Entrevista exclusiva a Daniel Mordecki, ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) del gobieno de Yamandú Orsi

El insólito interés de Tony Blair de convertir a Uruguay en un “laboratorio” de IA, el mismo Blair de la invasión a Irak y ahora de la teórica Junta de Paz de Trump para Gaza -que se propone crear en Palestina un balneario para ricos del mundo-, preocupó a bastante gente en la República Oriental, lo que solo se manifestó en las redes. Si bien en Uruguay el silencio tradicional del verano dura tres meses o más, pocos días antes de fin de año el gobierno despidió al novel director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), Daniel Mordecki, alguien que trabajó sin prisa pero sin pausa en sus cortos 9 meses de función para que Uruguay tuviera una regulación de la IA y del uso de los datos por parte de los milmillonarios de la Tech (grupo de empresas especializadas en tecnología que ofrecen ‘soluciones ágiles’ a los problemas corporativos). Casi todos ellos amigos de Trump y muchos de Israel.
Si bien la Agesic no es un organismo que figure en el horizonte cotidiano de los ciudadanos, es “el organismo” del gobierno que lidera las estrategias del Estado para el mundo digital. En 20 años, lo posicionó como líder en América Latina en desarrollo de las TIC y lo ubicó entre los tres países “pioneros” de América Latina en gobernanza en IA, junto a Chile y Brasil.
Que el nuevo gobierno de izquierda haya nombrado un director, conocido por su larga trayectoria, y a menos de diez meses lo haya puesto de patitas en la calle, sin mediar explicación, no solo es grave sino que preanuncia lo que algunos representantes de la derecha reclaman en voz alta: no enojar a Trump ni a sus amigos, y ceder todo lo necesario para pasar por debajo del radar patotero del nuevo orden mundial. Lo que no hizo Mordecki, que a mediados de 2025 firmó una declaración de judíos uruguayos contra el genocidio del gobierno de Israel en Gaza, exigiendo la ruptura de relaciones con ese país, y que apenas unos pocos días antes de ser despedido anunció entre 45 y 50 nuevas normativas gubernamentales para la IA, el uso de los datos y la transparencia del “ecosistema digital”. Como no se fue en silencio, sino que presentó una denuncia ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el partido de gobierno, no aceptó hablar de su caso pero sí de los problemas que plantea el nuevo mundo digital.

¿Uruguay está en condiciones de garantizar la soberanía tecnológica del país?

– Debe haber pocos temas más complejos que el de la soberanía digital, porque habría que dar otra discusión previa, interesante, sobre la soberanía y sobre si las fronteras son una buena organización para el mundo. Un ejemplo: el sindicato de la bebida festeja que trajo una planta desde Argentina a Uruguay y eso quiere decir que en Argentina sus pares se quedaron sin ese trabajo. La empresa en realidad ni ganó ni perdió nada, porque los impuesto pueden tener alguna pequeña diferencia, pero de hecho fabrica la misma bebida de un lado y del otro. Entonces, las fronteras son una cosa bastante jodida, que ahora están en plena discusión. La frontera tiene que ver con la nación de distancia o sea con la geografía y con el territorio físico, y lo digital no tiene territorio.

–No tiene territorio en el sentido geográfico, pero tiene materialidad en el sentido físico: se apoya en centros de datos, lo que antes se llamaba la autopista de la información… tiene cables, tiene aparatos…

Sí, pero no es relevante, o mejor dicho es prácticamente irrelevante dónde estén esos cables. Tú tenés un data Center de Google en Uruguay, físicamente. ¿Qué diferencia hay entre que esté en Uruguay, que esté en Argentina que esté en Arkansas?

Las fronteras son una cosa bastante jodida, que ahora está en plena discusión

Se supone que la diferencia es que usa nuestra agua, usa nuestra energía…

-Y la empresa de seguridad que cuida el local es de Uruguay. Pero lo técnicos son los mismos, los datos son los mismos. Es evidente que hay cables y hay máquinas y hay procesadores y memorias, y que eso existe físicamente, que tiene materialidad, pero el lugar es prácticamente intrascendente. El primer problema de la soberanía digital es definir qué es ser soberano digitalmente. Porque no es que estén las cosas en el territorio. El segundo problema es que prácticamente todos los sistemas están interconectados, todo o casi todo, y un sistema que no está interconectado no sirve para casi nada. Si alguien necesita seguridad realmente extrema lo que haces es desconectar Internet y desenchufar todo. O sea: tiene que ir al lugar, poner una silla y usar una máquina, que esté en el lugar. Eso se hace para determinadas cosas y está bien que se haga. Pero no es la idea que uno tiene de las gestiones y los trámites y las transacciones y la información y los blogs y las redes… eso está todo conectado, y tiene que estar todo conectado. Si te estás preguntando cómo calza un mapa en una cosa que no sabe qué son las fronteras…

Exacto. Es la preocupación que me surge cuando oigo al dueño de Oracle decir que lo primero que tiene que hacer un gobierno es poner todos los datos de su país en la nube, para que puedan ser usados por la inteligencia artificial. ¿Todos los datos de Uruguay? Se supone que por ahora están solo en manos de Agesic, de la agencia del gobierno.

–Ni siquiera. Los tiene cada organismo. Pero ahí tenés múltiples problemas. Ahora se habla mucho de resiliencia, es un palabra de moda. Pero la resiliencia está dada por la fragmentación. Te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que refiere al gas ¿por cañería o supergás por garrafa? El supergás está fragmentado. No hay una forma de impedir que cocinen en el mismo momento a todos los que tienen supergas. Puede haber problemas, de distribución, porque con todo puede haber problemas, pero no hay un punto único de falla, un lugar en el que vos te propones pegar y se acaba todo. Pero en el gas por cañería sí. Vos cerrás el caño principal y nos quedamos todos sin gas, en simultáneo. Entonces el primer problema es que la concentración trae beneficios, pero genera automáticamente puntos únicos de falla: para que deje de andar, para que lo corten, para que lo roben, para que lo tergiversen. O sean, grandes problemas. Amenazas que no existían antes, grandes problemas de seguridad en el sentido más amplio de la palabra, que la fragmentación evita de forma natural.

