El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles tras el despido de 22 trabajadores de Nación Servicios, empresa perteneciente al Banco Nación. Sergio Rivolta, secretario general de la Asociación Bancaria de Rosario, pasó por La Columna Vertebral donde habló sobre la exigencia del sindicato sobre la reincorporación de todos los afectados y denuncia el traslado de tareas hacia empresas privadas.

LCV: Sergio, contanos en qué situación están ahora.

Sergio Rivolta: Hoy al mediodía tuvimos una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, a raíz de los 22 despidos que hubo el jueves de la semana pasada en Nación Servicios, una empresa que pertenece al Banco Nación. La Asociación Bancaria fue con la postura de exigir la reincorporación inmediata de los 22 compañeros y compañeras. La empresa mantuvo su postura de cesantearlos sin causa. Como se trata de un conflicto colectivo y nos estábamos movilizando frente a Nación Servicios, en la calle Santa Fe al 1300, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. El plazo vence el 6 de noviembre a la medianoche. Después se abrirá una mesa de negociación en la que la posición de la Asociación Bancaria y de la comisión gremial interna será exigir la reincorporación definitiva de los compañeros y compañeras.

LCV: ¿Qué tipo de empleados fueron despedidos? ¿Qué edades tienen, qué antigüedad y qué tareas realizaban?

Sergio Rivolta: Hay de todo un poco. Algunos son jóvenes y hay compañeros con tres o cuatro años de antigüedad, mientras que otros tienen 15 o 20 años. Son cesantías totalmente unilaterales y arbitrarias. La empresa había planteado la posibilidad de abrir retiros voluntarios durante un mes, pero no lo hizo: en esos mismos días envió los 22 telegramas de despido. Y hay que aclarar algo: cuando hablamos de retiro voluntario, hablamos de una decisión voluntaria de verdad, no de una situación en la que te aprietan para que te vayas.

LCV: Nación Servicios pertenece al Banco Nación, por eso interviene la Asociación Bancaria. Además, en el Gobierno nacional se está hablando de nuevos retiros voluntarios para achicar el Estado. ¿Cómo impacta ese contexto en el conflicto?

Sergio Rivolta: No lo favorece para nada. Hay un dato importante: una de las tareas de Nación Servicios es el embossado de tarjetas de crédito, es decir, la impresión de los nombres y números en el plástico. Ese trabajo lo hacían 15 compañeros y se lo dieron a Prisma, una empresa privada vinculada a Visa. Después nos dicen que los trabajadores no tienen tareas, pero ¿cómo van a tenerlas si les sacaron el trabajo y lo privatizaron? Esto es una decisión política, no económica. Tiene que ver con el vaciamiento del Estado.

LCV: ¿Qué otras tareas realizaba Nación Servicios?

Sergio Rivolta: También trabajaba con la tarjeta SUBE, a través de dependencias vinculadas a la Secretaría de Transporte. El Estado le pagaba una comisión a Nación Servicios por el manejo de la SUBE y, de un día para el otro, la redujo a menos de la mitad. Después nos dicen que la empresa no es rentable y que hay que cerrarla. Es un desmanejo que termina funcionando como una excusa para vaciarla y trasladar tareas al sector privado.

LCV: Frente al avance tecnológico, ¿no podría haberse buscado una reorganización de las tareas en lugar de despedir trabajadores?

Sergio Rivolta: Es indudable que la tecnología avanzó, que las aplicaciones y la inteligencia artificial cambiaron el trabajo y que la pandemia aceleró esos procesos. Hay tareas que antes se hacían de una manera y hoy se realizan de otra. Lo que nosotros planteamos es que los trabajadores puedan reconvertir sus funciones. Por eso, la Asociación Bancaria nacional, con el compañero Sergio Palazzo, creó un observatorio de inteligencia artificial para trabajar en la capacitación y la reconversión laboral de los bancarios y bancarias.

Cuando yo empecé en el banco, hace muchos años, los saldos se entregaban en un papel. Eso ya no existe. El trabajo fue cambiando y los trabajadores se fueron adaptando. Si hoy se necesitan menos cajeros, hay que capacitarlos para que puedan desempeñar otras tareas relacionadas con la tecnología. No se puede usar el avance tecnológico como una excusa para despedir gente.

