La discusión sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, el futuro del Canal Magdalena y el control de los principales puertos exportadores del país volvió a ocupar el centro de la escena. Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, detrás de las decisiones que impulsa el gobierno nacional existe una profunda cesión de soberanía económica y territorial. En diálogo con LCV, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó el rol de las multinacionales, denunció la injerencia estadounidense sobre los recursos estratégicos argentinos y advirtió sobre el silencio de gran parte de la dirigencia política frente a un proceso que considera uno de los mayores saqueos de la historia reciente.

LCV: ¿Qué está pasando con la Vía Navegable Troncal Paraná y con las obras del Canal Magdalena?

Carlos Del Frade: “En realidad, las obras del Canal Magdalena han quedado relegadas frente a un proyecto mucho más amplio de subordinación de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. El Canal Magdalena ya no forma parte de una planificación soberana del Paraná, del Río de la Plata ni del sistema fluvial argentino. Lo que está ocurriendo es que el control de la principal vía por donde salen las riquezas del país, por donde se exportan alrededor de 80.000 millones de dólares anuales, está siendo pensado y planificado desde el Comando Sur estadounidense. Quien termine definiendo quién se queda con la riqueza que sale por los puertos de siete provincias argentinas será fundamentalmente Cargill, una de las principales empresas norteamericanas vinculadas al comercio internacional de granos. Esto tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cualquier familia argentina, porque significará menos recursos para el país y menos alimentos en la mesa de nuestro pueblo. Lo que hoy se discute sobre dragado, balizamiento y peaje del Paraná es, en realidad, quién se queda con la riqueza producida por los argentinos. Estamos atravesando un momento de enorme saqueo y el Río Paraná es una expresión clara de ese proceso.”

LCV: También resulta llamativo que mientras Donald Trump impulsa políticas de protección de los intereses estadounidenses, aquí parece suceder exactamente lo contrario.

Carlos Del Frade: “Es una contradicción muy evidente. Trump defiende y nacionaliza las vías fluviales de Estados Unidos, impide que sean controladas por terceros y garantiza que los beneficios queden para los norteamericanos. En cambio, en la Argentina ocurre lo opuesto: actuamos como si el Paraná fuera una vía al servicio de intereses extranjeros. A esto se suma el denominado Programa 333, firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, que implica ceder durante cinco años la seguridad del Mar Argentino a la Armada norteamericana. Es algo verdaderamente oprobioso. Ni siquiera durante la última dictadura militar se avanzó en una entrega de semejante magnitud. Más allá de las diferencias internas que existían entonces, había sectores que sostenían una visión más vinculada a la defensa de recursos estratégicos nacionales. Hoy estamos frente a una cesión directa de soberanía.”

LCV: ¿Qué gobernadores deberían estar dando respuestas sobre esta situación?

Carlos Del Frade: “Las principales responsabilidades recaen sobre las siete provincias vinculadas al Paraná. En particular, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, deberían tener una posición mucho más clara. También Axel Kicillof debería volver a poner en discusión el Canal Magdalena y plantear cuánto de esta riqueza quedará efectivamente para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo vale para Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Es fundamental que los gobiernos provinciales al menos se pregunten cuánto va a recibir cada provincia de un negocio que hoy parece diseñado exclusivamente para beneficiar a las multinacionales. Hay 79 puertos en estas siete provincias y la mayoría está en manos de grandes corporaciones. Terminaremos dependiendo de simples declaraciones juradas sobre lo que entra y sale del país. El riesgo es que se profundice una pérdida total de control sobre nuestras exportaciones y sobre recursos estratégicos fundamentales.”

LCV: ¿Cómo repercute esta discusión dentro de tu espacio político y qué respaldo encuentran para estas posiciones?

Carlos Del Frade: “Nosotros somos apenas tres diputados dentro de una Legislatura de cincuenta integrantes en Santa Fe. Integramos el Frente Amplio por la Soberanía y nos definimos como una corriente de izquierda nacional, vinculada a los movimientos populares y a la defensa de los intereses nacionales. No contamos con el acompañamiento de los sectores mayoritarios de la política, aunque sí recibimos apoyo de algunas personalidades que comparten estas preocupaciones. Estamos atravesando un momento de mucha soledad política, pero creemos que hay que sostener estas posiciones porque la sociedad necesita escuchar voces que adviertan sobre lo que está ocurriendo. Más temprano que tarde, estas discusiones van a dejar de ser marginales porque la realidad terminará mostrando sus consecuencias.”

LCV: ¿Esa soledad responde a una falta de comprensión del problema o a intereses económicos?