Como Estado, la pregunta es: qué problema quiero resolver. Porque nunca la solución precedió al problema

Pero lo que preconiza el dueño de Oracle, en el sentido de usabilidad, digamos, de todos los datos de un país, es decir datos de ciudadanos, de salud, datos económicos, fiscales, etc, para ser usados por la inteligencia artificial, nos plantea el tema de quién los usa.

-Dejemos dicho que la concentración es un problema o debe ser tratada con un cuidado especial. Si a vos te propusieran tener dos sistemas que valen lo mismo, iguales, uno con la información fragmentada y otro con la información concentrada, el que tiene la información fragmentada tiene ventajas. Lo que pasa que la información fragmentada trae otros problemas, de acceso por ejemplo. Con respecto a los empresarios de la inteligencia artificial, o sea Larry Ellison y otros cinco, seis, todos ellos están en el modo: “la inteligencia artificial resuelve cualquier problema”. Pero nunca fue así. O sea: nunca una solución precedió a un problema. La pregunta que habría que hacerle a Larry Ellison sería ¿qué problema queremos resolver?

Él, está claro que busca la monetización de los datos, que no son suyos.

-Yo entiendo cuál es el problema que él quiere resolver. El quiere vender. Lo que parece razonable dado que es un empresario que se dedica a eso. Pero como Estado, la pregunta que hay que hacerse es: qué problema quiero resolver… Y te diré que no sólo como Estado… como empresa, como persona, como lo que sea, la pregunta es siempre ¿qué quiero resolver?

La IA empezó a estudiarse en la década del sesenta. En los 70 y 80 apareció el fenómeno de los ‘inviernos de la IA’. En los 90 tuvimos la ‘burbuja’ de los puntocom

¿Y eso qué significa para los gobiernos?

-Que vos como Estado no podes comprar ese juego de que la IA es un gran negocio que va a cambiar el mundo. Vos tenés que mantener la lógica de: primero el problema, la solución después. Porque primero tenemos que definir qué es la inteligencia artificial, de qué hablamos. La IA no es la capacidad de generar textos. Eso es como la cereza en la crema. La inteligencia artificial existe desde la década del 60, cuando nace la primera generación de computadoras y entonces se juntan los informáticos del momento, los más filosóficos, con psicólogos, neurólogos, lingüistas (Noam Chosky fue uno de ellos) y empiezan a hacer estudios sobre la similitud del la computadora y el cerebro, como comparables en su funcionamiento lógico. Empiezan pruebas de cómo funcionaba el lenguaje natural traducido a formatos informáticos.

Ya hubo una burbuja de las puntocom, a mediados de los 90.

-Y antes hubo lo que se llamó “inviernos” de la inteligencia artificial, en los 70-80, y luego una década después. La idea nació del “invierno nuclear” durante la Guerra Fría: momentos en los que alguien promete que las computadoras van a lograr cosas increíbles, lo mismo que prometen ahora, y empiezan a fluir los fondos, y aumentan las promesas, y el dinero mana a raudales, como una primavera, y después explota todo, se cae, y nada era como lo habían prometido. ¿Eso quiere decir que la IA no produce resultados? Sí, produce, pero no hay que centrarse en lo que hace el mercado.

La IA es un sistema probalilístico, que usa millones de datos. Los nuestros

¿Y qué es la inteligencia artificial?

-Es un sistema que genera un modelo probabilístico de qué cosas pueden pasar. Esa es una definición que abarca todo lo que se pueda llamar IA. O sea: si vos tenés un sistema de contabilidad, a los mismos datos de entrada, los mismos datos de salida. Y si ponés otro sistema, a los mismos datos (el mismo balance, el mismo plan de cuentas, etc), hace el mismo informe.
La IA es un sistema que busca entre una cantidad, no importa cómo lo hace, de datos y soluciones, y te da una, diciendo: esta es la más probable. Un sistema de previsión del clima, es un sistema de inteligencia artificial. Por ahora son todos distintos porque todos valoran cosas distintas. Y es evidente que en una infinidad de terrenos, tener un modelo probabilístico de calidad es bueno. Que a vos te digan que algo tiene el 95% de probabilidad, es muy importante.

Por eso el dueño de Oracle quiere que Inglaterra ponga todos sus datos de salud accesibles.

-Vos mirás esos datos y tenés un camino para decir: ahí debemos invertir muy fuerte. Larry Ellison no lo sabe, pero Uruguay tiene en la historia clínica nacional los datos de eventos de todos los uruguayos de los últimos 10 años. Cientos de millones de registros. Entones tú podés, a partir de esa información, prever muchas cosas, con un modelo probabilístico: para tales enfermedades, o tales situaciones clínicas, qué pacientes tienen más de 80-90% de probabilidades. No es un diagnóstico, es un modelo. Y en el momento en que entendés que lo que hace la IA es un modelo probabilístico, entendés que los errores son inherentes, y que no los van a corregir. Siempre habrá un porcentaje de error.

Uruguay, la Patria o la tumba…o la Patria y la cumbia?

¿Como funciona el que escribe texto “predictivo”?

-Si a vos te dicen en Uruguay “la patria o la…” vos decís “tumba” ¿Verdad? Esa es la palabra, es evidente. Alguien supuso que se podría hacer eso con cualquier texto, no solo con refranes: “en boca cerrada no entran….” y la palabra es “moscas”. A alguien se le ocurrió -y es alucinante que se le haya ocurrido- que si juntaba todos los textos que existen en el mundo, podía encontrar la próxima palabra. Es un sistema de lógica ¿Funciona? Para ese tipo de cosas, sí, funciona. Claro, siempre hay un Esmoris que te hace un espectáculo que se llama “La patria y la cumbia”. Entonces, ahí no funciona, porque son modelos probabilísticos.