LCV: También cambió la relación entre los clientes y los bancos. Cada vez hay menos atención presencial y más operaciones por aplicaciones o internet.

Sergio Rivolta: Es una realidad. Hoy la presencialidad de los clientes en los bancos es cada vez menor. Muchas operaciones se hacen por WhatsApp, aplicaciones o computadora. Durante la pandemia, por ejemplo, había jubilados que no sabían manejar la tarjeta de débito ni el home banking. Hubo que acompañarlos para que pudieran adaptarse. El trabajo bancario cambia, pero eso no significa que haya que dejar a los trabajadores en la calle.

LCV: Quiero hacer una queja pública sobre la atención en algunas sucursales. A veces los clientes van a pedir ayuda y reciben un trato poco amable. Uno puede entender el malestar de los trabajadores por la situación económica y la incertidumbre, pero no debería trasladarse al cliente.

Sergio Rivolta: Puede haber casos particulares, pero no es la generalidad. Los compañeros y compañeras bancarios son conscientes de que son trabajadores como cualquier otro. La crisis también se nota en las sucursales del interior: cuando cierran las pymes, se cierran cuentas y cuentas sueldo, y eso repercute en la actividad bancaria.

LCV: ¿Qué pasa con el cierre de sucursales y la reubicación de los trabajadores?

Sergio Rivolta: Hay bancos que cerraron sucursales que funcionaban en locales alquilados, pero reubicaron a sus trabajadores en otras dependencias. Esa es una posibilidad. La actividad bancaria sigue teniendo rentabilidad y hay distintas maneras de reorganizar el trabajo sin recurrir a los despidos.

LCV: ¿Qué diferencia hay entre un retiro voluntario real y una salida como la que se está planteando en otros sectores?

Sergio Rivolta: Un retiro voluntario genuino tiene que ver con una propuesta económica. Por ejemplo, si la indemnización fuera de diez pesos, la empresa puede ofrecer quince para que el trabajador decida irse. Es una cuestión monetaria y la persona elige. En muchos casos, hay trabajadores a los que les faltan dos o tres años para jubilarse y que ya tienen los 30 años de aportes; si reciben una propuesta conveniente, pueden evaluarla. Pero eso no es lo mismo que generar un contexto de hostigamiento para empujar a alguien a renunciar.

LCV: ¿Cómo afecta ese hostigamiento a los trabajadores?

Sergio Rivolta: Se está perdiendo el placer de trabajar porque hay situaciones de hostigamiento. Los trabajadores viven con incertidumbre y con miedo a perder el empleo. Hay que estar atentos a lo que sucede y acompañar a los compañeros.

LCV: La conciliación obligatoria, al menos, permite que los trabajadores sigan vinculados a la empresa mientras dure el proceso.

Sergio Rivolta: Exactamente. Con la conciliación obligatoria dictada hoy, los compañeros fueron reincorporados en el marco de la medida. Lo importante es que esa reincorporación sea definitiva. Mientras tanto, siguen siendo empleados de Nación Servicios.

Tras una jornada de paralización total en respuesta a la detención de referentes del Subte por protestar contra la precarización y tercerización laboral, las organizaciones gremiales, entre ellas la CGT, la CATT y la Federación Aceitera, repudiaron el accionar policial. Por la tarde, los tres dirigentes recuperaron la libertad.

La jornada de este martes 20 de octubre estuvo atravesada por una fuerte tensión en el servicio de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conflicto se originó en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B en rechazo a sanciones a un trabajador y a la presencia de empresas tercerizadas para realizar tareas de mantenimiento. La intervención policial, que culminó con la aprehensión de dirigentes gremiales, derivó en una paralización total de las seis líneas de subte y el Premetro.

Las detenciones y la solidaridad del arco sindical

Durante el operativo matutino en la Línea B, la Policía de la Ciudad detuvo a los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Minutos más tarde, cuando acudió a reclamar la liberación de sus compañeros, también fue arrestado el secretario general del gremio, Néstor Segovia.

Las detenciones provocaron la inmediata reacción y el rechazo de diversas organizaciones sindicales:

• La CGT: A través de su Consejo Directivo Nacional y bajo la consigna «Basta de trabajadores detenidos por protestar», repudió enfáticamente los arrestos calificados como «arbitrarios e injustificados». Señaló que la detención de representantes gremiales en ejercicio de sus funciones «constituye un hecho de extrema gravedad que no puede naturalizarse en una democracia» e invocó las garantías del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los Convenios 87 y 98 de la OIT.

• Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón: Repudió la «criminalización de la actividad sindical y del ejercicio del derecho de huelga». Desde la organización calificaron las aprehensiones como «ilegales y violentas» en el marco de la defensa contra la precarización laboral del personal de planta, manifestaron su solidaridad con el Sindicato del Subte y rechazaron la pretensión del Gobierno porteño de sancionar al gremio por ejercer la protesta.

• La CATT: La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte convocó a una conferencia de prensa urgente a las 15 hs en su sede de Jujuy 1074 para denunciar públicamente la escalada y el arresto de los dirigentes.

Intimación oficial del Gobierno de la Ciudad

Por su parte, ante la parálisis total del servicio masivo de transporte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió a través de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo la Resolución RESOL-2026-1201-GCABA-SECTE.

A través del dictamen, las autoridades intimaron a los trabajadores, a los gremios (AGTSyP, UTA y ASSRA) y a las empresas Emova Movilidad S.A. y SBASE a garantizar de forma inmediata una cobertura mínima del 50% de los servicios en cada línea, invocando el Decreto N.º 230/26 y advirtiendo sobre la posible aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.

Liberación de los dirigentes

Pasadas las 15:00 horas del martes, se confirmó que los tres referentes gremiales Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia recuperaron la libertad. Tras confirmarse las liberaciones, el conflicto abre una instancia de negociación conducida por las autoridades laborales para encauzar los reclamos y normalizar el funcionamiento del servicio.

De nuestro corresponsal en Bilbao, País Vasco, Álvaro Hilario. 

En un contexto de «acumulación por despojo» – tal como definiera el teórico marxista  David Harvey a la mercantilización de bienes públicos y derechos comunes-, las políticas de austeridad y los recortes en gasto social actúan como mecanismos para transferir riqueza hacia el sector privado. Tanto en Francia como en España la juventud expresa la crisis desatada por estos los recortes a la vivienda y la educación, desatando intensas olas de protesta social.

En esta fase, la vivienda deja de ser un derecho social protegido para convertirse en un activo financiero global (fondos buitre, especulación y plataformas turísticas).

España: De qué hablamos cuando hablamos de despojo.

El Estado español la cuestión de la vivienda se ha convertido en un modelo de turistificación y alquileres imposibles. La falta histórica de vivienda pública y la liberalización del mercado han expulsado a los jóvenes de los centros urbanos. Los fondos de inversión (en especial a partir de 2008) adquieren bloques enteros de viviendas, disparando los precios del alquiler mientras los salarios juveniles se mantienen estancados o precarios.

Movimientos como los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y las masivas manifestaciones bajo lemas como «La vivienda es un derecho, no un negocio”, “La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios» o “Acabemos con el negocio dela vivienda” reflejan el hartazgo de una generación que no puede emanciparse. Las protestas exigen la regulación estricta de precios, el fin de los pisos turísticos y la paralización de desahucios.

Los reclamos no son nuevos pero llenaron las calles estas semanas tras el desahucio, y posterior muerte de Maricarmen Abascal, una ciudadana de 87 años, del que fuera su hogar durante 71 años a manos de un fondo buitre español. El malestar fue en aumento y a las multitudes en las calles se le ha sumado una convocatoria de huelga general para el próximo 11 de noviembre.

Pedro Sánchez, a quien no se puede catalogar como un gobierno de izquierdas a pesar de su estilo declamatorio no ha respondido de manera eficaz a los principales reclamos de la población y el gasto en armamentos durante su gobierno alcanzó un record casi histórico, optó por renunciar y que la población elija el próximo parlamento como parte de una ‘cruzada’ en contra de los desahucios a pesar de no haber tenido el tema de la vivienda como centro de su acción en estos años de gobierno.

Así las cosas, las encuestas siguen dando como ganadora absoluta a la derecha de Vox y PP en la elecciones legislativas que compondrán un nuevo mapa de gobierno. La rebelión espontánea no llega a traducirse en conducción política. Con una izquierda dividida, que disputa puestos antes que estrategias, cuyos sectores más activos y preparados son en su mayoría abstencionistas, las impresionantes imágenes de los acampes en Plaza del Sol y las marchas de centenares de miles en todo el país, no parecen traducirse en términos electorales.

