, incluyen a toda esa periferia que no se siente española. Recordar que el Estado de Alarma centraliza todo el poder en Madrid dejando en suspenso las competencias que las comunidades autónomas tienen. Madrid está dando una vuelta de tuerca a la recentralización del Estado, se mire como se mire.
La rueda de prensa del Comité de Dirección del Coronavirus, hoy también, es dirigida por militares. Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, anuncia que la guardia real también se incorpora a las tareas. Una muestra de que el rey de España “es el primer soldado”. Sí, estamos en 2020.
El Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto (2019) de 8.537 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, 4.253 millones de euros. Señalar que en el presupuesto de Defensa no entran las partidas destinadas a los cuerpos policiales ni a la industria armamentística.
El Ejército español nunca tuvo más papel que reprimir a su población y, por otra parte, no fue depurado tras la dictadura del genocida general Franco (1939-1975). Si los presupuestos del Reino de España se diseñaran pensando en las necesidades de la gente y no del capital, hoy en día contaríamos con el número de profesionales suficiente para hacer innecesaria la inútil presencia militar que, reiteramos, no tiene otro objetivo que reforzar la idea de unidad española y lavar la cara de las fuerzas armadas. Y parece que funciona.
A pesar de todo, solo el diputado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya) ha pedido reducir el presupuesto militar para que sea dedicado a fines sanitarios y sociales.
Sanidad, borbones y cacerolas
A fecha de hoy, aún 23 de marzo, en el Estado español hay 33.105 casos diagnosticados y 2.192 defunciones registradas. De estos, 10.575 contagios y 1.263 muertes se dan en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP), fuerza heredera del franquismo, desde 1995. Madrid ha sido durante todos estos años laboratorio predilecto del neoliberalismo español que, entre otros dislates, ha arrasado la sanidad pública, sanidad colapsada en estos días, sanidad reforzada -¡Cómo no!- por los esfuerzos de los militares. El circulo vicioso del capital.
El PP ha privatizado la sanidad pública madrileña. El PP ha saqueado la sanidad pública madrileña, como también lo hizo con la valenciana, por ejemplo. Todo en un contexto de recortes en todo tipo de gasto social efectuados por todas las instituciones a raíz de la crisis de 2008.
Desde 2009, Madrid ha perdido 53.000 sanitarios. Un año después, comenzó la privatización del sector sanitario: Madrid tiene 33 hospitales públicos y 50 privados. De los 33 públicos, 5 tienen gestión privada, haciendo que sus tratamientos sean hasta seis veces más caros para el erario público.
Es más, el PP, envuelto en infinidad de casos de corrupción, llegó a desviar 3 millones de euros destinados a la sanidad madrileña a financiar el partido.
El PP, en estos días, crítica al Gobierno y le reprocha la falta de medios de una sanidad que ellos hicieron bosta. Dichosos balcones.
La semana pasada, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, una de las personas que más ha hecho por privatizar el sector público, fue ingresada junto a su marido, ambos aquejados de covid 19, en un hospital público. Los dos juntitos en la misma pieza medicalizada.
Ni Esperanza ni Amancio son capaces de romper la felicidad de los balcones. Esta solo se quebró el 18 de marzo con motivo del discurso televisado del rey Felipe VI.
Desaparecido durante toda la crisis, hace 5 días, Felipe de Borbón hizo una alocución a la nación, todo esto después de haber hecho pública, pocos días antes, su renuncia a la herencia que le correspondería por parte paterna, por parte del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. También le retiraba la asignación; esta, sin gastos de vivienda, transporte y demás, suma casi 200.000 euros anuales… A cargo de los presupuestos del Estado. La renuncia, una medida de cara a la galería en un intento de salvar su figura abjurando de su padre, viene después de conocerse una más de las trapacerías del anterior rey: el pago de 65 millones de euros a una amante, plata proveniente del cobro de mordidas en Arabia Saudí.
Los negocios de Juan Carlos de Borbón, turbios, con cuentas multimillonarias suizas, están tapados por la inviolabilidad de la que goza por haber sido jefe del estado, pero parte de la opinión pública no aguanta más abusos de la Monarquía. Parece que ni su misma presencia.
Así, el discurso de Felipe de Borbón fue acompañado de una tremenda cacerolada, hecho este que no pareció simpático y espontáneo a los grandes medios. Pero todos pudimos oírlo.
Con tanto tiempo e información, quien no se quiere enterar es porque no le da la gana. Así, se perfilan los dos grupos de siempre: uno de buenos ciudadanos, dispuestos a participar en la impostura patriótico festiva e interclasista, y otro que ve preocupado la deriva autoritaria del Estado, deriva acompañada de la sombra de la miseria y la exclusión.
Si la arbitrariedad de las fuerzas policiales a la hora de aplicar contravenciones y la presencia de tanques en las calles no fueran suficientes, no son pocas las individualidades de balcón que, animadas por el cotarro represivo, se dedican a increpar a quienes circulan por las veredas, ajenos a si esas personas laburan en la sanidad o van a atender familiares de avanzada edad (como es mi caso). El buchoneo colectivo y promocionado por los medios. El enano fascista que todos llevamos dentro.
Terminaremos con otro meme, con otro twitter: “De la droga se sale. De jalear desde el balcón a la policía para que multe y detenga a personas que van solas por la calle tengo mis dudas”.