¿En qué otro terreno la IA es evidente?

-Por ejemplo en todo lo que la Dirección General Impositiva inspecciona. Agarras todos los datos acumulados y haces un modelo probabilístico. No quiere decir que un señor concreto esté defraudando. Quiere decir que en ese sector, con ajustes que vas haciendo, si te da que el 80% tuvo problemas, entonces estás seguro de que más o menos ahí tenés trabajo para hacer. Igual quiere decir también que hay un 20 o un 30 por ciento que no defrauda.

¿En qué sectores obvios un Estado tiene que invertir en IA?

-Yo te diría que en todos. Pero no se trata de poner plata. Es como si vos te preguntas ¿quién, en un país, necesita vivienda? La respuesta es “todos”. Está claro que en todas las áreas hay problemas a resolver, y los ejemplos que te puse son bastante obvios, pero después hay que estar en cada terreno. Y saber qué querés. La gente cree que el tema de los trámites burocráticos online son complicados y que por eso muchos ciudadanos no los hacen, porque el lenguaje no es claro. Lo que es complicado es el andamiaje jurídico que hay por debajo. No es un problema de claridad. Por ejemplo el seguro de paro. ¿Sabés cuántas leyes hay de seguro de desempleo, seguro de paro, subsidio de desempleo? Hasta los nombres difieren. Y eso no se resuelve con un Chatbot. Hemos avanzado enormemente. Antes esos modelos probabilísticos de la informática nos daba números, y ahora nos da una planilla llena de gráficos, perfectamente diseñada, legible en principio por cualquier ser humano. Pero ¿quién valida que eso está bien?

Eso va a cambiar automáticamente muchas reglas de juego hasta ahora conocidas.

-Sí, como internet cambió la sociedad. La IA generativa, la que genera textos, imágenes, cambiará muchas cosas, cambiará las reglas de juego, pero no en el modo en que nos lo quieren vender ahora. Te diría que no es predecible la manera en cómo cambiará. Hay indicios, pero hay que tener cuidado: que una aplicación me haga un resumen de un informe de 60 páginas, no me dice qué está bien y qué está mal, en qué vale la pena usar nuestro análisis y en qué no. En broma, hay colegas que dicen que cuando una línea está torcida, es que la hizo un humano. Es una referencia.

Alexa responde porque siempre nos está escuchando ¿Sabés qué dice el contrato que firmás sobre lo que escuchan?

Entonces, la inteligencia artificial por ahora es esa capacidad de usar millones de datos para resumir, simplificar y traducir con su probable margen de error. Muchísimos oficios se verán alterados o suprimidos.

-Sí, formas prácticas de hacer algo. Pero ahí entra una pregunta que es muy relevante, sobre las multinacionales y el poder que tienen. El problema es el nivel de acumulación de datos. La materia prima de las multinacionales son los datos. El ejemplo de “orientales la patria o la tumba” es muy útil. Imaginate la cantidad de textos que hubo que revisar para encontrar una suficiente cantidad de frases parecidas, para adivinar cuál era la palabra que seguía. Millones, de millones, de millones. El secreto es que las multinacionales usan los datos que están a su alcance, en particular los de los teléfonos. Aquellos que tienen habilitado Siri o Alexa, le dicen… “decime… buscá…”, y el sistema responde. ¿Cómo hace Siri o Alexa para que vos le hables y se prenda? Porque está escuchando, ¿no? ¿Qué dice el contrato que vos tenés de tus aplicaciones sobre lo que están escuchando?

No sé.

-Yo te lo digo: lo pueden usar. Pueden usar todo lo que genera tu teléfono… cuando navegas, cuando usas el GPS, cuando sacas fotos, cuando usas el reloj en la muñeca que controla tus pulsaciones, tu presión… tu ritmo cardíaco, cuánto dormís, qué ejercicio haces…. todo lo pueden usar. Lo registran y lo almacenan, y lo usan para hacer predicciones de comportamiento. Ahí vos entendés el problema político.

¿Y cómo frenas eso?

-No se puede. Mi respuesta es que lo que sí se puede es reducir el impacto de eso, reducir el daño, buscar equilibrios. Educando a la gente en el uso, pero además regulando y limitando el derecho que esas multinacionales tienen. El derecho que tienen a llevarse los datos no lo vas a limitar, porque eso significa que la gente por ejemplo no use el GPS y cuando le decís eso a alguien, la respuesta es “no me importa, prefiero que se lleven mis datos y yo usar el GPS”.

La gente razona que sus datos, con nombre y apellido, es decir qué hago yo persona, no les importa a las multinacionales.

-Es que esos datos, junto con millones de otros, se los van a vender a alguien. Los dueños de las multinacionales también son dueños de parte de mi actividad. Si yo vendo en Amazon, en MercadoLibre, en Facebook, en Marketplace, en Google Ads, y me cierran la cuenta, porque violé una norma que ellos pusieron, no tengo a dónde llamar, porque aunque parezca que sí, no atiende nadie. Si yo soy una pequeña empresa (aún a las grandes, muchas veces no las atiende nadie), si yo vivo de esa actividad, me va bien, importo cosas y las revendo… no estafo, no robo, solo trabajo, y por la razón que sea me cancelan mi acceso a mi cuenta, a mi correo, a lo que sea… me quedo sin trabajo. Y tengo que ir a reclamar a California, que es lo que dice la letra de lo que aceptamos. Eso lo podemos regular, poner que deben aceptar la jurisdicción de Uruguay, los tribunales de Uruguay.

En la balanza están de un lado las ganancias de unos pocos y del otro los derechos de todos nosotros

¿Y eso es posible?