Estado francés: la chispa que encendió el fuego

En Francia la crisis estalló por otra cuestión básica: la educación.  El despojo en la educación se traduce en la reducción de la financiación pública para forzar la entrada de capital privado, la subida de tasas y la precarización de las condiciones de estudio. Gobiernos sucesivos han implementado reformas (como Parcoursup para el acceso universitario o las reformas del bachillerato y las pensiones) que la juventud interpreta como una pérdida de derechos y una privatización de sus expectativas de futuro. El aumento de las tasas de matrícula para estudiantes extranjeros también se ha visto como un primer paso hacia la mercantilización total.

En la presente oleada de protestas, los estudiantes de secundaria franceses, que han materializado sus reclamos tomando liceos y armando masivas marchas, secundadas por sindicatos, padres y madres, han hecho público un paquete de diez medidas de emergencia que exigen una inversión de 10.000 millones de euros para frenar lo que consideran la precarización de la educación pública. Dinero que se destinaría para, por ejemplo, los reemplazos inmediatos de los docentes de baja (denuncian que al inicio del curso faltaba personal en el 53 % de los centros); reducir la ratio de alumnos por clase, la cual ha alcanzado una media de 30 estudiantes por aula; o la inversión urgente para reparar edificios deteriorados, resolver goteras, la falta de mobiliario básico y la nula adaptación climática frente a las olas de calor. Estos problemas afectan, en especial, a los liceos de la periferia carenciada con la que sus compañeros se solidarizan, como una sola voz.

Brutal represión: más de 6.000 detenciones de estudiantes secundarios, 200 heridos, 15 graves, entre ellos un estudiante de 15 años que perdió una mano y otro un ojo.

La juventud estudiantil francesa (universitaria y de liceos) tiene una alta capacidad de sindicación y movilización. Los bloqueos de universidades, las huelgas y las manifestaciones conjuntas con los sindicatos de trabajadores son habituales para frenar estas leyes, denunciando que se les despoja de una educación democrática e igualitaria.

La ola de protestas de estudiantes de secundaria y universitarios en Francia ha alcanzado niveles de tensión y represión policial inéditos en las últimas décadas. Así, la policía practicó más de 6.600 detenciones, siendo el  86% menores de edad. La brutalidad fue, o es, un elemento a tener en cuenta, con más de 200 heridos, 15 graves, entre ellos, un estudiante de 15 años que perdió una mano y otro un ojo.

LCV consultó a Henry Belin, profesor de un liceo francés, para entender cómo se llegó a esta situación: «Empezó el movimiento de manera bastante débil y floja, nadie pensaba que iba a tomar esta dimensión pero la represión desmedida les ha salido mal, en mi instituto hasta han mandando a la policía montada y han detenido a menores con detenciones de 48horas y actitudes racistas de la poli respecto a nuestros alumnos racializados. Debajo de esto hay problemas más profundos de cómo se trata a la periferia y ha habido sobre todo una gran solidaridad entre institutos para enfrentarse a esta respuesta desproporcionada. Ahora bien, me temo también que hay un calculo detrás de todo esto de parte del gobierno: incendiar las afueras y los institutos para reforzar el voto reaccionario por temor a una insurrección que no tiene una dirección determinada tratando también de cargar la responsabilidad a Melenchon y la Francia insumisa. No se sabe muy bien como va a evolucionar pues es una expresión de frustración total que puede desatarse como apagarse muy rápido pero es un episodio mas de esa violencia subterránea que recorre la sociedad francesa desde hace décadas y que no se resuelve. A Le Pen y Macron les interesa también que degenere para potenciar el voto del miedo, a ver qué pasa pues…»

Protestas estudiantiles y colectivos de vivienda ocupan hoy espacios públicos y denuncian la «gentrificación metropolitana» que expulsa a las clases populares y a la juventud precarizada hacia las periferias desatendidas.

Aunque cuenten con un parque de vivienda social amplio, los recortes en las ayudas al alquiler y la inflación han precarizado el acceso al hogar para los estudiantes y jóvenes trabajadores.

El 17 de octubre se anuncia una movilización en varias de las principales ciudades europeas contra la carestía, el armamentismo, las guerras y los ajustes. Contra el despojo.

12 de octubre de 2026.