Carlos Del Frade: “Quiero creer que muchas veces se debe a que algunos sectores miran la política desde otro lugar. Sin embargo, sinceramente creo que el principal problema de los grandes partidos políticos argentinos es que se han resignado frente al poder económico. Y esa resignación, muchas veces, termina produciendo los mismos resultados que la corrupción. Es una situación muy grave porque fuerzas políticas que en otros momentos expresaron los intereses de las mayorías populares hoy parecen aceptar como inevitables decisiones que perjudican al conjunto de la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa actualmente la Argentina.”

En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.

LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?

Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”

LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?

Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”

LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?

Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”

LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?

Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”

Tras la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral previsto en la Ley 27.802 de reforma laboral mediante el Decreto 408/2026, el abogado laboralista Gustavo Ciampa cuestionó duramente la medida. Sostuvo que el nuevo esquema desvía recursos de la seguridad social para financiar despidos, beneficia a entidades financieras privadas y constituye una nueva etapa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En diálogo con LCV, advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales de la iniciativa y señaló que su reversión dependerá de decisiones políticas y eventuales acciones judiciales.

LCV: Con Gustavo queremos hablar porque se reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral de la Ley 27.802 de reforma laboral a través del Decreto 408/2026. Explícanos en qué nos perjudica o en qué nos beneficia.

Gustavo Ciampa: “Lo que hay de perverso es la ley, la mal llamada ley de modernización laboral. Esto es la reglamentación de la perversión y la reglamentación del negociado. Cuando uno analiza el decreto encuentra reiteradas menciones a fondos comunes de inversión y a lo que denominan ‘vehículos de inversión colectiva’. Más de diez veces aparece esa expresión en el texto, pero ni una sola vez se habla de los derechos de los trabajadores. Esta reglamentación explica cómo van a implementar lo que considero una estafa contra trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas y contra la sociedad argentina en general. El Fondo de Asistencia Laboral implica quitar recursos a los trabajadores activos y a los jubilados. Se toman fondos provenientes de aportes patronales a la seguridad social, que estaban destinados al pago de jubilaciones y pensiones, para subsidiar a empresas que despidan personal. Es decir, a quienes se les dice permanentemente que no hay dinero para mejorar jubilaciones y pensiones, ahora se les quitan esos recursos para financiar indemnizaciones por despido.”

LCV: ¿Esta medida tiene algún tipo de reversa?

Gustavo Ciampa: “Tiene una posible reversa política a través del Congreso y de un cambio de orientación en las políticas públicas. También podría existir una vía judicial, aunque habría que analizar quiénes están legitimados para impulsarla y bajo qué mecanismos procesales.”

LCV: ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los jubilados del país presentaran un recurso de amparo para impedir que les saquen esos fondos?

Gustavo Ciampa: “Probablemente las asociaciones de jubilados y jubiladas tendrían una legitimación más clara para actuar judicialmente, porque se trata de recursos destinados específicamente al pago de jubilaciones y pensiones que ahora serían utilizados para subsidiar empresas. Además, esos subsidios estarían vinculados a despidos sin causa, que en la Argentina constituyen actos ilícitos.”

LCV: O sea que estamos hablando específicamente de despidos sin causa.

Gustavo Ciampa: “Exactamente. Y además de que esto ya es un desastre en sí mismo, hay una perversión circular en todo el esquema. Se utilizan recursos de jubilados que ya cobran haberes insuficientes para financiar despidos que generan más desempleo y más precariedad. Todo termina convergiendo en una misma situación de deterioro social: menos ingresos, menos consumo, menos actividad comercial e industrial. Mientras la economía real se debilita, quienes terminan obteniendo beneficios son los sectores financieros.”

LCV: Estas empresas que se benefician a través de este decreto, ¿pueden ser empresas industriales o son principalmente empresas financieras?

Gustavo Ciampa: “Las que administrarán los fondos son empresas financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Estamos hablando de fondos fiduciarios y fondos comunes de inversión, es decir, estructuras administradas por entidades especializadas en el negocio financiero.”

LCV: O sea que además estamos hablando de fondos fiduciarios.

Gustavo Ciampa: “Sí. Hay una acumulación de situaciones que considero profundamente perversas. En primer lugar, se destina dinero previsto para jubilaciones y pensiones a subsidiar empresas que despiden trabajadores. En segundo lugar, esos recursos financian despidos sin causa, que constituyen actos ilícitos. Y en tercer lugar, se genera un negocio para sociedades comerciales con fines de lucro, que serán las encargadas de administrar esos fondos. Es decir, recursos de la seguridad social terminan alimentando un circuito financiero privado mientras se debilitan los derechos laborales y previsionales.”