-Sí es posible, es una decisión política. Ellos te van a decir que se van, y te van a decir una cantidad de cosas, pero en realidad la vida va demostrando que no se van. Y la pregunta es: ¿se irán? Porque por ahora en el capitalismo la respuesta es: vendrá otro a suplantarlo y ocupará ese lugar. La experiencia que hay en el mundo es que cuando Francia le dijo a Google que tenía que pagarle a los medios impresos por las publicaciones que hacía y Google dijo que no, vino Microsoft y dijo que sí.

¿Por qué se negarían a usar la jurisdicción uruguaya?

-Por plata, porque si aceptan las leyes uruguayas, que es un mercado de quinto o sexto orden, quiere decir que están aceptando las leyes de todos los países, más de 190, por lo que tienen que estar preparados para litigar en 190 jurisdicciones diferentes, con leyes diferentes, y tienen que tener 190 bufetes de abogados especializados, a los que tienen que pagar, y además coordinar, y eso significa también que tendrán muchísimos más juicios, porque cada usuario puede ir a la defensoría del consumidor de su país. Es decir: les va a costar muchísimo más caro. La ecuación, para las grandes multinacionales, es entre sus ganancias y los derechos de la gente. Eso es lo que está en los platos de la balanza. Y poner reglas es una decisión política. Las preguntas siempre tienen que ser: para qué y hasta dónde. La persona que va a tomar una decisión política se tiene que hacer esas preguntas.

¿Y los jerarcas se hacen esas preguntas respecto a las grandes tecnológicas?

-Te puedo decir que el país quiere inversiones. Por ejemplo traer un Data Center. Pero la pregunta es para qué…¿Cuánto derrama y cuánto tenemos que entregar? ¿Quién gana qué?

Si usan nuestra agua y nuestra energía…

-El que se instaló de Google cambió el modelo de refrigeración. Lo hacen ahora por circuito cerrado. Pero la pregunta es: ¿hay que regular? Yo creo que sí, que hay que regular. ¿Vas a minimizar el problema de que se lleven todos los datos de los usuarios? No, eso no lo vas a resolver.

Uruguay tiene el perfil de ‘país boutique’. Chiquito, super controlable, correcto.

¿Por qué a Tony Blair le puede interesar Uruguay, al punto de definirlo como un laboratorio de IA?

-Es que Uruguay tiene el perfil de un “país boutique”. Como un hotel boutique: chiquito, super controlable, correcto. Uruguay es un país super culto, súper estable, con un régimen normativo sólido y estable, y que no le importa a nadie. Es un laboratorio perfecto para probar cosas. Pero no creo que eso tenga que ver con el objetivo del dueño de Oracle de unificar datos. No está planteado en el Estado unificar datos. Lo que está planteado es unificar los sistemas, hacer que todos los organismos dialoguen entre sí, que todos accedan, que interoperen.

¿En eso trabaja la Agesic?

-Ahora no sé, porque me echaron sin decirme porqué… pero la primera cosa es consolidar la infraestructura, y luego, otra cosas, es unificar los sistemas. Consolidar la infraestructura es un problema físico, y hoy en día es una necesidad imperiosa. Eso significa poner todos los datos en una sola unidad o unas pocas, y que maneje toda la infraestructura del Estado. Que haya tres o cuatro Data Centers, conectados y que ahí esté todo el Estado.

¿Como tiene Corea del Sur?

-Del estilo. Tiene sentido que Antel tenga tres Data Center, fragmentados por seguridad, es lo que hablábamos de la resiliencia, pero hay que decidir dónde está toda la infraestructura del Estado. Pero no un solo sistema, eso es otra cosa. Cada organismo sigue manejando su sistema, y lo que tienen que hacer es interoperar hacia adentro.

La ciberseguridad total es imposible, pero hay muchas cosas que se pueden hacer

¿Como si hablasen Esperanto todos ellos? El Esperanto de la informática, pero cada uno habla su idioma.

-Algo así. El tema es que cuando yo consolido una infraestructura para el Estado, pongo condiciones. Sobre todo las de seguridad. Si viene alguien del Estado a poner su infraestructura y no acepta las reglas de inter-operabilidad, entonces no lo dejo instalar. ¡Vos no podrías creer las cosas que hacen en diferentes lugares del Estado! Y los programas truchos que instalan por todos lados… Siempre está el riesgo de que te roben. Pero una cosa es que vengan, desconecten la alarma, rompan la reja, entren y te roben tal y tal cosa, y otra es que dejes la bici en la puerta sin cadena. Nosotros, Estado, tenemos todas las bicis ahí afuera… bueno, no todas, tenemos algunas cosas muy bien hechas.

Vayamos a la soberanía digital.

-Es un tema de los más áridos y complejos, porque la definición de soberanía es de por sí complicada, pero hay algunas cosas que se pueden entender. La primera es que hay niveles: la continuidad del negocio y el del acceso a los datos. Son dos problemas separados. El primero es: yo uso o pongo una aplicación en un entorno que no controlo. No importa si es fuera del país, o si es acá. Yo pongo mi aplicación en un proveedor en Uruguay, tengo un contrato firmado, dice que la jurisdicción es de Uruguay, pero Donal Trump en USA le dice que apague la llave. Y la empresa qué hace: ¿la apaga o no? La apaga, obvio. Es decir, hay un primer problema que es el de continuidad del negocio. ¿Qué hago yo si me bajan la llave o me cortan el cable? Y ese es un problema que te saca de la territorialidad. Acá en Uruguay hay tercerizaciones (outsourcing) con empresas brasileras, con capitales de otros países, también en Estados Unidos, una cantidad.

¿Qué hago yo si me bajan la llave o me cortan el cable? Es un problema que te saca de la territorialidad.

¿Es algo que se puede controlar?

-Sí, si se regula. Regulaciones del Estado. Hay un decreto muy viejo, el decreto 92 del 2014, que reguló (estuvo muy bien para la época), la territorialidad de determinada cosas. Es decir, que ciertas cosas estén en el territorio. Era la época en que había secretarías de ministerios que tenían sus correos con @yahoo.com o gestión humana con @gmail… Ese decreto, que hay que actualizar, parte digamos de la lógica de continuidad del negocio y de seguridad.

