Me llamo Alipio Eduardo Paoletti. Tengo 44 años, soy casado y padre de seis hijos. Desde julio de 1977 estoy refugiado en Madrid, España, con mi familia. Entre el 24 de marzo de 1976 y mi salida al exterior viví en forma clandestina en la Argentina, ante la persecución desatada por la dictadura militar.
Soy periodista. He trabajado en varios diarios argentinos y desde 1960 hasta marzo de 1976, fui el director del diario El Independiente de La Rioja, que desde 1970 era editado por una cooperativa obrera, integrada por gráficos, empleados administrativos y periodistas, una experiencia única en la Argentina, que aún subsiste, pese a la represión militar.
Hasta marzo de 1976, la cooperativa estaba integrada por 72 trabajadores. La dirección de la cooperativa y de la política editorial, era decidida en asamblea por la totalidad de los socios, que también elegían por voto secreto a los miembros del Consejo de Administración y al director por un período de dos años.
La política editorial se decidía en base a la adopción del programa de la central única de trabajadores, la CGT. Nosotros adoptamos como referente el programa del 1º de mayo de 1968, aprobado por la CGT de los Argentinos, un programa que sintetizaba las aspiraciones políticas y sociales de los trabajadores argentinos en sus cien años de lucha.
El Independiente, por su vocación democrática, popular y antimperialista, pero al mismo tiempo pluralista política e ideológicamente, se convirtió en una experiencia de comunicación masiva única: era uno de los diarios más leídos del país. El 12 de marzo, al día siguiente del triunfo popular en las elecciones de 1973, el tiraje, controlado por el Instituto Verificador de la Circulación, alcanzó una cifra récord: 11.500 ejemplares, para una provincia de 140.000 habitantes, diseminados en una extensión de 92.000 kilómetros cuadrados, recostada sobre los Andes en el noroeste argentino. Si esa proporción, por ejemplo, se hubiera establecido en Buenos Aires, con 10 millones de habitantes, la cantidad de ejemplares vendidos hubiera sido cercana al millón. Esta explicación no es vana: sirve para ejemplificar el peso político y en la formación de la opinión pública de la zona que tenía El Independiente. Y porqué, antes y después de marzo de 1976 se convirtió en uno de los objetivos estratégicos de la represión militar.
En 1974, después de la muerte de Perón y la aparición pública de la famosa AAA, varios trabajadores de nuestro periódico recibieron amenazas de muerte. Ese mismo año, El Independiente fue objeto de varias clausuras, bajo la presión del ala derechista del peronismo. Motivos invocados: “anomalías” e “irregularidades” en relación a las disposiciones municipales. Estas medidas fueron acompañadas de una persecución sistemática por parte de organismos del Estado. Nosotros logramos, a pesar de todo, salir indemnes de 18 inspecciones diversas ordenadas por la municipalidad de La Rioja, por el Instituto de Cooperativas –que sostenía la curiosa teoría de que las cooperativas no podían editar diarios ni periódicos–, por el Banco de La Rioja, la Dirección Provincial de Cooperativas, etc. Por su parte, la Fiscalía del Estado, de oficio, instauró una acción ante la justicia local para que se investigara si El Independiente, al opinar públicamente sobre los hechos políticos y sociales, no violaba, entre otras, la ley de cooperativas.
En realidad, como después pudo verse claro, el objetivo era acallar la prédica cotidiana del diario a favor de la democracia, de los intereses de los trabajadores y del respeto a los derechos humanos. Paralelamente, por orden jerárquica, se impidió al Obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, una de las cabezas del ala progresista de la Iglesia Católica, leer sus homilías dominicales por la radio estatal. El golpe de 1976 desvelaría las incógnitas y demostraría la continuidad de los objetivos de la extrema derecha: Monseñor Angelelli fue asesinado en agosto de 1976, y nuestro periódico acallado.
La noche misma del golpe, el 24 de marzo de 1976, fue detenido Mario Paoletti, subdirector del periódico. Y en los días sucesivos otros diez compañeros: la cooperativa fue intervenida y un alto oficial del ejército se ocupó de la dirección. El 5 de abril se ordenó mi captura. Y unos meses después, la de mi esposa, también trabajadora de El Independiente.
Los compañeros detenidos fueron sometidos a torturas de todo tipo para intentar arrancarles información sobre supuestos hechos terroristas en los cuales, como es obvio, nada tenían que ver. Aún hoy varios de ellos están en la cárcel, y es imprescindible redoblar los esfuerzos para lograr su libertad. Se trata de Plutarco Antonio Schaller, jefe de fotógrafos; Juan Argeo Rojo, abogados, asesor legal del periódico; Pedro E. Pérez, corresponsal en la localidad de Aminga.
Otros compañeros tuvimos que marchar al exilio. Alrededor de veinte fueron despedidos y se alentó el ingreso de nuevos socios para torcer la vocación democrática y popular del periódico. En 1980, después de más de cuatro años de intervención militar, los trabajadores de El Independiente han recuperado su patrimonio físico. Sin duda no podrán recuperar su patrimonio moral e histórico hasta la caída de la dictadura, pues el diario, pese a seguir saliendo, no puede decir lo que quisiera decir.
Después mi orden de captura, y tras la intervención de muchos sindicatos de prensa en todo el país, en mayo de 1976 se realizó una reunión clandestina de activistas sindicales de todo el país en la cual integramos una comisión de “Prensa de la Resistencia”, que logró la edición de un par de boletines e intentó la reorganización sindical. Yo fui designado por mis compañeros del interior como integrante de esa Comisión, que la represión desorganizó, sobre todo a partir del secuestro de Héctor Demarchi y su posterior “desaparición”. Hoy, varios de esa Comisión, estamos exiliados.
Nuestros sindicatos siguen intervenidos, las conquistas sociales logradas por los periodistas tras largos años de lucha, como nuestro Estatuto Profesional, han sido avasalladas y las condiciones laborales y económicas son de súper explotación. Hay centenares de periodistas asesinados, secuestrados, exiliados.
Nuestra obligación, nuestro deber, es lograr la libertad de nuestros presos, denunciar a la dictadura militar argentina ante la opinión pública internacional denunciando sus intentos de disfrazarse con recambios pseudos institucionales (como el protagonizado por el genocida general Viola que reemplazará al genocida general Videla), y proponer la unidad de todos los argentinos honestos y democráticos en torno a las banderas de lucha que agitan nuestros compañeros en la Argentina.
Libertad, Justicia, Democracia para el pueblo argentino.
Pueda este modesto testimonio ser un gran aporte en ese sentido.
Madrid, febrero de 1981
* Este artículo integra el libro “Argentina, cómo matar a la cultura”, editado en 1981, junto a otros textos de la autoría de Julio Cortázar, Juan Gelman, Mercedes Sosa, Vicente Zito Lema, Alberto Szpunberg, Miguel Ángel Estrella, Ignacio Colombres.