¿Y los datos?

-Hay dos terrenos allí: ¿confías o no en los contratos? Uno es un problema de política pública y otro es un problema de defensa. Si vos firmas un contrato con una empresa y vos asumís antes de firmar que no lo va a respetar, entonces tenés un problema de Defensa Nacional, que hay que ver cómo se resuelve.

El Ministerio del Interior no parte de la base de que las empresas van a incumplir los contratos, el de Defensa sí.

Tenemos ahora el ejemplo de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados en Palestina, Francesca Albanese, a quien USA declaró como enemiga y ordenó cortarle todo el acceso a todo: cuentas, salud, viajes, hoteles, mails, absolutamente todo. Al punto que el Parlamento Europeo, a donde debía ir para presentar un informe, se enteró que la empresa de reserva de hoteles era norteamericana y le anuló la reserva que tenía para ella en Bruselas, porque su software respondía a la regulación americana.

-Exacto. Cancelarla de cualquier sistema de existencia. Eso le puede pasar a cualquiera y también le puede pasar a un país. Por eso digo que hay temas de los cuales se ocupa el Ministerio del interior, por ejemplo la seguridad de cada individuo, pero hay otros que son resorte del Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior no parte de la base de que las empresas van a incumplir sus contratos, el de Defensa sí. Entonces yo te diría que el problema de la soberanía de los datos es un problema casi insoluble, sin cambios profundos en la gobernanza mundial. En el mundo mundial, en la geopolítica mundial. Trump ya dijo que todos los datos que manejan las empresas norteamericanas, son de Estados Unidos. Incluidos los datos extranjeros, pero que los manejan empresas norteamericanas. Eso son los datos de medio mundo. Más o menos de medio mundo, incluidos los nuestros. Lo que está diciendo, traducido, es que más allá de lo que digan los contratos, todos las empresas norteamericanas tiene un cable por atrás que le permite a él leer todos esos datos cuando quiera. Cada vez que yo acepto comprar los servicios de una empresa que está en USA, estoy aceptando que la realidad eventual es esa. Y te diría que todo lo que hace la gente en sus teléfonos, todo o casi, está allí. Es infinito.

Organismos, empresas, personas…

-Pensar que hay muchos datos que están acá, es una falsa impresión. Porque ¿dónde están acá? ¿Qué software usan? ¿Qué sistemas operativos? Todo nuestro Estado usa IBM, o Microsoft, u Oracle. Todo. No hay otra cosa. Salvo que pienses en la alternativa china. Pero el problema es el mismo: el que corta el cable es el gobierno de China. Y la discusión no puede ser cuál imperio es mejor, si el norteamericano o el chino.

Entre los tecnofanáticos y los tecnoescépticos, el deber es tener un plan B

¿Y cómo se plantean este problema las personas que están al nivel de decisión que estabas tú?

-Me acaban de echar, pero te diré que se lo plantean tal cual te lo digo: no podemos hacer nada. Pero hay recursos que se podrían usar. Por ejemplo, dividir el problema entre la continuidad del negocio frente al de la propiedad de los datos, ya que en el terreno de la continuidad sí podes hacer. Porque podes -o debes- tener un respaldo de todos tus datos, y un plan B que te permita reconstruir todo en 15 días. ¿Lo puedo tener? Claro. Sale plata. Pero puedo tener un crédito en un banco alemán, o indio, que me financie eso. O sea, alternativas. Un plan B, y tal vez un plan C, y un plan D.

En Francia hackearon varios hospitales públicos que de golpe se quedaron sin acceso a las agendas, a las historias clínicas, a todo el sistema de funcionamiento, y debieron usar el lápiz y el papel para poner algún orden. Eso, por hackers que piden rescate para liberar el sistema de datos.

-Sale plata tener plan B. Es un problema de negocio puro y duro. Y un problema político. Porque te sale plata una cosa que vos no exhibís, que tiene cero visibilidad. Lo que se evita no se premia. O sea: vos ponés plata para evitar cosas, y eso solo se utiliza cuando suceden las cosas. Si no suceden, no se usan. El problema es ¿quién te da un presupuesto para eso? Porque no es un respaldo en línea, que también se pueden llevar, es un respaldo en cinta, digamos, y ¿cuantos tenés? Tengo tres juegos, en lugares diferentes. Porque uno se me puede quemar, otro me lo pueden roba. Bueno, entonces el mueble donde tenés un juego tiene que ser ignífugo. Todo eso es cash, trabajo y plata. Eso es una decisión política. Que siempre implica analizar hasta qué nivel de riesgo aceptas o te podés permitir. Si hay una invasión extraterrestrre o una bomba nuclear, es obvio que ningún sistema funcionara y no se podrá recuperar nada. Si sos el hospital, por ejemplo, de repente puedo recuperar una parte, pero no todo, y no voy a tener la información de las historias clínicas de diez años hacia atrás. Eso, asumo perderlo, pero no todo. Porque el negocio del riesgo es un negocio infinito. En algún momento vos tenés que asumir que vas a perder una parte. Incluso en tu casa. Salvo que pongas un domo de vidrio que proteja la propiedad, como en los Simpson, blindado. Y hasta puede venir un jet de combate y derribarlo. Es interminable. Entonces, en un momento tenés que parar y decirte: eso no lo puedo resolver.

El Estado debe tener un respaldo de todos sus datos, y un plan B para reconstruir todo en 15 días. Pero eso sale plata y no tiene visibilidad

¿Hay conciencia en el Estado de esos dilemas?

-No es pareja la conciencia del problema. Hay lugares que están muy bien, que tienen planes de contingencia y los ponen a prueban cada año. Porque ese es otro asunto: hay que probar el sistema de respaldo para ver si funciona. Lo único inadmisible es que no haya ninguna evaluación y que estés sometido al riesgo total sin verlo. El problema de la soberanía no es solo el de la geopolítica y el del dominio de alguien sobre todo. Hay un problema práctico, mucho más tangible, que tiene que ver con la soberanía, que es cómo me recupero. Porque también puede pasar que haya un proveedor que se funda. Que tu respaldo deje de funcionar.

En el actual estado del mundo ¿cuánta gente que tiene cargos de dirección en temas de tecnología asume la nueva situación?

-Son temas de conversación permanente. Sin duda. Pero el espectro va de los tecnofanáticos, que piensan que siempre habrá una solución tecnológica que nos salvará, a los tecnoescépticos, que no creen que la tecnología salve al mundo. Recomiendo que lean un libro que se titula “La era del capitalismo de vigilancia”, que es de una socióloga norteamericana, Shoshana Zuboff, que explica cómo extraen y qué hacen con los datos.
A nivel del Estado o del gobierno, te diría que hay una corriente más preocupada por los derechos y por el para qué, y otra corriente mucho más preocupada por los números de la economía. El “para qué” es fundamental, en mi opinión. ¿Para qué queremos Facebook? Pros y contras. ¿Para qué queremos que vengan a instalar Data Centros? Si les vamos a dar una Zona Franca, si no van a pagar impuesto, si los técnicos van a estar en el exterior, si van a usar nuestra energía, si solo van a contratar guardias de seguridad ¿Para qué? Entonces está el corto plazo, y el largo plazo. Yo te diría que casi todas son decisiones políticas. No hay decisiones técnicas. Los técnicos te presentan modelos, desde “cero confianza a nadie” en la ciberseguridad, a grados crecientes de confianza. La decisión siempre es política y tiene que ver con el corto o largo plazo. Y con quien quiere cortar la cinta públicamente.

Alvaro Hilario (Bilbao, País Vasco)

La noche del pasado 18 de enero, domingo, la colisión entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, sur de España, dejó el saldo de 45 personas fallecidas y cientos de heridos de los que dos decenas aún permanecen hospitalizados. A la par que se descartan hipótesis como el fallo humano o el sabotaje, dos comisiones, una de carácter técnico y otra judicial, trabajan para esclarecer las causas del suceso, tarea que necesitará de muchos meses. A pesar de ello, la extrema derecha, Vox, apoyándose en una campaña de bulos en redes sociales, responsabiliza al Gobierno y la “corrupción” de forma directa. Son la única formación política que no ha respetado el luto nacional de tres días.

En el mágico 1992, se inauguró la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, bajomonopolio de la estatal RENFE, no siendo hasta el 14 de diciembre de 2020, siguiendo las directrices de la Unión Europea, cuando el sector, el mercado español, se abrió a operadores privados como Ouigo (francés) e Iryo (italiano), aunque los primeros servicios comerciales de estas nuevas empresas no comenzaron hasta mayo de 2021, compitiendo con el AVE de Renfe, marcando un cambio histórico en el sector ferroviario español de alta velocidad tras décadas de monopolio. 

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde la liberalización del sector ferroviario, el volumen de pasajeros de alta velocidad en España ha crecido exponencialmente, alcanzando casi 40 millones de viajeros en 2024, lo que supone un aumento del 77% respecto a 2019 (pre-liberalización), captando millones de usuarios del avión y la carretera gracias a la competencia y la bajada de precios. Los corredores con competencia, como Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla o Madrid-Alicante, han batido récords de viajeros, con incrementos notables en todas las rutas. El tren ha atraído 4.8 millones de viajeros que antes usaban avión o carretera. Los datos del corredor donde se dio el choque, Madrid-Sevilla/Málaga/Granada, es de 5 millones de pasajeros encada uno (+28%).

La fuerte subida se atribuye directamente a la liberalización, que ha fomentado la competencia entre operadores (Renfe, Ouigo, Iryo), resultando en precios más bajos y una oferta más amplia, captando una gran cuota modal frente a otros transportes. 

Sin embargo, la inversión en mantenimiento de la alta velocidad en España no se ha correspondido adecuadamente con el aumento de actividad tras la liberalización, existiendo un déficit histórico de inversión que genera preocupación por el deterioro de la red a pesar del tráfico récord. Las inversiones se han reducido en una década, resultando insuficientes para las necesidades de una red con más trenes y mayor uso. 

La evolución presupuestaria para el mantenimiento de la alta velocidad en España muestra un aumento significativo y récord en los últimos años, especialmente desde 2023, con cifras que superan los 900 millones de euros anuales en conservación, contrastando con años anteriores donde la inversión pudo ser menor o más centrada en construcción, destacando la tendencia actual de priorizar la conservación de la extensa red existente tras años de fuerte expansión, según datos de Adif.

Parece, sin embargo, que el esfuerzo de estos últimos años no llega para compensar el abandono de décadas anteriores, desde la crisis de 2008 y los gobiernos del conservador Partido Popular (PP), caracterizados por sus recortes en gasto público.

Miguel Montenegro, miembro del sindicato de ferroviarios de la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT) recuerda que desde su central “venimos desde muchos años advirtiendo de a dónde nos está llevando esta política de desmantelamiento del servicio público ferroviario en cuanto al mantenimiento” que, en su opinión, se traduce en el empleo por parte de las grandes constructoras ya citadas del empleo de contratas y subcontratas, de la precarización del empleo, para acometer todas las obras en las infraestructuras ferroviarias sin que el Estado fiscalice estas.

Que entre las hipótesis se plantee fallos en las soldaduras de los raíles, confirmaría los riesgos derivados de las subcontrataciones que el sindicalista Montenegro denuncia. Falta de profesionalidad y/o experiencia contrastada en tareas de exigencia máxima al estar relacionadas con infraestructuras y seguridad.

Solo un puñado de constructoras tienen capacidad de acometer la gran obra pública española y es por ello que se reparten toda adjudicación ministerial, realidad que favorece una corrupción perpetua cuyo último capítulo es el procesamiento de José Luis Ábalos, ex Ministro de Transportes y ex número tres del partido socialista, en la actualidad, en prisión, a espera de juicio.

Embarrando la cancha

Haciendo un alto en la bronca que envuelve la escena política desde que el socialista Pedro Sánchez fuese investido como presidente del Gobierno por el Parlamento español en noviembre de 2023, las diferentes instituciones públicas, aún gobernadas por partidos de diferente signo, unieron sus fuerzas en hacer frente a la catástrofe y sus dirigencias se abstuvieron de hacer declaraciones estridentes. La situación, las víctimas lo requerían.

Vox, la extrema derecha, fue la excepción. Con la población estremecida y sus referentes mostrando una tremenda cautela respecto a las causas de la tragedia, sin mencionar siquiera responsabilidades, el líder del partido, el ex militante del PP, Santiago Abascal ya lo tenía claro; en redes sociales, proclamó: “Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”. Quince horas después, ufano, añadía: “Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto.”

Todas las formaciones políticas suspendieron de inmediato su agenda política, sus actos de campaña electoral en Aragón, con sus elecciones fijadas para el 8 de febrero, excepto Vox, que no iba a participar del silencio impuesto para ayudar al Gobierno a esconder sus responsabilidades e iba a continuar trabajando.

Al mismo tiempo, impulsaron, como es habitual, una campaña de desinformación y bulos en las redes sociales para instrumentalizar el desastre, como ya hicieran con la DANA de Valencia. El bulo principal fue marcado ante los medios por el portavoz del partido, José Antonio Fuster, quien sugirió que el accidente “coincide con la decisión del Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles a financiar redes ferroviarias en otros países”.

Ese mensaje ha sido amplificado en redes sociales por perfiles de la ultraderecha y por medios afines, que difunden la mentira de que, tras el descarrilamiento de los trenes en España, Pedro Sánchez “regaló” 247 millones de euros a Marruecos para mejorar su red ferroviaria.

Ocultan, sin embargo, que no es ni una inversión ni un regalo, sino créditos reembolsables concedidos tanto a Marruecos como a Uzbekistán. Estos préstamos deben devolverse, estando condicionados a que el dinero se gaste en la contratación de empresas españolas. Así, la compañía CAF anunció recientemente un importante contrato con Marruecos vinculado a este tipo de financiación.

A pesar de ello, el discurso de la ultraderecha insiste en vincular la tragedia con una supuesta falta de inversión en el sistema ferroviario español y con la idea de que viajar en tren en España ya no es seguro. Así, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha manifestado que los españoles tienen miedo de subirse a un tren.

La extrema derecha, vendiendo miedo.

Vox, hace pocos años una organización residual, consiguió la financiación de destacados miembros de la oligarquía española como David Álvarez Díez, propietario del Grupo Eulen, Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL)a través de la organización ultra-católica Hazte Oír y, hoy en día, maneja una intención de voto cercana al 20%, restando base electoral al PP.

Así, a cuatro días del accidente de Andalucía, el PP ya rompió su tregua política por boca de personajes de su ala más dura, como Cayetana Álvarez de Toledo o la gran amiga de Milei, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los hechos

Andalucía, municipalidad de Adamuz, a 66 kilómetros de Córdoba; 367 de Madrid. Eran las 19.40, noche cerrada, cuando los tres últimos vagones del tren de alta velocidad Iryo 6189 que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron e invadieron la vía contraria por la que, procedente de Madrid y con destino Huelva, circulaba el Alvia 2384. El violento choque provocó que parte de este cayera por una barranca de cuatro metros de profundidad. El impacto fue tal que los trenes, que circulaban a 200 kilómetros por hora, quedaron separados por una distancia de 800 metros.

El suceso arrojó el trágico balance de 45 personas fallecidas y 123 heridas, de las que 21 aún permanecen hospitalizadas. Las víctimas se encontraron tanto en el Alvia, operado por la compañía estatal RENFE, como en el de la italiana Iryo.

Dos comisiones, una de naturaleza técnica, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), formada por profesionales independientes de reconocida valía y adscrita al Ministerio de Transportes, y otra judicial, dirigida por la Guardia Civil (similar a la Gendarmería), trabajan desde el primer momento para conocer las causas que provocaron un accidente que expertos, profesionales del mundo ferroviario y la ingeniería e incluso el Ministro de Transportes, Oscar Puente, han calificado de “extraño”. Extraño porque es inusual que un descarrilamiento se produzca en una recta cuya infraestructura ferroviaria fue renovada en mayo de 2025, invirtiéndose 14,1 millones de euros, amén de 43,3 millones en las mismas labores tres años antes. Plata que fue a parar mediante adjudicación ministerial a las grandes constructoras privadas Ferrovial, OHL, FCC y Azvi.

 También sale de lo habitual que fuesen los vagones de cola los que descarrilasen.

Por otra parte, tanto el ETR 1000 de Iryo como elAlvia S-120 de Renfe, son modelos tecnológicamente avanzados, siendo de reciente fabricación. El Iryo, por ejemplo, entró en servicio en 2022, habiendo pasado su última inspección de seguridad solo tres días antes del accidente.

Aunque la CIAF tiene un plazo de doce meses para hacer públicas sus conclusiones, mucho antes, en dos o tres meses, difundirá un informe preliminar descartando hipótesis y eliminando así especulaciones sobre las razones de la catástrofe. De hecho, algunas, como el fallo humano, el sabotaje o el exceso de velocidad ya lo han sido.

Así las cosas, las investigaciones se dirigen al estado de la vía, de los railes y al tren que descarriló, al Iryo.

Liberalización de la Alta Velocidad en España

Una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que circulaba el tren siniestrado centra gran parte de la atención de los grupos que investigan la tragedia. Se desconoce si esta falla es causa o consecuencia del suceso. Las ruedas del Iryo, desde el primer al sexto coche (que descarriló) muestran unas muescas o mordidas, un poco más chicas que una moneda de peso, coincidentes con esa rotura de la vía, achacable a un fallo de soldadura en la misma. Estas marcas indicarían, en opinión de los técnicos, que el Iryo 6189 pasó sus ruedas sobre ese fallo de soldadura en la vía que se ensanchó a medida que pasaba cada rueda. Los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora provocaron la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal.

Además, siguiendo la línea abierta por esta hipótesis, técnicos contratistas desplazados al lugar del descarrilamiento observaron “varias traviesas de hormigón (concreto) completamente destrozadas”, algo que solo puede haber sucedido por el impacto muy fuerte de un elemento contundente, como el desprendimiento del bogie (bogie es un conjunto mecánico articulado de pares de ruedas montado sobre un bastidor para adaptar la movilidad de los vagones a las vías).

La infraestructura, un fallo en los trenes, una combinación fatal de fallos en ambos elementos, las hipótesis que barajan los grupos de especialistas e investigación pudieran moverse en estos parámetros, siempre, claro está, con todas las cautelas debidas, excepto, como decíamos más arriba, para la extrema derecha, que siempre tiene claro quiénes son los culpables y cuáles las causas.

Durante décadas nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como el país fuerte, estable y dueño del tablero mundial. Sin embargo, hoy ese gigante parece estar peleándose consigo mismo. No por una invasión extranjera, sino por algo mucho más peligroso: la ruptura interna de su sociedad y el deterioro de sus propias instituciones. No es una opinión aislada ni una exageración alarmista; es una preocupación creciente entre analistas, académicos y medios internacionales.

La politóloga Barbara F. Walter, asesora del Pentágono y autora de How Civil Wars Start, advierte desde hace años que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en lo que se denomina una anocracia, un sistema híbrido e inestable donde conviven mecanismos democráticos con prácticas autoritarias (Foreign Affairs, 2022). Históricamente, este tipo de regímenes son los más propensos a caer en conflictos internos.Uno de los síntomas más graves de esta degradación es la normalización de la impunidad. El caso de René Good, una madre de 37 años asesinada por agentes federales de inmigración, es revelador. Un análisis visual publicado por The New York Times demostró que la víctima no intentaba atacar a los agentes, sino huir. Aun así, altos cargos de la administración defendieron al agente implicado alegando que gozaba de “inmunidad absoluta”. Este tipo de declaraciones no solo justifican una muerte civil, sino que envían un mensaje peligroso: que el Estado puede ejercer la violencia sin rendir cuentas.

Cuando un gobierno empieza a etiquetar a ciudadanos como “terroristas internos” y protege sistemáticamente a sus fuerzas aunque existan pruebas en contra, la confianza social se rompe. No es una opinión ideológica, es una constante histórica documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International, que ya han alertado del uso excesivo de la fuerza y de la politización de los cuerpos de seguridad en Estados Unidos.

Las políticas internacionales de Donald Trump tampoco ayudan a calmar las aguas. Su estrategia de confrontación permanente —con China, con Europa, con América Latina e incluso con aliados de la OTAN— tiene un reflejo directo en el interior del país. Cuando un líder gobierna desde el conflicto constante, la sociedad termina adoptando ese mismo lenguaje. No es casual que mientras Trump amenaza con el uso de la fuerza en escenarios como México, Groenlandia o Venezuela entre otros muchos, dentro del país aumenten los choques entre autoridades estatales y federales.

Un ejemplo claro es Minnesota, donde el gobernador activó 13.000 efectivos de la Guardia Nacional para proteger a la población frente a actuaciones De la policía federal anti inmigración consideradas abusivas. La información fue recogida por Reuters y Associated Press. Tener dos cadenas de mando armadas, legítimas y enfrentadas dentro del mismo territorio es, según la literatura académica sobre conflictos civiles, uno de los pasos previos más peligrosos. Desde Washington, lejos de rebajar la tensión, se llegó a hablar incluso de aplicar la Ley de Insurrección para arrestar al gobernador, algo que expertos constitucionalistas calificaron de extremadamente grave (Brookings Institution).

A todo esto se suma un dato inquietante: según encuestas del Public Religion Research Institute y de la University of California, cerca del 47 % de los estadounidenses cree posible una guerra civil en su vida. Uno de cada tres considera justificable la violencia con fines políticos, y alrededor de diez millones de personas afirman abiertamente que una guerra civil “sería necesaria para arreglar el país”. Todo esto ocurre en una nación que concentra casi el 46 % de las armas civiles del mundo, con una ratio de 120 armas por cada 100 habitantes (Small Arms Survey).

Mientras tanto, la imagen de potencia imparable contrasta con una realidad social muy distinta. Más de 40 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales de la U.S. Census Bureau, y millones más sobreviven con empleos precarios sin acceso garantizado a sanidad o vivienda. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo y supera al de los siguientes diez países juntos (Stockholm International Peace Research Institute).

Estados Unidos hoy se parece a un gran edificio con una fuga de gas. Los vecinos discuten, se insultan y se ven como enemigos. Y el administrador, en lugar de cerrar la llave, camina con una antorcha encendida asegurando que no pasa nada y que, si pasa, no será su responsabilidad. La violencia ya no es una hipótesis: está ocurriendo. La pregunta real es si las instituciones que aún se mantienen en pie serán capaces de contener el incendio antes de que el colapso interno sea irreversible.

Porque cuando una potencia mundial empieza a romperse por dentro, el problema deja de ser solo suyo. Nos afecta a todos.

*José Félix Abad es un reconocido reportero de guerra español, con amplia trayectoria en el periodismo especializado en internacionales. En la actualidad difunde sus ideas por las redes. El presente artículo fue tomado de su página de facebook.